El director general de Transparencia, Jorge Bellver, ha puesto su cargo a disposición del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, tras confirmarse su imputación en el caso Azud, por parte de la Audiencia Provincial de Valencia.

El jefe del Ejecutivo valenciano ha agradecido los servicios prestados y ha puesto en valor la presunción de inocencia de Bellver, tras recibir una carta en la que el hasta ahora director ha agradecido la confianza depositada en él durante este tiempo.

Bellver también ha enviado una misiva al Partido Popular de la Comunitat Valenciana en la que ha solicitado la suspensión temporal como militante hasta que se esclarezcan los hechos por los que se le juzgan.

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia confirmó este lunes, tal como informó este diario, la situación procesal de investigado de Jorge Bellver, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de València con Rita Barberá, en el 'caso Azud', que investiga el supuesto pago de comisiones a cargos públicos para favorecer la adjudicación de contratos entre los años 1999 y 2013.

Bellver, actual director general de Transparencia en la Generalitat, está imputado desde octubre de 2019 en esta macrocausa por impulsar un contrato menor como concejal del Ayuntamiento de València que está siendo objeto de investigación.

Según los investigadores, el alto cargo recibió regalos de la presunta trama investigada y mantuvo reuniones en locales de ocio y sedes de empresas con uno de los principales imputados, el empresario Jaime Febrer, según las pesquisas policiales.

La defensa de Bellver esgrimió en su recurso la condición de aforado (al ser diputado autonómico del PP) que ostentaba en 2019, cuando la jueza dictó el primer auto que le salpicaba. Sin embargo, la Audiencia de Valencia pone “de relieve” que la causa estaba bajo secreto de sumario y “se desconocía la condición de aforado” de Bellver.

En 2022, con el avance de las pesquisas por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se obtuvo nueva documentación, además de declaraciones de testigos, sobre la presunta participación del alto cargo en la supuesta trama corrupta, durante su etapa de concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de València con Rita Barberá de alcaldesa.

Una “pluralidad de sujetos investigados”

El auto de la sección tercera, alineado con la postura de la Fiscalía Anticorrupción, recuerda que se trata de una causa compleja, con múltiples tomos analizados por la unidad policial y con una “pluralidad de sujetos investigados”. También destaca que Bellver pudo personarse y declarar como investigado una vez le fue notificado el auto de 2022 (después de que se levantara el secreto de sumario). Sin embargo, “legítimamente sin duda”, el exconcejal de Urbanismo optó “por no acudir a dicha vía que expresamente le fue ofrecida”.

Jorge Bellver fue citado a declarar cuando ya no ostentaba la condición de aforado y ya no se requería que la instructora elevara una exposición razonada ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), concluye el auto de la Audiencia de Valencia.

La empresa valenciana propiedad de los hermanos Toño y David Sánchez y del fondo de inversión KKR, The Music Republic, produjo el fallido Festival de les Arts de València a través de distintas sociedades: al menos una para la solicitud de permisos y otra para la gestión de las entradas y de las deducciones fiscales a la cultura. Fuentes de la empresa califican esta operativa de “normal” en este tipo de acontecimientos por su complejidad y garantizan cualquier indemnización que deba afrontarse por la cancelación de los conciertos del sábado por la tarde: “Ya se ha devuelto el dinero de las cargas de las pulseras que no se pudieron gastar”.

Trencadís AIE, la compañía que vendió las entradas del festival —una asociación de interés económico—, es el caso más llamativo, ya que ha cambiado de manos varias veces en el último año. Precisamente en abril, a dos meses del festival, fue recomprada por House Music Festivals SL y Superstruct, vinculadas a los hermanos Sánchez y al fondo KKR, a dos compañías andaluzas y un particular que previamente la habían adquirido.

Estas asociaciones de interés económico como Trencadís AIE, explican fuentes del sector, se utilizan para gestionar los créditos fiscales otorgados por el Gobierno a la cultura; en este caso, equivalentes al 20 % de todos los gastos en los que incurre un festival. Los promotores suelen recurrir a estos créditos para conseguir financiación externa. A cambio, los inversores reciben el equivalente en derechos para deducirse impuestos.

Esta figura fiscal, utilizada también para financiar el cine español y proyectos de I+D+i, se encuentra desde hace tiempo en el punto de mira de la Agencia Tributaria por su uso como vehículo de ingeniería fiscal para captar o inflar deducciones, así como para generar mayores pérdidas y sus correspondientes beneficios fiscales con los que pagar menos impuestos.

Por su parte, House Music Festivals SL es la sociedad a través de la cual se gestionaron todos los permisos con el Ayuntamiento de València y Cacsa. Esta compañía forma parte del holding de The Music Republic, con el que comparte correo corporativo y sede social. Fuentes de la compañía explicaron que las devoluciones del 50% de las entradas no corren peligro, incluso si tuvieran que afrontar cualquier otra contingencia fruto de las previsibles demandas de los miles de personas que el viernes no disfrutaron del espectáculo esperado y el sábado se tuvieron que quedar en casa.

Grupos de música que exigen 110 decibelios para poder tocar

El Festival de les Arts de València tenía muchas papeletas para acabar como terminó. Al aviso del Ayuntamiento de València de no superar los 85 decibelios se sumaba el hecho de que muchos de los grupos programados para la tarde-noche del sábado suelen firmar por contrato que no actúan por debajo de los 100 o 110 decibelios. Su música, sin un sonido potente que llegue a los fans, supone —según sostienen— una pérdida de prestigio. ¿Sabían los grupos y la organización que era imposible actuar por debajo de los 85 decibelios?

Fuentes de la organización del Festival de les Arts ironizan con que, precisamente ese mismo sábado, actuó la banda Sociedad Alkoholika en los jardines de Viveros, a unos dos kilómetros de distancia del festival cancelado, aunque junto al mismo cauce del Túria. “Este grupo no actúa con menos de 100 decibelios de intensidad de sonido y el Ayuntamiento de València no puso ningún problema”, explican.

“¿Son vecinos de segunda los que viven cerca de Viveros o es que hace falta que presenten una denuncia para que les hagan caso? Si hay que fijar el límite en 85 decibelios, quizá también habría que actuar contra las Fallas. No tendría mucho sentido, ¿verdad?”, argumentan.