El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha descartado este martes en Barcelona la posibilidad de viajar a Waterloo (Bélgica) para negociar con Carles Puigdemont el apoyo de Junts a una hipotética moción de censura para desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa. No lo ha hecho de forma expresa, ni en su discurso ante el Cercle d'Economia ni después, a preguntas de los periodistas. “Venga, oye, vamos a hablar de cosas serias”, ha respondido.

El líder del PP ha viajado a la capital catalana para asistir a la Reunión Anual de una de las patronales empresariales más potentes. Es su decimoquinta comparecencia ante el Cercle, como ha recordado él mismo en el arranque de su intervención. Un discurso que prometía abordar la cuestión política más relevante ahora mismo para el PP: cómo echar a Sánchez antes de las elecciones generales, previstas para dentro de más de un año.

El propio Feijóo abonó la teoría con sus primeras palabras. “Hay un elefante en esta habitación”, ha dicho, para presumir de que “algunos han venido a comprobar” si se iba a hablar de dicho “elefante”. “Yo lo haré”, anticipó, porque “cuanto más [se] tarde en abordarlo, más crecerá el elefante”.

Pero Feijóo no ha mencionado la moción de censura de forma explícita. De hecho, ha sido mucho menos claro de lo que fue ayer en una entrevista en Telecinco, en la que planteó expresamente un acuerdo de mínimos para una moción instrumental y la convocatoria inmediata de elecciones. “Parece ser, y quiero ser optimista, que hay algún movimiento, veremos si queda en una burla”, dijo. “Porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, UPN y por Coalición Canaria, 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas e inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución en poco tiempo”.

La respuesta del PNV, por boca de su portavoz parlamentaria, Maribel Vaquero, es que no apoyarán “ninguna moción de censura”. La réplica de Junts tardó un poco más. Su secretario general, Jordi Turull, ha asegurado esta misma mañana: “Él sabe que las reuniones con la máxima dirección se hacen en Waterloo, ya saben como funciona”.

La propuesta no es novedosa, y Feijóo ya la rechazó expresamente en julio de 2025. El líder del PP también sondeó el apoyo de Junts a su investidura en 2023: Feijóo descartó la amnistía, pero sí contempló conceder un indulto a Carles Puigdemont.

En su discurso de este martes, Feijóo ha prometido abordar la situación, pero no lo ha hecho. “España necesita con urgencia lo más elemental, un Gobierno con autonomía para gobernar y una mayoría capacidad de defender el interés general por encima de todo”, ha dicho. “La conversación gira alrededor de sumarios, imputaciones y comisiones. No hay una agenda económica, hay una agenda de tribunales”, ha apuntado.

Para el líder del PP, solo se puede elegir entre “degeneración o limpieza institucional”, para repetir que “184 diputados han exigido elecciones inmediatas a Cortes Generales” porque de la situación por la que transita España “solo se sale devolviendo la voz a la gente” y con un “final digno para una legislatura exhausta”.

El problema, ha apuntado Feijóo, es que “no se acompañan de hechos coherentes las palabras” de quienes desde PNV o Junts, exigen a Pedro Sánchez que convoque ya elecciones.

“Entre la responsabilidad democrática y la convivencia política no hay discusión posible”, ha sostenido. “España necesita una reacción democrática, política y cívica, que devuelva a la vida pública la decencia que tiene que tener”, ha añadido, para reiterar que él hará “todo lo posible”. “Quienes coincidimos en que la situación es insostenible deberíamos hacer todo lo posible”, ha añadido.

Feijóo ha avisado: “Seguiré actuando con aplomo y responsabilidad de acuerdo con mis convicciones en cada momento”. Y ha concluido: “No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella. No pretendo remover conciencias. No vengo a pedir favores ni regalarlos. Defiendo un proyecto limpio y garantizar”.

Desde el PP aseguran que las palabras de Feijóo no son una respuesta del PP a Junts, y que la referencia a los “favores” no apela a lo dicho hoy por Turull. “Lleva escrito tres días”, concluyen desde su equipo.

El Senado ha superado el máximo histórico de gasto para transporte y viajes oficiales. Y se prepara para aumentarlo. Sin haberse cumplido todavía el tercer año de legislatura, la Cámara Alta ha autorizado hasta ahora el desembolso de más de diez millones de euros para el contrato de “servicios de gestión y asistencia técnica de viajes y visitas”, con tres ampliaciones presupuestarias aprobadas en solitario por el PP. La institución ha abonado ya nueve millones por los desplazamientos de los representantes públicos, más que en las pasadas legislaturas completas. 

El incremento de este gasto ha motivado que el Senado casi triplique la cantidad que prevé gastar a futuro en este capítulo. La Cámara tenía hasta ahora presupuestado un gasto anual de 2,7 millones anuales (IVA incluido) en un contrato que ha venido gestionando El Corte Inglés. Dicho contrato se cerró en 2022, durante la anterior legislatura. La Cámara ha sacado a concurso un nuevo convenio que pasa de esos casi 2,7 millones de euros anuales actuales a 7,8 millones, siempre con el IVA incluido. 

La notable diferencia tiene una causa: el actual Senado ha roto el techo de gastos en viajes oficiales y transporte. La Mesa ha aprobado en los últimos años continuas transferencias de dinero de diferentes partidas presupuestarias para ampliar el crédito disponible para cubrir el desembolso en este capítulo. Siempre con el voto favorable del PP, que controla la institución con su mayoría absoluta, y la abstención del PSOE.

Desde el Senado explican a elDiario.es que “el contrato entró en vigor el día 1 de enero de 2023 y finalizó el día 31 de diciembre de 2024”, pero que las cláusulas permitía su prórroga “por hasta tres veces mediante acuerdo de la Mesa del Senado”. Es lo que ha ocurrido. Con todo, apuntan fuentes oficiales de la Cámara, la última de las ampliaciones aprobada no se ejecutará, ya que, en su lugar, se ha optado por lanzar un nuevo concurso ya con la cantidad prevista triplicada.

Las dos ampliaciones que sí se han ejecutado datan de 2024 y 2025, cuando el Senado aprobó sendas prórrogas del contrato en vigor por un valor de 539.000 euros, IVA incluido, hasta superar los 3,2 millones de euros anuales. En diciembre de 2025 se autorizó una modificación al alza, esta vez por 1,34 millones. Esa es la que no se llegará a ejecutar, según el Senado, aunque de momento no hay acuerdo de la Mesa que lo haya revertido.

