El caso Zapatero dio este miércoles una vuelta de tuerca tras la declaración del expresidente socialista, que no logró cambiar las sospechas del juez sobre los indicios de delito. Según el instructor, esos indicios siguen intactos después de que José Luis Rodríguez Zapatero tuviera la primera oportunidad de aclarar si el relato contenido en el auto de imputación se basaba en meras conjeturas.

El juez José Luis Calama respondió en dos direcciones después de escuchar casi dos horas al exdirigente: por un lado, evitó convertir el acto en un espectáculo, lo que habría ocurrido en caso de imponer medidas cautelares a alguien que tiene imposible fugarse y, por otro, dejó claro que Zapatero no dio una sola explicación razonable que descarte las sospechas previas de que cobró a cambio de mediar en el rescate de Plus Ultra y otras prácticas de tráfico de influencias.  

Las tablas perjudican al expresidente. Los informes de la UDEF presentan inferencias de tal magnitud que conducen a la imputación de varios delitos a Zapatero, quien trasladó a través de su entorno que el contenido de los mismos le provocaba indignación. En la Audiencia Nacional tuvo la oportunidad de presentar documentación y ofrecer explicaciones precisas que diluyeran la fe de la Fiscalía Anticorrupción y el juez Calama en las tesis policiales. Pero no lo hizo, según concluye el juez instructor en el auto donde descarta imponerle medidas cautelares y, al tiempo, deja claro que no ha creído sus explicaciones. 

Hay dos asuntos capitales de los que Zapatero se marchó de la Audiencia Nacional sin dar explicaciones suficientes, según refieren fuentes de la investigación: qué trabajos hizo que justifiquen el medio millón de euros que le pagó Análisis Relevante –la consultora de su amigo Julio Martínez Martínez– y el papel de sus hijas en la supuesta trama investigada, que cobraron 800.000 euros de empresas vinculadas a sus negocios.

Los dos aspectos resultan clave porque la Audiencia Nacional cree que Zapatero cobraba de Análisis Relevante por unos informes inexistentes que, en ocasiones, se presentaban incluso como “verbales”. De esta forma, él y su pagador, Julio Martínez Martínez, habrían disimulado el verdadero motivo de los desembolsos, la intercesión del expresidente en el rescate de Plus Ultra por medio del tráfico de influencias, así como en otras operaciones de compañías con intereses en obtener ayudas públicas o favores. 

Plus Ultra, que opera la línea Madrid-Caracas, tenía contratado a Julio Martínez Martínez como una especie de conseguidor para resolver sus problemas en Venezuela. La aerolínea le pagó de forma directa o indirecta más de 900.000 euros entre 2020 y 2024. En ese mismo período de tiempo, la consultora de este empresario abonó más de 700.000 euros a la familia del expresidente: 490.780 a Zapatero y 239.755 a Whathefav, la agencia de marketing de sus hijas. 

Ante el juez, Zapatero defendió que no ejerció ninguna influencia para favorecer que la aerolínea lograra el rescate de 53 millones de euros en plena pandemia. Respecto a los pagos que recibió de Análisis Relevante, dijo que eran a cambio de trabajos de asesoría y que cobraba por ellos a final del año de forma conjunta, si bien no aportó documentación u otro tipo de pruebas que sustentara su relato. También ha entregado un escrito con su “consentimiento expreso” a comprobar que no tiene activos fuera de España.

El segundo aspecto que quedó sin dilucidar y que aboca a una próxima investigación a las hijas de Zapatero –el PP, como acusación popular, ya ha pedido que se las investigue– son precisamente los 239.755 euros que la empresa de ambas recibió de Análisis Relevante. Y también el más de medio millón de euros que su agencia recibió de otra sociedad, Inteligencia Prospectiva, propiedad de dos hermanos venezolanos y que también hizo pagos a Análisis Relevante. Tanto esta última sociedad como Inteligencia Prospectiva son dos empresas fallidas, según la Oficina Antifraude. Nada hacían y nada, por tanto, tenían que subcontratar, sospechan el juez y Anticorrupción. 

Las fuentes de la investigación consultadas por elDiario.es trasladan la sensación de que Zapatero llegó a desentenderse durante el interrogatorio de cualquier explicación que tuviera que ver con la facturación de las empresas de sus hijas. Sostienen que el expresidente se habría dedicado, en este tema, a “soltar lastre” y que sean las hermanas quienes ofrezcan explicaciones si son llamadas a declarar. 

Las conclusiones provisionales de los investigadores pasan porque Zapatero no realizó servicios reales a la consultora de su amigo y que, por tanto, resulta difícil que pueda explicar la “confusión” entre los pagos por sus supuestos trabajos y los que hacía la agencia de sus hijas, indican las fuentes consultadas por este medio. 

Las mismas fuentes consideran “muy significativo” que Zapatero no haya dado explicaciones sobre las joyas halladas en la caja fuerte de su oficina —ha pedido al juez unos días para poder precisar el origen de las mismas— y cuyo valor supera los 1,3 millones de euros, según la tasación encargada por la Policía. Aluden a que, aunque puede faltar documentación, hay preguntas como quién se las entregó, cómo y dónde cuyas respuestas no necesitaban mayor preparación. Zapatero ha trasladado su intención de que en el plazo de una semana o diez días haya podido recabar todas las explicaciones al origen supuestamente lícito de esas joyas. 

El juez se desmarca de Anticorrupción 

El auto de este miércoles evita la asunción de la tesis policial que consideraba a Zapatero el jefe de una organización concertada para delinquir. En todo caso, la resolución sobre las medidas cautelares debe ser necesariamente más concreta que la que motiva una imputación. De hecho, resume los principales indicios que ya figuraban en el primer auto y no se detiene, siquiera, en precisar por qué delitos se investiga en este momento a Zapatero. 

