Durmiendo en el suelo, sin ventanas en las celdas, con suciedad y falta de medios para quejarse de la situación en la que se encuentran, las personas que son detenidas en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Almería llevan 14 años sufriendo las condiciones penosas de las instalaciones que los acogen después de llegar al país en largas travesías donde se exponen a perder sus vidas. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), órgano dependiente del Defensor del Pueblo, ha emitido hasta 13 sugerencias en el último control que se dio en la provincia, pese a que varias de ellas llevan varios años siendo reiteradas ante la Dirección General de la Policía, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.

La ficha de seguimiento del CATE fue actualizada por completo el pasado 26 de mayo y se incluye en el informe del año 2025 presentado por Ángel Gabilondo, defensor del Pueblo, el pasado mes de marzo en el Congreso de los Diputados. La función del MNP consiste en supervisar los lugares de privación de libertad en el país de acuerdo con los principios de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (OPCAT). Las visitas se hacen de manera aleatoria y sin previo aviso, cuyo objetivo es revisar el estado del sistema y garantizar la integridad y dignidad de las personas que desembarcan en el país.

Con respecto al CATE de Almería, los días 25 y 26 de junio del año pasado, el director y una técnica del MNP, junto a un técnico del área de Migraciones e Igualdad de Trato, y otro técnico del área de Seguridad y Justicia del organismo, realizaron el examen en el puerto almeriense y, posteriormente, en Motril. En esta inspección, se mantuvieron entrevistas con agentes de la Policía Nacional y personal de Cruz Roja, entidad contratada por la Secretaría de Estado de Migraciones, pero no se pudo contar con el testimonio de personas detenidas al no haber ese fin de semana.

Entre las observaciones más destacables, el organismo se refiere a los techos del módulo en el que se mantienen a los menores que llegan a la costa andaluza sin compañía. De estas estructuras se pueden fijar colgaduras, por lo que son “susceptibles” de ser “utilizados para conductas autolíticas, lo que puede comprometer su indemnidad”. Una llamada de atención reiterada y que se dio ya en 2014. La solución era sustituir el material, pero no se ha adoptado “ninguna medida”, aunque la Dirección General de la Policía adelanta en el escrito enviado el 11 de junio como respuesta que se estudiarán las medidas para abordarlo “este mismo año”.

“Constituye un trato indigno y degradante”

Lo primero que reseñan desde MNP es que las instalaciones “necesitan mantenimiento y limpieza”, especialmente para combatir el óxido de la valla perimetral que rodea el CATE, al igual que piden que se retire la basura en un pasillo donde se realiza la primera atención humanitaria. Entre las carencias más graves, se constata que no hay ningún tipo de mobiliario en las celdas de los varones adultos y de los menores no acompañados, impidiendo que descansen en buenas condiciones.

Pese a que en las anteriores visitas se dio cuenta de este conflicto, como queda reflejado en los informes de 2022, 2020, 2019, 2017, 2014 y 2011, todavía no hay una solución efectiva. “Desde 2011 se ha puesto de manifiesto la necesidad de que se instalen literas y se evite que personas que llegan a las costas españolas después de una dura travesía y en condiciones físicas y psicológicas muy deterioradas, deban sentarse y dormir en el suelo”, subraya el escrito, “es una práctica que constituye un trato indigno y degradante, muy especialmente entre personas menores de edad sin cuidadores adultos”.

“En 14 años transcurridos desde la primera visita del MNP a estas instalaciones, la Administración podría haber buscado una solución que armonizara las necesidades de seguridad con el deber de evitar situaciones degradantes para las personas bajo custodia, o que incluso sean contrarias a su bienestar e integridad física y psicológica”, tachando la respuesta otorgada por instancias superiores de “contraria” a los derechos fundamentales. “La argumentación alegada no justifica la negativa a dotar a las instalaciones del mobiliario necesario para una estancia digna”, a lo que añaden que hay un peor trato para estas personas que para las que están detenidas en otros CATE o en el propio módulo para mujeres y niños, donde sí hay mobiliario “para no tener que dormir y acostarse en el suelo”.

En estas mismas celdas para los varones adultos hay otros hándicaps, ya que carecen de ventanas que provocan la falta de ventilación. “Las paredes de las celdas presentan, en el momento de la visita, un aspecto muy sucio y descuidado, y están llenas de pintadas”, describen, “no hay acceso a los baños desde las celdas de los varones adultos y no resulta posible el acceso a espacios al aire libre desde la celda”, al contrario de lo que sucede en otros centros de acogida, para lo que citan a las dependencias habilitadas en Gran Canaria, Tenerife, Málaga o Motril. Además, los cubos de basura están cerca de los cubículos, provocando riesgos para la salud, y, entre los puntos que se recogen, recomiendan instalar toldos u otros elementos que den sombra y “habilitar espacios para que las personas detenidas puedan acceder a zonas al aire libre durante su estancia”.

