La Mesa de la Asamblea de Madrid ha suspendido temporalmente ley del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por la que se reconoce al embrión como miembro de la unidad familiar. Según fuentes parlamentarias, esta norma, que se iba a aprobar en el pleno este jueves por la mayoría absoluta del PP y que es una de las grandes apuestas del Ejecutivo, ha sido suspendida por problemas de forma que se intentarán resolver en los próximos días.

La suspensión viene por la petición del PSOE de la Comunidad de Madrid, que pidió la nulidad del procedimiento y que se devolviese el texto al Consejo de Gobierno. En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista, Lorena Morales, ha criticado que Ayuso “siete años después de que anunciara esa ley”, es “incapaz de traer un texto medianamente en condiciones”. “Esta ley no puede seguir adelante, la prioridad tienen que ser las mujeres y su bienestar”, ha indicado.

Según explican fuentes parlamentarias a elDiario.es, el Gobierno de Ayuso no envió tres informes: uno de Gestión de tributos, Dirección general de atención al ciudadano y otro del Consejo de la Infancia, de la Agobacía General de la Comunidad de Madrid. Este último es el que indicaba defectos en la forma de la ley y es por el que el PSOE ha solicitado la nulidad de la tramitación: “Sin la subsanación de las deficiencias de carácter esencial, el proyecto no estaría en condiciones de continuar su tramitación”, indican en el escrito remitido a la Mesa de la Asamblea. Este martes fue cuando entraron los informes a la Asamblea, pero el PSOE denunciaba que el anteproyecto de ley llegara al Consejo de Gobierno sin esos escritos.

Según el texto, la Abogacía de la Comunidad había solicitado la definición clara del alcande de la ley, la unificación del requisito de las semanas de gestación —para solicitar ayudas, el embrión cuenta desde el momento de su concepción, aunque para solicitar el carné de familia numerosa, tiene que tener más de 14 semanas— y la eliminación de la obligación de que se presente exclusivamente de forma online, entre otras cuestiones.

Además, el Grupo Socialista también critica que el procedimiento de aprobación por el que se iba a llevar a cabo la ley fuese el de “lectura única”: “Al faltar estos tres informes en el expediente original, los grupos parlamentarios no han podido evaluar el impacto real de la norma”.

Ahora, tras la decisión de la Mesa, se pretende resolver “en los próximos días” el error, aunque la actividad parlamentaria se paraliza este jueves hasta el mes de septiembre, cuando se vuelven a retomar los plenos en la Asamblea de Vallecas.

Una de las apuestas del Gobierno de Ayuso

La ley del 'concebido no nacido' es una de las grandes apuestas del Gobierno de Ayuso. Aunque la presentó hace años, ha sido hace solo unas semanas cuando el Ejecutivo regional aprobó el Proyecto de Ley para que el embrión fuese considerado “un miembro más de la unidad familiar” y así que pudiese contar para acceder a beneficios y ayudas en la Comunidad.

El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, explicó que la norma que buscaba “proteger la vida y ayudar a las familias que decidan tener un hijo” a través del reconocimiento del “concebido no nacido”.

Ya desde su presentación contó con las críticas de la oposición, tanto del PSOE de Madrid como de Más Madrid, que tras la noticia de este miércoles han asegurado que Ayuso “está más pendiente de montar un show mediático para los negacionistas del derecho al aborto que de legislar con sentido común y favor de los derechos de la infancia”.

Más Madrid confirma que no habrá alianza con Izquierda Unida y Movimiento Sumar para las próximas elecciones autonómicas de 2027. El partido de Mónica García ha asegurado que continúan trabajando “con el resto de formaciones políticas” para una hipotética coalición que dispute el poder a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Según fuentes del partido, “no hay nada sobre la mesa” en cuanto a posibles pactos futuros y argumentan que siempre han ido sin Izquierda Unida en la Comunidad, aunque no descartan alianzas puntuales en municipios como Rivas Vaciamadrid.

La decisión viene después de que tanto IU como Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid mostrasen su sintonía a través de la celebración de diferentes actos en el marco de la coalición para las generales, 'Un paso al frente', que presentaron el pasado 21 de febrero.

Desde Izquierda Unida muestran este miércoles su sorpresa ante la decisión de Más Madrid y aseguran que seguirán intentando conseguir esa alianza teniendo en cuenta la “buena” relación que han mantenido y mantienen los dos partidos en la Comunidad y también a nivel nacional. En cualquier caso, IU Madrid insiste en que se presentarán sí o sí a las próximas elecciones autonómicas, ya sea con otras fuerzas políticas o en solitario. “Queremos ir lo más acompañados posible, pero si los demás no tienen altura de miras iremos en solitario y con nuestras siglas por delante”, espetan fuentes de la federación madrileña de IU.

