El candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido investido presidente de la Junta de Castilla y León por tercera vez. Vox ha sumado sus 14 votos a los 33 del PP para facilitar la mayoría absoluta, fijada en 42 procuradores. Por segunda vez, el PP y Vox gobiernan en esta Comunidad, como en 2022, si bien en 2024 el partido de Abascal dejó el gobierno. La oposición, formado por PSOE, Soria Ya, Unión del Pueblo Leonés y Por Ávila, ha votado en contra.

En su discurso, Mañueco ha asegurado que “con la investidura parlamentaria se formaliza un auténtico ”contrato de Legislatura“ y se dota al futuro gobierno de una legitimidad directa que le vincula con la voluntad expresada por nuestro pueblo”. El líder 'popular' ha adelantado además una legislatura de oposición al Gobierno central. “Con semejante ejemplo- ha dicho sobre este-, no resulta extraña esa oscura imagen de la política que se extiende en nuestra sociedad, viéndola sólo como una fuente de ruido, frases vacías o gestos sin trascendencia”. Así, ha afirmado que “el relato prima sobre los argumentos, la democracia se reduce a demoscopia y la propaganda sustituye a la razón”.

No ha faltado una referencia a la corrupción, la de los demás: Mañueco quiere “evitar que se normalice la degradación que hoy vemos en la vida política española” y se compromete a que España “no se acostumbre a incompetencia, a la corrupción y a la mentira”.

De “no se puede tirar seres humanos al mar” a “arraigo verificable”, el giro xenófobo de Mañueco

Como era de esperar, ha hablado de la “prioridad nacional”, buque insignia del programa de Vox que Mañueco tiene que admitir: “Nos hemos comprometido, inspirados en el llamado principio de ”prioridad nacional“, a establecer una asignación justa de los recursos públicos en función del arraigo real y verificable de sus beneficiarios con nuestra tierra”, ha dicho. Según él, si se prescinde de “demagogias interesadas” es “algo fácil de entender”. Para recibir prestaciones hay acreditar, “sea cual sea la procedencia, ”una vinculación legal, efectiva y estable con Castilla y León“. Así ha justificado, pero sin mencionarlo directamente, que los migrantes tengan que acreditar un número determinado de años de residencia para acceder a una vivienda protegida bien en venta, bien en alquiler, como ha pactado con Vox. Ese punto, a priori, que parece fuera de la Constitución, ha querido disfrazarlo de verificación. Ha matizado que se acatará ”de manera escrupulosa lo que dicen las leyes. La Constitución, el ordenamiento jurídico y el Estatuto de Autonomía“.

Mañueco ha dicho que se les prestarán “de manera general los servicios públicos esenciales como sanidad, educación, servicios sociales, dependencia y transporte público en autobús” y que se excluirá “cualquier tipo de limitación o de retroceso en los derechos ya consolidados”. “Que nadie busque confundir ni se rasgue las vestiduras de forma interesada” ha pedido. Son criterios, dice que “se vienen aplicando en muy diferentes ámbitos, en todos los territorios de España, desde hace ya mucho tiempo y por administraciones de muy distinto signo”.

De esa inmigración a la que se pretende discriminar, ha dicho que “Castilla y León tiene en la inmigración legal y ordenada una fuente de progreso” por lo que “siempre serán bien recibidos· y tendrán apoyo ”cuantos quieran venir a contribuir con su trabajo, esfuerzo y compromiso personal a la prosperidad común“. Así, ha aprovechado para referirse a las ”políticas fracasadas del Gobierno de España en materia de inmigración, que se mueven entre la improvisación, el oportunismo y la imposición, dificultan avances sociales en este sentido“.

Por supuesto, Mañueco ha pactado ese marcaje a los inmigrantes a pesar de que en el primer debate electoral espetó al que ahora va a ser su vicepresidente “al que venga a trabajar y respetar la ley, sin problema, no puede haber papeles para todos, pero no se puede tirar seres humanos al mar, que es lo que a usted le gustaría”. Esa frase parecía haber enfadado a Vox hasta el punto de que exigió disculpas y volvió a hacerlo en el segundo debate. Mañueco nunca se disculpó, pero un pacto de gobierno, parece, ha hecho contemporizar a Carlos Pollán.

Pero, si ha acusado al gobierno central de políticas fallidas de inmigración, se ha atribuido directamente el crecimiento económico. “Es innegable que nuestra Comunidad ha vivido en estos años una etapa de crecimiento y dinamismo económico, creación de empleo, aumento de los derechos sociales, refuerzo de los servicios públicos y repunte poblacional, que han de ser base y referente para seguir avanzando. Nuestra economía crece por encima de la media nacional, impulsada principalmente por la industria y por los servicios, con un aumento del PIB superior al 13% en la última legislatura. Hemos alcanzado cifras históricas de empleo, con más personas que nunca trabajando en Castilla y León”, ha recordado.

En su lista de cesiones a Vox está el Pacto Verde, o más bien la lucha contra él, y no lo ha olvidado en su discurso. “Vamos a suprimir, mantener eliminadas o reformar aquellas cargas y tasas autonómicas derivadas del Pacto Verde que resulten perjudiciales para el sector productivo, para aliviar la presión fiscal y favorecer su competitividad”, ha dicho.

