El incendio de Padrón (en el sur de la provincia de A Coruña), que ya ha arrasado 250 hectáreas, ha obligado a la Consellería do Medio Rural a activar la Situación 2 como medida de emergencia preventiva por su proximidad a dos núcleos de población de la parroquia de Carcacía, Sobrerribas y Cruxeiras de Abaixo.

Este segundo núcleo ha tenido que ser desalojado al completo, con 10 viviendas en esta situación, según confirma a Europa Press el alcalde de Padrón, Anxo Rei Arca, que ha apuntado que el fuego ha excedido los límites municipales y ya ha entrado en Teo, avanzando hacia Vilar do Bispo.

En este sentido, el departamento autonómico ha confirmado que uno de los flancos del incendio se ha reactivado a lo largo de esta jornada. El fuego, declarado a las 16.01 horas del viernes en la parroquia padronesa de Herbón, ya ha calcinado 250 hectáreas, según las últimas estimaciones.

Aunque esta mañana parecía que avanzaba hacia su estabilización, las altas temperaturas en la comunidad gallega con temperaturas de más de 30 grados y el aire han complicado la situación. “Hay bastante aire, cosa que no pasó el vierno”, ha explicado el regidor. Con todo, no se han producido daños personales o a casas. “El máximo riesgo está en Cruxeiras de Abaixo. Allí está el personal trabajando para que las viviendas no se vean afectadas, pero está cerca”, detalla.

Rei Arca permanece con el personal de Medio Rural de la Xunta mientras se habilita el Puesto de Mando Avanzado. Al mismo tiempo, las brigadas en el terreno se encargan de intentar canalizar el fuego para impedir su avance o, en todo caso, “conducirlo por los lugares medios dañinos”.

Hasta ahora, la Consellería do Medio Rural ha movilizado de forma acumulada a cuatro técnicos, 36 agentes, 47 brigadas, 33 motobombas, tres palas, siete unidades técnicas de apoyo, ocho helicópteros y siete aviones. Además, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) apoya el operativo con dos aviones anfibios y un helicóptero, que trabajan de forma coordinada con el dispositivo de la Xunta para apoyar las tareas de control y extinción.

La Fiscalía de Málaga acusa a cinco personas por formar parte de una red radicada en la capital malagueña, aunque con ramificaciones en otros países, que supuestamente se dedicaba a la explotación sexual de mujeres migrantes a las que trasladaban a España a cambio de grandes cantidades de dinero.

Según las conclusiones iniciales del fiscal, desde 2010, los procesados formaban una organización, liderada por una de las acusadas, que tenía ramificaciones en otras provincias españolas y en países como Nigeria, de donde procedían la mayoría de las mujeres, Marruecos, Dinamarca y Alemania.

Cada uno de los supuestos miembros, señala la acusación pública en su escrito inicial, al que ha tenido acceso Europa Press, tenía presuntamente una función en esta red, que se encargaba del traslado, alojamiento y régimen de trabajo de las mujeres “con evidente ánimo de lucro”.

Pago de 35.000 euros y ritual vudú

En esta causa se relatan los actos supuestamente realizados por los acusados respecto a dos víctimas, mujeres nigerianas a las que, conociendo “su situación de extrema necesidad y precariedad económica”, convencieron para que vinieran a España a trabajar como peluqueras, aunque en realidad serían explotadas sexualmente.

En uno de los casos, dice el fiscal, la principal acusada sabía que la familia de esta víctima carecía de recursos “incluso para comer” y, antes de partir de su país, se le indicó que debía entregar por el traslado 35.000 euros, además de que “la obligaron a someterse a un ritual de vudú”.

Supuestamente fue obligada a ejercer la prostitución “para así saldar su deuda, de forma que entregaba todo el dinero” e incluso fue enviada a otros países, mientras su hijo pequeño se quedó con esta acusada, amenazándola, supuestamente, con que “no daría de comer al niño si no pagaba y lo entregaría a las autoridades españolas”.

Finalmente, cuando ya no pudo abonar más dinero, dice la Fiscalía, y “dado el temor que sentía por el bienestar de su hijo, acudió a las autoridades alemanas, que finalmente alertaron de la terrible situación de aquélla a la Policía Nacional, que logró que los Servicios Sociales se hicieran cargo del pequeño”.