Cobertura de gastos

¿Y a qué va destinado ese dinero? El propio Senado aprobó el 29 de agosto de 2023, en el arranque de la legislatura, las “directrices de la actividad internacional” de la Cámara. Ahí se recoge que en todo viaje deberá ser comunicado el lugar del desplazamiento, la composición de la delegación, la duración del viaje oficial y la cobertura de gastos. Cada viaje es autorizado por la Mesa del Senado, aunque aquellos que atañen al propio presidente, Pedro Rollán, o al resto de integrantes del órgano de gobierno de la Cámara se dan por autorizados de antemano.

La página web del Senado recoge una relación de todos los viajes oficiales, más de 100 en lo que va de legislatura. El último, por ejemplo, es un “viaje de una delegación del Senado, encabezada por su Presidente, con motivo de la organización por las Cortes Generales del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, 23 a 27 de marzo de 2026”.

La Cámara Alta abona los gastos del transporte y de alojamiento de los senadores que asisten al viaje. Además, se incluyen “dietas por desplazamiento (que tienen por finalidad cubrir gastos distintos de los anteriores como los de traslado a y desde el aeropuerto, almuerzos y cenas durante el viaje oficial)” o “los gastos derivados del uso de la Sala de Autoridades en los aeropuertos” (cuando viaje algún miembro de la Mesa), así como “otro tipo de gastos extraordinarios que se consideren necesarios”, aunque estos “deberán autorizarse específicamente”.

El acuerdo asegura al menos un puesto a los dos grupos mayoritarios (PP y PSOE) en los viajes que organizan las comisiones parlamentarias, y permite que la Mesa pueda autorizar que otras personas ajenas puedan incorporarse a la comitiva.

Los vuelos se contratan, de forma habitual, “en clase preferente”, mientras los trenes “en clase club o similar”. “Como criterio general”, apuntan las normas, “las habitaciones que se reserven serán de categoría estándar, dobles para uso individual y con desayuno incluido”.

Nueve millones en transporte

El gasto en viajes oficiales no es el único que asume el Senado. Ni siquiera es el más oneroso del capítulo. La Cámara también abona los “gastos de los desplazamientos de los senadores” en territorio nacional, un desembolso de dinero público que no ha parado de crecer desde 2014, año a partir del que la ley obliga a publicar los datos.

Descontadas ese primer año (incompleto) y las dos legislaturas sin investidura (en 2016 y 2019), el gasto ha pasado de poco más de 2 millones de euros en 2015 a los 3,57 millones de 2025, último año completo publicado en la web del Senado.

La evolución ascendente solo se ha visto interrumpida por la pandemia, que afectó a los ejercicios de 2020 y 2021. El salto se produce en la presente legislatura, cuando el gasto ha superado los tres millones de euros anuales. 

A diferencia del contrato para viajes oficiales, en este caso se trata del dinero efectivamente gastado, por lo que se publica con cierto decalaje una vez que se ha cerrado la contabilidad. Así, la última actualización es de este mismo mes de mayo, con la aprobación del coste del primer trimestre del año, que ascendió a 935.377 euros.

El total en la presente legislatura, de la que resta más de un año salvo que haya un adelanto electoral, asciende a 9,28 millones de euros. Es más dinero del que se consumió en las anteriores legislaturas completas (8,14 y 6,96, respectivamente).

La “actividad parlamentaria”, la más costosa

¿Y qué gastos se cubren? “El Senado cubre los gastos de los senadores en los medios de transporte colectivo (avión, tren, autobús o barco), para el desempeño de su actividad parlamentaria, para realizar actividades de naturaleza política, sectorial o de representación institucional, así como también los viajes oficiales que se realicen en representación del Senado”, asegura la web de la Cámara Alta. 

Ese primer punto que habla del “desempeño de su actividad parlamentaria” ocupa el grueso del desembolso año tras año, e incluye un reembolso de “0,26 euros por kilómetro, así como, en su caso, los importes de los peajes de autopistas” cuando se utiliza el vehículo propio.

Fuentes oficiales del Senado explican que, precisamente, las modificaciones al alza del contrato “se han realizado debido al aumento de la actividad parlamentaria e institucional de los miembros del Senado, lo que ha incrementado el volumen de servicios inicialmente previsto”. 

Durante esta legislatura, el PP usó su mayoría para ampliar las semanas que se celebran pleno de dos a tres, lo que implica un incremento del gasto de desplazamiento de los senadores, aunque en los seis primeros meses de 2026 solo en uno, abril, se convocaron efectivamente esos tres plenos.

El Senado recurre a sus 'ahorros'

Para asumir el incremento del coste en viajes y transporte el Senado ha tenido que recurrir en los últimos años a la transferencia de fondos de unos conceptos a otros, o incluso a tirar del llamado “Fondo de Remanentes Presupuestarios”, es decir, de los ‘ahorros’ de la Cámara de cada ejercicio que se guardan para financiar gastos extraordinarios o imprevistos. El problema es que la prórroga presupuestaria en la que vive España desde 2023 afecta también a las Cortes Generales, que tienen también prorrogadas sus propias cuentas. Así, las cámaras tienen que ‘mover’ cantidades entre capítulos para cuadrar las cuentas.

Por ejemplo, en los últimos meses se han pasado “140.000 euros, del subconcepto 48000 ‘A instituciones sin conferencias’ al subconcepto 22606 ‘Reuniones” u otros “140.000 euros, del subconcepto 48000 ‘A instituciones sin fines de lucro’ al subconcepto 22606 ‘Reuniones y conferencias”. Son solo algunos ejemplos de las muchas transferencias aprobadas en diferentes reuniones de la Mesa del Senado, que también ha tenido que recurrir al “fondo de remanentes”, a los ahorros, para ajustar los gastos.

Todas estas transferencias fueron votadas a favor por el PP y rechazadas por el PSOE. Fuentes socialistas consultadas por elDiario.es tildan de “vergonzoso que se utilice el dinero público del Senado para pagar las ocurrencias y la propaganda del PP”. 

