El Gobierno de España ha declarado Lugar de Memoria Democrática Peironcely 10, el edificio de Vallecas en el que el fotógrafo Robert Capa inmortalizó el horror de los bombardeos franquistas sobre Madrid en la Guerra Civill, con una imagen en la que se ven a varios niños ante una fachada devastada por la metralla.

La resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sitúa el origen de esta declaración en el asedio a Madrid tras el fracaso del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, con el que la capital se convirtió en uno de los objetivos prioritarios para el bando sublevado que desencadenó la tragedia bélica en todo el país. La resolución señala que las aviaciones de Hitler y Mussolini, aliados de los traidores, experimentaron en ese momento la estrategia del terror aéreo sobre población civil.

El BOE recuerda que uno de los episodios más trágicos tuvo lugar en Vallecas el 19 de noviembre de 1936, durante un bombardeo de la aviación fascista italiana. Precisamente, aquel ataque quedó inmortalizado por Capa en un amplio reportaje gráfico y convirtió la vivienda del número 10 de la calle Peironcely en símbolo internacional de la vulnerabilidad de la infancia ante la guerra.

En concreto, la declaración como lugar de memoria comprende el edificio de Peironcely 10, el espacio conocido popularmente como Plaza del Fotógrafo Robert Capa, la parcela ajardinada colindante y el Centro Pastoral de San Carlos Borromeo. Según la resolución, todos ellos forman parte de un mismo relato histórico ligado a las víctimas de los bombardeos de 1936 y a quienes, tras la guerra, llegaron a Madrid huyendo de la represión de la dictadura y de la pobreza, especialmente desde Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha.

El texto subraya que familias enteras utilizaron los restos de casas destruidas por las bombas para levantar viviendas humildes, habitadas en muchos casos hasta mediados de los años 70. También resalta el papel de los movimientos vecinales y de los curas obreros en la lucha por la mejora social y política de la periferia madrileña.

En ese contexto, el BOE destaca la trayectoria del Centro Pastoral de San Carlos Borromeo, gravemente dañado durante el asedio a Madrid y reconstruido en la posguerra, así como la labor impulsada desde comienzos de los años 70 por el sacerdote Enrique de Castro, con iniciativas de atención a la infancia, distribución de comidas solidarias, acompañamiento a personas con adicciones y apoyo a personas migrantes y refugiadas.

Aplauso a la labor de #SalvaPeironcely10

La resolución también destaca la iniciativa #SalvaPeironcely10, impulsada desde 2017 por asociaciones culturales, vecinos y organizaciones memorialistas y coordinada por la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, por haber contribuido a resignificar el edificio como vestigio de los bombardeos, símbolo de la dignidad de quienes lo habitaron y memoria de las luchas vecinales. En los últimos años han visitado el lugar historiadoras, antropólogos e incluso arqueólogos.

Desde la plataforma, su portavoz José María Uría ha subrayado en declaraciones a Europa Press que esta declaración coloca a Peironcely y su entorno “en el lugar que se merece”. “Estamos contentos, satisfechos y agradecidos”, ha indicado.

En este sentido, ha agradecido que el Gobierno haya esciuchado al movimiento asociativo y de memoria. “Ha sido la sociedad, la plataforma, la que elevó la petición al Gobierno central. Era una solicitud razonada y documentada para que fuese lugar de memoria”, ha explicado. “Por lo tanto, es un éxito compartido por toda la sociedad”, ha añadido.

Usos que preserven la declaración

Según traslada el BOE, el uso actual del conjunto no se verá alterado, aunque cualquier uso futuro deberá ser compatible con “la preservación de la memoria de las violaciones de los derechos humanos para que no vuelvan a repetirse, el reconocimiento y reparación moral de las víctimas y la defensa de los principios de justicia, verdad y reparación”.

En este sentido, cabe recordar que el Ayuntamiento anunció para este inmueble el nuevo Centro de Experimentación Cultural Robert Capa, un espacio de dinamización sociocultural dirigido a jóvenes de hasta 18 años, que prevé abrir en 2028.

Sin embargo, la denominación y enfoque de este centro sigue generando polémica, después de que el International Center of Photography (ICP) de Nueva York --institución fundada por Cornell Capa (hermano de Robert Capa) en 1974-- comunicase al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida su desautorización al uso del nombre, la imagen y el legado del reportero sin la aprobación de la Plataforma #SalvaPeironcely10. El Consistorio de Leipzig, donde se ubica la Casa Capa, ha defendido la reconversión del espacio en un espacio museístico similar.

El futuro para Peironcely 10 ha sido así motivo de choque entre dos proyectos. Por un lado el del Ayuntamiento, que prevé un nuevo centro de experimentación cultural dirigido especialmente a niños y jóvenes en riesgo de exclusión social.

