La relación de Leire Díez con la Fiscalía General del Estado es, junto a los contactos con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, uno de los aspectos más llamativos del modus operandi de la trama, cuyos integrantes están imputados en la causa que investiga el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional por pertenencia a organización criminal, entre otras cosas, tras intentar presuntamente desactivar causas judiciales que afectaban al Gobierno obteniendo información de agentes y jueces mediante sobornos y extorsiones.

El papel de Gaspar Zarrías gana peso en la trama Leire. El exvicepresidente de la Junta de Andalucía durante la etapa de Manuel Chaves no sólo habría financiado la actividad presuntamente criminal de Leire Díez, emitiendo facturas falsas a través de su empresa, según el sumario del juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El histórico dirigente andaluz, imputado en esta causa, también aportó información detallada sobre el caso de los ERE. En concreto, siempre segun la información del sumario, la primera labor de Zarrías consistió en facilitar a la trama la identidad de los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que declararon en el macrojuicio por corrupción que instruyó la juez Mercedes Alaya. Un caso por el que Zarrías fue condenado en 2022 por el Tribunal Supremo a nueve años de inhabilitación por prevaricación continuada, una condena que el Tribunal Constitucional anuló parcialmente en 2024.

Una "nota de despacho" sin membrete, simplemente llamada así, "nota de despacho", llegó a la UCO el 29 de abril de 2025. Procedía de hechos recogidos en una de las Unidades Centrales Especiales (UCEs) de la Jefatura de Información de la Guardia Civil. Su título, como corresponde, era lacónico: "Posibles estrategias de defensa ante investigaciones de la UCO". En su texto llegaba el primer aviso que la Unidad Central Operativa del instituto armado recibía sobre la orquestación de una ofensiva contra la unidad y contra algunos de sus oficiales.

El Ministerio de Justicia ha confirmado este martes que, tras recibir el requerimiento, ya ha entregado al juez de la Audiencia Nacional SantiagoPedraz, que investiga el caso Leire, el expediente referido a los procesos de petición de nacionalidad española de Nervis Gerardo Villalobos, exviceministro de Energía en el Gobierno de Hugo Chávez. La Fiscalía Anticorrupción le vincula con la trama dirigida a boicotear a fiscales, jueces y guardias civiles en causas que podrían afectar al Gobierno de Sánchez y también con el caso Zapatero.

La secretaria de Organización de Movimiento Sumar, Laura Moreno, abandona el partido en un nuevo revés para la formación que lanzó Yolanda Díaz en 2024, y que desde entonces no ha terminado de consolidarse. En poco más de dos años, ha sufrido importantes bajas en un proyecto que, si en un primer momento nació como fórmula para integrar a otras fuerzas en su organigrama, quedó rápidamente condenado a ser un actor más, el más pequeño, dentro del ecosistema de la izquierda del PSOE.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de 26 de mayo sobre las actividades de la exmilitante socialista Leire Díez y del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández resalta la "relevancia" de la participación del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la trama acusada de cobrar "comisiones" por contratos de esta empresa pública.

Los tentáculos de la trama Leire se extienden hasta la capital de Andalucía. La fontanera del PSOE Leire Díez, imputada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, planteó junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario de Servinabar, Antxon Alonso, el proyecto para convertir la sede central de Correos en el centro de Sevilla en un Parador Nacional de Turismo con la entrada de dos empresas vinculadas a la trama.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desvela que la trama de la "fontanera" del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández cobró 40.000 euros después de que el entonces secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, recibiera en la sede del partido en la madrileña Calle de Ferraz a directivos de Tubos Reunidos, la empresa vasca que había sido rescatada en 2021 con 112,8 millones de dinero público y fue registrada el pasado 4 de junio por los agentes del Instituto armado.