Cuando el avión papal tome tierra en Canarias esta semana culminará una espera de meses para miles de personas repartidas por todo el Archipiélago. Pero la visita del Santo Padre no comenzará realmente en los aeropuertos de Gran Canaria o Tenerife. Para muchos canarios, empezó hace mucho tiempo, cuando las parroquias comenzaron a organizar desplazamientos, cuando las familias marcaron las fechas en el calendario o cuando algunos fieles reservaron su plaza para las celebraciones religiosas incluso antes de que terminara el año 2025.

La llegada del Papa se ha convertido en uno de los acontecimientos más importantes vividos en las últimas décadas por la comunidad católica de las islas.

Durante semanas, parroquias, movimientos religiosos, hermandades y grupos de jóvenes han preparado viajes, encuentros y actividades para participar en unos actos que quedarán grabados en la memoria colectiva de varias generaciones.

En las islas no capitalinas, la organización ha requerido un esfuerzo añadido. Desde La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote o Fuerteventura partirán algunos grupos organizados que viajarán de madrugada para asistir a los actos programados en Gran Canaria y Tenerife.

Muchos regresarán el mismo día a sus hogares, después de jornadas que comenzarán antes del amanecer y terminarán bien entrada la noche.

Es el caso de un grupo parroquial de La Palma formado por unas 120 personas que lleva meses preparando el desplazamiento. «Salimos muy temprano para coger el primer vuelo y volvemos en uno de los últimos. Va a ser un día agotador, pero sentimos que es una oportunidad única», explica una de las participantes. Para ella, que nunca había vivido una visita papal, la experiencia tiene un componente espiritual, pero también emocional. «Mis padres siempre me contaban cuando venían grandes figuras de la Iglesia a España. Nunca imaginé que podría ver al Papa tan cerca de casa».

La historia se repite en otras islas. En Lanzarote, varios grupos parroquiales han coordinado desplazamientos colectivos para facilitar la asistencia de los fieles. «Hay personas mayores que llevan meses preguntando cómo podían ir».

La expectación no es reciente. Desde que se confirmó oficialmente la visita, las solicitudes para participar en las celebraciones comenzaron a multiplicarse. Algunos de los asistentes más previsores reservaron su espacio para las misas previstas en Gran Canaria y Tenerife desde diciembre de 2025. «Cuando se abrió la posibilidad de inscribirse no nos lo pensamos. Sabíamos que habría mucha demanda y queríamos asegurarnos estar allí», cuenta una mujer de Tenerife que tiene previsto acudir a los actos. «No queríamos perder una oportunidad así. Es algo que probablemente no volveremos a vivir».

La emoción se percibe especialmente entre quienes consideran que esta visita tiene un significado que trasciende lo religioso. Para muchos canarios representa un reconocimiento al papel del Archipiélago como territorio de encuentro entre continentes, culturas y realidades diferentes.

En los últimos días, las conversaciones en plazas, cafeterías y parroquias han girado con frecuencia en torno al mismo tema: dónde colocarse para ver al Pontífice, a qué hora acudir a los actos o cómo seguir los recorridos previstos.

Sin embargo, no todos podrán estar presentes físicamente. La elección de las fechas, un jueves y un viernes por la mañana, ha dejado fuera a numerosos fieles que, pese a su interés, no han podido reorganizar sus obligaciones laborales. Especialmente en las islas no capitalinas, donde asistir implica además desplazamientos interinsulares y una planificación compleja.

Una trabajadora del sector comercial en La Gomera reconoce que intentó buscar alternativas para viajar. «Me hacía muchísima ilusión verlo en persona, pero no puedo pedir dos días libres en estas fechas. Al final lo seguiré desde el trabajo por el móvil y después veré los resúmenes en televisión». Una situación similar vive un administrativo de Fuerteventura. «Cuando anunciaron la visita pensé que intentaría ir, pero entre los vuelos, los horarios y el trabajo era imposible. Me da pena porque es un acontecimiento histórico, pero al menos podremos seguirlo en directo».

Estos testimonios reflejan una realidad compartida por cientos de personas que vivirán la visita desde la distancia. Los canales de televisión, las retransmisiones en línea y las redes sociales se convertirán en la ventana desde la que muchos canarios participarán en un acontecimiento que, aunque se celebre físicamente en dos islas, se seguirá en todo el Archipiélago.

