“Vamos a inundar de datos a los medios hoy, ¿vale? Desprende sensación de estar alerta que te cagas. Y a la gente le calma, que es lo importante”. Así se dirigió Carlos Mazón a sus consellers la mañana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, en un grupo de WhatsApp del Ejecutivo valenciano, según los mensajes a los que ha tenido acceso elDiario.es. Escribió el mensaje a las 8.17, poco antes del pleno del Consell.

El expresident, que figura en la causa de la dana como una suerte de 'preinvestigado', dio a primera hora de la mañana instrucciones a sus consellers de Educación (José Antonio Rovira); Sanidad, (Marciano Gómez), y Servicios Sociales (Susana Camarero). A Rovira le pidió que actualizara a la portavoz del Consell, Ruth Merino, sobre el “cierre de colegios” y a Gómez y Camarero estar “atentos a goteras e incidentes en los centros”.

“Informar con detalle da imagen de control. Centrémonos hoy en eso”, afirmaba Mazón. La consellera Salomé Pradas, actualmente investigada en la causa, contestó: “por ahora todo controlado”.

“Bueno cada uno que esté atento. Vamos a dar datos parciales todo el día si se puede”, remachó Carlos Mazón. Pradas, por su parte, informó de que se había establecido el nivel 1 del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en la comarca de la Ribera, “que es donde está pegando más fuerte” la dana.

El president pidió a Miguel Barrachina (titular de Agricultura) el “parte en el campo”. Mazón estaba tan atento a la gestión de la emergencia a primera hora de la mañana que incluso señaló que un tuit de Salomé Pradas sobre la dana tenía “una errata en la primera línea”.

En el mismo grupo de WhatsApp, a las 10.20 (tras la reunión del pleno del Consell), el entonces conseller de Educación detalló la lista de municipios de la provincia de Valencia en los que se habían suspendido las clases.

Pradas fue actualizando durante toda la mañana en el mismo grupo la situación de la dana y las alertas activadas, además de las carreteras afectadas.

El aviso de la alerta hidrológica en el “barranco Pollo”

A las 13:09, Pradas escribió: “⚠️ Acabamos de decretar alerta hidrológica en Río Magro y barranco Pollo, en coordinación con la CHJ [Confederación Hidrográfica del Júcar]”.

Mazón, a pesar de sus instrucciones iniciales, ya no participó en el grupo de WhatsApp que compartía con sus consellers durante el resto de la jornada de la dana (hasta la noche tampoco compareció desde el mediodía para informar a la población de la evolución de la dana).

Tampoco contestó a los mensajes relativos a la dana, especialmente durante su larga comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro.

El president se desconectó de la gestión de la emergencia, a pesar de que consellers como Nuria Montes (Industria) alertó a las 15.17 de que la estación de ITV de Utiel estaba “inundada e inutilizada”, por lo que se había activado el plan de contingencia.

Camarero avisó de las residencias “inundadas”

Por su parte, Vicente Martínez Mus (titular de Infraestructuras) alertó a las 18.03 de “incidencias variadas” registradas en la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), responsable de Metrovalencia, incluyendo la más importante a esa hora: el “cierre” del tramo entre Picassent y Castelló “por desperfectos graves en la vía que impedirán circular no sólo hoy sino en los próximos días”.

“En estos momentos además, en el Apeadero de Omet (Picassent) ha quedado atrapado un tren con 10 pasajeros. Están en la operación de sacarlos con la policía local”, informó Martínez Mus, sin que Mazón contestara a ninguno de los mensajes.

La consellera Nuria Montes informó a las 20.25 de que el personal de la estación de ITV de Riba-roja de Túria estaba “atrapado” y, ocho minutos después, Susana Camarero dijo que había residencias de personas mayores “inundadas” y “sin que puedan llegar los bomberos”.

A las 20.37, Martínez Mus escribió que en la sede de FGV, situada a tiro de piedra del barranco del Poyo, había “30 personas aisladas que no han podido salir”, incluyendo al secretario autonómico Javier Sendra y al gerente de la empresa pública, Alfonso Novo.

Martínez Mus: “Hemos tenido que suspender el Metro”

“Está allí el puesto de mando. Yo Iba para allí y ya no he podido llegar. El puesto de mando estaba allí y se ha visto afectado en toda su operativa, por lo que hemos tenido que suspender todas las operaciones de tranvía y metro hasta nueva orden”, dijo Martínez Mus.