En cuanto a la segunda mujer, dice el fiscal que también la convencieron dada “la necesidad y precariedad económica” para que viniera a estudiar y trabajar a España como peluquera; un viaje que realizó “en condiciones penosas” hasta Marruecos, donde también la obligaron a prestar “un juramento de juju”.

Según esta acusación, “tras un viaje en condiciones infernales en patera llegó a España”, donde fue obligada por ésta a ejercer la prostitución y como se negara a ello, ya que creía que trabajaría de peluquera, fue golpeada hasta que obligarla, haciendo jornadas de más de diez horas.

17 años de prisión

El fiscal señala en sus conclusiones provisionales que la principal acusada realizó más de 200 operaciones monetarias y recibió “numerosos envíos de dinero de hasta 13 mujeres nigerianas y de tres hombres daneses”. Otro de los procesados es su pareja, que ayuda a los traslados de las mujeres.

Otra acusada, la hermana de la primera, presuntamente también acompañaba a las mujeres y colaboraba en los envíos de dinero, al igual que hacía supuestamente otro procesado; todo esto una vez que las víctimas eran reclutadas en Nigeria por el último de los procesados.

Este juicio está previsto que se celebre este mes de junio en la Audiencia de Málaga. Para el fiscal, los hechos son constitutivos de dos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otros dos de trata de seres humanos en concurso con dos relativos a la prostitución.

Así, solicita en total por todos los delitos que se imponga a cada acusado la pena de 17 años de prisión. Además, considera que los procesados de forma solidaria deben indemnizar a cada una de las víctimas con 25.000 euros.

El Gobierno de España ha declarado Lugar de Memoria Democrática Peironcely 10, el edificio de Vallecas en el que el fotógrafo Robert Capa inmortalizó el horror de los bombardeos franquistas sobre Madrid en la Guerra Civill, con una imagen en la que se ven a varios niños ante una fachada devastada por la metralla.

La resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sitúa el origen de esta declaración en el asedio a Madrid tras el fracaso del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, con el que la capital se convirtió en uno de los objetivos prioritarios para el bando sublevado que desencadenó la tragedia bélica en todo el país. La resolución señala que las aviaciones de Hitler y Mussolini, aliados de los traidores, experimentaron en ese momento la estrategia del terror aéreo sobre población civil.

El BOE recuerda que uno de los episodios más trágicos tuvo lugar en Vallecas el 19 de noviembre de 1936, durante un bombardeo de la aviación fascista italiana. Precisamente, aquel ataque quedó inmortalizado por Capa en un amplio reportaje gráfico y convirtió la vivienda del número 10 de la calle Peironcely en símbolo internacional de la vulnerabilidad de la infancia ante la guerra.

En concreto, la declaración como lugar de memoria comprende el edificio de Peironcely 10, el espacio conocido popularmente como Plaza del Fotógrafo Robert Capa, la parcela ajardinada colindante y el Centro Pastoral de San Carlos Borromeo. Según la resolución, todos ellos forman parte de un mismo relato histórico ligado a las víctimas de los bombardeos de 1936 y a quienes, tras la guerra, llegaron a Madrid huyendo de la represión de la dictadura y de la pobreza, especialmente desde Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha.

El texto subraya que familias enteras utilizaron los restos de casas destruidas por las bombas para levantar viviendas humildes, habitadas en muchos casos hasta mediados de los años 70. También resalta el papel de los movimientos vecinales y de los curas obreros en la lucha por la mejora social y política de la periferia madrileña.

En ese contexto, el BOE destaca la trayectoria del Centro Pastoral de San Carlos Borromeo, gravemente dañado durante el asedio a Madrid y reconstruido en la posguerra, así como la labor impulsada desde comienzos de los años 70 por el sacerdote Enrique de Castro, con iniciativas de atención a la infancia, distribución de comidas solidarias, acompañamiento a personas con adicciones y apoyo a personas migrantes y refugiadas.

Aplauso a la labor de #SalvaPeironcely10

La resolución también destaca la iniciativa #SalvaPeironcely10, impulsada desde 2017 por asociaciones culturales, vecinos y organizaciones memorialistas y coordinada por la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, por haber contribuido a resignificar el edificio como vestigio de los bombardeos, símbolo de la dignidad de quienes lo habitaron y memoria de las luchas vecinales. En los últimos años han visitado el lugar historiadoras, antropólogos e incluso arqueólogos.