En numerosas parroquias ya se han preparado espacios para quienes prefieren vivir el momento en comunidad. Salones parroquiales, centros culturales y locales sociales acogerán retransmisiones colectivas de las celebraciones más importantes.

La visita también ha despertado interés entre personas que no se consideran especialmente practicantes. La dimensión histórica del acontecimiento ha llamado la atención de muchos ciudadanos que ven en la llegada del Papa una ocasión excepcional para Canarias.

«Soy creyente, pero no suelo participar mucho en actividades religiosas», reconoce un joven residente en Gran Canaria. «Aun así, quiero acercarme porque es algo que probablemente no volverá a ocurrir en muchos años. Es historia».

Esa mezcla de curiosidad, emoción y sentimiento colectivo explica en gran medida el ambiente que se respira estos días en las islas. Más allá de credos o sensibilidades, la presencia del líder de la Iglesia ha generado una movilización que atraviesa varias generaciones.

Personas mayores que recuerdan otras visitas papales a España, jóvenes que nunca habían vivido un acontecimiento de estas características y familias enteras que han organizado viajes para compartir la experiencia coinciden en una misma sensación: la de estar a las puertas de un momento irrepetible. Mientras ultiman maletas, preparan desplazamientos o consultan por los horarios de los actos, miles de canarios cuentan ya las horas para una visita que promete dejar imágenes para el recuerdo.

Porque cuando el Papa llegue a Canarias, no solo aterrizará en Gran Canaria y Tenerife. También estará presente en cada salón parroquial donde se siga la retransmisión, en cada trabajador que consulte el móvil durante una pausa para verlo pasar, en cada familia que madrugue para coger un avión, y en cada persona que ha esperado durante meses la oportunidad de formar parte de una cita que ya ocupa un lugar destacado en la historia reciente del Archipiélago.

La Fiscalía General del Estado ha informado al juez Santiago Pedraz que en marzo y abril de 2025 el que fuese mano derecha del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz se reunió con el abogado Jacobo Teijelo y con la exmilitante socialista Leire Díez, que fue presentada como una "compañera de despacho".

Según informan fuentes fiscales, el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, se reunió el 6 de marzo de 2025 y posteriormente, entre finales de marzo y principios de abril, con este letrado y con Leire Díez -"una mujer que tuvo una intervención menor" y que supo de su identidad posteriormente por los medios de comunicación-.

"El fiscal general del Estado -entonces Álvaro García Ortiz- fue informado a posteriori de ambas reuniones", indican las fuentes, que subrayan que ni Villafañe ni la fiscal Belén López, que estuvo en una de las reuniones, recibieron "indicación alguna" de García Ortiz.

En las reuniones, el letrado informó de "hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal", y "de su voluntad de interponer varias denuncias en Fiscalía relacionadas con aquellos hechos", y los fiscales entendieron que sus alegaciones estaban "carentes de cualquier tipo de sustento probatorio concreto".

A mediados de noviembre de 2024, Rafael Sánchez (Jerez de la Frontera, 1980) salió a patrullar como el resto de días. Enfundado en su traje de la Guardia Civil, se montó junto a sus compañeros en una embarcación del Instituto Armado para vigilar la desembocadura del Río Guadalquivir, uno de los puntos más calientes del narcotráfico en el sur de la Península. A lo lejos, los agentes divisaron cinco narcolanchas cargadas de hachís que venían hacia ellos. Cuatro viraron a la derecha, «como marca la ley marítima» para evitar accidentes, explica a LA RAZÓN desde la playa de Chiclana de la Frontera. Pero una de ellas decidió saltarse la norma y fue directamente a por los guardias. «Vi la muerte», afirma mientras pone la vista en las olas, que rompen mansas. A 130 kilómetros por hora sobre el agua, el resultado del «accidente laboral, como algunos políticos lo llaman ahora», fue una lesión en la vértebra L5-S1 que no le ha permitido trabajar desde entonces. Este pasado jueves pasó el tribunal médico que debe valorar si está incapacitado para volver a prestar servicio vestido de verde. Quiere dedicarse a la abogacía, «no precisamente para defender a narcotraficantes», bromea.

