El tribunal confirma el decomiso y uso policial de varios de los vehículos intervenidos a la presunta trama
El gerente de una compañía “líder” del Puerto de València fue “fundamental” para meter alijos de dos toneladas de coca
Primer aval a la investigación de las cuentas bancarias de la presunta trama de blanqueo de capitales de los narcos del Puerto de València. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, en un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, ha desestimado el recurso de apelación de la defensa de uno de los investigados (Francisco H. V.) contra el auto del juez instructor del pasado 2 de enero que autorizaba a los agentes especializados en blanqueo de capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a recabar, sobre el grueso de los presuntos narcos, ante la Seguridad Social y la Agencia Tributaria la vida laboral, las prestaciones, las declaraciones de la renta y las transmisiones patrimoniales o, ante las entidades bancarias, sus activos, ya sea en cuentas, tarjetas de crédito, depósitos, valores, préstamos, planes de pensiones, acciones e incluso cajas de seguridad.
La misma resolución autorizaba a los uniformados a obtener de las entidades financieras “cualquier otra información y documentación complementaria sin necesidad de nuevo auto”, de cara a llevar un “seguimiento de las operaciones que se vayan conociendo y resulten de interés para la investigación”. Lo cual resultaría una suerte de “carta blanca” otorgada por el juez instructor a la UDEF, amén de una “investigación prospectiva”, a juicio de la defensa de Francisco H. V.
Se trata de uno de los investigados que figuran como “facilitadores críticos” de la supuesta trama de importación de cocaína a gran escala desarticulada en el marco de la 'operación Spider', especialmente dedicado a “labores de intermediación” con dos presuntos narcos: el colombiano Adrián V. C. y el albanés Klodjan K. (prófugo de las autoridades belgas en un procedimiento por narcotráfico).
Las pesquisas de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional lo vinculan con la intervención de 80 kilos de cocaína en la terminal CSP del Puerto de València el 6 de junio de 2025 (cantidad que formaba parte de un alijo mucho mayor, extraído con la modalidad del gancho ciego).
Paradójicamente, Francisco H. V. no es uno de los investigados señalados directamente por el auto del juez que autorizaba la investigación del presunto blanqueo. Así lo destaca la sección cuarta de la Audiencia de Valencia, que considera que “carece de legitimidad para recurrir” y que esgrime la máxima procesal “ampliamente establecida” en la jurisprudencia española de que “no hay recurso sin agravio”.
“Mayor agilidad” en la investigación
El tribunal ni siquiera entra en el fondo del asunto, a diferencia del fiscal, en cuyo informe relativo al recurso explica que la resolución del juez instructor, lejos de pretender “ampliar el campo de investigación a cualquier información y actuación”, se centraba en la información derivada de la inicialmente obtenida con autorización judicial, sin que ello suponga vulneración alguna de la tutela judicial efectiva o del derecho a la intimidad. El representante del Ministerio Público ve la medida justificada y proporcional, por la “necesidad de aportar mayor agilidad” a la investigación y evitar dilaciones durante la instrucción del procedimiento.
Por otro lado, la Audiencia de Valencia ha desestimado el recurso de la representación jurídica de Castellón Renting SL contra el auto que autorizó el decomiso cautelar de un camión Man TGX y un semirremolque marca Kassbohrer propiedad de la empresa, además de un Audi Q8 usado “de forma directa y habitual” por el investigado Julio E. G., gerente de la mercantil imputado por supuestamente proporcionar camiones a la presunta organización criminal. El camión estuvo vinculado, según los investigadores, al alijo de 1.160 kilos de coca intervenido en el Puerto el 18 de julio de 2025.
El abogado de la empresa alega que Castellón Renting SL cuenta con “más de 40 años de antigüedad” y una “consolidada trayectoria profesional lícita y regular” y que ni la propia firma ni el gerente “tienen nada que ver” con los hechos investigados. Se trataría, por el contrario, de “meras conjeturas” policiales que contrastan con la “realidad fáctica y documentada” y que pretenden “criminalizar” una actividad “normal” y “propia del negocio” como es el arrendamiento de vehículos.
Sin embargo, la sección cuarta de la Audiencia de Valencia recuerda que existen indicios de que la empresa, con “apariencia de una actividad lícita”, formalizaba contratos de arrendamiento, precedidos de importantes sumas de dinero, para “enmascarar” la “verdadera utilización de los vehículos al servicio de la organización criminal”.
