La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha expresado su "absoluto respaldo" a los "grandes profesionales" de la carrera judicial y en especial a aquellos jueces que "se ven afectados por actuaciones y presiones que no son propias de una sociedad democrática avanzada, ni de un Estado de Derecho".

Perelló ha realizado estas declaraciones durante su discurso de clausura de las XXIV Jornadas de presidentes y presidentas de Audiencias Provinciales de España después de que el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, señalara esta semana que "hay jueces que prevarican" y que "si no son ellos, es alguien de su entorno".

En este acto, la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ ha sostenido que "la democracia no consiste simplemente en votar. Ni los votos recibidos legitiman cualquier activación de los representantes elegidos por los ciudadanos, pues esta también está sometida a la ley y al derecho".

"La democracia se cumple también cuando cualquier persona, cualquiera que sea su posición, cualquiera que sea su situación, pueda encontrar un juez independiente que resuelva con arreglo a la ley", ha argumentado Isabel Perelló. EFE

La Fiscalía General del Estado ha informado al juez Santiago Pedraz que en marzo y abril de 2025 el que fuese mano derecha del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz se reunió con el abogado Jacobo Teijelo y con la exmilitante socialista Leire Díez, que fue presentada como una "compañera de despacho".

Según informan fuentes fiscales, el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, se reunió el 6 de marzo de 2025 y posteriormente, entre finales de marzo y principios de abril, con este letrado y con Leire Díez -"una mujer que tuvo una intervención menor" y que supo de su identidad posteriormente por los medios de comunicación-.

"El fiscal general del Estado -entonces Álvaro García Ortiz- fue informado a posteriori de ambas reuniones", indican las fuentes, que subrayan que ni Villafañe ni la fiscal Belén López, que estuvo en una de las reuniones, recibieron "indicación alguna" de García Ortiz.

En las reuniones, el letrado informó de "hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal", y "de su voluntad de interponer varias denuncias en Fiscalía relacionadas con aquellos hechos", y los fiscales entendieron que sus alegaciones estaban "carentes de cualquier tipo de sustento probatorio concreto".

La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra', que reclame a Estados Unidos más información sobre cómo tuvo acceso al contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea también investigado en la causa.

En un escrito al que ha tenido acceso Ep, el letrado de Zapatero, Víctor Moreno, pone de manifiesto la "ausencia de los datos completos" acerca de la aprehensión del dispositivo de Reyes, así como del método de volcado, la autenticidad de las comunicaciones y de la conservación y custodia del dispositivo al que la policía estadounidense accedió.

Todo ello después de conocerse que Calama ha solicitado "cooperación jurídica internacional" a Estados Unidos para utilizar como medio de prueba el contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, en el marco de la investigación que apunta a Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias en torno al rescate de 53 millones que el Gobierno concedió a Plus Ultra durante la pandemia de coronavirus.

En ese sentido, Moreno señala que las circunstancias en la que se produjo el intercambio de información entre las policías estadounidense y española plantea "dudas razonables sobre el respeto del derecho a proceso con todas las garantías".

Por ello, el abogado de Zapatero insta al juez a que reclame a Estados Unidos "la concreta resolución judicial", orden o autorización administrativa que amparó la incautación o el clonado del celular de Reyes y la posterior extradición y análisis del dispositivo en España.

También se interesa por la indicación del procedimiento o la investigación abierta contra el exdirectivo de Plus Ultra en Estados Unidos, en el curso de la cual se produjo la intervención del móvil, y los informes y actas relativos a la extracción telefónica, identificando a la autoridad estadounidense que llevó a cabo la actuación.

Asimismo, pregunta el detalle sobre el alcance de la extracción que se practicó, indicando si se trató de una extracción "total, parcial, física, lógica, remota o selectiva", así como el 'software' o la herramienta utilizada para ese fin y la autoridad que llevó a cabo el análisis del dispositivo, según el escrito.

El abogado del expresidente pide que se informe de los mecanismos de verificación de la integridad de la información ofrecida, incluidas las actas de desprecinto y el volcado del dispositivo intervenido.

También que se informe sobre el modo de preservación de la información obtenida y del dispositivo intervenido y la cadena de custodia de dicha información hasta la entrega a las autoridades españolas, además de la remisión de las evidencias a las unidades policiales españolas, indicando la forma y la fecha de entrega, así como las comunicaciones precedentes entre las unidades policiales españolas y la Homeland Security Investigations (HSI) estadounidense.

Por último, el letrado del exlíder socialista solicita que Estados Unidos informe sobre las autorizaciones del órgano competente en ese país que hayan permitido "la remisión de las conversaciones de WhatsApp a la unidad policial española", así como "su alcance para ser utilizada tanto en las investigaciones policiales como en la instrucción judicial".