La de Sánchez es una de las cientos de agresiones, físicas y verbales, que sufren los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su día a día en la lucha contra la entrada de droga. Al menos él lo puede contar. En los últimos dos años, cuatro guardias civiles han perdido la vida mientras se enfrentaban a las «gomas», como se les llama a estas embarcaciones ilegales que pueden alcanzar los 15 metros de largo, los 500 caballos de potencia y preparadas para llevar hasta 5.000 kilos de droga de una tacada. En febrero de 2024, Miguel Ángel González y David Pérez fueron arrollados repetidas veces en el puerto de Barbate por una de estas naves rápidas hasta causarles la muerte. Otro guardia terminó con heridas de gravedad. Las narcolanchas, cuando no embisten, son cuchillas que surcan las olas con el objetivo de quitar del mapa a algún guardia civil.

Aunque la droga nunca se va, los problemas de la Benemérita para enfrentarse a los narcos se han vuelto a poner de manifiesto hace una semana. En Huelva –hacia donde se ha desplazado la entrada de los fardos gracias a la presión policial–, dos embarcaciones del Servicio Marítimo perseguían a una motora. Eran una Aister HS60, la más moderna y rápida con la que cuentan los agentes, y una narcolancha incautada. Durante la persecución, las dos chocaron, provocando el fallecimiento de Germán Pérez y Jerónimo Jiménez. En estos momentos hay una investigación interna para dilucidar lo ocurrido, y un juzgado tiene abierta la vía penal, pero los agentes lo tienen claro. «El piloto hizo una maniobra evasiva para generar olas, que nuestra embarcación saltase y chocasen. De accidente laboral nada de nada», resume el portavoz de Jucil en Cádiz, Agustín Domínguez. Los otros dos muertos por narcolanchas fueron un militar de la Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal en octubre del año pasado, y un menor de nueve años en 2018. Era el hijo de un importante narcotraficante, y una «goma» lo arrolló cuando estaba en una embarcación de recreo. Provocó un cisma entre distintos clanes de Cádiz.

Habla Rafael Sánchez, el agente que sobrevivió al impacto de una «goma» a 130 kilómetros por hora. «El problema es que estamos atados de pies y manos legislativamente. Lo único que podemos hacer es perseguirlos y darles el alto, pero ellos no se van a parar. Es imposible abordarlas, tenemos que esperar a que se les rompa un motor». Los agentes reclaman al Ministerio del Interior «seguridad jurídica» para poder disparar a los motores de las narcolanchas para detenerlas, pero el departamento de Fernando Grande-Marlaska «no quiere ni oír hablar de ello», explican mandos policiales. Hace un año, se planteó la posibilidad de desarrollar una norma para actuar de esta manera. Fue en una mesa de coordinación regional del Plan Especial del Campo de Gibraltar, activo desde 2018, pero el entonces secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, lo rechazó porque «la sociedad no lo entendería». El problema es que el fondo de las embarcaciones de la droga son un enorme depósito de gasolina, donde caben hasta 1.500 litros de combustible. «Un simple chispazo las haría saltar por los aires», resume el portavoz de Jucil, Agustín Domínguez. La imagen de barcas explosionando es una foto que Interior no puede permitirse.

Chiclana, centro del petaqueo

En los últimos años, la Fiscalía Antidroga ha puesto el foco en el fenómeno del «petaqueo», una actividad fundamental para el narcotráfico. Se trata de pequeños barcos que parten de la costa hacia mar adentro, en busca de las narcolanchas que fondean a unas 10 o 15 millas náuticas. Van allí a abastecer de gasolina, ya que los motores fueraborda de cientos de caballos no se apagan nunca, a la espera del momento perfecto para ir a recoger la mercancía de naves nodrizas y meterla en las playas gaditanas.