Desde la plataforma, su portavoz José María Uría ha subrayado en declaraciones a Europa Press que esta declaración coloca a Peironcely y su entorno “en el lugar que se merece”. “Estamos contentos, satisfechos y agradecidos”, ha indicado.

En este sentido, ha agradecido que el Gobierno haya esciuchado al movimiento asociativo y de memoria. “Ha sido la sociedad, la plataforma, la que elevó la petición al Gobierno central. Era una solicitud razonada y documentada para que fuese lugar de memoria”, ha explicado. “Por lo tanto, es un éxito compartido por toda la sociedad”, ha añadido.

Usos que preserven la declaración

Según traslada el BOE, el uso actual del conjunto no se verá alterado, aunque cualquier uso futuro deberá ser compatible con “la preservación de la memoria de las violaciones de los derechos humanos para que no vuelvan a repetirse, el reconocimiento y reparación moral de las víctimas y la defensa de los principios de justicia, verdad y reparación”.

En este sentido, cabe recordar que el Ayuntamiento anunció para este inmueble el nuevo Centro de Experimentación Cultural Robert Capa, un espacio de dinamización sociocultural dirigido a jóvenes de hasta 18 años, que prevé abrir en 2028.

Sin embargo, la denominación y enfoque de este centro sigue generando polémica, después de que el International Center of Photography (ICP) de Nueva York --institución fundada por Cornell Capa (hermano de Robert Capa) en 1974-- comunicase al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida su desautorización al uso del nombre, la imagen y el legado del reportero sin la aprobación de la Plataforma #SalvaPeironcely10. El Consistorio de Leipzig, donde se ubica la Casa Capa, ha defendido la reconversión del espacio en un espacio museístico similar.

El futuro para Peironcely 10 ha sido así motivo de choque entre dos proyectos. Por un lado el del Ayuntamiento, que prevé un nuevo centro de experimentación cultural dirigido especialmente a niños y jóvenes en riesgo de exclusión social.

Por otro lado, tal y como recuerda Uría, el proyecto original que defiende la plataforma es un centro de interpretación sobre el episodio de bombardeos aéreos vivido durante la Guerra Civil en Madrid, inmortalizado en la propia fotografía de Capa. “El edificio se salvó por esa imagen. Cuenta el horror y la vulnerabilidad de la infancia en las guerras, que aún seguimos viviendo en lugares como Ucrania o Gaza”, ha remarcado.

Sobre el proyecto del Ayuntamiento, ha dicho que no se oponen a un centro de esas características, pero opinan que hay mejores lugares en el distrito para ello. Así, ha apuntado como lugar idóneo el conocido como dispensario de José María Llanos, “abandonado y a escasos metros de la Fundación José María Llanos ”que hizo tanto“ por este distrito. Una vez más, ha afeado a Almeida no contar con la plataforma por los posibles usos para el inmueble. ”Queremos sentarnos con el alcalde para lograr un resultado positivo para todos. Peironcely tiene que tener la proyección estatal e internacional que merece y no quedarse como un espacio de atención social“, ha concluido.

La declaración tendrá efectos desde su publicación en el BOE y el conjunto será inscrito con carácter definitivo en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática. La resolución no fija medidas de protección específicas distintas a las generales de perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada. Sí prevé medidas de difusión e interpretación, como recursos audiovisuales y digitales, placas, paneles o distintivos memoriales, además de la incorporación de su geolocalización y una ficha con fotografías y audiovisuales en el portal web de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Cuca Sánchez, concejala de Más Madrid en la capital, ha calificado como “un día importante para la Memoria Democrática” la noticia. Cree que el edificio es “un icono del horror de los bomardeos de 1936”. Habla de “una declaración largamente esperada que llega tras años de lucha del movimiento vecinal, cultural y memorialista frente a una derecha que habría querido derribar el edificio”. Opina que “triunfa la Memoria Democrática para honrar a las víctimas de la guerra y garantizar que las nuevas generaciones conozcan la historia”. Sánchez recuerda que la declración incluye la plaza Robert Capa y la iglesia de San Carlos Borromeo. Llama por último al equipo de Almeida a “recuperar el proyecto museístico de la zona”.