En este sentido, el texto advierte de que la investigación todavía puede crecer de forma que consolide los indicios contra el expresidente, pero también en el sentido contrario, demostrando su inocencia. No obstante, subraya que la información encontrada en los móviles incautados el pasado noviembre cuando estalló el caso, sumados al que se le clonó en Estados Unidos a Rodolfo Reyes, antiguo dueño de Plus Ultra, en 2021, son indicios que apuntan a Zapatero. 

A ello suma el juez Calama la “utilización de múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales”, sin especificar a cuáles se refiere, y las joyas encontradas en su despacho, de las que el magistrado reitera que no se ha “acreditado su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera”.

A diferencia de lo que ocurrió con la imputación, el juez Calama optó por discrepar este miércoles de la Fiscalía. La representante de Anticorrupción, Elena Lorente, solicitó la retirada de los pasaportes, también el diplomático, de Zapatero y la obligación de que compareciera cada quince días en un juzgado.

Pero en su auto el juez se esmeró en rechazar esa petición, a la que se sumó el PP, que dirige la acusación popular. El magistrado alegó que la vigencia de los indicios contra Zapatero no justifican unas medidas que tienen como finalidad no hacer un juicio preventivo del investigado, sino garantizar que no se va a fugar ni a destruir pruebas. En cambio, el Ministerio Público defendió estas medidas como “justificadas” y “coherentes” durante la vista celebraba, según trasladan fuentes fiscales.

El juez José Luis Calama tiene una conclusión provisional de la declaración como investigado este miércoles de José Luis Rodríguez Zapatero: el expresidente no ha disipado las sospechas contra él que le valen la imputación formal por cuatro delitos, entre ellos el de tráfico de influencias. Así lo afirma el magistrado en el auto en el que descarta que se le impongan medidas cautelares. Esos indicios, viene a decir el magistrado, son independientes de las exigencias que recoge la ley para la adopción de medidas cautelares que impidan el riesgo de fuga o la destrucción de pruebas.

En el capítulo de indicios contra Zapatero, el auto aporta importantes novedades de en qué situación aprecia el magistrado que está la causa. Calama considera que hay indicios de que el dinero del rescate de Plus Ultra pudo pasar en parte por las cuentas del expresidente del Gobierno después de que él negara haber influido en su concesión.

También advierte de que la información encontrada en los móviles incautados en noviembre, sumado al que se le clonó en Estados Unidos a Rodolfo Reyes, antiguo dueño de Plus Ultra, en 2021, son indicios que apuntan a Zapatero. A ello suma el juez Calama la “utilización de múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales”, sin especificar a cuáles se refiere, y las joyas encontradas en su despacho, de las que el magistrado dice que no se ha “acreditado su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera”.

El párrafo del auto del juez dice literalmente lo siguiente de los indicios contra el expresidente: “Destacan el contenido de los dispositivos intervenidos en las distintas entradas y registros autorizados en esta causa con fecha 09.11.2025 [fase de la operación en la que fue detenido Julio Martínez; la trazabilidad de diversas transferencias entre las cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero en relación con fondos procedentes de la ayuda pública concedida por el Gobierno a la mercantil Plus Ultra, y la utilización de múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales para canalizar estos pagos; el análisis preliminar del contenido del dispositivo puesto a disposición de la jurisdicción española por las autoridades judiciales de Estados Unidos; y el hallazgo en su oficina de piezas de joyería cuyo valor supera 1.300.000 euros, sin que, a día de hoy, se haya acreditado su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera”.

Por otra parte, el magistrado reconoce el “carácter embrionario” de la investigación y admite que “puede evolucionar en el sentido de consolidar” los indicios ya recabados contra Zapatero o, por contra, para disiparlos a través de diligencias de investigación que contrarresten de manera eficiente aquella suficiencia“.

Entre los indicios que pesan sobre la figura de Zapatero, el juez indica que consta el análisis preliminar del contenido del dispositivo del empresario Rodolfo Reyes que fue puesto a disposición de la policía española en marzo de 2026 por la Homeland Security Investigations (HSI) norteamericana. Y ahora, incluye un matiz al respecto en el auto porque ya sí habla que el contenido de ese teléfono móvil fue “puesto a disposición de la jurisdicción española por las autoridades judiciales de Estados Unidos”.

El juez defiende su decisión de no adoptar medidas cautelares contra Zapatero en que el riesgo de que se fugue o destruya pruebas sea “actual, específico y acreditado, no una inferencia genérica basada en la gravedad del delito o en la alarma social”.

La representante de Anticorrupción, tras escuchas a Zapatero responder solo a su defensa y, durante más tiempo, al juez, decidió solicitar la retirada del pasaporte y la imposición de comparecencias quincenales en el juzgado. Esta petición fue apoyada por el PP, que ejerce la dirección letrada de la acusación popular. En el seno de esta hubo discrepancias, ya que algunas de ellas, como HazteOir solicitaron al juez que enviara a Zapatero a prisión provisional.

Discrepancia entre el juez y la Fiscalía

El juez rebate a la Fiscalía Anticorrupción por primera vez desde que se hizo cargo del procedimiento al rechazar las medidas cautelares que el Ministerio Público solicitaba. 

“El investigado es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento. Su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual”, razona el juez. 

Calama añade que tampoco aprecia “riesgo de ocultación o destrucción de fuentes de prueba, pues los elementos relevantes ya han sido intervenidos y la investigación no depende de actuaciones que el investigado pudiera obstaculizar”.

“Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí. Mi mensaje es también a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza”. Estas han sido las primeras palabras del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, este miércoles, nada más salir de la Audiencia Nacional, donde ha declarado como imputado ante el juez José Luis Calama.