“A nadie se le escapa que la proliferación de comisiones de investigación ha incrementado significativamente la actividad de una Cámara que, paradójicamente, no cumple con su función territorial y solo es utilizada de manera partidista para atacar al Gobierno y crear desinformación”, sostienen las mismas fuentes.

Desde el PSOE aseguran que han optado por abstenerse en las ampliaciones de los contratos y en las transferencias presupuestarias en que “nunca” se van a “oponer al funcionamiento normal del Senado, que incluye viajes oficiales y gastos de transporte para asistir a plenos y comisiones ordinarias”. “Pero sí nos mostramos contrarios al uso sectario que hace el PP de una institución pública que pagamos entre todos y que hoy se parece más a un circo que a una institución dedicada a mejorar la calidad de vida de la gente”, concluyen.

El PP considera que el Tribunal Constitucional es una de esas instituciones “invadidas” por el ‘sanchismo’. Un órgano tomado al asalto por el PSOE para ponerlo al servicio del Gobierno con sentencias como la de la ley de amnistía. Su principal ‘infiltrado’ es el presidente del órgano, Cándido Conde Pumpido. Su mandato concluyó el pasado mes de diciembre, pero el PP bloquea su renovación desde hace meses. La última prórroga, hasta el 30 de septiembre, se debe a la cántabra Virgen de la Bien Aparecida.

Así figura en las actas tanto de la Mesa del Parlamento de Cantabria como del propio Senado. La asamblea autonómica aprobó el pasado 4 de mayo pedir a la Cámara Alta retrasar la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional hasta después del 15 de septiembre. Ese día es la festividad autonómica de la Virgen de la Bien Aparecida, y el calendario de plenos no suele empezar hasta después de esta celebración. 

La decisión se tomó con el visto bueno de todos los miembros de la Mesa oída la Junta de portavoces. El PSOE aceptó con naturalidad la decisión sin cuestionarse si la demora en la elección responde a un interés político en Madrid, informa Olga Agüero.

En el Senado la votación fue distinta, tal y como figura en el acta de la reunión del 12 de mayo. El PP usó su mayoría absoluta para aprobar una nueva prórroga del plazo para presentar candidatos con el voto en contra del PSOE. El documento recoge las quejas de los representantes socialistas, que consideraron que no se había “ofrecido la debida justificación” y que, en todo caso, el Parlamento cántabro tenía muchas semanas por delante antes del verano para hacer sus deberes. 

El presidente de la Cámara, Pedro Rollán, zanjó el debate sin atender a estos razonamientos y aludió a una hipotética falta de acuerdo en el Parlamento Cántabro que no se había mencionado previamente, según el acta.

Un bloqueo con objetivo político

El Senado acumula así media docena de aplazamientos de la renovación del tribunal de garantías español, pese a que el PP lo ha puesto en su punto de mira como uno de los organismos que Pedro Sánchez ha “asaltado” para utilizarlo en su interés, con su presidente, Cándido Conde-Pumpido, como principal objetivo de las críticas de la derecha.

El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros, y se renueva cada tres años por bloques de cuatro magistrados. Un tercio le corresponde al Congreso, otro al Senado y el tercero se lo reparten Gobierno y Consejo General del Poder Judicial. La elección en las Cortes Generales requiere de una mayoría cualificada de tres quintos de cada Cámara, lo que ha obligado históricamente al entendimiento entre el PP y el PSOE, con momentos de participación de otros partidos.

En el caso del Senado, tres quintos representan 159 senadores. El PP tiene 143 (ha perdido alguno tras cedérselos a Vox en sus pactos autonómicos). Esos 16 senadores de diferencia explican el bloqueo al que la derecha somete al máximo órgano de interpretación de la Constitución española.

El mandato de los magistrados elegidos hace nueve años por el Senado concluyó el pasado mes de diciembre. Entre ellos está el actual presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, gran enemigo de la derecha ya desde los tiempos en que fue Fiscal General del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero.

El PP ha acusado a Pumpido expresamente de tumbar sentencias o avalar leyes para favorecer al PSOE y al Gobierno (como el ‘caso ERE’ o la amnistía a los líderes del procés, por ejemplo). También la judicatura se ha lanzado contra el presidente del Constitucional por revertir sentencias del Supremo.

El PP tiene la mayoría absoluta del Senado, y cabría pensar que querría sacar a Pumpido lo antes posible de uno de los cargos institucionales más relevantes que existen en España. Pero no. Los de Alberto Núñez Feijóo han hecho lo posible por posponer el relevo con diferentes excusas.

Pumpido mandó una carta al Senado en agosto de 2025 para recordar que debían poner en marcha el proceso de renovación. La Cámara tenía por delante varios meses para hacerlo, pero el PP optó por el bloqueo. 

La primera excusa para posponer la elección llegó al filo de noviembre, María Guardiola anunció la disolución de la Asamblea de Extremadura y la convocatoria de elecciones para diciembre. El Senado elige a los magistrados del Constitucional a partir de las propuestas que le llegan de los parlamentos autonómicos. Y con el extremeño disuelto, el PP pidió la prórroga.

La excusa decae cuando se constata que el Senado esperó al 15 de diciembre de 2025 para abrir formalmente el plazo de presentación de candidaturas, apenas a dos días de la expiración de los mandatos de los magistrados, y sabedores de que el arranque de 2026 estaría plagado de convocatorias electorales autonómicas.

Los comicios extremeños llegaron el 21 de diciembre. En febrero, fueron los de Aragón. En marzo, los de Castilla y León. Y en mayo, los de Andalucía. Cada elección ha dado lugar a su respectiva prórroga, aplicable a todas las regiones pese a que tanto antes como entre medias ha habido oportunidades para que dichas asambleas legislativas cumplieran con su obligación constitucional.

Porque no solo estas cuatro han pedido prórrogas y están pendientes de enviar sus candidatos. La Asamblea de Madrid, por ejemplo, reclamó el pasado 17 de abril retrasar el plazo con el objetivo de disponer de más tiempo para negociar, proponer y consensuar los perfiles entre los grupos parlamentarios. Su petición fue atendida y sirvió para llevárselo a después del verano.

Otros sí han cumplido. El Parlamento Vasco aprobó el pasado 30 de abril nominar para el cargo a Xabier Arzoz Santisteban y a Javier García Roca. Esta es, junto con la catalana, la única cámara autonómica donde el PP es irrelevante a efectos de una mayoría cualificada.