Sin sistema sonoro de seguridad ni contacto exterior

En cuanto a la seguridad, todas las celdas del CATE carecen de sistema sonoro de llamada. “Este hecho dificulta que el personal de custodia pueda prestar la necesaria asistencia a los internos ante cualquier incidente o vicisitud ocurrido durante la custodia, que ponga en riesgo la seguridad o integridad de las personas detenidas”, especifican. Para paliar esta falta, se hacen rondas durante la noche, sin embargo, los agentes solo escuchan las llamadas de voz una vez están delante de un módulo en concreto. “No cabe concebir una instalación pública en la que la atención precisa haya de ser reclamada mediante llamadas de voz”, advierten, aparte de que el cierre de las puertas de todas las celdas y módulos del CATE es manual, lo que puede “poner en riesgo la vida y la integridad física” de los detenidos.

Con relación a los recursos para los extranjeros, faltan fuentes de agua potable en las instalaciones donde duermen y carecen de libro de quejas y sugerencias en el propio edificio debido a que se encuentran en la comisaría por donde no pasan los individuos, refleja el MNP. Por otra parte, se les retira el móvil una vez dentro del CATE, a diferencia del protocolo en otros centros, como Barranco Seco. “El conjunto de estas medidas imposibilita el contacto con el exterior, generando un sufrimiento innecesario en las personas extranjeras y sus familiares, que no pueden saber que han llegado con vida a tierra firme” y, a su vez, “esta incomunicación puede perjudicar el adecuado ejercicio del derecho a la defensa o un sufrimiento innecesario porque limita la comunicación con su letrado o personas de confianza”.

A esta falta de comunicación habría que añadir que en el CATE de Almería el responsable del turno saliente durante los relevos no deja constancia de las incidencias habidas en el turno por escrito. Se comunica “solo de forma verbal” las incidencias y las circunstancias relevantes de la custodia, como la presencia de personas detenidas con necesidades especiales. Una cuestión que va contra lo establecido en una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, recuerda el ente, para lo que recomienda una vez más que haya registro de lo sucedido durante las guardias.

Respuesta del Ministerio del Interior

En la ficha actualizada de mayo no constan las respuestas por parte de la administración a las resoluciones emitidas por el Defensor del Pueblo, aunque en anteriores ocasiones se ha aludido a la falta de presupuesto o a las medidas de seguridad vigentes para justificar alguna de las actuaciones, como que no haya camas. A tenor de la falta de literas, ya en el año 2011 se hacía constar en el informe de la MNP que la carencia de este mobiliario “afectaba” al descanso de los recién llegados. “Se ha solicitado que se subsane esta deficiencia”, ya que, observa el escrito, “no deberían dormir en colchonetas extendidas en el suelo”. Una década más tarde, permanecen.

A preguntas de este medio, fuentes del Ministerio del Interior confirman que la Dirección General de la Policía remitió el 11 de junio por escrito las respuestas al Defensor. En el documento, trasladan, se aclaran las peticiones de información y se atienden la mayor parte de las sugerencias formuladas por la institución. En este sentido, adelantan que está prevista “para este mismo año” la instalación de los elementos de sombra y, también, la colocación de los carteles para indicar cuáles son las zonas con videovigilancia. Además, indican que “se están estudiando ya” la forma de intervenir en el techo del módulo de menores.

No obstante, la Dirección General plantea que hay sugerencias “que ya se aplicaban en el momento de la visita realizada a las instalaciones”, como la existencia de colchones ignífugos, así como la presencia de un sistema de mantenimiento permanente y del abastecimiento de agua potable “que atiende en todo momento las necesidades de las personas del centro”. También, confirma la existencia de un libro de quejas y sugerencias y de un libro de relevos.

El juez de la plaza número 4 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla, en funciones de guardia, ha acordado hoy jueves la puesta en libertad provisional del cantante detenido por una presunta agresión sexual ocurrida en Sevilla durante el pasado mes de abril. Como medidas cautelares, el juez le ha impuesto la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 500 metros de la denunciante, así como la retirada del pasaporte durante un periodo de tres meses.

Inicialmente, se le atribuye un presunto delito de agresión sexual de los artículos 178.1 y 179.1 del Código Penal. Cabe destacar que durante su comparecencia en sede judicial, el detenido se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. La causa la investiga la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla después de que la Policía Nacional detuviera este jueves en la ciudad a Francisco Javier Álvarez, conocido como Beret, por una presunta agresión sexual, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a este medio.

La información, adelantada por la Cadena SER, está referida al rapero de 29 años y crecido en el barrio de Pino Montano, conocido por Lo siento u otros éxitos como La última granada. Empezó a componer desde muy joven, siendo su primer concierto a los 17 años en la sala Trinchera de Málaga, y fue fichado en 2019 por la multinacional Warner Music Group. Un contrato que disparó su carrera y que ha hecho que, entre otros acontecimientos, haya cantado delante del papa León XIV hace dos días en su visita a España.

El cantante ofreció un recital de 40.000 personas en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en Barcelona, en una gala donde también compartieron escenario Conchita, Siloé, Álvaro Soler, Alfred García o Sergio Dalma. Entre los temas escogidos, cantó Lo siento y Superhéroes, junto a un coro infantil. El sábado pasado también participó en la vigilia celebrada en honor al papa en la plaza de Lima en Madrid. El artista sevillano es popular en las redes sociales, donde ha reconocido públicamente que sufría ansiedad por la presión del negocio musical.