Finalmente Zapatero ha enviado un comunicado en lugar de hacer declaraciones a la prensa como estaba inicialmente previsto, pero según ha dicho en el texto, su intención es seguir dando explicaciones los próximos días. Su reflexión ha llegado tras declarar ante el juez Calama durante más de tres horas.

El expresidente ha comenzando el comunicado dando las gracias a la prensa “por la espera, y también a la ciudadanía”. “He estado 29 días en silencio, preparando este momento y los que vendrán. Callé por respeto a la Justicia y a Su Señoría, que era quien primero debía escucharme. No tengan duda de que en los próximos días iré dando las explicaciones oportunas”, ha añadido.

Zapatero reconoce que se le acusa de “muy graves delitos” que afirma no haber cometido. “Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza”, ha destcado.

También ha dicho que durante su intervención ante el juez ha presentado al tribunal “una autorización universal voluntaria para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad mía directa o indirecta”. “Porque no tengo absolutamente nada fuera de España”, ha zanjado.

El juez instructor considera a Zapatero como líder de una “estructura organizada y estable” dedicada al ejercicio ilícito de influencias. En la causa se investigan indicios de hasta siete delitos en dos piezas separadas: organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y contra la Hacienda Pública.

La declaración en la Audiencia Nacional

Zapatero llegaba poco antes de las 9.00 horas a la Audiencia Nacional y, ante un dispositivo mediático sin precedentes, entraba por la puerta principal, la que usan los magistrados y fiscales, y no por la entrada habitual de público. El expresidente ha acortado el 'paseíllo' ante los medios al que, por lo general, se ven sometidos quienes acuden a declarar. Zapatero se ha convertido en el primer expresidente del Gobierno en democracia que comparece como imputado en una causa de presunta corrupción.

Ante el juez, Zapatero ha indicado que no ha ejercido ninguna influencia para favorecer a la aerolínea Plus Ultra en aras de que lograra el rescate público de 53 millones de euros en plena pandemia, según informan a elDiario.es fuentes jurídicas conocedoras del contenido de su declaración.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la imposición de medidas cautelares para el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras su declaración como investigado en la Audiencia Nacional. El magistrado concluye que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas que justifiquen retirarle el pasaporte u obligarle a comparecer ante el juzgado dado que es una persona de notoriedad pública, pero advierte de que su declaración no ha servido para anular los indicios contra él.

La Fiscalía Anticorrupción había pedido al juez la retirada del pasaporte, así como la comparecencia ante el juzgado cada 15 días y que no saliese de España sin autorización. Las acusaciones populares se han dividido. El PP, que ejerce la dirección letrada de la acusación popular, había solicitado lo mismo que la Fiscalía, que retire el pasaporte a Zapatero y le haga comparecer cada 15 días en los juzgados. El resto, Vox, Hazte Oír e Iustitia Europa, querían prisión provisional para el exdirigente socialista.

El auto aporta importantes novedades de en qué situación está la causa. El magistrado considera que hay indicios de que el dinero del rescate de Plus Ultra pudo pasar en parte por las cuentas del expresidente del Gobierno. También advierte de que la información encontrada en los móviles incautados en noviembre, sumado al que se le clonó en Estados Unidos a Rodolfo Reyes, antiguo dueño de Plus Ultra, en 2021, son indicios que apuntan a Zapatero.

A ello suma el juez Calama la “utilización de múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales”, sin especificar a cuáles se refiere, y las joyas encontradas en su despacho, de las que el magistrado dice que no se ha “acreditado su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera”.

Zapatero niega haber influido en el rescate

Durante el interrogatorio del magistrado José Luis Calama, que se ha alargado durante tres horas, Zapatero ha afirmado que no ha ejercido ninguna influencia para favorecer a la aerolínea Plus Ultra en aras de que lograra el rescate público de 53 millones de euros en plena pandemia, según informan a elDiario.es fuentes jurídicas conocedoras del contenido de su declaración. El expresidente ha precisado que no contactó con funcionario alguno o autoridades por ese rescate.

Como estaba previsto, Zapatero no ha respondido a las cuestiones referidas al hallazgo de joyas en una caja fuerte de su despacho tasadas en 1,3 millones de euros. En este sentido, el expresidente ha dicho que está reuniendo información y que en el plazo de una semana o diez días pedirá declarar al respecto. Su entorno ha explicado que su origen es una parte procedente de una herencia de Sonsoles Espinosa, y otra parte “regalos de viajes”.

Zapatero está investigado por su supuesto papel de liderazgo de una “estructura organizada y estable” dedicada al ejercicio ilícito de influencias. En la causa se investigan indicios de hasta siete delitos: organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y contra la Hacienda Pública.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado este miércoles a preguntas del magistrado José Luis Calama que no ha ejercido ninguna influencia para favorecer que la aerolínea Plus Ultra lograra el rescate público de 53 millones de euros en plena pandemia, informan a elDiario.es fuentes conocedoras del contenido de su declaración. Zapatero, el primer expresidente del Gobierno en acudir a la Audiencia Nacional en calidad de investigado, ha precisado que no contactó con funcionario alguno o autoridades por el rescate de Plus Ultra, aunque ha matizado que sí conoció en 2024 a quien era por entonces vicepresidente de la aerolínea Julio Martínez Sola.

Fuentes próximas al que fuera líder de los socialistas trasladan a este periódico que se ha mostrado tranquilo durante toda la declaración y que ha acabado satisfecho con su intervención. Y eso a pesar de que se le imputa ser líder de una “estructura organizada y estable” dedicada al ejercicio ilícito de influencias. En la causa se investigan indicios de hasta siete delitos en dos piezas separadas: organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y contra la Hacienda Pública.