Por su parte, el conseller de Educación, Juan Antonio Rovira, dijo a las 20.44: “Estamos preparando un comunicado para suspender mañana la atención presencial en los Espais Labora de la provincia de Valencia ante la alerta meteorológica y los riesgos por cualquier tipo de desplazamiento. Un minuto después, añadió: ”Los datos [daños] en CEIPS e IES son cuantiosos en muchas localidades. Mañana tendremos más datos“.

Tres minutos después, el conseller de Sanidad advirtió de que los hospitales de Alzira y Requena estaban “aislados” y de que había “múltiples centros de salud inundados”, además del Parque Alcosa, donde los trabajadores permanecían “atrapados” y “resguardados en el primer piso”.

A las 21.09, Rovira anunció que en la ciudad de València y en la mayoría de poblaciones de la provincia se suspendían las clases del día siguiente.

También apostilló: “Tenemos algunas incidencias puntuales como 3 niños que quedan en un autobús en Chiva y no pueden moverse. Está la Guardia Civil al tanto. La residencia de Cheste también está controlada. Aunque han cenado bocadillos porque no había luz. Mañana empezaremos con los informes de daños. Todo apunta que van a ser cuantiosos”.

Rovira: “La izquierda ha empezado su campañita”

En su siguiente mensaje, a las 21.11, José Antonio Rovira expresó su preocupación por un mensaje de X (antiguo Twitter) del que aportaba el enlace: “La izquierda ha empezado su campañita”.

La consellera Ruth Merino pegó el borrador de una circular de la dirección general de Función Pública que declaraba la exención de asistencia al trabajo del funcionariado afectado por la dana.

“Si os preguntan, esta circular que vamos a colgar en breve en la web es cierta. Estaban corriendo muchos whatsapp fake y la gente tenía dudas”, explicó Merino a las 22.39.

Pradas: “El 112 no ha fallado, sigue operativo”

La misma consellera, a las 22.47, escribió que “el centro de comunicaciones de Telefónica de La Eliana (del que depende el 112) ha fallado y que puede que el que le da respaldo de urgencia, el de Cheste, haya colapsado también”. “Reunión de urgencia en Telefónica Madrid”, agregó.

Sin embargo, Pradas contestó que “no es así”. “El 112 no ha fallado, sigue operativo”, insistió Salomé Pradas. “Si, operativo sigue”, dijo Merino, quien añadió: “De 8 líneas de comunicación solo quedan 2 activas. Cada una puede mantener 30 llamadas simultáneas. Para un día como hoy es un problema. Además solo pueden recibir llamadas ”.

En el último mensaje que consta en el grupo de WhatsApp del Consell, Vicente Martínez Mus adjuntó a las 23.53 el estado de las carreteras.

Agentes del Servicio de Protección de Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se han personado este miércoles por la mañana en el Ayuntamiento de València “para recabar información sobre un asunto”, según ha confirmado a elDiario.es el instituto armado, que no ha detallado a qué se refiere el caso.

Según ha podido saber esta redacción, los agentes se habrían dirigido a las dependencias de la Concejalía de Bienestar Animal que gestiona el portavoz del grupo popular, Juan Carlos Caballero, en una reunión que al parecer tenían agendada y que por el momento no se ha requisado documentación. Las mismas fuentes aseguran que la investigación no es contra el Ayuntamiento.

Aunque por el momento no han trascendido más detalles, todo apunta a que el asunto podría estar relacionado con la protectora Modeprán. Al parecer, el Seprona también se habría dirigido a otros ayuntamientos con los que habría colaborado la protectora.

Por su parte, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha comentado que el Seprona “a instancias de una denuncia ha entrado al Ayuntamiento a pedir información sobre unas cuestiones que tienen que ver con una empresa que gestiona para el propio Ayuntamiento”.

Fuentes de Modeprán han asegurado a este periódico que no tienen constancia de ninguna denuncia contra la entidad, que están muy tranqullos porque “no hay nada que ocultar” y que el cambio de gestión previsto para este viernes se hará “con calma y normalidad”.

Como ha informado este periódico, el refugio de animales de València pasará a estar gestionado por una alianza de empresas dedicada al control de plagas. Este viernes se hará efectivo el cambio en la gestión de los dos refugios municipales, que hasta la fecha habían ido de la mano de la protectora Modeprán, encargada en los últimos 15 años.

La vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, ha declarado este miércoles ante la jueza de la dana que desconocía qué era el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), a pesar de que estuvo conectada brevemente a la reunión del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos. “Yo no sé lo que es un Cecopi, pero sí sé que hay una reunión de emergencias”, ha declarado Camarero, según fuentes conocedoras de la testifical consultadas por elDiario.es.

“Yo estoy ocupada con el impacto de la situación que se estaba produciendo, pero decido conectarme porque tengo un momento”, ha manifestado Susana Camarero.

Por otro lado, la vicepresidenta se ha negado en un primer momento a aportar los mensajes de WhatsApp intercambiados por entre los consellers el día de la catástrofe (aunque posteriormente ha matizado que lo consultaría).

“No soy yo quien debe aportar ese chat, estamos los miembros del Consell, que tenemos secreto. En ese chat hay muchos consellers involucrados y no soy yo quien debe aportarlo”, ha espetado Camarero. 

La vicepresidenta ha dicho que no recordaba si en ese chat se comentó algo sobre la gestión de la emergencia, aunque ha especificado que la exconsellera Pradas, principal investigada en la causa, tiene acceso a los mensajes. “Lo pensaré y consultaré”, ha contestado ante la insistencia de la jueza en que la aportación solo puede ser voluntaria (al no ser doloso el presunto delito de homicidio imprudente que se investiga en el marco de la causa).

Tras un breve receso en la testifical, la vicepresidenta ha aceptado aportar los mensajes de WhatsApp. También se ha prestado a aportar los whatsapps que intercambió con su secretario autonómico, Ignacio Grande, que también estuvo conectado al Cecopi.

La “percepción” de que “Utiel está controlada”

La testigo ha relatado que, al inicio del Cecopi, el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, comentó la situación en Utiel y, “más tarde”, se aludió al peligro en la presa de Forata. Camarero ha dicho que le escribió a Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias, para preguntar si había centros de dependientes, de su competencia, “afectados”. “Lo que hago es que todo lo que escucho en el Cecopi lo ligo a mis competencias”, ha afirmado.

La vicepresidenta ha dicho ante la jueza que, durante los apenas 38 minutos en que estuvo conectada al Cecopi, tuvo la “percepción” de que “Utiel está controlada”. Camarero también ha justificado su ausencia del Cecopi para irse a un acto de entrega de premios de la patronal: “Estoy pendiente de la afectación de esos centros cuando me desconecto”.

También ha mantenido que, en los casi 40 minutos en que estuvo conectada al Cecopi, no se habló en la reunión de emergencias de la posibilidad de enviar a la población un mensaje Es-Alert. “No escuché de hablar del Es-Alert ni del envío de algún mensaje”, ha dicho.

“No vi nada descontrolado”

También ha afirmado que “los responsables de Emergencias sabían lo que estaban haciendo y se tomaban medidas”. “No vi nada descontrolado”, ha apostillado.

La testigo ha asegurado que la convocatoria del Cecopi no iba dirigida específicamente a ella y que se conectó al tener una “ventana de tiempo”.

“Pero sí que quiero aclarar que [en el Cecopi] no hay otro conseller, que no se esperaba que fuera a estar ahí, que me conecto para enterarme en primera persona, para ver como va la situación de gota fría y sobre la que estoy pendiente por lo que tiene que ver en mis centros”, ha afirmado.

Sin contacto con Mazón

No mantuvo contacto con el president Carlos Mazón, que permanecía en una larga comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro, al considerar que “la situación la maneja la consellera” Salomé Pradas. “Tampoco él se puso en contacto conmigo”, ha agregado.

Mazón dio instrucciones en el Pleno del Ejecutivo autonómico, celebrado aquella mañana, de que ante la dana cada conseller estuviera pendiente de sus competencias. La testigo ha explicado que Pradas habló sobre la situación de emergencia y que el entonces president pidió que se comunicara cualquier incidencia.

Camarero ha accedido al Palacio de Justicia de Catarroja por la entrada del garaje para evitar las protestas de las víctimas.