El concejal del Grupo Municipal Socialista Jorge Donaire ha celebrado también la declaración: “El Gobierno de España ha cumplido con una reivindicación histórica y ha dado un paso decisivo para proteger un lugar que forma parte de nuestra memoria colectiva. Es un acto de reconocimiento, reparación y dignidad democrática”, ha destacado en declaraciones remitidas a los medios. Para Donaire, es una noticia que “hace justicia” con uno de los espacios “más simbólicos de nuestra historia reciente y con todas las personas que durante años han trabajado para lograr este reconocimiento”.

El Juzgado de Primera Instancia Número 45 de Madrid ha condenado a la secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, a pagar 9.000 euros de indemnización al exmagistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por llamarle “corrupto” y prevaricador.

Así consta en una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que García Castellón demandara a Belarra tras esas palabras que vertió en redes sociales y que “constituyen una intromisión ilegítima del derecho al honor” del magistrado jubilado. También la condena a que difunda el contenido de la sentencia en su perfil de la red social X “en la que se produjo la intromisión en el derecho al honor, o en otro medio con semejantes características”.

García Castellón denunció un “daño moral” por esas declaraciones y reclamó ser indemnizado por Belarra con 350.000 euros o la cantidad que “tenga a bien fijar el juzgado teniendo en cuenta los antecedentes de la demanda, dada la gravedad de la lesión producida y la amplia divulgación de la misma”.

Para el antiguo instructor de la Audiencia Nacional, no cabía duda de que “las expresiones empleadas por la señora Belarra carecen de un interés general legítimo y resultan ultrajantes y ofensivas”. Además, recordó que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya fijó que la libertad de expresión, “aunque tiene un ámbito amplio de protección, no es ilimitada”.

Belarra, por su parte, defendió públicamente que los calificativos que empleó son propios del ejercicio inherente a su condición de diputada, dentro de su libertad parlamentaria para valorar la actuación de García Castellón.

García Castellón presentó en un primer momento su demanda ante el Tribunal Supremo, que determinó que no es el órgano competente para dirimirla porque las palabras que dirigió Belarra —aforada ante el alto tribunal por su condición de diputada— en redes no las profirió “en el ejercicio de su cargo”.

La Sala de lo Civil del Supremo señaló que la competencia correspondía a los juzgados de primera instancia y dejó en manos de García Castellón impulsar el caso en los mismos. La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Dos personas -una mujer sin identificar y un hombre de nacionalidad argentina y de 58 años- han fallecido en un incendio en un bloque de viviendas residenciales en Magaluf (Mallorca). Además, según la información facilitada por los servicios de emergencias, hay 24 heridos, entre ellos ocho bomberos. Una de las personas está en estado crítico. Se trata del edificio Trianon II de la zona de Torrenova, en Magaluf, situado en el número 18 de la calle Martí Ros García.

El incendio, según han informado los Bomberos de Mallorca, se ha originado en la tercera planta del edificio. El director insular de Emergencias, Joan Fornàs, ha explicado que, a su llegada, los bomberos se han encontrado con un fuego “muy violento”. El humo se ha desplazado por el hueco de la escalera, que se ha elevado por todo el edificio.

El incendio se podría haber originado por un fallo eléctrico en una nevera de una vivienda de la tercera planta. Desde Bomberos de Mallorca han indicado que el fuego se originó en la cocina de la vivienda, aunque todavía está por determinar si fue un fallo eléctrico en un electrodoméstico.

Uno de los moradores del bloque de pisos ha explicado a los medios que la persona que vive en el inmueble en el que se ha producido el incendio ha dicho que la nevera ha comenzado a arder. “Dice que empezó a arder el frigorífico, trató de apagarlo con un extintor y no pudo, le echó agua y tampoco pudo y luego ya se asfixiaba y salió corriendo del apartamento”, ha señalado el vecino. Asimismo, este inquilino ha explicado que notó un olor a fuego y que escucho ruidos y, al ver el fuego, salió de la finca junto con otros afectados.

