Guerra abierta entre el Ayuntamiento de València y la protectora de animales Modepran por la gestión de los refugios de València. La Guardia Civil confirma que fue el concejal de Bienestar Animal, Juan Carlos Caballero, quien requirió a los agentes del Seprona para facilitar información sobre la asociación, que pierde este viernes la gestión del refugio de la ciudad. Fuentes del instituto armado apuntan que la unidad recibió “una solicitud” del edil del PP para trasladar información sobre una empresa con la que mantiene un contrato o convenio el Ayuntamiento.

Agentes del Uprona, una unidad del Seprona, se personaron el miércoles en el consistorio para reunirse con el edil. Entonces se trasladó que se investiga a raíz de un requerimiento si se habría producido tráfico ilegal de animales, mientras la protectora y decenas de activistas critican que una empresa vaya a hacerse cargo de los animales abandonados en la ciudad. Fuentes del Ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, trasladaron que se trataba de un encuentro de colaboración.

El concejal negó el miércoles a preguntas de elDiario.es haber presentado una denuncia, él o el propio Ayuntamiento. “Taxativamente no”, señaló a esta redacción. Trasladó que el consistorio aportó la información solicitada por el instituto armado en el marco de una investigación, en una reunión agendada previamente. El edil de Bienestar Animal insiste en que él no ha denunciado nada y en la línea de colaboración con el instituto armado. Fuentes del Ayuntamiento trasladan que es una investigación que lleva tiempo en marcha y se habían mantenido más reuniones. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, apuntó que los agentes se habían personado por una denuncia. La Guardia Civil apunta que no se ha formalizado una denuncia, pero que con esa información determinará si abre diligencias de oficio para una investigación.

A partir de este viernes, una unión de varias empresas dedicadas al control de plagas y especies invasoras se hará cargo de los dos centro municipales que albergan animales, el de especies exóticas y el de animales domésticos. Una de ellas ha recibido varias denuncias por el trato a los animales en otros refugios, una cuestión que ha incendiado a la ciudadanía. En los últimos días se han sucedido fuertes reproches al consistorio, que ha adjudicado la gestión en un concurso público.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha explicado que este miércoles se produjo una reunión entre la Guardia Civil y el concejal de Bienestar Animal “en el marco de una colaboración” que el Ayuntamiento lleva “desarrollando desde hace mucho tiempo”, pues “la Guardia Civil lleva años analizando la gestión de Modepran”.

Catalá ha confirmado que lo que se produjo este miércoles fue una reunión “a instancias” del concejal pero, ha dicho, “en el marco de una colaboración que llevamos desarrollando con la Guardia Civil” que está “años” analizando la gestión de la protectora.

“Éramos conocedores de ese contexto”, ha dicho Catalá, quien no obstante, ha instado a la Guardia Civil y a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que habló ayer de “denuncia”, a que expliquen quién la ha puesto ya que la primera edil rechaza hablar de “investigación” sino que se refiere a “análisis de la gestión de un modelo” sobre el que llevan “años” trabajando con el instituto armado.

Preguntada sobre esta denuncia, Catalá ha afirmado que es la delegada y la Guardia Civil “la que tiene que dar explicaciones, ya que fue ella quien habló de esa denuncia”.

Agentes del Servicio de Protección de Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se han personado este miércoles por la mañana en el Ayuntamiento de València “para recabar información sobre un asunto”, según ha confirmado a elDiario.es el instituto armado, que no ha detallado a qué se refiere el caso.

Según ha podido saber esta redacción, los agentes se habrían dirigido a las dependencias de la Concejalía de Bienestar Animal que gestiona el portavoz del grupo popular, Juan Carlos Caballero, en una reunión que al parecer tenían agendada y que por el momento no se ha requisado documentación. Las mismas fuentes aseguran que la investigación no es contra el Ayuntamiento.

Aunque por el momento no han trascendido más detalles, todo apunta a que el asunto podría estar relacionado con la protectora Modeprán. Al parecer, el Seprona también se habría dirigido a otros ayuntamientos con los que habría colaborado la protectora.

Por su parte, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha comentado que el Seprona “a instancias de una denuncia ha entrado al Ayuntamiento a pedir información sobre unas cuestiones que tienen que ver con una empresa que gestiona para el propio Ayuntamiento”.

Fuentes de Modeprán han asegurado a este periódico que no tienen constancia de ninguna denuncia contra la entidad, que están muy tranqullos porque “no hay nada que ocultar” y que el cambio de gestión previsto para este viernes se hará “con calma y normalidad”.