El Colegio de Abogados de Salamanca ha apartado de las prácticas y la actividad docente al concejal no adscrito del Ayuntamiento que anteriormente perteneció a Vox, Alejandro Pérez de la Sota, tras ser denunciado por dos mujeres de Máster de Acceso a la Abogacía y a la Procura por una presunta sumisión química.

Tal y como explica el decano, Miguel del Castillo Alonso, en un mail al que ha tenido acceso elDiario.es, la decisión se ha tomado este martes al conocerse las denuncias. La Junta de Gobierno, dice, quiere trasladar su “máxima preocupación” por los hechos denunciados y el “apoyo total” a las personas afectadas. Así, la Junta adoptó “medidas inmediatas” para garantizar la seguridad, la protección y el acompañamiento de las alumnas así como el normal desarrollo de la actividad académica.

“Con carácter preventivo”, “sin prejuzgar los hechos” y “respetando la presunción de inocencia”, en Junta de Gobierno Extraordinaria celebrada el pasado lunes, se decidió “apartar temporalmente al profesor de la actividad docente y de prácticas externas en tanto se esclarecen los hechos denunciados.

Los hechos, presuntamente ocurrieron en un establecimiento de ocio donde se celebraba una cena de la Escuela de Práctica Jurídica, en la que en un momento dado una de las participantes, abandonó el lugar en compañía de Pérez de la Sota para ir a su casa y donde fueron vistos por una compañera de piso. La denunciante no recuerda nada. Pérez de la Sota regresó a la cena, donde se encontraba la segunda mujer que lo ha denunciado, según ha publicado Salamanca24horas.

Las dos mujeres han declarado este martes por la mañana ante el juzgado que está de guardia en Salamanca, según han informado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). El Tribunal de Instancia de Salamanca, sección instrucción plaza 3, en funciones de guardia, ha tomado declaración a las dos mujeres en el marco de la investigación abierta tras presentarse ambas en el hospital el pasado fin de semana y abrirse el consiguiente protocolo ante posible sumisión química.

Las dos mujeres se sintieron mal después de haber estado con el concejal y no recuerdan lo que ocurrió en una parte de la noche, aunque una de ellas ha declarado que el edil la acompañó a casa, según han indicado a EFE otras fuentes conocedoras del caso, que han añadido que los primeros análisis practicados no han detectado sustancias. Consultado por EFE, el entorno del concejal y abogado, ha manifestado que él aún no ha recibido ninguna denuncia y que no podrá hablar hasta que no conozca los hechos denunciados.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha exigido explicaciones públicas e inmediatas a Pérez de la Sota. La formación socialista ha manifestado su profunda preocupación y ha reiterado su apoyo absoluto a las posibles víctimas, cuya declaración en los Juzgados está prevista para este martes.

Los socialistas han subrayado que la ejemplaridad en la vida pública y la transparencia deben ser “principios irrenunciables para cualquier representante institucional”, por lo que han reclamado al edil del Grupo Mixto “una explicación clara, responsable y acorde con la relevancia” de su cargo.

El PSOE lamenta el silencio del concejal, “incompatible con la exigencia de transparencia”

La portavoz socialista, María Sánchez, ha reivindicado el derecho a la presunción de inocencia mientras se desarrollan las posibles diligencias judiciales, aunque ha lamentado que el silencio del concejal resulte “incompatible con la exigencia de transparencia que debe regir la actuación de cualquier cargo público”.

El PSOE considera que, ante la gravedad de los hechos denunciados y la relevancia pública del cargo que ocupa, el concejal debe ofrecer explicaciones claras a la ciudadanía y detallar las circunstancias que han dado lugar a la apertura de este procedimiento. Sin embargo, ha advertido que exigirá la dimisión de Pérez de la Sota si la investigación judicial avanza.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo (PP), ha pedido una manifestación pública aclaratoria del concejal, que entró en el Ayuntamiento en 2023 por Vox, y ha explicado que ha mantenido una llamada personal con él en la que éste le “ha negado tajantemente las acusaciones vertidas contra él”.

Vox expulsó a Pérez de la Sota después de que él y otro concejal críticos expulsaran a Ignacio Rivas a principios de 2025, cuando, le retiraron la portavocía y despidieron a dos asesores en contra de la dirección provincial y nacional. Desde entonces, Pérez de la Sota, abogado, permanece en el Consistorio como concejal no adscrito, aunque está entre los impulsores de Avanza en Libertad Castilla y León, una formación conformada por exmiembros de Vox en la comunidad. Además, ha mostrado su apoyo a la formación Se Acabó La Fiesta, que preside Alvise Pérez y que también acogió a algunos de estos representantes para sus listas en las elecciones autonómicas.

Izquierda Unida, que se quedó sin representación municipal en las elecciones de 2023, ha pedido directamente la dimisión del concejal a través de un comunicado, al considerar que las acusaciones “son suficientemente graves” al tratarse de “una forma de violencia contra la mujer”.