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha explicado las dos personas que han muerto eran residentes del municipio y vivían en la novena planta del edificio. Según las primeras hipótesis, han sido intoxicadas por humo al tratar de bajar por las escaleras que, en palabras del alcalde, “se han convertido en una chimenea”.

Todos los residentes del edificio, ya clausurado, han sido evacuados por los Bomberos de Mallorca.  El bloque de viviendas no presenta riesgo de derrumbe, pero será este viernes cuando se haga una valoración exhaustiva. El Ayuntamiento ha informado que todas las personas afectadas podrán ser realojadas en diferentes hoteles del municipio y de la capital, mientras se continúa trabajando en la valoración de la situación.

El jefe operativo de Bomberos de Mallorca, Xisco Bonín, ha explicado que el incendio ha roto ventanas y una puerta, de modo que el humo se ha propagado muy rápido por la escalera, entrando en las viviendas. Esto ha provocado nueve personas heridas leves por inhalación de humo y otras tres víctimas graves, dos de ellas son las que han fallecido y la tercera es la que está ingresada en Son Espases.

Tanto Bonín como el alcalde del municipio han incidido en la importancia de tratar de refugiarse en un lugar seguro cuando se produce un incendio de estas características. “Lo que se tiene que intentar es ir a punto de la vivienda donde al incendio le costará llegar, si puede ser un punto exterior mejor y, sobre todo, no salir por la escalera”, ha explicado el jefe operativo.

Condolencias

Por su parte, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha señalado que está en contacto con el alcalde de Calvià, y con los responsables de los servicios de Emergencias y del 061 para conocer la evolución de la situación y de los afectados. “Mi pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas, todo mi apoyo a las personas afectadas y mi agradecimiento a bomberos y profesionales sanitarios por su rápida respuesta”, ha declarado la presidenta balear en su cuenta de X.

Por su parte, el alcalde de Calvià ha afirmado que se trata de “un día muy triste”. “La actuación de los bomberos ha sido espectacular, han hecho un gran trabajo. Todos los vecinos están desalojados y es un drama. Cuando hay un incendio, uno se tiene que quedar dentro de su casa e ir al balcón, porque las personas han ido hacia la escalera y eso ha sido el principal problema, según parece”, ha afirmado.

El alcalde ha informado también que desde primera hora de la mañana la presidenta del Govern y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, han estado al tanto del suceso. Amengual ha mostrado sus condolencias y ha explicado que se trabaja en la atención de las víctimas. “Estamos desolados, estamos muy tristes. Vamos a ver a los familiares. De momento los vecinos están en un recinto, les estamos atendiendo en sus necesidades”, ha declarado Amengual.

El Ayuntamiento de Calvià ha decretado dos días de luto oficial por el grave incendio. El luto oficial ya ha comenzado y se mantendrá durante dos días. El Consistorio ha expresado su “profundo dolor” por lo ocurrido y ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas, así como su apoyo a todas las personas afectadas por el incendio.

La comisión del Congreso que investiga la catástrofe de la dana de Valencia de 2024 ha citado para el próximo 22 de junio a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y al entonces director general del Emergencias de la Generalitat, Alberto Martín Moratilla.

En concreto, la sesión la abrirá la máxima representante del Gobierno central en la comunidad y dirigente socialista, quien ya compareció ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa penal por la mortífera riada.

Durante su declaración en el juzgado, Bernabé comentó que advirtió a las 19 horas en el Cecopi del desbordamiento del barranco del Poyo y del que se enteró por la alcaldesa de Paiporta, quien le alertó de que había personas ahogándose.

En ese momento, la delegada pidió a la entonces consellera de Justicia e Interior, la imputada Salomé Pradas, que mandara la alerta a la población (Es-Alert) y la hiciera extensible a toda la provincia tras desbordarse el barranco del Poyo, a lo que ella le contestó que esa situación se estaba dando en otros lugares. Cuando se mandó el mensaje de alerta, a las 20.11, la situación en el Cecopi ya era un “caos”.

También aclaró que había llamado a Pradas a las 12.23 horas para ofrecerle la UME pero que, sin embargo, no se requirió hasta pasadas las 14.54 horas. En una llamada anterior, a las 14.33 horas, la delegada dijo a la exconsellera: “Pídanme la UME, por favor”.