Primer aval a la investigación de las cuentas bancarias de la presunta trama de blanqueo de capitales de los narcos del Puerto de València. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, en un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, ha desestimado el recurso de apelación de la defensa de uno de los investigados (Francisco H. V.) contra el auto del juez instructor del pasado 2 de enero que autorizaba a los agentes especializados en blanqueo de capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a recabar, sobre el grueso de los presuntos narcos, ante la Seguridad Social y la Agencia Tributaria la vida laboral, las prestaciones, las declaraciones de la renta y las transmisiones patrimoniales o, ante las entidades bancarias, sus activos, ya sea en cuentas, tarjetas de crédito, depósitos, valores, préstamos, planes de pensiones, acciones e incluso cajas de seguridad.

La misma resolución autorizaba a los uniformados a obtener de las entidades financieras “cualquier otra información y documentación complementaria sin necesidad de nuevo auto”, de cara a llevar un “seguimiento de las operaciones que se vayan conociendo y resulten de interés para la investigación”. Lo cual resultaría una suerte de “carta blanca” otorgada por el juez instructor a la UDEF, amén de una “investigación prospectiva”, a juicio de la defensa de Francisco H. V.

Se trata de uno de los investigados que figuran como “facilitadores críticos” de la supuesta trama de importación de cocaína a gran escala desarticulada en el marco de la 'operación Spider', especialmente dedicado a “labores de intermediación” con dos presuntos narcos: el colombiano Adrián V. C. y el albanés Klodjan K. (prófugo de las autoridades belgas en un procedimiento por narcotráfico).

Las pesquisas de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional lo vinculan con la intervención de 80 kilos de cocaína en la terminal CSP del Puerto de València el 6 de junio de 2025 (cantidad que formaba parte de un alijo mucho mayor, extraído con la modalidad del gancho ciego).

Paradójicamente, Francisco H. V. no es uno de los investigados señalados directamente por el auto del juez que autorizaba la investigación del presunto blanqueo. Así lo destaca la sección cuarta de la Audiencia de Valencia, que considera que “carece de legitimidad para recurrir” y que esgrime la máxima procesal “ampliamente establecida” en la jurisprudencia española de que “no hay recurso sin agravio”.

“Mayor agilidad” en la investigación

El tribunal ni siquiera entra en el fondo del asunto, a diferencia del fiscal, en cuyo informe relativo al recurso explica que la resolución del juez instructor, lejos de pretender “ampliar el campo de investigación a cualquier información y actuación”, se centraba en la información derivada de la inicialmente obtenida con autorización judicial, sin que ello suponga vulneración alguna de la tutela judicial efectiva o del derecho a la intimidad. El representante del Ministerio Público ve la medida justificada y proporcional, por la “necesidad de aportar mayor agilidad” a la investigación y evitar dilaciones durante la instrucción del procedimiento.

Por otro lado, la Audiencia de Valencia ha desestimado el recurso de la representación jurídica de Castellón Renting SL contra el auto que autorizó el decomiso cautelar de un camión Man TGX y un semirremolque marca Kassbohrer propiedad de la empresa, además de un Audi Q8 usado “de forma directa y habitual” por el investigado Julio E. G., gerente de la mercantil imputado por supuestamente proporcionar camiones a la presunta organización criminal. El camión estuvo vinculado, según los investigadores, al alijo de 1.160 kilos de coca intervenido en el Puerto el 18 de julio de 2025.

El abogado de la empresa alega que Castellón Renting SL cuenta con “más de 40 años de antigüedad” y una “consolidada trayectoria profesional lícita y regular” y que ni la propia firma ni el gerente “tienen nada que ver” con los hechos investigados. Se trataría, por el contrario, de “meras conjeturas” policiales que contrastan con la “realidad fáctica y documentada” y que pretenden “criminalizar” una actividad “normal” y “propia del negocio” como es el arrendamiento de vehículos.

Sin embargo, la sección cuarta de la Audiencia de Valencia recuerda que existen indicios de que la empresa, con “apariencia de una actividad lícita”, formalizaba contratos de arrendamiento, precedidos de importantes sumas de dinero, para “enmascarar” la “verdadera utilización de los vehículos al servicio de la organización criminal”.

“Intervención directa” del gerente de la firma de camiones

La investigación de la UDYCO ha acreditado la “intervención directa” del gerente de la empresa en la entrega de 40.000 euros en efectivo “sin emisión de justificante alguno ni soporte documental que ampare la operación”. La Audiencia de Valencia, por tanto, considera “adecuada a derecho” y a la legalidad la resolución que decomisó el camión (cuya venta anticipada fue autorizada recientemente por el juez).