Dar la vuelta a la mayoría progresista

La realidad, expresada por diferentes dirigentes del PP, es que Alberto Núñez Feijóo no quiere pactar con el Gobierno de Sánchez para evitar los ataques de Vox. El líder de la oposición no quiso dar un perfil pactista con “la mafia”, como llaman al Ejecutivo, durante los procesos electorales de la primera parte del año. Así lo han referido altos cargos del PP en los últimos meses cuando se les ha cuestionado por el bloqueo a la renovación. 

Pero la derecha sueña, además, con ampliar su mayoría en el Senado en las próximas elecciones generales, lograr esos 16 escaños que le faltan para alcanzar los tres quintos y elegir los cuatro nuevos magistrados sin contar con el PSOE.

De esta forma, el PP daría la vuelta a la actual mayoría progresista del Tribunal Constitucional y podría elegir al futuro presidente del órgano.

El pasado marzo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, denunció en el Senado que el PP “incumple la Constitución” por no renovar “en plazo” el tribunal de garantías. “Fijemos día y hora, señora portavoz, señores del Grupo Parlamentario Popular. Nos sentamos esta misma tarde para empezar a hablar de la renovación”, dijo Bolaños.

No ocurrió. Y sigue sin ocurrir, confirman desde el Ministerio de Presidencia, “lo que evidencia la nula disposición del PP”. El departamento de Bolaños asegura a elDiario.es que “queda clara la voluntad expresa de la mayoría del PP en el Senado para incumplir el mandato constitucional de renovar el Tribunal Constitucional en el plazo debido”, y recuerdan que el partido de Feijóo ya lo hizo con “el Consejo General del Poder Judicial por cerca de cinco años”.

Estaban avisados, pero las derechas españolas quieren pasar de puntillas por el discurso de León XIV que criticó con dureza a los políticos que convierten a las personas migrantes en munición que disparar contra el Gobierno. Tanto PP como Vox hacen oídos sordos a las palabras que pronunció el Papa ante el Congreso y ya aplican medidas con la premisa de la “prioridad nacional” allí donde gobiernan en coalición. Un “eslogan” que no estaba tan “hueco” como dijo Juan Manuel Moreno. El presidente andaluz negocia su reelección y los ultras se quieren cobrar la pieza de que firme lo que antes rechazó.

Robert Prevost se convirtió el pasado lunes en el primer pontífice que ofreció un discurso ante el Congreso español. Ante una sesión conjunta de las Cortes Generales, el Papa reclamó una “respuesta” al “drama migratorio” que “vaya más allá de la mera gestión de flujos” de personas y que les ofrezca “vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración”.

La respuesta de las derechas ha sido la de rebajar la importancia de las palabras de León XIV. El portavoz del PP, Borja Sémper, calificó de “histórico” el discurso el mismo lunes. Una alocución “de altura y de nivel” que “interpela a todos”. “Compartimos de principio a fin” lo dicho por Prevost, añadió. Pero cuando hizo un repaso pormenorizado, obvió completamente lo dicho por el jefe de la Iglesia católica en relación a las personas migrantes.

Preguntado de forma expresa por los detalles del discurso, Sémper dijo que no iba a “entrar en una valoración de analizar en detalle” las palabras del Papa porque “sería muy poco cortés”. “De principio a fin nos interesa, cada uno se queda con la parte que le interesa”, dijo en declaraciones a los medios. “Nuestro partido es de corte humanista, ancla su manera de entender la política en el humanismo cristiano”, dijo Sémper, quien aseguró que “las personas migrantes merecen ser tratadas con dignidad”. El portavoz del PP concluyó con una defensa de los pactos con Vox: “En un momento como el actual, independientemente de donde haya nacido un ciudadano, hay que demostrar arraigo y reciprocidad”.

Más contundente fue el líder del partido ultra. Santiago Abascal dijo “no ver ninguna contradicción” entre las palabras de León XIV y las arengas de Vox a las “deportaciones masivas” de “millones de personas”, como han expresado de forma habitual sus dirigentes. El dirigente aseguró que no es lo mismo “el discurso y la política práctica”. Abascal pidió para España “la misma política migratoria” que el Vaticano.

El martes fue Ester Muñoz quien avanzó ante los periodistas que no iba a “reinterpretar las palabras del Papa”. Inmediatamente después, añadió: “Sí ha dicho que los migrantes tienen derecho a residir en sus lugares de origen. Ha hablado de la importancia de que los Estados lleven a cabo políticas migratorias en las que no haya caos. Ha hablado de que hay que luchar contra las mafias”.

Extremadura y Aragón ya aplican la “prioridad nacional”

El problema es que las acciones políticas de los gobiernos de PP y Vox van en sentido contrario.

En Aragón se ha dejado notar la “prioridad nacional” durante este primer mes de legislatura. El partido de extrema derecha ha impulsado varias medidas polémicas, especialmente en cuestiones relacionadas con la inmigración. La última: retirar dinero destinado a la cooperación al no renovar la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, que se sostenía en gran parte por los fondos aportados por el Ejecutivo autonómico. El líder de Vox en Aragón y vicepresidente, Alejandro Nolasco, justificó este martes la decisión en que los recursos públicos deben dirigirse “a quienes más lo necesitan aquí”.

Esta medida forma parte de lo que desde el Ejecutivo denominan “plan de recorte de subvenciones no prioritarias” que desarrolla la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia que dirige Nolasco: “Son muchísimos los aragoneses que están en situaciones de dificultad y a los que tenemos que atender de forma prioritaria”.

Nolasco aseguró que el convenio ha supuesto un coste de 678.000 euros para las arcas autonómicas en los últimos siete años, pero en respuesta la Universidad ha precisado que la aportación se había reducido desde 2024 a 30.000 euros anuales, frente a los 100.000 euros que llegó a recibir otros años.

No es el primer ámbito en el que se utiliza la “prioridad nacional” como argumento. Hace dos semanas, los grupos parlamentarios de PP y Vox en las Cortes de Aragón escenificaron su sintonía en materia de vivienda con la presentación conjunta de una proposición no de ley que apuesta por aplicar este principio en el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social. Vox vinculó la crisis de acceso a la vivienda con las políticas del Gobierno central y también con “la llegada masiva de 2,5 millones de inmigrantes”.