“Francamente, no entendemos que una decisión de este calado se traslade a través de fuentes o comunicados. Si alguien quiere hablar del futuro de la izquierda madrileña lo razonable es hacerlo en las mesas correspondientes, con respeto entre organizaciones y con altura de miras”, critican por su parte fuentes de IU federal, que califican de “irresponsabilidad” la decisión de Más Madrid. “Resulta difícil de entender que se hable de construir un frente amplio en el ámbito estatal mientras se descartan alianzas en uno de los territorios donde más falta hace una alternativa sólida a la derecha”, argumentan igualmente esas fuentes, que avisan de que está en juego “mucho más que una fórmula electoral de cara a unos comicios autonómicos”.

La formación de la ministra de Sanidad ya había descartado previamente una posible alianza con Podemos, ahora que Ione Belarra ha anunciado que será la candidata del partido para los comicios autonómicos de 2027. La líder de la formación morada encabezará una lista para intentar recuperar la representación que perdió el partido en 2023. Cuando anunció su candidatura, Belarra lamentó que “todo el mundo” se hubiese “rendido”. “El PSOE no presenta” en la región “más que candidatos de cuarta” y Más Madrid, a su juicio, se siente muy cómodo liderando la oposición. Ahora, fuentes del partido de Mónica García piden a Podemos que centre sus críticas en Isabel Díaz Ayuso.

Este lunes las colas eran similares a las de todos los días en las oficinas de Metro de Madrid en Sol. El personal que atiende a los usuarios trabaja como de costumbre, aunque salen a recordar la novedad que ya ha entrado en vigor: solo podrán solicitar la Tarjeta de Transporte Público Personal, el abono de transportes, aquellas personas que estén empadronadas en Madrid. Asociaciones y usuarios critican la medida del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que principalmente afecta a estudiantes, trabajadores en la capital que viven en otras comunidades y personas migrantes: “Perjudica a muchos inmigrantes. Hay mucha gente que alquila pisos y quienes se los alquilan no los quieren empadronar. Imagínate esa cantidad de gente cómo va a estar”.

Habla Cecilia, una de las usuarias de Metro de Madrid que hacen cola en la céntrica estación. En su caso, ella sí está empadronada y disfruta del abono, pero asegura que tiene “muchas amistades” que no lo están. “Incluso para regularizarse están haciendo un padrón policial. Imagínate tanta gente sin poder trabajar. Imagínate cuánto se gastan a diario en los pasajes sin tener el bono”, dice, en declaraciones a elDiario.es.

No es complicado encontrar a personas que, como Cecilia, aunque llevan ya un tiempo viviendo en España y, concretamente, en la capital, sí tienen conocidos a los que esta medida les afectará. Es el caso de Camila, que lleva ya cuatro años en el país y que es de Perú. A ella no le afectará porque está empadronada, pero a un familiar suyo, que acaba de venir para estudiar, sí. Entre el bullicio del resto de usuarios con prisas para subirse al metro, la joven relata las dificultades a las que se enfrentan las personas migrantes en la capital para solicitar el empadronamiento. “Tú vas a alquilar una habitación y un piso y muchas veces, aparte de las mensualidades y todo eso, te piden 400 euros o así” para poder empadronarse. “Mi prima alquiló una habitación, pero tenía que pagar 700 euros más” para poder solicitarlo.

Camila asegura que incluso ha llegado a ver grupos en redes sociales que cobran cientos de euros para que las personas migrantes se empadronen. “Están haciendo con todo esto un negocio”. Como en el caso de otros usuarios, la joven también entiende que se pida un empadronamiento, aunque reconoce que “perjudica a muchas personas”. “Es una pena, se sobreentiende pero es que también hay que ponerse...” [en la piel de esas personas].

Los trabajadores de la oficina siguen con normalidad su turno. Uno de ellos explica a elDiario.es que se esperaban una situación más caótica, pero dicen que en general la gente sí conoce la nueva medida, a excepción de unos pocos. Eso sí, asegura que quedan semanas todavía para recordar el cambio.

Las asociaciones tachan la medida como un “instrumento de exclusión social”

Uno de los argumentos que este lunes se han escuchado por parte del PP de Madrid es que esta medida no va contra los migrantes ni contra “ningún colectivo” en concreto. Unas declaraciones que desde Red Acoge critican por ser “muy engañosas”. “La Comunidad de Madrid no desconoce quiénes son las personas que tienen dificultades para el empadronamiento”, asegura Natalia Slepoy, responsable de área de incidencia de la asociación. “No se quiere personas con derechos, sino esclavos sin ningún tipo de reconocimiento”, asegura.

¿Y quiénes son esas personas? Aquellas que están en “situación de mayor vulnerabilidad”, que tienen más dificultad para acceder a una vivienda o que incluso están en situación de calle, y también personas como las trabajadoras internas. “Los ayuntamientos están poniendo obstáculos y están incumpliendo la legislación vigente que dice que toda persona tiene el derecho de empadronarse y el ayuntamiento la obligación de que esa persona esté empadronada sin importar la situación administrativa”, advierten.