Al término de su declaración se ha producido una vistilla de medidas cautelares en la que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la retirada del pasaporte al expresidente del Gobierno y la comparecencia en un juzgado cada quince días además de la prohibición de salir de España sin autorización. Ahora, el juez Calama deberá adoptar una decisión. El Partido Popular, que ejerce la dirección letrada de la acusación popular, se ha sumado a la petición de Anticorrupción, y ha trasladado al juez que otras asociaciones ultras que integran la acción popular solicitaban el ingreso en prisión del expresidente. El juez ha rechazado adoptar medida cautelar ninguna.

Como estaba previsto, Zapatero se ha negado a contestar a pregunta alguna sobre el hallazgo de joyas en una caja fuerte de su despacho por valor de 1,3 millones de euros. En este sentido, el expresidente ha dicho que está reuniendo información y que en el plazo de una semana o diez días pedirá declarar al respecto.

Ha sido el juez José Luis Calama quien ha llevado el peso del interrogatorio. Zapatero ha estado en la sala cerca de tres horas, de las que hay que descontar media hora de receso y lo que ha durado la vistilla, más corta. En esas dos horas aproximadas de declaración casi todas las preguntas han corrido a cargo del magistrado Calama, quien ha puesto especial énfasis en el asunto de la supuesta sociedad en Dubai. A su abogado, Zapatero ha respondido durante unos quince minutos.

Respecto a los pagos que recibió de Análisis Relevante, la consultora de su amigo Julio Martínez –a quien había contratado Plus Ultra–, Zapatero ha dicho que eran a cambio de trabajos de asesoría y que cobraba por ellos a final del año de forma conjunta. También ha mantenido que de la maquetación de esos informes se encargaba Whathefav, la agencia de comunicación de sus hijas. Según ha explicitado, su relación contractual con Análisis Relevante se sustentaba bajo un contrato de carácter “verbal”. El sumario recoge que esa sociedad abonó a Zapatero un total de 490.780 euros entre los años 2020 y 2025.

Uno de los hechos que la Policía, Fiscalía y juez consideran un indicio del tráfico de influencias fue una reunión con el ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá, de quien dependían unos certificados para ayudas a la aerolínea. Esa reunión se produjo más de dos semanas después de que el Ministerio actualizara la situación de Plus Ultra. Este miércoles, Zapatero ha dicho que el encuentro con Escrivá no fue una comida sino un desayuno y que no se abordó en ningún momento la situación de la aerolínea, confirman las mismas fuentes.

Zapatero ha negado los indicios que se presentan contra él por un supuesto blanqueo de capitales en relación con la creación de una sociedad en Dubai. Ante el juez, ha dicho que nunca ha tenido una sociedad, ni fuera de España ni en territorio nacional, aseguran las fuentes consultadas.

El auto de imputación asume la tesis de la UDEF según la cual el presidente ideó un plan para sacar fondos obtenidos ilícitamente al paraíso fiscal de los Emiratos Árabes. El plan consistía en que su presunto socio Julio Martínez creara una empresa offshore en Dubái para cobrar una supuesta comisión de medio millón de euros por el citado rescate. 

Para acusar a Zapatero de liderar este plan, la Policía y el juez se basan en que su secretaria reservó mesa en un restaurante de Madrid para una comida entre un empresario con intereses en Dubái, Tomás Guerrero, y Julio Martínez Martínez. Y en que, al día siguiente, el primero de ellos le facilitó datos a Martínez para la creación de la offshore aludiendo a lo “conversado ayer”. El juez le he preguntado por esa comida y el expresidente ha asegurado que no la recordaba.

Por otro lado, ha enamarcado dentro de la normalidad su relación con la empresa Inteligencia Prospectiva de los hermanos Amaro Chacón. Ha indicado que la relación venía de lejos porque conocía a su padre y que en un momento dado comenzó a realizar también para ellos trabajos de consultoría sobre geopolítica y también conferencias, escritos y diálogos. Según el sumario esa sociedad actuaba como un punto de entrada de fondos extranjeros que luego se redistribuían hacia la red la presuntamente liderada por el expresidente a través de contratos ficticios de asesoría. Constan pagos a la empresa de las hijas de Zapatero por valor de 561.440 euros. A Análisis Relevante le abonó 368.000 euros.

El expresidente ha negado, además, conocer nada respecto al contenido del móvil del empresario venezolano Rodolfo Reyes -quien fuera socio mayoritario de Plus Ultra en 2020- en el que se recogían mensajes que apuntaban a que los directivos de la aerolínea acudieron a la vía Zapatero para lograr el rescate público.

José Luis Rodríguez Zapatero se convertirá este miércoles en el primer expresidente del Gobierno en acudir a la Audiencia Nacional en calidad de investigado. Se le imputa como líder de una “estructura organizada y estable” dedicada al ejercicio ilícito de influencias. En la causa se investigan indicios de hasta siete delitos en dos piezas separadas: organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y contra la Hacienda Pública.

Zapatero comparecerá ante el juez instructor José Luis Calama —el mismo magistrado que investigó el apagón de 2025 o el espionaje a miembros del Gobierno con el software israelí Pegasus—, y, previsiblemente, responderá solo a su abogado, Víctor Moreno Catena, además de al propio instructor.

Tras la celebración del interrogatorio tendrá lugar una vistilla en la que las diferentes partes propondrán las medidas cautelares que consideran que deben imponerse al expresidente. Esas medidas pueden ir desde la prisión provisional —la más lesiva— hasta la retirada del pasaporte o la asistencia periódica ante el juzgado para firmar. 

De acuerdo con el auto de imputación del juez, estos son los principales hitos que el expresidente deberá abordar y justificar.