Por el mismo camino transita el Gobierno de Extremadura, la primera comunidad en la que PP y Vox suscribieron un acuerdo de coalición basado en la prioridad nacional. Y el acuerdo de Presupuestos ya recoge la agenda ideológica de la extrema derecha bajo el marco de la denominada “prioridad nacional”. 

Las cuentas incluyen un “tijeretazo” de 10 millones de euros dirigido de forma específica a las partidas de cooperación internacional y a las asociaciones que trabajan en la acogida y ayuda a personas migrantes en la región. De hecho, en este ejercicio desaparecerá la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID).

Es lo contrario a esas “vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración” que pidió Prevost. Así lo han advertido las ONG extremeñas, que han previsto ya la pérdida de 200 empleos y de programas de desarrollo que se ejecutan en el exterior, como América Latina y el África subsahariana, y la de acción humanitaria y emergencia, con la que se ayuda en caso de catástrofe. 

También se pondrá fin a la línea de educación para la ciudadanía global, que se desarrolla en los centros educativos extremeños para educar contra los discursos de odio. 

La medida ha provocado la reacción de la Iglesia. Las propias diócesis extremeñas (Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia), alineadas con sus delegaciones de misiones y Cáritas, han emitido un llamamiento público conjunto exigiendo a la Junta de Extremadura que reconsidere de inmediato el drástico recorte en cooperación al desarrollo. El objetivo de estos fondos es garantizar la dignidad humana en los países más vulnerables.

La negociación en Andalucía, en marcha

La “prioridad nacional” será también central en la negociación abierta entre el PP y Vox en Andalucía para la reelección de Juan Manuel Moreno, que perdió la mayoría absoluta en las recientes elecciones.

En la campaña, Moreno tildó la “prioridad nacional” de “eslogan hueco”, e incluso denunció que algunas propuestas de la ultraderecha son “irreales” y otras “ilegales”. Pero Vox no va a renunciar a una de sus principales banderas políticas, si no la más importante ahora mismo.

Los contactos entre el PP y Vox comenzaron la semana pasada, coincidiendo con la firma del tercer acuerdo de gobierno entre las derechas de esta nueva tanda, el de Castilla y León. Y la primera reunión oficial se produjo este martes, en pleno debate de investidura de Alfonso Fernández-Mañueco y después de que Moreno y Abascal coincidieran en la recepción oficial que Felipe VI organizó para el Papa en el Palacio Real. Allí, ambos estuvieron hablando un buen rato en solitario ante los ojos de muchas personas.

Este jueves se votará la Presidencia del Parlamento andaluz y el foco pasará a estar en el reparto de cargos en la Mesa para anticipar cómo van las conversaciones. Pero nada impide que las decisiones de ahora no puedan ser modificadas más adelante. Así ha ocurrido, por ejemplo, en Aragón, donde se cambiaron los equilibrios tras la firma del acuerdo PP-Vox.

Las conversaciones en Andalucía se producen “de momento, sin tutela” de la dirección nacional, según un dirigente del PP. Génova ha participado en los acuerdos de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Y se espera que también lo haga en este caso a su debido tiempo.

La dirección de Alberto Núñez Feijóo no se meterá en la entrada de Vox al Gobierno andaluz ni en el reparto competencial que se haga, llegado el caso. Pero sí revisará con lupa el posible pacto en aquellas materias de carácter estatal, especialmente lo referido a la “prioridad nacional”.

Y eso que, según otra persona que integra el Comité de Dirección, este es un “debate superado”, aunque el Papa todavía hará una escala más en su viaje por España: el municipio grancanario de Arguineguín, uno de los principales puntos de acceso de personas migrantes que intentan llegar por mar a Europa en busca de una vida mejor.

El halo de la visita del papa se esfumó pronto del Congreso de los Diputados para dar paso a otra batalla sin cuartel en la sesión de control de este miércoles. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido a Sánchez acabar “con esta basura” y convocar elecciones “para darle la voz a los españoles” a cuenta de los casos de corrupción del PSOE. “Es evidente que usted no tiene límites. Al final sí que pasará a la historia. Lo hará como inductor, financiador y beneficiado del caso de corrupción más grave de nuestra democracia”.

“Su gestapillo no será recordada por su pericia ni por sus éxitos”, ha incidido Feijóo, que ha señalado directamente a Sánchez. “La financiación de las primarias con dinero de la prostitución. Y usted no sabía nada. Sus dos manos derechas competían por el dinero de las mordidas en obra pública. Y usted no sabía nada. Corrían billetes por Ferraz y se pagaban orgías y cloacas con dinero público. Y usted no sabía nada. La SEPI rescataba empresas a través del tráfico de influencias. Y usted no sabía nada. Zapatero parece que era la joya de una trama internacional corrupta. Y usted no sabía nada. ¿Pero usted no se cansa de tomarle el pelo a los españoles? ¿Pero a quién se cree que está gobernando? Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente”, le ha espetado al presidente, al que se ha referido por sus iniciales, P.S, en referencia a las agendas de Leire Díez.

“Yo asumo mis errores, pero jamás voy a asumir su grado de hipocresía ni lecciones del partido de la Púnica, de la Gürtel, de la Kitchen, de la Policía Patriótica, del partido de Marcial Dorado”, ha contestado Pedro Sánchez, que ha acusado a Feijóo de no ser un líder político con las manos libres. “El problema es que usted no tiene voz propia. Usted es la voz de sus amos. Y yo ya sé que somos incómodos. Este Gobierno es incómodo para sus amos, para aquellos que ven mal el que se suba el salario mínimo interprofesional, que se revalorice las pensiones, que se fortalezca el Estado del bienestar, que se aprueben leyes que benefician a la convivencia territorial y no a la confrontación territorial, que es donde ustedes están siempre instalados”.

“Llevan ocho años haciendo oposición marrullera. Sigan con sus maniobras, todas las que quieran, que nosotros seguiremos gobernando todos los años que quieran los españoles hasta 2027 y mucho más allá. Y le diré una cosa, señoría. Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M.Rajoy”, le ha respondido al líder del PP, a quien ha recordado que la sede de Ferraz “no está pagada con dinero negro” como la de la calle Génova.