Como ha informado este periódico, el refugio de animales de València pasará a estar gestionado por una alianza de empresas dedicada al control de plagas. Este viernes se hará efectivo el cambio en la gestión de los dos refugios municipales, que hasta la fecha habían ido de la mano de la protectora Modeprán, encargada en los últimos 15 años.

“Sancionar a las personas que lanzaron billetes y un chaleco a los escaños con la prohibición de acceso a la tribuna de invitados del hemiciclo y al conjunto de edificios del Palau de Les Corts”. La resolución de la presidencia del parlamento valenciano que ostenta Llanos Massó, de Vox, se expresa en estos términos en relación con las protestas que realizaron las profesoras que fueron expulsados en la última sesión de control del pasado 21 de mayo por lanzar un chaleco y billetes de 200 euros con la cara del presidente del Gobierno valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, en el marco de la huelga educativa. La prohibición no concreta un periodo determinado de expulsión.

El documento que se ha trasladado este martes a la Mesa de las Corts en la que tienen mayoría el PP y Vox incluye todas las medidas disciplinarias que se podían adoptar entre las que se incluyen la posibilidad de remitir los incidentes a la Fiscalía, una opción que sin embargo se ha descartado.

La resolución también advierte a Comrpomís, partido que invitó a las docentes, de que en lo sucesivo debe instruir a las personas que lleve al hemiciclo de las normas de orden que deben cumplir dentro del recinto o de lo contrario, si se diera un nuevo incidente, se le retirarían “todas sus invitaciones hasta el final de la legislatura”.

Al respecto, el sindic del PSPV, José Muñoz, ha celebrado que “la Mesa de las Corts haya tenido un poco de trellat y no lleve a los profesores ante la Fiscalía” y ha remarcado que “no podemos permitirnos unas instituciones que amenacen a la sociedad”. “Se estaba cometiendo violencia institucional con esa amenaza de llevarles ante la Fiscalía”, ha indicado, al tiempo que ha recordado que “era una amenaza totalmente desproporcionada”.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha comentado que van a recurrir la propuesta al entender que es “un nuevo insulto a los docentes valencianos, no han condenado la agresión a la profesora que fue agredida por la Policía, y esto es una nueva agresión al colectivo docente” al tiempo que ha advertido de que “cuando haya una nueva mayoría estas personas podrán volver a entrar a las Corts”. Baldoví ha recordado que fue una protesta “pacífica”, que en ningún momento interrumpieron a los oradores y que las profesoras no opusieron resistencia cuando les pidieron que abandonaran el hemiciclo.

La empresa que gestiona el Festival de Les Arts de València, cancelado este sábado antes de arrancar su segunda jornada, vendió miles de entradas sabiendo que el evento podría ser suspendido si se superaban los límites de ruido establecido en la normativa municipal. Una sentencia emitida el pasado marzo y una cláusula en el contrato con la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), recinto en el que se lleva celebrando una década el festival, advertían de la posibilidad de cancelar el evento si se recibía una denuncia por superar los decibelios permitidos en la normativa. En concreto, la mencionada cláusula establecía que si en la primera jornada del evento se certificaba el exceso de decibelios, la segunda quedaría suspendida.

Las mediciones realizadas por la Policía Local de València el viernes, durante la primera jornada, acreditaron que se superaba “en exceso” los umbrales permitidos en momentos puntuales. Si la norma establece un máximo de 80 decibelios —el umbral de sonido tolerable—, los agentes que realizaron las mediciones detectaron 88, 91 y 96 en tres escenarios. También lo certificó la unidad de Policía Nacional adscrita a la Generalitat Valenciana.

El informe policial remitido a la dirección de la Ciudad de las Artes, que provocó la suspensión, concluye que “no se han respetado la limitación de los equipos limitadores-registradores previstos en la documentación acústica”. Y eso pese a las quejas masivas del público durante la primera jornada por el sonido, que obligaron a varios artistas a disculparse y terminaron por señalar también al Ayuntamiento de València que gobiernan PP y Vox por las limitaciones. El consistorio no autoriza eventos en la Ciudad de las Artes (CACSA), pero la sentencia del pasado marzo le obliga a adoptar medidas que garanticen el descanso de los vecinos y le recuerda que debe hacer cumplir las ordenanzas municipales sobre ruidos.