El rescate de Plus Ultra y la “vía Zapatero” 

El rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en la pandemia está en el origen de las pesquisas. En 2024, la Fiscalía Anticorrupción fue alertada por las autoridades de Francia y Suiza sobre la posibilidad de que el dinero de ese préstamo público hubiera sido utilizado para alimentar una trama de lavado de dinero de Venezuela. Las conversaciones incautadas en la investigación de ese posible desvío de fondos dan las primeras pistas sobre la posible “relación personal y económica” de Zapatero con alguno de los empresarios que estaban bajo el radar de la Justicia en esa causa. 

Sin embargo, los principales indicios contra el expresidente aparecieron en el teléfono de otro de los investigados en ese procedimiento, el venezolano Rodolfo Reyes, antiguo dueño de la aerolínea, a quien Estados Unidos denegó la entrada y clonó su teléfono en mayo de 2021, cuando en España ya investigaba un juzgado a directivos de la Sepi que aprobaron el rescate de Plus Ultra. Esos mensajes de Reyes llegaron a la Audiencia Nacional cinco años después, en marzo de 2026, cuando el juez reactivó una orden de busca y captura contra él. Eso hizo saltar la “notificación roja” de Interpol y el personal del Homeland Security en la embajada de EEUU en Madrid envió a la Policía una copia de lo encontrado en ese móvil. 

Esos mensajes incluyen “referencias constantes” de directivos de Plus Ultra a recurrir a lo que llamaban la “vía Zapatero” para sortear las dificultades en la tramitación de la ayuda. Les exponen mostrándose confiados en que el expresidente diera un “toque técnico desde arriba”, alardeando de tener al “pana Zapatero detrás” y admitiendo su disposición a pagar mordidas. Además, supieron con antelación que se les iba a conceder la ayuda, aunque era el trámite habitual según explicó la SEPI durante la investigación de 19 meses (2021-2022) que llevó a cabo un juzgado de Madrid. Cuando compareció en el Senado el pasado marzo, Zapatero admitió que sabía que su amigo Julio Martínez Martínez tenía “alguna relación” con Plus Ultra, aunque negó que él trabajara para la aerolínea o que hubiera influido en su rescate con dinero público.

Hasta la fecha, el sumario no ubica a Zapatero en ninguna cita de carácter “institucional” directamente vinculada a ese rescate. No obstante, tanto el juez como la Fiscalía otorgan especial relevancia a dos encuentros de alto nivel mantenidos por el expresidente de los que la investigación no recoge ningún detalle. Uno fue con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en septiembre de 2020, cuando Plus Ultra estaba tramitando su solicitud. En el entorno de Escrivá afirman que no hablaron del rescate y que la iniciativa partió del entonces ministro en el marco de una ronda de contactos con diferentes personalidades por la primera desescalada de la pandemia. La otra fue una comida de Zapatero con José Luis Ábalos que se produjo seis días después de que se aprobara la ayuda por el consejo de Ministros. 

El entramado societario y los pagos de su “lacayo”

Los documentos del sumario que sustentan la investigación a Zapatero no incluyen, hasta ahora, ninguna prueba directa de que la supuesta influencia ejercida por el presidente derivara en la decisión de la SEPI de otorgar el rescate. Sin embargo, suscitan dudas los más de 900.000 euros que Plus Ultra pagó de forma directa o indirecta en cinco años a Julio Martínez Martínez, el amigo del expresidente del Gobierno. Y el hecho de que, en ese mismo periodo, Análisis Relevante, la consultora de este empresario al que otros investigados también apodaban el “lacayo” de Zapatero o “el banco del jefe”, abonara 730.000 euros al expresidente y a sus dos hijas. 

La tesis del magistrado es que esos pagos eran facturas simuladas para canalizar los fondos que cobraba la trama a compañías con intereses en obtener ayudas públicas o favores, como Plus Ultra. El entorno de Zapatero ha venido defendiendo hasta el momento que hay un trabajo real detrás; tanto suyo, que realizaba informes de consultoría; como de sus hijas, que se encargaban de maquetar esos informes. Se espera que mantenga esta misma versión en su interrogatorio de este miércoles. 

Entre los delitos que el juez atribuye a Zapatero está también el blanqueo de capitales. El auto de imputación asume la tesis de la UDEF según la cual el presidente ideó un plan para sacar fondos obtenidos ilícitamente al paraíso fiscal de los Emiratos Árabes. El plan consistía en que su presunto socio Julio Martínez creara una empresa offshore en Dubái para cobrar una supuesta comisión de medio millón de euros por el citado rescate. 

Para acusar a Zapatero de liderar este plan, la Policía y el juez se basan en que su secretaria reservó mesa en un restaurante de Madrid para una comida entre un empresario con intereses en Dubái, Tomás Guerrero, y Julio Martínez Martínez. Y en que, al día siguiente, el primero de ellos le facilitó datos a Martínez para la creación de la offshore aludiendo a lo “conversado ayer”. Entre los informes de la Policía y el auto del juez no queda claro si a esa comida se sumó el expresidente y si ordenó poner en marcha esa empresa offshore en Dubái.

Los pagos a sus hijas: facturas genéricas

Una de las preguntas clave que, previsiblemente, saldrá en el interrogatorio será qué papel desempeñaban en la presunta trama sus hijas y la empresa administrada por ambas, Whathefav. La resolución que acordaba la imputación de Zapatero sostenía que esa sociedad recibía fondos de sociedades instrumentales de una estructura “orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras”. 

Y decía más, que Whathefav generó una “facturación ad hoc” que estaba destinada a dar “cobertura formal a movimientos financieros carentes de actividad económica real” con destino al entorno de Zapatero. Los investigadores de la UDEF consideran que la compañía emitía facturas con el concepto “servicios agencia” sin detallar cuál era su prestación real, lo que les lleva a pensar que no había una correspondencia entre “la actividad declarada y la real”.  