A Sánchez le acompañaron en la bancada del Gobierno durante su intercambio de reproches con Feijóo varios de los pesos pesados de su Ejecutivo, incluidos los vicepresidentes primero y tercera, Carlos Cuerpo y Sara Aagesen. No estuvo presente, por el contrario, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que optó por no acudir a la sesión de control y evitó por segundo día consecutivo pronunciarse sobre las acusaciones conocidas el martes de maltrato laboral —que ella niega— contra la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, mano derecha de Díaz en lo orgánico. Fuentes del Ministerio de Trabajo argumentan que la ausencia de la vicepresidenta en la Cámara Baja se debe a que tiene “varias reuniones” fijadas este miércoles por la mañana. 

La visita del papa León XIV a España ha provocado una leve tregua en el polarizado sistema político. Ni siquiera se han escuchado muchas voces críticas al propio jefe de la Iglesia. Pero la ‘paz vaticana’ no ha durado lo mismo que el viaje de Robert Prevost. Con media agenda todavía sin cumplir y en pleno vuelo de Madrid a Barcelona, la oposición ha dado por cumplida su cortesía con el ilustre invitado y se ha lanzado en tromba contra el Gobierno.

El fin de la tregua fue anunciado oficialmente por la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso. “El Papa ha dejado ya el Congreso. Madrid creo que también. Está volando otros destinos en nuestro país y la actualidad sigue”, aseguró Muñoz. 

León XIV ha estado en Madrid cuatro días, en los que ha celebrado once actos públicos. En los dos días que estará en Barcelona participará en otros siete. Después, el papa viajará a la isla de Gran Canaria, donde visitará la localidad de Arguineguín para participar en un homenaje a las personas migrantes fallecidas en el mar en su intento de llegar a Europa.

La propia portavoz reconoció que la presencia del papa en Madrid (no en España) había motivado el silencio del PP ante nuevas publicaciones sobre los supuestos casos de corrupción que afectan al Gobierno. Su marcha hacia Barcelona levantó el veto y Muñoz recordó, por ejemplo, que “la acusación popular” ha pedido la imputación de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero en la causa contra su padre en la Audiencia Nacional. Eso sí, obvió decir que esa “acusación popular” la ejerce el PP.

“Todas las investigaciones contra el Gobierno y el PSOE avanzan, y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de corrupción institucionalizada y de delincuencia del Estado”, añadió Muñoz. “No era una periodista de investigación”, apuntó sobre Leire Díez. “No era una simple militante. No era la 'pequeña Nicolás'. No había solo una foto. Era un agente de [Pedro] Sánchez que tenía información, como estamos pudiendo comprobar en todas esas agendas que ella escribía, de altos organismos e instituciones del Estado”, zanjó.

Muñoz elevó el tiro y, mientras se desarrolla el juicio contra la trama Kitchen (el uso del aparato del Estado para destruir las pruebas de la corrupción del PP), apuntó: “La gran guerra sucia que hemos vivido esta legislatura no era para acabar con el Gobierno, era la guerra sucia desde Ferraz y desde parte del Gobierno”.

“Eso es pura corrupción de Estado”, concluyó.

Ayuso: “¿Nosotros polarizamos?”

En su inédito discurso ante el Congreso, el jefe de la Iglesia Católica se refirió a la “profunda crisis espiritual y cultural” que, dijo, atraviesa el mundo, y que “se manifiesta en múltiples formas de violencia, polarización y desconfianza recíproca”. Este martes, ya en Barcelona, León XIV reclamó “construir armonía y comunión, más allá de toda polarización”. Pero en el PP no se dan por aludidos. “No nos sentimos en absoluto interpelados sobre la polarización”, dijo Muñoz, quien pidió “no reinterpretar las palabras del Papa”. “Voy a escucharlas y voy a hacer examen de conciencia”, afirmó, para zanjar: “Todos estamos en contra de la polarización”.

También respondió sobre el discurso del papa la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una entrevista en Antena 3. “¿Nosotros polarizamos? Nosotros no nos callamos”, dijo, para inmediatamente comparar la España de 2026 con la de hace décadas, cuando la organización terrorista ETA estaba activa. “Esto es como en el País Vasco, asesinaban a gente y sus víctimas tenían que, de madrugada, enterrar a los suyos por el 'algo habrán hecho”, aseguró, para sostener que “por encima de izquierda o derecha” en España hay “mafia de Estado”.

Después, Ayuso acudió a la despedida oficial a León XIV en el aeropuerto de Barajas.

Esa idea de convertir la supuesta corrupción en una cuestión “de Estado” también llegó al Senado, donde la portavoz del PP, Alicia García, quien señaló a la directora de la Guardia Civil por “borrar los chats” de su teléfono. “Uno no borra lo que no tiene que esconder”, dijo.

“Las cloacas nacen con la carta de Sánchez, con la imputación de Begoña Gómez”, aseguró. “¿Ha preguntado a [Félix] Bolaños quién es Leire para recibirla en la Fiscalía General?”, espetó al vicepresidente primero, Carlos Cuerpo. “¿Por qué mandos de la Guardia Civil han declarado ante el Supremo que les pidieron ponerse de perfil?”, añadió.

García reprochó al Gobierno no querellarse contra Leire. “Nadie se querella contra su propia fontanera”, explicó, para recordar que en la agenda de la ya exmilitante del PSOE aparecen las siglas “P.S.”. “La UCO identifica ”el one“ con el presidente”, apuntó, para concluir: “Nadie monta delincuencia de Estado para proteger a quien no la necesita”.

Precisamente el Senado avanzó el martes en sus propias pesquisas de la supuesta corrupción del Gobierno con la aprobación de las modificaciones de los trabajos que ha reclamado el PP. Entre otras cuestiones, el incluir en la lista de posibles comparecientes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y a otros señalados por el auto del juez Santiago Pedraz.

De momento, no hay fecha para sus citaciones. El PP contemporiza gracias a su mayoría absoluta en el Senado, y busca maximizar el impacto de cada uno de sus movimientos, aunque no sean más que cuestiones técnicas, como es el caso. Sí tendrá más importancia la comparecencia de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en la Comisión de Interior del Senado para explicar sus reuniones con Leire Díez.