La propia organización explica en su comunicado que un mes antes la promotora trasladó dos festivales a otro emplazamiento, el estadio del Levante UD, tras conocer la sentencia sobre los eventos en el recinto. La organización cargó contra el consistorio, al que acusan de falta de diálogo, y también atribuyó la denuncia a “unos pocos vecinos” —son 46, concretamente—, publicando su dirección exacta en redes sociales, para anunciar que no habría una segunda jornada. “Esa voluntad de encontrar soluciones queda demostrada por el traslado de otros eventos de nuestra promotora, como Love The 90’s e I Love Reggaeton, al Estadi Ciutat de València. Sin embargo, nos produce una enorme tristeza y frustración comprobar que, durante todo este proceso, no hemos tenido la oportunidad de mantener una reunión con la Alcaldía del Ayuntamiento de València, ni con responsables del Ayuntamiento para estudiar conjuntamente posibles alternativas que permitieran garantizar el futuro del festival en la ciudad”, señaló el festival en un comunicado.

La mercantil House of Music Festivals, filial de The Music Republic, participada por el fondo KKR, suscribió un contrato con la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), empresa pública de la Generalitat Valenciana, en la que se incluía una cláusula que permite suspender el certamen si se supera la acústica permitida. En concreto, según ha informado CACSA a elDiario.es, la mencionada cláusula advertía de que si en la primera jornada se constataba la superación de los límites establecidos en la ordenanza municipal, la segunda quedaría suspendida.

El contrato decía textualmente, según informa El Confidencial: “En caso de que durante la celebración del evento la autoridad competente levante acta, formule denuncia, dicte requerimiento o adopte cualquier medida de control por presunto incumplimiento de la normativa vigente en materia de ruido, contaminación acústica o protección de la salud pública, así como cuando exista resolución administrativa o judicial, firme o ejecutiva, que determine la superación de los niveles sonoros autorizados, la existencia de riesgos para la salud pública o cualquier otro incumplimiento de las condiciones acústicas exigibles al evento, CACSA podrá a su sola discreción y en su caso a cancelar la segunda jornada del evento”. Dos cuestiones de peso a la hora de abordar una organización de tal calibre como un festival que reúne a más de 20.000 personas.

¿Por qué decidió la organización seguir adelante con el evento? Según señala a este diario, porque en las pruebas previas y durante el festival “se contaba con cumplir la normativa”. De hecho, explican fuentes de la organización, en las mediciones que se realizaron el viernes durante el festival, ·en las fachadas colindantes, se obtuvieron exactamente los mismos resultados que los días anteriores a la celebración del evento“. Estas fuentes insisten que en fachada los niveles eran los permitidos, aunque el informe de Policía Local remitido al Ayuntamiento recoge momentos superiores.

En el escrito del festival no se menciona la cláusula suscrita con CACSA, sino que se atribuye a la empresa pública y al Ayuntamiento la decisión. Efectivamente, el Ayuntamiento, en el marco de sus competencias y en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia judicial, remitió un requerimiento a CACSA el pasado 6 de junio por el que se le advirtió de que se había certificado que en la primera jornada no se habían cumplido los límites legales de decibelios, por lo que se ordenaba que procediera a la suspensión del festival.

La organización señala que ha trabajado con la Generalitat para mantener el festival “encontrando un equilibrio” entre la fiesta y el descanso vecinal, y que, en paralelo, ha tratado de buscar otra ubicación, además de incorporar soluciones de sonido para respetar la normativa“. En vista de la suspensión, el evento abrirá un canal para devolver el 50% de los abonos y los sobrantes de las pulseras con las que se pagan las consumiciones. Según las mismas fuentes, se devolverá la mitad del importe, puesto que se ha celebrado el 50% del evento y el procedimiento habitual es el de devolver la parte proporcional no disfrutada del mismo cuando se suspende por causa mayor.

“Los promotores conocían las reglas del juego”

Este lunes, el concejal de Urbanismo y Licencias de València, Juan Giner, manifestaba que lo que ha hecho el consistorio es cumplir con la normativa. La sentencia del pasado marzo obliga al Ayuntamiento a garantizar su cumplimiento y el descanso de los vecinos, llegando a revocar autorizaciones si es necesario. “Los promotores conocen perfectamente el contenido de la ordenanza y las reglas del juego”, ha apuntado Giner, que ha considerado que los “verdaderos perjudicados” han sido los asistentes.

La sentencia posibilita revocar autorizaciones

El pasado marzo, el juzgado número 8 de lo contencioso condenó al Ayuntamiento de València a indemnizar a 46 vecinos por daños morales derivados del ruido de los festivales en la Ciudad de las Artes y la discoteca de su azotea. El magistrado titular consideró acreditado que los niveles de ruido registrados en los domicilios de los vecinos superaron “ampliamente los máximos permitidos por la normativa” en conciertos y fiestas durante los años 2022 y 2023. También falló que el Ayuntamiento debe “adoptar las medidas necesarias, inclusive revocación de autorizaciones o reubicación de eventos o actividades, para imposibilitar definitivamente la violación de los derechos fundamentales de los demandantes”.