Explica la resolución que a raíz de correos intervenidos en el ordenador de Julio Martínez, se pudo conocer que la empresa de las hijas de Zapatero recibía los informes ya elaborados de Análisis Relevante para maquetarlos y enviarlos con posterioridad a los destinatarios de los que ya disponían. “Todo ello permite inferir que esta mercantil es utilizada para la articulación formal de una contraprestación económica”, indica el juez en una de sus resoluciones. 

Consta en el sumario de la causa que entre junio de 2020 y diciembre de 2025 Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez, habría abonado a Whathefav 239.755 euros. A esto, suma que la sociedad de las hijas de Zapatero figura como principal proveedor de Inteligencia Prospectiva -otra de las empresas investigadas en la trama-, que le abona 561.440 euros.

Las joyas, en la caja fuerte

Pero Zapatero no solo deberá responder a lo concerniente a la pieza principal de la causa. El viernes pasado, Calama decidió que también se debía abordar en ese mismo interrogatorio el origen de las joyas encontradas por la UDEF en la caja fuerte de su oficina. La joyería Ansorena tasó de manera preliminar las mismas en 1,3 millones de euros y el juez acordó en base a ese dato imputar al expresidente por los delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública.

La defensa de Zapatero trató de evitar a última hora que se hablara de ese asunto alegando que no ha tenido tiempo para instruirse sobre el peritaje, pero el magistrado rechazó la petición. Entiende que, en realidad, los hechos sobre los que debe responder no son nuevos porque ya constan en la causa principal. 

El juez sostiene que el expresidente tiene la posibilidad ahora de ofrecer explicaciones sobre el origen de esas joyas y de aportar la documentación que “disipe la indiciaria ilicitud de la posesión” de las mismas. Considera que, por el momento, se da una ausencia de documentación aduanera que impide descartar que las joyas hubieran sido introducidas en España al margen de los procedimientos de control aduanero. 

Un nuevo atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarda Civil recoge en el marco del 'caso Leire' extractos de las libretas de quien fuera 'número tres' del PSOE Santos Cerdán. En concreto, en una 'libreta negra' hallada en la sede del PSOE, el ex secretario de Organización de la formación socialista dejaba plasmado su malestar con quien fuera fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por “no ejercer” ante decisiones relevantes como la puesta en libertad del empresario Víctor de Aldama en noviembre de 2024 después de que revelara que tenía a sueldo al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García.

La anotación es posterior a ese fecha y en la misma Cerdán atacaba la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, en particular de su fiscal jefe Alejandro Luzón, al que acusaba de haber desobedecido en ese episodio al fiscal general o de no haberle informado. “¿Desobedeció o no informó el fiscal anticorrupción al FGE?”, se pregunta. Cabe recordar que Aldama fue enviado a prisión y declaró ante el juez Santiago Pedraz en el marco de una causa abierta contra él por un presunto fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos. Sin embargo, en esa declaración aportó datos relativos al caso Mascarillas -un asunto totalmente diferente- y por esas revelaciones quedó en libertad provisional dado que Anicorrupción, en este caso el fiscal Luis Pastor, no solicitó al juez mantener la cautelar de prisión preventiva.

Para la UCO resulta “especialmente significativo” que uno de los testigos a los que se ha tomado declaración policial indicara que la trama coordinada presuntamente por Leire Díez y Santos Cerdán habrían querido “apartar de su cargo” a Luzón por haber dejado en libertad a Aldama. Los investigadores sostienen que esa salida de la cárcel “habría motivado un cambio de estrategia del PSOE, propiciando que se incorporaran a la organización a (Jacobo) Teijelo e Ismael Oliver, abogados que también son investigados en la causa.

En la misma hoja en la que Cerdán analizaba el papel de Anticorrupción en la puesta en libertad de Aldama, apuntaba que el empresario podría tener vinculación con 'Los Miami', criticaba que la UCO hacía en sus informes “valoraciones” para las que no tenía “preparación” y lamentaba que “si FG (por García Ortiz) no ejerce, el resto actúan sin miedo ninguno y al servicio de quien creen que será el próximo y les protege, que es Luzón”.

Estas libretas, mencionadas en el atestado, además de otro documento hallado en el portátil de Cerdán, revelan, además, que la exmilitante del PSOE Leire Díez daba cuenta a líder socialista de sus esfuerzos para atacar las causas judiciales que cercaban tanto al partido como al entorno del presidente del Gobierno. En ese contexto, una anotación relativa a la causa que se seguía contra el hermano de Pedro Sánchez en un juzgado de Badajoz indicaba: “Fiscalía debe apoyar la recusación”.

La Guardia Civil explica, como ya ha sostenido en anteriores atestados, que la presunta organización criminal habría mantenido contactos con diversas personas investigadas en causas relacionadas con el sector de los hidrocarburos, solicitándoles información relativa a sus respectivos procedimientos, así como sobre determinadas personas vinculadas a la judicatura, fiscalía o Guardia Civil. “Como contraprestación, se les habría ofrecido la posibilidad de mejorar su situación procesal, llegando a manifestar que disponían de capacidad para acceder a la Fiscalía”.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hallado un correo que acredita que el ex secretario de Organización del partido Santos Cerdán dio instrucciones expresas para que el PSOE sufragara la logística de las maniobras presuntamente urdidas por Leire Díez. En el mensaje, fechado el 25 de abril de 2024 y remitido a una agencia de viajes para cerrar la compra de un vuelo para la exmilitante socialista, una empleada de Ferraz indica que el pago debía hacerse porque era una “orden directa” de Santos Cerdán.