Aunque el PP había planteado la obligación de que acudiera sí o sí este jueves, 11 de junio, González ha descartado su asistencia. ¿El motivo? Que León XIV seguirá en España y, por tanto, la directora de la Guardia Civil tendrá que estar pendiente del dispositivo de seguridad que protege la estancia del papa en el país.

González sí irá al Senado el próximo martes 16 de junio. Para ese día, León XIV ya sí habrá abandonado España. Un detalle menor para un PP que ha considerado amortizada su presencia al cruzar el límite entre Madrid y Guadalajara.

Tres pactos de gobierno entre el PP y Vox en tres comunidades autónomas con un eje común: la “prioridad nacional” de los ultras. El acuerdo cerrado este miércoles en Castilla y León sigue la pauta de los sellados en Extremadura y Aragón: ejecutivos conjuntos, vicepresidencia y tres consejerías para la extrema derecha, además de limitar el acceso a determinados servicios públicos en función del origen del demandante. El foco se pone ahora en Andalucía y en Juan Manuel Moreno, quien advirtió en campaña electoral -hace menos de un mes- que la idea de Vox es “irreal” cuando no “ilegal”.

Moreno no tiene prisa por iniciar la negociación formal con Vox para pactar el Gobierno en Andalucía, aunque los votos de Vox son imprescindibles para que el barón del PP logre su tercer mandato al frente de la Junta. El presidente en funciones quiere apurar hasta la sesión constitutiva del Parlamento andaluz, el próximo jueves 11 de junio, para abrir el diálogo con la extrema derecha.

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, dio un primer (y pequeño) paso este miércoles, al telefonear al candidato andaluz de Vox, Manuel Gavira, para “pedirle una reunión”, pero ni se ha concretado fecha para reunirse ni ha habido conversaciones aún, confirman fuentes del Gobierno andaluz en funciones.

Ninguno de los dirigentes consultados por elDiario.es contempla la posibilidad de que la formación del Gobierno andaluz se retrase hasta después del verano. La cita parlamentaria de la semana que viene servirá para medir el estado de las relaciones entre el PP y Vox en Andalucía, donde los ultras han desplegado una de las campañas más agresivas contra Moreno, quien habitualmente pone distancia pública con los planteamientos de Vox y ha rechazado gobernar con ellos.

El problema es que, hasta el momento, el mini ciclo electoral abierto por el PP el pasado mes de diciembre ha confirmado la dependencia que tienen los de Alberto Núñez Feijóo del partido de Santiago Abascal. Extremadura celebró elecciones a finales de 2025, y cuatro meses después María Guardiola fue investida presidenta, tras sellar un acuerdo político con Vox que incluía dos consejerías, una con rango de vicepresidencia, para la extrema derecha. Aragón celebró sus comicios el 8 de febrero y Jorge Azcón fue reelegido presidente el 29 de abril. En este caso, el barón del PP también formó un Gobierno de coalición con Vox, que aumentó el precio y arrancó tres consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia.

El tercer acuerdo ha llegado en Castilla y León, que fue a las urnas el 15 de marzo. El pacto para hacer presidente a Alfonso Fernández Mañueco se anunció este miércoles. Vox repite: tres consejerías, una de ellas vicepresidencia.

En Andalucía todavía no ha transcurrido un mes desde las elecciones del 17 de mayo y el reloj del calendario legislativo no empieza a andar hasta la semana que viene. Vox quiere añadir la muesca andaluza a sus acuerdos de gobierno con el PP en las otras tres comunidades —todos sujetos al principio xenófobo de la “prioridad nacional”—, pero Moreno pretende hacer valer su peso político y virar el rumbo que han seguido sus compañeros, aunque haya perdido la mayoría absoluta que le convertía en un líder incontestable tanto ante los de Abascal como para la dirección nacional del PP.

La estrategia de Moreno pasa ahora por volcar toda la presión sobre sus futuros aliados, dejando patente que él no tiene ninguna ansiedad por estrechar lazos políticos con Vox, el partido “sin experiencia en las instituciones” y “sin profesionales preparados”, que puede meter a Andalucía en un “lío gordo”, contra el que viene advirtiendo durante toda la campaña electoral.

Génova prefiere acuerdos homogéneos

Moreno quiere evidenciar que hoy ni él ni el PP andaluz son los mismos de 2019. Entonces salían de las urnas con el peor resultado de su historia (26 diputados), necesitaban los 33 votos de otras dos formaciones para ser investido presidente —Ciudadanos y Vox— y ni siquiera ostentaba el suficiente liderazgo dentro de su partido como para poder pilotar él mismo las negociaciones de su investidura. Estas recayeron en manos de Teodoro García Egea, 'número dos' del entonces presidente nacional del PP, Pablo Casado.

La situación hoy es bien distinta. El barón andaluz se ha quedado a dos escaños de la mayoría absoluta (53 diputados) y aspira a gobernar en solitario llegando a pactos puntuales con Vox, al que prevé convertir en un aliado de legislatura, pero dejarlo fuera del Consejo de Gobierno.

La dirección nacional del PP apuesta por que los acuerdos autonómicos sean homogéneos y no se generen distorsiones entre los diferentes territorios. Esta misma semana insistía en la idea un destacado miembro del equipo de Feijóo, quien auguraba en conversación con los periodistas que el pacto de Castilla y León seguiría la senda de los dos anteriores. Una idea aplicable a Andalucía también.

Frente al silencio táctico de Moreno, los de Abascal no han parado de lanzar mensajes contradictorios desde el 17-M: que negociarán atendiendo “a la proporcionalidad”, pero no le regalarán los dos escaños que necesita al candidato popular; que no cometerán “el error” de 2019, cuando decidieron no entrar en el Gobierno andaluz y el PP les “engañó”: esta vez exigirán varias consejerías; que no les importa tanto “los sillones como las políticas...”.

Lo que no ha variado en el discurso de Vox es fijar una línea roja irrenunciable: la “prioridad nacional”. Es el requisito de corte xenófobo que han impuesto en sus acuerdos con los populares en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Durante la campaña electoral, el barón andaluz del PP minimizó la importancia de este criterio —discriminar a los inmigrantes en el acceso a las prestaciones públicas— asegurando que era “un eslogan irreal”, y que tampoco le importaba cómo lo llamasen, porque ni encaja en el ordenamiento jurídico ni en la Constitución.