La sección cuarta también ha desestimado un recurso similar de la representación jurídica Biovalsuro SL, propiedad del investigado José Francisco B. R., contra el decomiso cautelar y la autorización para uso policial de una motocicleta Benelli modelo TRK, mítica marca italiana, a nombre de la mercantil. El auto, al que también ha tenido acceso este diario, esgrime los “sobrados indicios racionales y fundados” de la participación de José Francisco B. R. en presuntos “delitos de drogas de extrema gravedad”, además de la “procedencia ilícita” de la motocicleta.

“Los vehículos intervenidos han sido empleados de forma directa, como consta en las diligencias practicadas, para la realización de operaciones de narcotráfico, lo que implica que han sido verdaderos instrumentos de los delitos investigados”, asegura el tribunal.

Además, el auto también sostiene que la utilización provisional del vehículo por parte de la Policía “no es una pena anticipada, sino una medida cautelar de gestión patrimonial”, con el objetivo de conservar el valor de uso del bien intervenido y evitar costes al erario por los gastos de depósito (sin el objetivo de castigar al investigado, que goza de presunción de inocencia).

El Porsche a nombre de un testaferro

La Audiencia de Valencia también ha tumbado el recurso de Salvador S. A., presunto testaferro de Iván T. R. (considerado uno de los capos del narcotráfico en el Puerto), contra el auto del instructor que, el pasado 3 de febrero, denegó la devolución de un BMW y de un Porsche 911 GT3. “No podemos olvidar”, afirma el tribunal, que la póliza de seguros del BMW figuraba a nombre de Iván T. R. y que existen indicios de que el vehículo pudiera ser objeto de un presunto delito de blanqueo de capitales, por lo que “está justificado su comiso”. Así, la devolución anticipada de los vehículos “podría frustrar los fines del proceso penal”.

La situación del Porsche es aún más singular. El bólido ya fue incautado (y posteriormente devuelto a su propietario) en el marco de un sumario por narcotráfico del Juzgado de Instrucción número 1 de València. Lo cual “no es óbice” para que se intervenga de nuevo en las diligencias que actualmente instruye la plaza número 15 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, al haberse acreditado que, a pesar de que el vehículo figuraba a nombre de Salvador S. A., el titular real, usuario y pagador de la prima de seguro sería el presunto narco Iván T. R.

El hermano y la pareja de uno de los capos

La Audiencia de Valencia también ha desestimado sendos recursos de la defensa del presunto capo y de su hermano, Raúl T. R., y su pareja, María R. L. (ambos investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales) contra el decomiso y la autorización del uso policial de un Audi RS3 Sportback, de un BMW M2 Competition y de una Yamaha TMAX.

El auto ve indicios suficientes de que los vehículos eran, o bien instrumentos de la operativa de narcotráfico, o bien productos o ganancias de esa supuesta actividad ilícita, y concluye que la hipótesis no resulta “irrazonable, arbitraria o caprichosa”.

El fiscal de la causa describe al hermano del presunto narco como “elemento instrumental” del entramado societario diseñado para canalizar e integrar en el circuito económico legal los fondos de origen ilícito (especialmente con su participación en la empresa Activos Inmobiliarios Renovables SL).

Sobre la pareja del presunto capo, el fiscal recuerda los indicios “sólidos y plurales” de su participación “activa” en la supuesta operativa de blanqueo como administradora de la mercantil Inversiones Miseco SL, dedicada a la introducción en el tráfico económico de fondos de origen ilícito, con mecanismos como la adquisición de deuda privada, la facturación ficticia y “otras prácticas típicas de integración delictiva”.

Por otro lado, la sección cuarta de la Audiencia de Valencia ha desestimado el recurso del portuario Salvador Julio C. M., supuesto testaferro de Iván T. R. en relación con la embarcación que se intervino al presunto narco en el Club Deportivo Es Nàutic de Sant Antoni (Ibiza). La Guardia Civil de las Islas Baleares ha reclamado la embarcación Axe (modelo Axopar 37), de unos 11 metros de eslora, para usarla provisionalmente en aguas mediterráneas en operaciones contra el narcotráfico.