Justo las personas no empadronadas son las que más complicado tienen para salir de esa situación de exclusión: “Quien no está registrado, no existe”. Pero es que además también afecta al conjunto de la población: “Si no están censadas todas las personas, las políticas públicas no serán acordes al conjunto de la población”. “Cuando se adoptan medidas como estas, el padrón se convierte en un instrumento de exclusión social”. Slepoy también pone de ejemplo el aumento a diez años de empadronamiento para acceder a una vivienda pública o “cuando se dificulta el acceso a la atención sanitaria, que en Madrid se incumple la ley reiteradamente”. “Medidas como estas son una política de prioridad nacional encubierta”.

Este mismo lunes, la presidenta de la Comunidad aseguraba que la medida se decidió porque el “contribuyente madrileño sufraga con sus impuestos el 90% del transporte público” y que este requisito se establece porque “hay que pagar” gastos como nóminas o modernizaciones de los vehículos. Sin embargo, para Red Acoge esto tampoco es del todo así: “Las personas, aun en situación irregular, contribuyen con sus impuestos indirectos a las arcas públicas y, por tanto, a pagar las nóminas de trabajadores que sí están regularizados”.

Hablan sobre esta cuestión Rocío y Elizabeth, dos mujeres que descansan bajo los toldos en las primeras horas de la tarde en la Plaza del Sol. “Si tú trabajas y pagas tu cotización, se supone que sale de ahí” el dinero para servicios públicos como el transporte, argumentan, independientemente de si están empadronadas o no. “Nosotros también pagamos”. Ambas tienen el padrón y los papeles en regla, pero el hijo de una de ellas vendrá a Madrid en julio y se encontrará con la nueva norma. “Va a ir a estudiar, al colegio y no se va a poder movilizar”, lamenta. O sí se va a poder movilizar, pero pagando lo que cuesta la tarjeta de diez viajes, un dinero que puede suponer un buen monto mensual si se utiliza mucho el transporte público. Ellas también relatan las dificultades a las que se enfrentan para conseguir el empadronamiento. “Es injusta”, dicen, sobre la medida.

Pero en las colas del metro también hay diversidad de opiniones: algunas personas procedentes de otros países, pero ya empadronadas y regularizadas aquí, consideran razonable la medida. Otras dos mujeres que aguardaban su turno, en este caso españolas, aseguran que está “muy bien hecho”. “Que se empadronen en un sitio, como nos tenemos que empadronar todos”, dicen en declaraciones a elDiario.es.

Fuera de la estación, Juan, de Perú, aguarda apoyado en un muro. El hombre asegura que “lo han complicado un poquito más”, pero que “tendrán sus razones”, aunque reconoce que es complicado para las personas que vienen de otros países poder conseguir darse de alta en el censo. Ahora Juan está empadronado y a punto de conseguir los papeles pero recuerda cómo fue para él cuando llegó a la capital. “Así como yo alguna vez estuve en esa situación, espero que haya alguna solución, alguna salida favorable para aquellas personas que también tienen derecho a estar, a disfrutar libremente de aquí, de España, que es un país hermoso”, dice a elDiario.es.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido este lunes al polémico anuncio del Consorcio Regional de Transportes (CRTM), que ha decidido excluir a los no empadronados de la Tarjeta de Transporte Público Personal, un abono que sirve para obtener bonificaciones en la red de Metro, bus o Cercanías. La decisión perjudicará sobre todo a estudiantes y personas migrantes que vivan en la región. Según ha asegurado Ayuso, su Ejecutivo pretende “promover acuerdos con más regiones” para los jóvenes universitarios.

Durante un desayuno informativo, la líder del PP de Madrid ha indicado que los nuevos requisitos, aplicables desde este mismo lunes, no afectarán a “los usuarios de provincias limítrofes” con las que la Comunidad tiene “convenio” y ha asegurado que esta decisión responde a “otra realidad”: “El contribuyente madrileño sufraga con sus impuestos el 90% del transporte público, lo use o no lo use”. Según ha continuado la presidenta regional, “hay que seguir” modernizando este transporte y adaptándolo, una situación que “hay que pagar”.

Ayuso ha indicado que ya hay convenio con algunas poblaciones de Castilla-La Mancha y Castilla y León y ha dicho que se seguirán impulsando otros acuerdos regionales para que los estudiantes puedan acogerse a las bonificaciones, aunque no se ha referido a las personas migrantes que se quedarán fuera por no estar empadronadas en la Comunidad de Madrid.

Críticas de Más Madrid

Más Madrid ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la Asamblea de Vallecas para la “retirada inmediata” de la disposición. La portavoz del partido, Manuela Bergerot, ha asegurado que la medida “va a hacer la vida más difícil” tanto a estudiantes como a trabajadores que mantienen el padrón en sus provincias de origen y a “miles de personas migrantes que, en distintas situaciones administrativas, encuentras trabas para empadronarse en la Comunidad de Madrid”.

“Ayuso no necesita a Vox para hacer la vida más difícil a las personas migrantes”, ha asegurado. El partido también preguntará sobre el tema en el próximo pleno de la Asamblea de Vallecas.