Los precios subieron un 3,2% en mayo, con los carburantes presionando al alza el IPC por la persistencia de la volatilidad de los mercados internacionales del petróleo y en un contexto de subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), que tras su última reunión elevó los tipos de interés hasta el 2,25% porque «la inflación va a subir más». En este entorno de elevada incertidumbre de todos los precios energéticos, el plan anticrisis del Gobierno ha moderado ese impacto a la mitad, gracias a que la factura de la electricidad y el gas permanece contenida y pese a que los combustibles líquidos se encarecieron casi un 49% en mayo.

La amenaza del Gobierno de que estas medidas fiscales sean retiradas en su totalidad el 30 de junio puede disparar la inflación de golpe hasta ocho décimas. Así lo advierte Funcas, que prevé que el IPC ascenderá hasta situarse por encima del 4% en agosto y septiembre, con una media anual del 3,4%, mientras que la tasa media anual de la subyacente será del 2,9%. Una situación que afecta –y afectará– de forma directa a las empresas de distribución. La patronal de los supermercados defendió ayer que sus empresas «continúan con la contención de los precios de la alimentación», a pesar de que sus sobrecostes se multiplican por la guerra y ya suman 70 millones de euros para el sector.

Asedas advierte de que la crisis en Oriente Medio ha propiciado un sobrecoste del transporte y la energía que está recayendo en las empresas de distribución alimentaria, encareciendo productos para cuya fabricación se necesitan materias primas dependientes del petróleo –como celulosas, polietileno y hojalata– e insumos agrarios como los fertilizantes, lo que «afecta a toda la cadena agroalimentaria». Pese a ello, la tasa anual del IPC de los alimentos ha sido del 2,2% en mayo, cuatro décimas por debajo de la registrada el mes anterior, por lo que entienden que «no hay evidencia de que se haya encarecido ningún producto alimentario» y demuestra, «una vez más, la responsabilidad de la cadena en la absorción de los sobrecostes».

La patronal, que representa el 75% de la distribución alimentaria, calcula que el precio de la energía alcanzaba a finales de mayo un incremento del 15% desde el inicio de la guerra. «Las empresas de Asedas están preparadas para actuar como barrera de contención ante los incrementos de costes en todos los operadores de la cadena para garantizar el suministro de productos de primera necesidad a los precios más reducidos posible para los consumidores españoles». Aun así, se han producido crecimientos muy importantes en el precio de algunos productos, como es el caso de las legumbres verdes (16,3%), las hortalizas cultivadas por su fruto (15,2%), los huevos (13,7%) o la carne de vacuno (12,3%), solo compensados por la caída de otros productos básicos de la cesta de la compra.

También ha tenido un impacto directo la guerra en el transporte. Los vuelos nacionales se encarecieron un 25,5%, mientras que los movimientos aéreos fuera del territorio nacional aumentaron un 2,5% interanual, pero solo porque marcaron una rebaja en los cinco primeros meses del 7,5%.

Las actividades recreativas, deporte y cultura tuvieron un fuerte repunte de precios con la llegada del buen tiempo, con especial incidencia en los precios de los paquetes turísticos, que subieron un 2,9% en el quinto mes, en tanto que los hoteles y los campings y albergues juveniles vieron crecer su precio un 9,8% y un 4,4%, respectivamente. Los establecimientos hoteleros acumularon la mayor subida en el precio, concretamente del 23,2%.

La falta de avances en la negociaciones de la mejora de las condiciones laborales de los funcionarios de la Seguridad Social, bajo el mando de Elma Siaz, ha provocado el plante sindical ante el Ministerio. Así, los sindicatos CSIF, CC OO, UGT y CIG han convocado movilizaciones en todos los departamentos ministeriales, que arrancarán el próximo 17 de junio con concentraciones en toda España, ante el "incumplimiento" de los acuerdos firmados con el Gobierno que está llevando a un "progresivo deterioro" de las condiciones laborales.