El auto considera suficientemente acreditado que el investigado “venía ejerciendo de forma efectiva y continuada el uso, posesión material y disponibilidad funcional de la embarcación intervenida”.

La testifical de la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, fue “extensa y clara”, según la jueza de la dana. Así lo refleja el acta de la declaración, a la que ha tenido acceso elDiario.es, del pasado 25 de mayo: la primera edil del PP alertó por teléfono en vivo y en directo a dos relevantes participantes de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de lo que estaba viendo con sus propios ojos: “Es un barranco completamente desbocado, con unas olas que yo creo que nadie hemos visto”. Folgado vivió en sus propias carnes el desbordamiento del barranco de Horteta, tributario de la rambla del Poyo, y se quedó muy impresionada mientras presenciaba como la pasarela peatonal que une el entorno urbano con el polígono industrial “no existía”.

Folgado llamó primero al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, sin siquiera saber que estaba en el Cecopi, por si “tenía más información” y sabía “algo más” o “de dónde viene el agua”.

La llamada fue a las 18.38 y duró apenas 39 segundos, según acredita la factura del móvil corporativo de la alcaldesa. Le dijo que se estaba viviendo una “situación extraordinaria”. “Esto no lo hemos visto nunca”, agregó Folgado, que también es diputada provincial.

A Emilio Argüeso, con quien no había hablado en todo el día, le avisó de la inundación en la localidad en una llamada de dos minutos a las 19.10 (“para decirle esto está así”). Argüeso, investigado en la causa, no dijo nada en el Cecopi, según fuentes consultadas por este diario.

Entre esas dos llamadas, a las 18.55, la alcaldesa de Chiva, Amparo Fort, llamó al diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell (que también participaba en el Cecopi), para avisarle de que la cabecera del barranco del Poyo se había desbordado “completamente”. Tanto Mompó como Mascarell han sido citados de nuevo a declarar como testigos tras las revelaciones de las alcaldesas de Chiva y de Torrent.

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, insistió en preguntar a la testigo por las respuestas de Mompó y de Argüeso. Y es que, para la magistrada, lo que dijo la alcaldesa de Torrent resultaba una auténtica “revelación”. Sin embargo, Folgado no recordaba qué le contestaron el secretario autonómico de Emergencias y el presidente de la Diputación. La magistrada, en tono didáctico, detalló a la primera edil la importancia de los avisos telefónicos a Mompó y Argüeso:

—Lo digo señora alcaldesa, y con todo el respecto, porque esta situación del barranco de Horteta o del Poyo se ha negado desgraciadamente por miembros del Cecopi. Y, además, esta información que usted da, como la han dado otros alcaldes que han venido y han colaborado dando información y llamadas, nos desvela cosas que han desvelado otros testigos, pero no precisamente los testigos presenciales del Cecopi, salvo el comandante de la UME [Unidad Militar de Emergencias] que sí que nos dijo la situación del barranco del Poyo a la altura de Ribarroja.

La testigo apenas recordaba que Argüeso le dijo algo así como: “Estamos viendo...”. Sí que se acordaba, en cambio, de que al secretario autonómico de Emergencias le comunicó: “Aquí me dicen que hay una víctima”.

Cuando llamó a Emilio Argüeso, la alcaldesa permanecía en la zona recreativa de la urbanización del Pantano, que ya estaba “prácticamente inundada”. Los agentes de la Policía Nacional con los que se topó allí le informaron de que una persona mayor había fallecido.

—En ese momento, el policía nacional nos advierte de que, si queremos salir, tenemos que salir ya porque la zona se está inundando; nuestra intención es ir hacia arriba [a la calle del Maestro Fortea], lo que sería la Masía del Juez, [y] ya no podemos hacerlo, en ese punto interfiere un pequeño barranco que (...) está cerca de lo que es la antigua fábrica de Campofrío, ya no podemos cruzarlo y nos volvemos hacia el entorno urbano.

La alcaldesa siguió el cauce del barranco “hacia abajo” y se encontró la zona del barrio de Xenillet “completamente inundada”.

La testigo explicó que empezaron a “tener una visión de lo que estaba pasando” a partir de la madrugada del 29 al 30 de octubre, cuando acudían a pie (desde la autovía o desde zonas diseminadas) hasta el pabellón habilitado gentes afectadas por la inundación: “Nos chocaba muchísimo (...). Esa noche llegamos a tener casi 2000 personas en el pabellón”.