El nuevo atestado de la UCO de la Guardia Civil en el caso Leire, al que ha tenido acceso elDiario.es, incluye un listado detallado de los viajes que el PSOE abonó a Leire Díez y recoge, además correos cruzados entre la secretaria del partido Covadonga San Pedro y la agencia de viajes con la que la formación contrataba los viajes.

Esos correos parten de una pregunta de la empleada de la agencia que indica que bloquea la compra de un billete de avión para Leire Díez porque entiende que deben solicitar autorización a Gerencia dado que no le consta que esa persona esté autorizada por el partido. “No tengo los datos de que Leire Diez esté autorizada. ¿Me puedes decir área y motivo del viaje?”, le solicita la trabajadora de la agencia. “Es una orden directa del Secretario de Organización. No sé más... Por favor emite en cuanto tengas la autorización. Gracias”, le responde ese mismo día la empleada del PSOE.

La UCO indica en su atestado de 11 de junio que ese correo fue hallado gracias al requerimiento judicial a la agencia de viajes VB Group, con la que el PSOE mantenía un convenio para la gestión de viajes. A su juicio, esto confirma que la existencia de los viajes realizados por la exmilitante en el marco de sus presuntos trabajos para reunirse con funcionarios, fiscales e investigados para tratar de tumbar causas que afectaban al partido y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Indica que el correo de la secretaria “resulta de especial interés por ratificar que sería Santos (Cerdán) quién habría autorizado que Leire (Díez) hiciese uso de los recursos del partido para viajar”.

El atestado también revela que entre la documentación de Santos Cerdán que todavía permanecía en la sede del PSOE el pasado 27 de mayo, cuando se produjo el requerimiento de los agentes, se encontraba un documento realizado por Leire Díez sobre las actividades de la trama. La UCO sostiene que el hecho de que este documento se encontrase en poder de Cerdán “pone de manifiesto la dación de cuentas” efectuada por la exmilitante y que el que fuera ‘número tres’ del PSOE recibía “novedades” al respecto.

Se trata de una copia impresa del archivo “2024-11-19 Incumplimientos.docx”, en el que Leire Díez hace alusión a algunas de las “líneas de actuación” desarrolladas. Así, figuran nombres como los del comisario José Villarejo, el ex secretario de Estado de Seguridad con el Partido Popular Francisco Martínez o la instructora del caso contra el hermano de Pedro Sánchez, Beatriz Biedma. También aparecen referencias al fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón y al miembro de esta Fiscalía José Grinda.

Las “excepcionales” investigaciones internas en Guardia Civil

El informe dedica un apartado a las presuntas presiones a miembros de la UCO por parte de Leire Díez y a través de la directora general de la Guardia Civil. Los propios agentes de la UCO destacan la “excepcionalidad” de que se les abrieran informaciones reservadas para investigar el origen de informaciones en prensa. 

Para ello alegan que en todo el año, y hasta diciembre de 2024, no se había abierto una sola información reservada –un procedimiento recogido en el reglamento que puede anticipar la apertura de un expediente– y que en 2025 ocurrió lo mismo, al menos hasta que se abrió la correspondiente a la UCO. Lo infieren del hecho de que las dos informaciones lleven por número 1/2024 y 1/2025. El informe no aclara si se refiere a que no se había abierto ese ninguna información reservada antes en su unidad o en un ámbito más amplio. 

La información reservada en octubre de 2025 está relacionada con una información de portada del diario El Mundo en el que se llama al teniente general Llamas, director operativo del Cuerpo, “peón de Marlaska”. Los agentes que redactan el presente informe de la UCO destacan que ninguna de las fuentes que utiliza la periodista para denigrar al DAO aluden a que se ubican en la Unidad Central Operativa. En el artículo se utilizan expresiones como “fuentes de toda solvencia”, “conocedoras del conflicto” o “es un secreto a voces”.

Dos pagos a Teijelo que el PSOE “no aportó”

Por otro lado, el atestado también analiza los pagos del partido al abogado Jacobo Teijelo, quien habría participado supuestamente en el desarrollo de la línea que buscaba atacar causas de hidrocarburos para así intentar lograr nulidades en el caso Koldo. La UCO recuerda que habría emitido al menos tres facturas por un importe conjunto de 125.000 euros al PSOE entre enero y marzo de 2025.

Los investigadores apuntan que en el requerimiento posterior dirigido al propio letrado, este añadió a esas tres facturas otras dos. Y la UCO subraya que esas dos nuevas “no existe constancia entre la documentación aportada por el PSOE”. Por ambas, la formación habría abonado entre abril y mayo de 2025 un total de 53.000 euros, por lo que el montante final sería de 178.000 euros.

La investigación que el juez Juan Carlos Peinado abrió hace más de dos años contra Begoña Gómez avanza ya hacia el juicio si no lo impide la Audiencia Provincial, la instancia que revisa sus decisiones. Tras recibir los escritos de las acusaciones ultras que sustentan la causa y que piden 24 años de cárcel para la mujer del presidente del Gobierno, el juez la ha citado este lunes al último acto previo al enjuiciamiento, la llamada audiencia preliminar.  

Se trata de un trámite que no requiere la asistencia de los investigados, si bien Peinado exigió su comparecencia bajo la amenaza de que, en caso de no presentarse, podrían ser “conducidos por la fuerza pública”. Su argumento es que, ante las altas penas a las que se exponen, “se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo” de que se fuguen. Es una apreciación llamativa en el caso de Begoña Gómez, quien va acompañada permanentemente en sus desplazamientos por un equipo de escoltas de la Policía Nacional. Y también en el del empresario Juan Carlos Barrabés, que está gravemente enfermo, según los informes médicos que constan en la causa. 