En una nota conjunta firmada por estas organizaciones denuncian la ausencia de "avances reales" en materias esenciales para garantizar el futuro de la Seguridad Social, entre ellas la cobertura y provisión de puestos de trabajo, la estabilización y rejuvenecimiento de las plantillas, el desarrollo del trabajo a distancia, la promoción profesional o la negociación de las condiciones de trabajo. "La falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados está provocando un progresivo deterioro de las condiciones laborales y un incremento constante de las cargas de trabajo, en un contexto marcado por el envejecimiento de las plantillas y la insuficiencia de efectivos".

Las concentraciones, que empezarán el próximo miércoles, se realizarán en las direcciones provinciales y servicios centrales del INSS en Madrid, La Coruña, Valencia, La Rioja, Sevilla, Zaragoza, Murcia, Bilbao, Gerona, Albacete, Oviedo, Santander, Mallorca, Tenerife y Las Palmas. Las movilizaciones se mantendrán hasta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones "adopte las decisiones necesarias para cumplir los acuerdos suscritos y garantizar el futuro de una institución esencial para el estado del bienestar. Los acuerdos firmados deben cumplirse", subrayan.

CSIF ha remitido una carta al Ministerio de Función Pública para habilite el crédito necesario para avanzar en las mejoras de las condiciones laborales y retributivas del conjunto de empleadas y empleados públicos en los Presupuestos Generales del Estado para 2027. El pasado 5 de junio se publicaron en el BOE las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, donde se establece los criterios generales que se deben seguir para elaborar los presupuestos. Para ello, los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal, deberán remitir a la Dirección General de Presupuestos sus propuestas antes del día 29 de junio.

CSIF reclama a Función Pública que contemple entre sus prioridades el desarrollo del “Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía” suscrito por CSIF con el Gobierno de España el pasado 27 de noviembre de 2025; fondos adicionales para corregir las desigualdades retributivas de aquellas empleadas y empleados públicos, que, realizando las mismas funciones, perciben distintas retribuciones; desarrollo de la carrera profesional; la adecuada clasificación de los Grupos Profesionales en el conjunto de Administraciones Públicas; y el refuerzo en la calidad de la prestación asistencial del Mutualismo Administrativo.

"Es una vergüenza". esta ha sido la contundente respuesta del presidente de ATA, Lorenzo Amor, a que el Gobierno de coalición PSOE Sumar haya votado en contra de tramitación parlamentaria de una proposición de ley de Junts que pretendía facilitar el acceso al paro a los trabajadores autónomos, suavizando los requisitos actuales para que se reconociese a este colectivo la prestación de forma directa tras el cierre de su negocio, sin necesidad de acreditar la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos.

Los dos partidos del Ejecutivo han justificado su rechazo porque la propuesta legislativa tiene un impacto presupuestario. Según han aducido, el Gobierno tiene reconocida en la Constitución la potestad de vetar la tramitación de la propuesta para que no altere las cuentas públicas, bien sea por aumento del gasto o por reducción de los ingresos. Por ello, se ha acogido al artículo 134.6 de la Carta Magna que establece que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación".

En consecuencia, el Ejecutivo ha presentado en la Cámara Baja un escrito de disconformidad con la tramitación de la ley del partido de Carles Puigdemont, por lo que al tener PSOE y Sumar el control de la Mesa del Congreso, no ha admitido a trámite ese escrito y, por tanto, la propuesta legislativa ni siquiera se llevará a pleno para debatirse.

La formación catalana presentó en mayo una amplia proposición de ley en la Cámara Baja para reformar diferentes aspectos del trabajo por cuenta propia con el objetivo de mejorar las condiciones sociales y de trabajo de este colectivo. Entre otras mejoras, se planteaba un acceso al paro y a la situación de cese de actividad más ágil, reservar una cuota mínima para autónomos y microempresas en la participación de contratos públicos y también ajustes en el sistema de cotización por rendimientos reales y en los procedimientos de regularización con el propósito de acortar plazos y evitar "sobrecotizaciones prolongadas".

La reacción de las asociaciones ha vuelto ser de indignación. Desde ATA, su pre4sidente ha manifestado en redes sociales que "no tienen vergüenza. Siguen maltratando a los autónomos", mientras que desde UPTA siguen denunciando que la prestación por cese de actividad actual es un "fracaso estructural", ya que se deniegan seis de cada 10 solicitudes.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha vuelto a recordar a todos los conductores que deben llevar obligatoriamente la baliza luminosa V-16 en sus vehículos cuando salgan de vacaciones este verano y ha lanzado esta amenaza: "Que nadie salga este verano sin llevar la baliza V-16 en la guantera. Es obligatorio colocar esa baliza luminosa en caso de avería o siniestro en la carretera, por lo que la Guardia Civil o la Policía impondrá la correspondiente multa" a quien no lo haga". Además ha advertido de que a los conductores que rehúsen hacerlo que espera "que no tengan problemas con algún accidente, porque como estés implicado en el accidente sin haber colocado la preceptiva V-16 pueden tener problemas con el atestado y con la aseguradora".

El uso de la baliza V-16, que es obligatoria desde el pasado 1 de enero en caso de avería o siniestro de coches, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales. Navarro ha afirmado que los argumentos a favor de la baliza son "contundentes" y que "todo son ventajas" respecto a los triángulos, que suponían un "riesgo". Así lo ha expresado así durante su participación en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, donde ha asumido la "parte de responsabilidad" que le corresponde a la DGT, ya que ha reconocido que la campaña de comunicación sobre esta baliza podría haberse hecho "mucho mejor. Pero tiempo al tiempo. Acabaremos todos con la V-16 en la guantera".

El máximo responsable de Tráfico también ha indicado que la baliza V16 "es una experiencia para hacer un libro", y que como los españoles dsiempre hacen humo r de todas las circunstancias, España ha desarrollado "una imaginación para hacer memes increíbles, excepcionales, de alto nivel, mucha imaginación y mucha creatividad. Esto lo hemos constatado con el tema de las balizas". Pese a ello ha insistido que el objetivo es "la seguridad de todos". Además, el director de Tráfico ha asegurado que les han criticado "por ser un invento español, cosa inaudita, en lugar de estar orgullosos de que esto no lo ha hecho nadie". "Desde la DGT, lo vimos como un proyecto de país y nos sorprende un poco toda la chanza que se puede hacer alrededor".

La Seguridad Social registró en mayo una media de casi 3,36 millones de afiliados, lo que suman 111.301 ocupados más que en el mes anterior y 288.717 más que hace un año, un repunte del 9,4% entre los ocupados, mientras que en la afiliación del total el avance es del 2,5%. En términos globales, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 900.000 ocupados desde mayo de 2022, gracias a que el 43,4% del empleo creado desde ese año corresponde a trabajadores extranjeros, que representa ya el 15% del total de cotizantes.

Según ha informado el Ministerio de Seguridad Social, de los casi 3,36 afiliados extranjeros, 1,9 millones son hombres, mientras que el número de mujeres supera por primera vez los 1,4 millones, de ellos, cerca del 30% de las personas afiliadas extranjeras procede de países de la Unión Europea, aunque el mayor volumen ha llegado desde países extracomunitarios. Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social española y roza ya los 421.000 cotizantes, seguido por Rumanía (355.087), Colombia (291.371), Venezuela (231.635), Italia (220.474), China (130.777), Perú (114.264) y Ucrania (83.049). Destaca especialmente el incremento de los afiliados venezolanos, que se han multiplicado por 10 en la última década.

La hostelería sigue representando el principal sector de ocupación de los trabajadores foráneos, con más del 30% de los afiliados; a continuación se sitúa la agricultura, con el 28,8%; en construcción suponen el 25,1%; en transporte, el 17,9%; y en actividades administrativas, el 18,1%. Además, en el sistema especial del hogar, suponen el 44,22% y en el agrario, el 42,4%.

Por otro lado, el número de trabajadores autónomos sigue creciendo y se sitúa en 519.137, lo que supone un 7,25% más que hace un año, con un crecimiento de sectores "altamente cualificados" como telecomunicaciones y programación informática, donde ya representan el 32,4% de los ocupados dados de alta en esta sección de actividad, destacan fuentes ministeriales. También tienen presencia importante en otras actividades, como actividades de los hogares (27%), hostelería (25,5%), actividades administrativas (18,6%) actividades inmobiliarias (18,4%) y construcción (18,1%).

Desde el Ministerio se resalta el elevado porcentaje de trabajadores extranjeros con contrato indefinido, un 88,5% del total, comparado con el porcentaje promedio del periodo 2017-2021, previo a la reforma laboral, que fue 58,9%. Así, la tasa de temporalidad de este colectivo de trabajadores cae a mínimos históricos, al bajar hasta el 11,5% el porcentaje de afiliados extranjeros con contrato temporal, también por debajo del de nacionales (11,8%). Sin embargo, la duración de estos contratos se ha desplomado. Aunque desde la entrada en vigor de la reforma laboral la proporción de empleos temporales ha descendido en más de 10 puntos porcentuales, situándose en niveles cercanos a la media europea, su impacto en la estabilidad del empleo y la durabilidad de los contratos empieza a estar en entredicho. Así lo constata el último informe de Fedea, que sitúa el desplome de la duración media de los contratos indefinidos ordinarios en torno a 100 días.

La inflación se mantiene en el 3,2% en mayo, con los carburantes presionando al alza los precios por la persistencia del impacto de la guerra de Irán en los mercados internacionales del petróleo y el encarecimiento de los paquetes turísticos y del transporte de pasajeros por vía aérea, que solo se ha visto compensado por el abaratamiento de las prendas de vestir y de las hortalizas, legumbres y patatas de temporada. Esta evolución de los precios se produce en un contexto de elevada incertidumbre y volatilidad de los precios energéticos, pese a que el plan anticrisis del Gobierno ha moderado ese impacto, cuyas medidas fiscales han moderado a la mitad la tasa interanual de inflación de los carburantes, que "se situaría cercana al doble frente a la tasa del 15,87% observada en mayo", apuntan desde el Ministerio de Economía, que destaca también el efecto del "escudo renovable, en un contexto de elevada volatilidad de los precios energéticos".

El INE ha confirma este viernes que la inflación interanual aguanta el mismo dato que en abril, una estabilidad conseguida gracias a que los precios de la electricidad y el gas permanecen contenidos, pese a que los combustibles líquidos se encarecieron casi un 49% en el mes de mayo, debido a la persistencia de la tensión en los mercados internacionales, mientras que la electricidad bajó un 5,5% y el gas natural un 9,7%. "La apuesta de España por las renovables y la soberanía energética constituye un escudo frente al impacto de la guerra", señalan fuentes ministeriales, aunque el fin de estas medidas que se prevé a finales de este mes puede disparar los precios si el Ejecutivo de coalición no prorroga las medidas de contención, ya que la mayoría tiene fecha de caducidad el 30 de junio.

En el marco del seguimiento del Plan, tras el encuentro del 25 de mayo con los agentes sociales, el Gobierno ha iniciado una ronda de reuniones sectoriales para analizar el impacto de la guerra y el funcionamiento de las medidas. Las primeras han sido esta semana, entre el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y las patronales del transporte, la logística y la distribución y, en las próximas fechas, se reunirá con los sectores energético, agroalimentario e industrial, para constatar la situación y ver si se mantienen o no estas medidas correctoras. "El Gobierno seguirá monitorizando la evolución de los precios, minuto a minuto, de la mano de los agentes sociales y los sectores más afectados".

Actualmente, están vigentes las medidas fiscales sobre carburantes, con tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y devolución parcial del gasóleo profesional. La bajada de la factura de la luz inició desde el 1 de junio la desactivación del Impuesto Especial sobre la Electricidad y del IVA aplicable a electricidad y gas natural entre otros. El Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica continúa. También prosigue en vigor el resto de las medidas sectoriales: ayudas a agricultores y transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico (42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos).

La llegada de época de las cosechas de temporada ha tenido un efecto neutralizador sobre la inflación interanual de alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios se han moderado al 2,2%, cuatro décimas por debajo de abril, gracias a la evolución del mercado de las frutas y de las hortalizas, legumbres y patatas, "lo que da un respiro directo a la cesta de la compra de los hogares".