“Un comité de crisis lo más rápido posible”

Amparo Folgado también dijo que no recibió ninguna instrucción por parte del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. Sin embargo, la Policía Local de Torrent (un municipio de cerca de 100.000 habitantes) permanecía aquella jornada “pendiente” de las zonas inundables en las urbanizaciones que “discurren” entre los barrancos de Horteta y el Poyo.

La declaración testifical de Folgado también cuestionó los pobres reflejos de la Generalitat ante la emergencia de la dana: “Yo creo que en mi vida he visto una alerta roja y lo primero que piensas es aquí vamos a reunirnos y hay que tomar una serie de decisiones lo más rápidamente posible. Nos reunimos en un comité de crisis lo más rápido posible”.

“Una alerta roja es una alerta roja”

En aquella reunión matinal, el consistorio acordó la suspensión de las actividades lectivas, deportivas y extraescolares, además del cierre de los pasos susceptibles de inundaciones.

También por la mañana, la alcaldesa se asomó a observar los barrancos de la localidad (que cuenta con muchos afluentes de Horteta desperdigados por sus numerosas urbanizaciones): “Empiezas a, de alguna forma, preguntar y a visualizar cómo está el barranco. (...) En Torrent, durante todo el día, no llovía. De hecho, cuando estamos tomando esa decisión de la suspensión de las actividades, es un poco diciendo 'bueno, no sé, vamos a ver qué va a pasar', el sol está fuera pero una alerta roja es una alerta roja”.

La actuación de Amparo Folgado con la suspensión de la actividad educativa se asemeja al papel que ejercieron aquella misma jornada sus homólogos de Utiel y Requena, Ricardo Gabaldón y Rocío Cortés, ambos del PP.

Cortés dijo ante la jueza el pasado 18 de mayo que “en Requena no hubo muertos ni heridos porque se avisó a la población”. Gabaldón, por su parte, declaró: “Si no llegamos a cerrar el instituto hubieran muerto alumnos y padres y abuelos que hubieran ido a por ellos”.

Susana Camarero, la vicepresidenta del Gobierno valenciano que abandonó la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en plena catástrofe de la dana, desfila como testigo este miércoles ante la jueza instructora de la causa. De Camarero dependían las residencias de personas mayores y, a pesar de que en los escasos 40 minutos en que estuvo conectada al Cecopi se hablaba en la reunión sobre el peligro que suponía la presa de Forata, la vicepresidenta optó por irse a un acto de entrega de premios organizado por la patronal, en el que coincidió con el conseller Vicente Martínez Mus.

La 'número dos' del Consell de Carlos Mazón (y del actual Ejecutivo de Juan Francisco Pérez Llorca) alegó que el secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande, se quedó conectado a la reunión del Cecopi mientras ella asistía al acto de entrega de premios. El alto cargo está citado a declarar como testigo el próximo 16 de julio.

Aunque Camarero, después de que este diario revelara su ausencia del Cecopi, sostenía que en la reunión no se habló del peligro de la presa de Forata mientras ella permaneció conectada, la vicepresidenta acabó admitiendo que, tal como confirma abundante documentación y testimonios que constan en el procedimiento, no fue así. Por otro lado, nunca reconoció haber cometido un error al abandonar el Cecopi.

En la reunión se hablaba tanto del peligro que suponía la infraestructura hidráulica que el Cecopi se planteaba una evacuación de las poblaciones situadas aguas abajo de Forata.

De hecho, la propia Camarero se interesaba poco antes de abandonar la reunión por las localidades que podían ser evacuadas, tal como figura el informe pericial con sus mensajes de WhatsApps que aportó uno de los dos investigados en la causa, el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso.

El servicio de teleasistencia

Por otro lado, la investigación de la jueza Nuria Ruiz Tobarra también afloró que hasta 37 de los 230 fallecidos en la catástrofe eran personas mayores usuarias del servicio de teleasistencia.

Las grabaciones de las llamadas de auxilio de las víctimas retrataron el caos en la gestión de la emergencia. La jueza también investiga el fallecimiento de ocho ancianos en un recinto de viviendas públicas de la Generalitat en Picanya, situado a tiro de piedra del barranco del Poyo.