Chiclana de la Frontera, donde se realiza este reportaje, se ha convertido en un punto clave de estos trabajos. El jueves, la Guardia Civil se hizo con cientos de garrafas a bordo de varias naves. Este municipio de Cádiz se levanta sobre varios humedales. En ellos se producen varios caños que salen del principal, el de Sancti-Petri. Un laberinto donde perderse es lo primero que hace un recién aterrizado. «Los tienen estudiados, saben por dónde tienen que tirar para ir sacando la droga», explica Domínguez. Junto a lo sinuoso del terreno, la vegetación hace el resto para dar cobertura a los narcos. Las cañas hacen imposible ver qué hay detrás de ellas. «Podría haber una «goma» ahí mismo y nosotros no verla. Las escuchamos, pero es imposible encontrarlas», sigue el agente de la Guardia Civil, natural de Chiclana y conocedor a la perfección de la situación. El dron de LA RAZÓN, por suerte, verifica que no hay moros en la costa. Estas aeronaves no tripuladas son otras de las reclamaciones que piden los guardias de la zona, precisamente, para localizar las lanchas.

Durante el último temporal que azotó Chiclana, los expertos pudieron hacer un censo no oficial del número de «go fast» que hay en el municipio, unas 100 activas. El último informe del Departamento de Seguridad Nacional, gracias a los trabajos de la Armada, calcula que existen unas 600 operando en la «vía atlántica» de la droga, que incluye las Islas Canarias. Pero la mayoría están en el Estrecho de Gibraltar. Su prohibición en 2018, así como los trabajos policiales, han obligado a los narcos a refugiarse en las costas de Marruecos o en las aguas internacionales que separan ambos países. Menos de 14 kilómetros en su punto más cercano que tardan minutos en recorrer. El mismo documento abunda en el aumento de la violencia por parte de las organizaciones, usando habitualmente armas de guerra o las propias narcolanchas contra los agentes de la Guardia Civil.

La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra', que reclame a Estados Unidos más información sobre cómo tuvo acceso al contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea también investigado en la causa.

En un escrito al que ha tenido acceso Ep, el letrado de Zapatero, Víctor Moreno, pone de manifiesto la "ausencia de los datos completos" acerca de la aprehensión del dispositivo de Reyes, así como del método de volcado, la autenticidad de las comunicaciones y de la conservación y custodia del dispositivo al que la policía estadounidense accedió.

Todo ello después de conocerse que Calama ha solicitado "cooperación jurídica internacional" a Estados Unidos para utilizar como medio de prueba el contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, en el marco de la investigación que apunta a Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias en torno al rescate de 53 millones que el Gobierno concedió a Plus Ultra durante la pandemia de coronavirus.

En ese sentido, Moreno señala que las circunstancias en la que se produjo el intercambio de información entre las policías estadounidense y española plantea "dudas razonables sobre el respeto del derecho a proceso con todas las garantías".

Por ello, el abogado de Zapatero insta al juez a que reclame a Estados Unidos "la concreta resolución judicial", orden o autorización administrativa que amparó la incautación o el clonado del celular de Reyes y la posterior extradición y análisis del dispositivo en España.

También se interesa por la indicación del procedimiento o la investigación abierta contra el exdirectivo de Plus Ultra en Estados Unidos, en el curso de la cual se produjo la intervención del móvil, y los informes y actas relativos a la extracción telefónica, identificando a la autoridad estadounidense que llevó a cabo la actuación.

Asimismo, pregunta el detalle sobre el alcance de la extracción que se practicó, indicando si se trató de una extracción "total, parcial, física, lógica, remota o selectiva", así como el 'software' o la herramienta utilizada para ese fin y la autoridad que llevó a cabo el análisis del dispositivo, según el escrito.

El abogado del expresidente pide que se informe de los mecanismos de verificación de la integridad de la información ofrecida, incluidas las actas de desprecinto y el volcado del dispositivo intervenido.

También que se informe sobre el modo de preservación de la información obtenida y del dispositivo intervenido y la cadena de custodia de dicha información hasta la entrega a las autoridades españolas, además de la remisión de las evidencias a las unidades policiales españolas, indicando la forma y la fecha de entrega, así como las comunicaciones precedentes entre las unidades policiales españolas y la Homeland Security Investigations (HSI) estadounidense.

Por último, el letrado del exlíder socialista solicita que Estados Unidos informe sobre las autorizaciones del órgano competente en ese país que hayan permitido "la remisión de las conversaciones de WhatsApp a la unidad policial española", así como "su alcance para ser utilizada tanto en las investigaciones policiales como en la instrucción judicial".