Algunos interpretaron de esas palabras, citadas en campaña, que el popular estaba despejando la pista para el aterrizaje de la “prioridad nacional” en Andalucía, restando importancia a las consecuencias prácticas de ceder en la batalla cultural de la ultraderecha. “Andalucía no puede ser menos, que se cumpla la voluntad de los andaluces”, ha zanjado este miércoles Gavira, tras consumarse el pacto de gobierno en Castilla y León.

Pero Moreno ni se siente concernido por las insistentes llamadas de Vox para iniciar cuanto antes la negociación, ni por el aviso de la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, que la semana pasada advirtió al barón andaluz de que sus acuerdos con Vox en Andalucía tendrán que cumplir con las directrices del documento marco del PP presentes en los acuerdos alcanzados en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El presidente de la Junta en funciones despacha directamente con Alberto Núñez Feijóo, que le ha dejado “manos libres” para “administrar sus tiempos” y “seguir sus estrategias, pegadas al terreno” para lograr su objetivo, confirman fuentes próximas al líder autonómico. También desde Génova, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, el malagueño Elías Bendodo, ha lanzado este miércoles un mensaje más próximo al planteamiento de Moreno que al de Gamarra.

“Las conversaciones empezarán de forma inminente en Andalucía”, por el simple hecho de que la semana que viene se constituye el Parlamento, y ambos partidos deben decidir si negocian el nombre del presidente de la segunda institución de Andalucía y el reparto de los miembros de la Mesa, órgano rector de la Cámara. “Será una negociación claramente en clave andaluza”, ha puntualizado Bendodo en una entrevista en Canal Sur Radio.

Sin plazo para el Pleno de investidura

El reloj de la negociación no empieza a andar hasta la sesión constitutiva del Parlamento, el próximo jueves, cuando los 109 diputados tomen posesión de sus escaños y voten la composición de la Mesa. Si PP y Vox no han cerrado un acuerdo previo para ese día, cada partido votará a sus candidatos para presidir el Parlamento, que quedaría en manos de los populares.

Ni en Extremadura ni en Aragón ni en Castilla y León, la extrema derecha ha mostrado especial interés por presidir la Cámara legislativa, que tiene un papel crucial para medir los tiempos de la legislatura y priorizar unas iniciativas sobre otras. En una legislatura sin mayoría absoluta este órgano será clave.

Constituida la Cámara, el nuevo presidente del Parlamento —el PP baraja ya el nombre de una consejera— abrirá una ronda de contactos con los portavoces de todos los grupos para proponer un candidato a la presidencia de la Junta. El reglamento de la Cámara fija un límite de 15 días hábiles para proponer candidato, pero no para la celebración de la sesión de investidura. Para eso no hay un plazo estipulado. Quien controle la Mesa del Parlamento andaluz puede proponer un candidato y convocar el Pleno para su votación la semana siguiente, o dos semanas después o dos meses después.

Es un momento clave, porque lo que activa la cuenta atrás para una hipotética repetición electoral es la fecha del Pleno de investidura, a partir de ahí, el Estatuto de Autonomía fija dos meses de plazo, si ningún candidato ha logrado los apoyos necesarios para formar gobierno, se disuelve automáticamente la Cámara y se convocan elecciones.

Pero mientras no se convoque el Pleno de investidura, el reloj no corre. Eso sí, no hay antecedentes de que se haya demorado tanto tiempo [en Extremadura pasaron dos meses desde la constitución de la Asamblea hasta la primera votación fallida de la investidura de María Guardiola].

En Andalucía, estirando muchos los plazos se podría llevar el debate de investidura de Moreno al mes de septiembre, pero sería este un escenario extremo. Lo razonable es que se convoque, a más tardar, en el mes de julio. Nunca se ha hecho en agosto, aunque el nuevo presidente del Parlamento podría estudiar esta opción como algo extraordinario, pero es poco probable.

Las tres fuerzas de izquierda en la oposición -PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía- están convencidas de que habrá nuevo Gobierno de Moreno antes del verano y que sus tiras y aflojas con Vox en la negociación previa “son puro teatro”. “Esto ya lo vivimos en 2019. Lo tienen ya todo más que atado”, advierten fuentes socialistas.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, comparecerá el próximo martes 16 de junio en la Comisión de Interior del Senado para dar cuenta de las reuniones que mantuvo con Leire Díez la 'fontanera' relacionada con el PSOE que, según investiga la Audiencia Nacional, habría maniobrado de forma ilegal para hacer descarrilar las pesquisas judiciales y policiales que afectan al ala socialista del Gobierno.

González ha reconocido ya que en el pasado tuvo varias reuniones con Leire Díez, pero ha afirmado que “jamás” ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil, ni tampoco “ha interferido en ninguna investigación”.

Según la directora, se vio en persona con la ya exmilitante socialista. Esta le habló en el último de esos encuentros del comandante Rubén Villalba, que fue detenido al principio del 'caso Koldo'. Según explican fuentes de la Guardia Civil, Díez le preguntó si habría algún tipo de posibilidad de que el comandante Villalba pudiera retornar a su puesto de trabajo, “una petición que la directora rechazó de plano, recordándole que éste se encontraba sin destino por su presunta implicación en un caso judicial” y “dándose por finalizado inmediatamente dicho encuentro”.

En el sumario de la causa, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acreditan tres encuentros entre Mercedes González y Leire Díez. Los agentes infieren que esos tres encuentros y el resto de contactos telefónicos entre González y Díez motivaron las informaciones reservadas que se abrieron en el seno de la Guardia Civil para determinar el origen de las filtraciones a los medios. En un audio que también consta en el sumario de la causa, Díez afirma ante terceros que Mercedes González es de su “confianza”.

Tras difundirse estas reuniones, el PP citó de urgencia a González en el Senado, donde tiene mayoría absoluta y, por tanto, el control de los tiempos. Pero la normativa no obliga a las comparecencias en comisión, salvo en los casos especiales de las comisiones de investigación.

González informó al Senado de su imposibilidad de acudir este jueves por el despliegue de seguridad alrededor del viaje de León XIV a España. La directora de la Guardia Civil asistirá el próximo martes, un día después de la citación de Begoña Gómez en sede judicial y un día antes de que lo haga el imputado José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional.