El Grupo Municipal Socialista de Salamanca ha pedido en un comunicado de prensa que se retire cautelarmente la actividad institucional del concejal denunciado por sumisión química, Alejandro Pérez de la Sota, que ha seguido sin dar explicaciones. Los socialistas han exigido “una respuesta política e institucional acorde con la gravedad de la situación”.

El exconcejal de Vox, sigue en la corporación municipal como edil no adscrito después de que fuera expulsado a principios de 2025. Desde entonces, Pérez de la Sota, abogado, permanece en el Consistorio como concejal no adscrito, aunque está entre los impulsores de Avanza en Libertad Castilla y León, una formación conformada por exmiembros de Vox en la comunidad. Además, ha mostrado su apoyo a la formación Se Acabó La Fiesta, que preside Alvise Pérez y que también acogió a algunos de estos representantes para sus listas en las elecciones autonómicas.

El PSOE cree necesario aplicar medidas preventivas después de que las denuncias se hayan ratificado judicialmente y se hayan tomado otras medidas cautelares, como el Colegio de la Abogacía, que ha apartado de las prácticas y la actividad docente al concejal no adscrito. También baraja promover la reprobación del concejal y pedir su dimisión si este no se aparta temporalmente de la vida pública.

“Un ejercicio de responsabilidad”

Los socialistas han solicitado esta mañana al equipo de gobierno del PP que inste al concejal Alejandro Pérez de la Sota a apartarse voluntaria y cautelarmente de la actividad pública e institucional mientras se desarrollan las actuaciones judiciales en curso. El PSOE considera que corresponde al propio edil asumir esta decisión como “un ejercicio de responsabilidad” hacia las denunciantes, de respeto a las instituciones y de compromiso con la ciudadanía.

El PSOE también ha reivindicado el derecho a la presunción de inocencia, aunque considera igualmente imprescindible garantizar la protección de las denunciantes y evitar cualquier situación de revictimización. Por ese motivo, el Grupo Socialista ha solicitado al Ayuntamiento que ponga a disposición de las vícticas todos los recursos de información, asesoramiento, atención psicológica y acompañamiento.

Alfonso Fernández Mañueco lleva presidiendo gobiernos en Castilla y León desde 2019: primero, con el ya extinto Ciudadanos, que terminó de manera precipitada, aunque no por ello menos inesperada; un segundo, con Vox, que concluyó de manera abrupta y orquestada desde Madrid; una tercera etapa marcada por dos años en minoría —en los que no ha conseguido aprobar ningún proyecto de Presupuestos y una sola ley— y este último intento de coalición con Vox. Este martes, logró ser investido presidente con los votos de la extrema derecha, en una sesión que dejó momentos para el recuerdo, como la “cena” que le sirvió el líder del PSOE, Carlos Martínez, o la pelea por un sillón que protagonizaron dos procuradores de Vox.

En estos años, Fernández Mañueco ha ido modificando su discurso, a pesar de su constante apelación a la “moderación”: las referencias al colectivo LGTB y al cambio climático ya se quedaron fuera en 2022. Esta año el turno de las omisiones ha sido para la violencia de género. La okupación, que era también una cuestión muy importante para el Mañueco de hace cuatro años a pesar de la baja incidencia, tampoco figura ya en su discurso. Mismo Mañueco, pero un presidente distinto para cada ocasión. Lo cierto que este ha sido su último discurso de investidura, porque Castilla y León tiene una limitación de mandatos y no podrá volver a ser presidente a no ser que cambie la ley. PP y Vox han llegado a un acuerdo gracias a “la generosidad, la responsabilidad y la capacidad de acuerdo”, según ha expuesto en un discurso en el que prácticamente ha obviado a la oposición y ha centrado sus críticas en el Gobierno.

En el hemiciclo, todos los periodistas estaban pendientes de cómo iba a explicar Fernández Mañueco la “prioridad nacional” en una comunidad marcada por el envejecimiento y la despoblación, que hace siete años definía como “tierra de acogida”. Ahora son “bien recibidos” quienes “quieran contribuir a la prosperidad común su trabajo, esfuerzo y compromiso personal”. Ninguna referencia ha hecho, como era de esperar, a las críticas que formuló en campaña electoral a sus socios de Vox, cuando les acusó de “querer tirar a las personas al mar”. Pese a las exigencias de Vox, el 'popular' no se retractó; aun así, ambas formaciones han alcanzado un acuerdo de gobierno que incluye ese concepto de 'prioridad nacional', que Mañueco ha intentado maquillar en todas sus intervenciones.

El presidente de la Junta ha pedido “que nadie busque confundir” con este término que ha asumido por completo y que pretende una “asignación justa de los recursos públicos en función de arraigo real y verificable”, independientemente de su procedencia: deben acreditar su vinculación, legal, efectiva y estable. Algo que, por otra parte, ya es necesario hasta para las ayudas más accesibles, como son las del alquiler, para las que es necesario no solo residir legalmente en Castilla y León, sino también estar trabajando. Castilla y León tiene una tasa de inmigración inferior a la media nacional. Una inmigración que, en palabras del presidente, “ha sido capaz de compensar los saldos vegetativos negativos”.

Una 'prioridad nacional' inconcreta

Al igual que María Guardiola en Extremadura y Jorge Azcón en Aragón, la 'prioridad nacional' ha centrado parte del debate parlamentario. Fernández Mañueco se refleja en el espejo de Vox, aunque con una visión rebajada de la 'prioridad nacional'. Por eso ha garantizado estos tres criterios: acatará la legalidad, mantendrá las prestaciones de los “servicios públicos esenciales” y no supondrá “el retroceso en los derechos consolidados”. Poco ha aclarado en realidad; y mucho más directo ha sido en sus críticas a las políticas migratorias del Gobierno de España, que “se mueven entre la improvisación, el oportunismo y la imposición”. “Los españoles, primero”, ha respondido el portavoz adjunto de Vox, José Alberto Díaz Pico, poco después a los periodistas. Un concepto distinto de 'arraigo', desde luego.

Mañueco ha justificado además su postura a favor de la 'prioridad nacional' atacando al PSOE durante la réplica al líder socialista, Carlos Martínez. El veterano dirigente ha sacado a relucir las bases de distintas ayudas de ayuntamientos gobernados por el PSOE como Soria, la ciudad que gobernaba antes Martínez, Palencia o León que limitan el alcance de las ayudas a aquellos que llevaban como mínimo un año empadronados. Para Mañueco esto refleja “la hipocresía de los socialistas”, que, según él, aplican así una 'prioridad nacional' a su manera, y que también se recoge en las bases estatales del Ingreso Mínimo Vital.

El presidente de la Junta de Castilla y León ha iniciado este martes su tercera legislatura, y por eso ha querido reforzar el trabajo realizado en este tiempo, que le ha enseñado la “responsabilidad innegable e indelegable” y los principios “éticos” que deben regir su puesto. En la otra cara de la moneda, Fernández Mañueco ha cargado contra el Gobierno de España, al que ha pedido una financiación autonómica “justa, solidaria y acorde con el coste de la prestación de servicios”.

Durante la investidura, ha esbozado una “imagen oscura de la política”, que se ve como “una fuente de ruido, frases vacías o gestos sin trascendencia” y que conduce a una sociedad “pequeña, oscura, miedosa y encerrada”. De hecho, en un momento dado ha señalado directamente a la ministra de Sanidad, Mónica García, “esté más dedicada a provocar huelgas, que hacen agrandar las listas de espera, que a aportar soluciones”.

Críticas al Pacto Verde

Fernández Mañueco también ha criticado el Pacto Verde Europeo —que pactaron en Bruselas el Partido Popular europeo y los socialistas— y sus propias políticas, puesto que el PP lleva gobernando desde 1987: se suprimirán y reformaran las tasas autonómicas “que resulten perjudiciales para el sector productivo”. Esas tasas, de existir, las ha tenido que imponer el propio Mañueco, puesto que el Pacto Verde se firmó en 2019. Hay que reconocer que otras propuestas resultan viejas conocidas, como que la banda ancha llegue a todos los ciudadanos de Castilla y León, un objetivo que ya prometieron en 2007.

Con un nuevo gobierno de coalición, que aún no se ha anunciado, Fernández Mañueco aspira a aprobar presupuestos para el próximo año, dado que todavía están en vigor las cuentas de 2024. Este nuevo proyecto incluirá algunas de las medidas 'estrella' que el PP prometió en campaña electoral: deducción para pagar las cuotas de gimnasio, ayudas para cambiar las bañeras por platos de ducha o para sacarse el carnet de conducir y matrícula universitaria gratuita, además de otras medidas en materia de Vivienda, Agricultura, Sanidad y Servicios Sociales, entre otros.

El presidente de la Junta de Castilla y León ha reivindicado una comunidad “rica en valores, humanista y tolerante”, precisamente aspectos que echan en falta los miembros de la oposición, con los que no ha sido capaz de llegar a acuerdos pese a sus juegos de trileros.

El Colegio de Abogados de Salamanca ha apartado de las prácticas y la actividad docente al concejal no adscrito del Ayuntamiento que anteriormente perteneció a Vox, Alejandro Pérez de la Sota, tras ser denunciado por dos mujeres de Máster de Acceso a la Abogacía y a la Procura por una presunta sumisión química.

Tal y como explica el decano, Miguel del Castillo Alonso, en un mail al que ha tenido acceso elDiario.es, la decisión se ha tomado este martes al conocerse las denuncias. La Junta de Gobierno, dice, quiere trasladar su “máxima preocupación” por los hechos denunciados y el “apoyo total” a las personas afectadas. Así, la Junta adoptó “medidas inmediatas” para garantizar la seguridad, la protección y el acompañamiento de las alumnas así como el normal desarrollo de la actividad académica.

“Con carácter preventivo”, “sin prejuzgar los hechos” y “respetando la presunción de inocencia”, en Junta de Gobierno Extraordinaria celebrada el pasado lunes, se decidió “apartar temporalmente al profesor de la actividad docente y de prácticas externas en tanto se esclarecen los hechos denunciados.

Los hechos, presuntamente ocurrieron en un establecimiento de ocio donde se celebraba una cena de la Escuela de Práctica Jurídica, en la que en un momento dado una de las participantes, abandonó el lugar en compañía de Pérez de la Sota para ir a su casa y donde fueron vistos por una compañera de piso. La denunciante no recuerda nada. Pérez de la Sota regresó a la cena, donde se encontraba la segunda mujer que lo ha denunciado, según ha publicado Salamanca24horas.

Las dos mujeres han declarado este martes por la mañana ante el juzgado que está de guardia en Salamanca, según han informado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). El Tribunal de Instancia de Salamanca, sección instrucción plaza 3, en funciones de guardia, ha tomado declaración a las dos mujeres en el marco de la investigación abierta tras presentarse ambas en el hospital el pasado fin de semana y abrirse el consiguiente protocolo ante posible sumisión química.

Las dos mujeres se sintieron mal después de haber estado con el concejal y no recuerdan lo que ocurrió en una parte de la noche, aunque una de ellas ha declarado que el edil la acompañó a casa, según han indicado a EFE otras fuentes conocedoras del caso, que han añadido que los primeros análisis practicados no han detectado sustancias. Consultado por EFE, el entorno del concejal y abogado, ha manifestado que él aún no ha recibido ninguna denuncia y que no podrá hablar hasta que no conozca los hechos denunciados.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha exigido explicaciones públicas e inmediatas a Pérez de la Sota. La formación socialista ha manifestado su profunda preocupación y ha reiterado su apoyo absoluto a las posibles víctimas, cuya declaración en los Juzgados está prevista para este martes.

Los socialistas han subrayado que la ejemplaridad en la vida pública y la transparencia deben ser “principios irrenunciables para cualquier representante institucional”, por lo que han reclamado al edil del Grupo Mixto “una explicación clara, responsable y acorde con la relevancia” de su cargo.

El PSOE lamenta el silencio del concejal, “incompatible con la exigencia de transparencia”

La portavoz socialista, María Sánchez, ha reivindicado el derecho a la presunción de inocencia mientras se desarrollan las posibles diligencias judiciales, aunque ha lamentado que el silencio del concejal resulte “incompatible con la exigencia de transparencia que debe regir la actuación de cualquier cargo público”.

El PSOE considera que, ante la gravedad de los hechos denunciados y la relevancia pública del cargo que ocupa, el concejal debe ofrecer explicaciones claras a la ciudadanía y detallar las circunstancias que han dado lugar a la apertura de este procedimiento. Sin embargo, ha advertido que exigirá la dimisión de Pérez de la Sota si la investigación judicial avanza.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo (PP), ha pedido una manifestación pública aclaratoria del concejal, que entró en el Ayuntamiento en 2023 por Vox, y ha explicado que ha mantenido una llamada personal con él en la que éste le “ha negado tajantemente las acusaciones vertidas contra él”.

Vox expulsó a Pérez de la Sota después de que él y otro concejal críticos expulsaran a Ignacio Rivas a principios de 2025, cuando, le retiraron la portavocía y despidieron a dos asesores en contra de la dirección provincial y nacional. Desde entonces, Pérez de la Sota, abogado, permanece en el Consistorio como concejal no adscrito, aunque está entre los impulsores de Avanza en Libertad Castilla y León, una formación conformada por exmiembros de Vox en la comunidad. Además, ha mostrado su apoyo a la formación Se Acabó La Fiesta, que preside Alvise Pérez y que también acogió a algunos de estos representantes para sus listas en las elecciones autonómicas.

Izquierda Unida, que se quedó sin representación municipal en las elecciones de 2023, ha pedido directamente la dimisión del concejal a través de un comunicado, al considerar que las acusaciones “son suficientemente graves” al tratarse de “una forma de violencia contra la mujer”.