Pese a ello, la cesta de la compra continúa con productos esenciales con unos precios completamente disparados. Así, los huevos se han encarecido el 13,7% respecto al mismo mes de 2025 y la carne de vacuno, un12,3%, por lo que lideran la subida de precio de la cesta de la compra. Sin embargo, otros productos presentaron subidas superiores al 10%, como las legumbres verdes, frescas o refrigeradas (16,3%), las hortalizas cultivadas por su fruto y las frescas o refrigeradas (15,2%), mientras que los alimentos que más se han abaratado han sido las frutas frescas (-3,6%), el azúcar (-3,5%) y los aceites (-2,2%), por el "efecto temporada". también contribuyeron a la subida de los precios la joyería y los relojes de pulsera, que crecieron un 27,2 %; la recogida de basuras, un 26,6%; el transporte combinado de pasajeros, un 26,6%; y el transporte aéreo de pasajeros, un 25,5%. En lado opuesto, las mayores bajadas las registraron las frutas tropicales, un 18,2%; el butano y propano, un 15,4%; el gas natural, un 9,7%; otras frutas frescas, un 9%; y los equipos audiovisuales, un 6,7%.

Por donde llegan peores noticias es por la inflación subyacente -la que excluye energía y alimentos no elaborados, que se ha situado en el 3%, dos décimas por encima de la tasa de abril, y mantiene la tendencia al alza de los últimos meses. En el mes de mayo la tasa de variación anual del IPCA se situó en el 3,6%, una décima más que la registrada el mes anterior. La variación mensual fue del 0,1%.

En comparación mensual, los precios de consumo aumentaron un 0,1% respecto a abril y el grupo con mayor repercusión positiva fue el de restaurantes y servicios de alojamiento, mientras que tiraron a la baja el del transporte y de las actividades recreativas, deporte y cultura. Lo que más subió de precio en mayo fue el transporte aéreo (17,1%) y otras frutas frescas (11,9%), mientras que lo que más bajó fueron las hortalizas, un 14,4%, y las legumbres, un 13,4%, según detalla el INE.

El IPC anual aumentó en todas las comunidades, entre el 3,8% de Madrid y el 2,5% de Extremadura; con Castilla y León con el sexto mayor dato de IPC con ese 3,2 por ciento, en la media nacional y el mismo indicador que Valencia, Canarias, Navarra y País Vasco.

En cuestión de una semana he recibido dos malas noticias que afectan a dos amigos muy queridos: a ambos les han diagnosticado cáncer. Ninguno de los dos tiene antecedentes directos en sus familias y tampoco se les conocen malos hábitos –que hayan trascendido–, por lo que todo apunta a que debe haber algún motivo exógeno. Ambos trabajan en la industria química y a mí se me han encendido todas las alarmas. Los datos conocidos recientemente deberían provocar una profunda reflexión entre las administraciones públicas, las empresas y la sociedad en su conjunto. El cáncer es ya la principal causa de mortalidad relacionada con el trabajo en la Unión Europea, responsable de más de la mitad de las muertes de origen laboral y de cerca de 80.000 fallecimientos cada año. Sin embargo, pese a la magnitud del problema, sigue siendo una enfermedad insuficientemente reconocida y, en demasiadas ocasiones, invisible para las estadísticas oficiales. La situación en España resulta especialmente preocupante. Mientras las estimaciones científicas apuntan a unos 8.000 casos anuales de cáncer laboral, durante 2025 apenas se notificaron 105 casos como enfermedad profesional. Esta enorme diferencia evidencia que existe un grave problema de infradiagnóstico e infradeclaración que impide conocer la verdadera dimensión del fenómeno y limita los derechos de las personas afectadas. Ante esta realidad, resulta urgente revisar las normativas laborales y sanitarias relacionadas con las enfermedades profesionales. Es necesario actualizar los sistemas de vigilancia, mejorar los mecanismos de detección temprana, reforzar las inspecciones y ampliar el reconocimiento de patologías vinculadas a exposiciones laborales. Asimismo, debe fortalecerse la prevención mediante controles más rigurosos y una mayor protección frente a los agentes cancerígenos presentes en los lugares de trabajo. La salud no debe ser una estadística, sino una prioridad.