“Intervención directa” del gerente de la firma de camiones
La investigación de la UDYCO ha acreditado la “intervención directa” del gerente de la empresa en la entrega de 40.000 euros en efectivo “sin emisión de justificante alguno ni soporte documental que ampare la operación”. La Audiencia de Valencia, por tanto, considera “adecuada a derecho” y a la legalidad la resolución que decomisó el camión (cuya venta anticipada fue autorizada recientemente por el juez).
La sección cuarta también ha desestimado un recurso similar de la representación jurídica Biovalsuro SL, propiedad del investigado José Francisco B. R., contra el decomiso cautelar y la autorización para uso policial de una motocicleta Benelli modelo TRK, mítica marca italiana, a nombre de la mercantil. El auto, al que también ha tenido acceso este diario, esgrime los “sobrados indicios racionales y fundados” de la participación de José Francisco B. R. en presuntos “delitos de drogas de extrema gravedad”, además de la “procedencia ilícita” de la motocicleta.
“Los vehículos intervenidos han sido empleados de forma directa, como consta en las diligencias practicadas, para la realización de operaciones de narcotráfico, lo que implica que han sido verdaderos instrumentos de los delitos investigados”, asegura el tribunal.
Además, el auto también sostiene que la utilización provisional del vehículo por parte de la Policía “no es una pena anticipada, sino una medida cautelar de gestión patrimonial”, con el objetivo de conservar el valor de uso del bien intervenido y evitar costes al erario por los gastos de depósito (sin el objetivo de castigar al investigado, que goza de presunción de inocencia).
El Porsche a nombre de un testaferro
La Audiencia de Valencia también ha tumbado el recurso de Salvador S. A., presunto testaferro de Iván T. R. (considerado uno de los capos del narcotráfico en el Puerto), contra el auto del instructor que, el pasado 3 de febrero, denegó la devolución de un BMW y de un Porsche 911 GT3. “No podemos olvidar”, afirma el tribunal, que la póliza de seguros del BMW figuraba a nombre de Iván T. R. y que existen indicios de que el vehículo pudiera ser objeto de un presunto delito de blanqueo de capitales, por lo que “está justificado su comiso”. Así, la devolución anticipada de los vehículos “podría frustrar los fines del proceso penal”.
La situación del Porsche es aún más singular. El bólido ya fue incautado (y posteriormente devuelto a su propietario) en el marco de un sumario por narcotráfico del Juzgado de Instrucción número 1 de València. Lo cual “no es óbice” para que se intervenga de nuevo en las diligencias que actualmente instruye la plaza número 15 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, al haberse acreditado que, a pesar de que el vehículo figuraba a nombre de Salvador S. A., el titular real, usuario y pagador de la prima de seguro sería el presunto narco Iván T. R.
El hermano y la pareja de uno de los capos
La Audiencia de Valencia también ha desestimado sendos recursos de la defensa del presunto capo y de su hermano, Raúl T. R., y su pareja, María R. L. (ambos investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales) contra el decomiso y la autorización del uso policial de un Audi RS3 Sportback, de un BMW M2 Competition y de una Yamaha TMAX.
El auto ve indicios suficientes de que los vehículos eran, o bien instrumentos de la operativa de narcotráfico, o bien productos o ganancias de esa supuesta actividad ilícita, y concluye que la hipótesis no resulta “irrazonable, arbitraria o caprichosa”.
El fiscal de la causa describe al hermano del presunto narco como “elemento instrumental” del entramado societario diseñado para canalizar e integrar en el circuito económico legal los fondos de origen ilícito (especialmente con su participación en la empresa Activos Inmobiliarios Renovables SL).
Sobre la pareja del presunto capo, el fiscal recuerda los indicios “sólidos y plurales” de su participación “activa” en la supuesta operativa de blanqueo como administradora de la mercantil Inversiones Miseco SL, dedicada a la introducción en el tráfico económico de fondos de origen ilícito, con mecanismos como la adquisición de deuda privada, la facturación ficticia y “otras prácticas típicas de integración delictiva”.
Por otro lado, la sección cuarta de la Audiencia de Valencia ha desestimado el recurso del portuario Salvador Julio C. M., supuesto testaferro de Iván T. R. en relación con la embarcación que se intervino al presunto narco en el Club Deportivo Es Nàutic de Sant Antoni (Ibiza). La Guardia Civil de las Islas Baleares ha reclamado la embarcación Axe (modelo Axopar 37), de unos 11 metros de eslora, para usarla provisionalmente en aguas mediterráneas en operaciones contra el narcotráfico.
El auto considera suficientemente acreditado que el investigado “venía ejerciendo de forma efectiva y continuada el uso, posesión material y disponibilidad funcional de la embarcación intervenida”.
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