Evitar estampidas

Y ya en sesión vespertina el día 22 llegará el turno del interrogatorio de los comisionados a Alberto Martín Moratilla que el pasado mes de febrero recordó ante la jueza que, a primera hora del día de autos, Pradas le pidió información sobre cómo se preveía la jornada y se interesó por algún lugar en el que la situación fuera “delicada” para ir a verlo “sobre el terreno”, proponiéndole él Carlet. Y después, sobre las 14 horas, al tener noticia de las inundaciones en Utiel le aconsejó que se activara a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Según su relato, Pradas propuso evacuar los pueblos potencialmente afectados por la rotura de la presa de Forata, de la que se alertó sobre las 18 horas, pero José Miguel Basset --exjefe del Consorcio de Bomberos-- rechazó la idea. “Se propuso avisar a todos los alcaldes de los municipios afectados. Se quería evitar el pánico y que hubiera una estampida”, dijo.

Sobre el Es-Alert, explicó que no se habló del mismo hasta las 19 horas, que Pradas dio el visto bueno al texto definitivo y que tanto ella como Carlos Mazón cuando se incorporó después del Cecopi “solo decía que OK a lo que decían los técnicos”.

La Secretaría de Estado de Función Pública ha aprobado las nuevas instrucciones pactadas con los sindicatos para la jubilación parcial del personal laboral incluido en el IV Convenio Único de la Administración General del Estado (AGE), con el objetivo de desbloquear este procedimiento tras los cambios introducidos en la reforma de pensiones de 2024.

La resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sustituye a las instrucciones vigentes desde febrero de 2022 y establece los criterios para tramitar tanto la jubilación parcial ordinaria como para la jubilación parcial anticipada del personal laboral, explica la agencia Europa Press.

Como se recoge en el BOE, la actualización normativa responde a las modificaciones introducidas por la reforma de pensiones de 2024 que reformó la jubilación parcial y del contrato de relevo, con la obligación de que este último se incorporara a su puesto con un contrato indefinido.

Esta modificación bloqueó la disponibilidad de la medida en las Administraciones públicas, con procedimientos más complejos (y sobre todo que llevan más tiempo) para el acceso al empleo fijo. Los sindicatos y el Gobierno han estado negociando meses una salida, acordada ya hace varias semanas, pero no aprobada.

En el cuerpo de la Administración General del Estado la luz verde ha llegado con esta resolución en el BOE, pero se espera aún la aprobación de un real decreto ley para el resto de Administraciones Públicas.

Solución para el personal laboral del Estado

En concreto, la resolución recoge que podrán acceder a la jubilación parcial los trabajadores laborales fijos a jornada completa que cumplan los requisitos de edad, cotización y antigüedad establecidos en la normativa de Seguridad Socialm informa Europa Press.

Asimismo, regula las condiciones de reducción de jornada y la contratación de relevistas en los supuestos de jubilación parcial anticipada, adaptando estos procedimientos a los cambios legales en vigor desde el pasado 1 de abril.

La norma también incorpora los criterios acordados entre la Administración y las organizaciones sindicales en el seno de la Comisión Negociadora y la Comisión Paritaria del IV Convenio Único.

En vigor desde este miércoles

Según recoge el texto, las nuevas instrucciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE –es decir, este miércoles–y dejarán sin efecto las aprobadas por Función Pública en febrero de 2022.

Este mismo miércoles, en rueda de prensa, UGT ha asegurado que el problema generado por la aplicación de la nueva regulación de la jubilación parcial para el personal laboral de la AGE ha quedado “desbloqueado” tras la aprobación de esta resolución.

El coordinador general del Convenio Único en UGT, Alberto Pablos, ha señalado que los trabajadores afectados deberán volver a presentar las solicitudes de jubilación parcial que habían quedado paralizadas durante los últimos meses para que puedan ser tramitadas conforme al nuevo procedimiento.

Según ha explicado, los retrasos registrados durante el último año se debieron a la falta de adaptación de Función Pública a los cambios introducidos por el Real Decreto-ley 11/2024 y ha defendido que el nuevo sistema beneficiará tanto a quienes accedan a la jubilación parcial como a los trabajadores que ocupen los contratos de relevo.