La defensa de Begoña Gómez da por hecho que se abordará la posibilidad de que se tome algún tipo de medida cautelar contra ella, como la retirada del pasaporte, por lo que ha acudido a la comparecencia, a diferencia de lo que hizo en anteriores ocasiones. En estas citaciones estuvo representada por su abogado, posibilidad que incluye la Ley del Jurado y que aclara una circular de la Fiscalía General del Estado de 1995. 

Las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es recuerdan que para acordar algún tipo de medida cautelar debe solicitarlo alguna de las partes. No se espera que lo haga la Fiscalía, quien ha pedido reiteradamente el archivo de la causa al considerar que Peinado se basa en “hipótesis” y “alambicadas teorías” para sentar en el banquillo a Begoña Gómez. 

[Actualización: HazteOir pedirá a Peinado que imponga a Begoña Gómez comparecencias quincenales y le retire el pasaporte]

Sin embargo, el escrito en el que las acusaciones ultras pedían 24 años de cárcel por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida sí daba pistas al respecto al solicitar al juez que tomara medidas como la retirada del pasaporte o las comparecencias quincenales en el juzgado. Formulaban esta petición ante el “evidente y fundado riesgo de fuga” derivado de “la gravedad de las penas solicitadas”. 

Los ultracatólicos de HazteOir lideran la acusación popular tras la decisión del magistrado de agruparlas bajo una única dirección letrada. También forman parte partidos como Vox o el minoritario Iustitia Europa y otras organizaciones vinculadas a la extrema derecha como Manos Limpias. No obstante, el pseudosindicato que dirige Miguel Bernad, que interpuso la primera querella que dio origen a la investigación, solicitó recientemente al juez que le permita ir por libre por las “diferencias radicales y profundas” con el resto de acusaciones. 

Manos Limpias no ve claros tres de los cinco delitos que se le achacan a la esposa de Pedro Sánchez y tampoco la imputación de la asistente Cristina Álvarez, para quien el conjunto de las acusaciones populares piden 22 años de cárcel, al considerar que se dedicó a la captación de fondos, reuniones y supuestos negocios privados de Begoña Gómez durante su horario de trabajo.

Las peticiones de las defensas

El juez Peinado rechazó prácticamente todas las diligencias que las partes habían pedido que se celebraran en la audiencia preliminar. Por ejemplo, la defensa de Barrabés solicitó la declaración de más de una veintena de testigos, pero el juez determinó que escucharles no era “imprescindible” para decidir sobre la procedencia de abrir juicio. También rechazó que se abordaran los últimos informes periciales que ha presentado la defensa de Begoña Gómez, que sí están incorporados al procedimiento. 

Así que más allá de las posibles medidas cautelares, lo previsto es que las defensas y la Fiscalía defiendan de nuevo que la causa debe archivarse y que las acusaciones insistan en que tiene que ir a juicio. Parte de la investigación impulsada por el juez Juan Carlos Peinado gira en torno a la actividad profesional de Begoña Gómez en la Complutense. Según el juez, desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en esa Universidad gracias a su “posición relacional”.

En esta línea, las acusaciones populares lideradas por HazteOir defienden que Begoña Gómez se valió de la influencia derivada de ser la esposa del presidente para favorecer a empresas de Barrabés en adjudicaciones públicas e impulsar de forma irregular la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. 

Se espera que en la vista de este lunes su abogado, Antonio Camacho, rebata esta tesis sobre la base de los argumentos de su escrito de defensa. Entre ellos, que su vinculación con ese campus comenzó en 2012, cuando Pedro Sánchez “no ostentaba responsabilidad pública alguna”, que fue ella quien “inventó” el término “Transformación Social Competitiva” que dio nombre a la dirección de la cátedra extraordinaria que asumió en 2020 o que ese cargo no conllevaba “retribución económica alguna”. 

Se prevé que la Fiscalía se exprese en ese mismo sentido. En sus escritos, el fiscal José Manuel San Baldomero ha criticado que el juez Peinado haya tachado de “irregular, corrupta y delictiva” cualquier actividad realizada por la esposa de Pedro Sánchez “forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara”. Y también ha atacado el mantra de los negocios privados de Begoña Gómez, que cobró 34.314 euros en una década de colaboración con la Complutense. “No parece que el lucro sea sospechoso ni disparatado”, dejó por escrito el fiscal.

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, las acusaciones ultras defienden que “se apropió y puso bajo su poder de control y disposición” el programa en perjuicio de la Complutense porque no lo entregó a pesar de que estaba obligada a ello.

La defensa de Begoña Gómez viene subrayando, sin embargo, que el convenio de la cátedra preveía crear una plataforma tecnológica gratuita propiedad de la Complutense. Y que las empresas colaboradoras ingresaron directamente las aportaciones económicas en el patrimonio de la universidad, así como que fue la propia Complutense quien licitó los contratos necesarios. Además, la defensa ha insistido en que el software nunca llegó a finalizarse ni a usarse debido a que la Complutense canceló la cátedra, por lo que ni Begoña Gómez se lucró ni la Universidad sufrió ningún perjuicio patrimonial.

Por otro lado, respecto a las funciones de la asistente en las que el juez y las acusaciones ven un delito de malversación, la defensa de Begoña Gómez mantiene que su ayuda “ocasional” mediante el envío de “un número muy limitado de correos para ayudar en momentos puntuales” a Begoña Gómez no afectó sus funciones ni supuso un “menoscabo de recursos públicos”.

Tras escuchar los argumentos de las partes —y, en su caso, decidir si impone a los investigados alguna medida cautelar—, el juez tendrá que determinar en el mismo acto o en los tres días siguientes si abre o no juicio oral contra Begoña Gómez, su asistente en la Moncloa y el empresario Barrabés. Tras una instrucción en la que se ha apoyado en las acusaciones de extrema derecha, todo apunta a que Peinado dejará a los tres investigados camino del banquillo antes de su jubilación, prevista para el próximo septiembre.