Por otro lado, tal y como recuerda Uría, el proyecto original que defiende la plataforma es un centro de interpretación sobre el episodio de bombardeos aéreos vivido durante la Guerra Civil en Madrid, inmortalizado en la propia fotografía de Capa. “El edificio se salvó por esa imagen. Cuenta el horror y la vulnerabilidad de la infancia en las guerras, que aún seguimos viviendo en lugares como Ucrania o Gaza”, ha remarcado.

Sobre el proyecto del Ayuntamiento, ha dicho que no se oponen a un centro de esas características, pero opinan que hay mejores lugares en el distrito para ello. Así, ha apuntado como lugar idóneo el conocido como dispensario de José María Llanos, “abandonado y a escasos metros de la Fundación José María Llanos ”que hizo tanto“ por este distrito. Una vez más, ha afeado a Almeida no contar con la plataforma por los posibles usos para el inmueble. ”Queremos sentarnos con el alcalde para lograr un resultado positivo para todos. Peironcely tiene que tener la proyección estatal e internacional que merece y no quedarse como un espacio de atención social“, ha concluido.

La declaración tendrá efectos desde su publicación en el BOE y el conjunto será inscrito con carácter definitivo en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática. La resolución no fija medidas de protección específicas distintas a las generales de perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada. Sí prevé medidas de difusión e interpretación, como recursos audiovisuales y digitales, placas, paneles o distintivos memoriales, además de la incorporación de su geolocalización y una ficha con fotografías y audiovisuales en el portal web de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Cuca Sánchez, concejala de Más Madrid en la capital, ha calificado como “un día importante para la Memoria Democrática” la noticia. Cree que el edificio es “un icono del horror de los bomardeos de 1936”. Habla de “una declaración largamente esperada que llega tras años de lucha del movimiento vecinal, cultural y memorialista frente a una derecha que habría querido derribar el edificio”. Opina que “triunfa la Memoria Democrática para honrar a las víctimas de la guerra y garantizar que las nuevas generaciones conozcan la historia”. Sánchez recuerda que la declración incluye la plaza Robert Capa y la iglesia de San Carlos Borromeo. Llama por último al equipo de Almeida a “recuperar el proyecto museístico de la zona”.

El concejal del Grupo Municipal Socialista Jorge Donaire ha celebrado también la declaración: “El Gobierno de España ha cumplido con una reivindicación histórica y ha dado un paso decisivo para proteger un lugar que forma parte de nuestra memoria colectiva. Es un acto de reconocimiento, reparación y dignidad democrática”, ha destacado en declaraciones remitidas a los medios. Para Donaire, es una noticia que “hace justicia” con uno de los espacios “más simbólicos de nuestra historia reciente y con todas las personas que durante años han trabajado para lograr este reconocimiento”.

El Juzgado de Primera Instancia Número 45 de Madrid ha condenado a la secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, a pagar 9.000 euros de indemnización al exmagistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por llamarle “corrupto” y prevaricador.

Así consta en una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que García Castellón demandara a Belarra tras esas palabras que vertió en redes sociales y que “constituyen una intromisión ilegítima del derecho al honor” del magistrado jubilado. También la condena a que difunda el contenido de la sentencia en su perfil de la red social X “en la que se produjo la intromisión en el derecho al honor, o en otro medio con semejantes características”.

García Castellón denunció un “daño moral” por esas declaraciones y reclamó ser indemnizado por Belarra con 350.000 euros o la cantidad que “tenga a bien fijar el juzgado teniendo en cuenta los antecedentes de la demanda, dada la gravedad de la lesión producida y la amplia divulgación de la misma”.

Para el antiguo instructor de la Audiencia Nacional, no cabía duda de que “las expresiones empleadas por la señora Belarra carecen de un interés general legítimo y resultan ultrajantes y ofensivas”. Además, recordó que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya fijó que la libertad de expresión, “aunque tiene un ámbito amplio de protección, no es ilimitada”.

Belarra, por su parte, defendió públicamente que los calificativos que empleó son propios del ejercicio inherente a su condición de diputada, dentro de su libertad parlamentaria para valorar la actuación de García Castellón.

García Castellón presentó en un primer momento su demanda ante el Tribunal Supremo, que determinó que no es el órgano competente para dirimirla porque las palabras que dirigió Belarra —aforada ante el alto tribunal por su condición de diputada— en redes no las profirió “en el ejercicio de su cargo”.

La Sala de lo Civil del Supremo señaló que la competencia correspondía a los juzgados de primera instancia y dejó en manos de García Castellón impulsar el caso en los mismos. La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid.