El río Guadalquivir, bajo la sombra de los vertidos mineros
El Guadalquivir vuelve a situarse en el centro de una creciente controversia ambiental. El río más emblemático de Andalucía, eje vertebrador de buena parte de la actividad económica del suroeste peninsular y puerta de entrada al espacio natural de Doñana, se enfrenta a una nueva polémica vinculada a los vertidos procedentes de explotaciones mineras. La autorización de nuevos vertidos asociados a la mina de Cobre Las Cruces y la futura reapertura de Los Frailes, en Aznalcóllar, ha activado una movilización de colectivos ecologistas, organizaciones científicas, pescadores y representantes de municipios ribereños.
La preocupación ha trascendido incluso el ámbito andaluz. Coincidiendo con la reciente celebración del Mundial de Remo en Sevilla, Greenpeace quiso advertir a la comunidad internacional sobre los riesgos de contaminación que, a su juicio, amenazan al río que acogía la competición. La organización ecologista denunció públicamente que los vertidos con metales pesados previstos por la reapertura de Aznalcóllar y por la continuidad de la actividad de Cobre Las Cruces representan una seria amenaza para los ecosistemas del estuario y para la salud de las personas.
El debate enfrenta dos visiones contrapuestas. Por un lado, las administraciones y las compañías mineras defienden proyectos que prometen actividad económica y generación de empleo. Por otro, los colectivos que se oponen a las autorizaciones alertan de posibles consecuencias irreversibles para el estuario del Guadalquivir y para las actividades tradicionales que dependen de su buen estado ecológico.
La principal preocupación de los colectivos críticos se centra en la posible acumulación de metales pesados en uno de los ecosistemas más complejos y sensibles del sur de Europa. Isidoro Albarreal, responsable del área de minería de Ecologistas en Acción, sostiene que los procedimientos de evaluación ambiental no han tenido suficientemente en cuenta las características específicas del estuario, donde las partículas en suspensión favorecen que elementos como arsénico, cadmio, mercurio, plomo, níquel, zinc o selenio queden atrapados en los sedimentos del fondo.
Según explica, el problema no se limita a la presencia de esos contaminantes en el agua o en el lecho del río. El riesgo radica en que puedan incorporarse progresivamente a la cadena trófica a través de peces, crustáceos y mariscos consumidos tanto por la fauna como por las personas. «Estamos hablando de una contaminación que puede acabar afectando a todo el estuario», advierte.
Los ecologistas recuerdan además que diversos estudios científicos realizados durante los últimos años han detectado contaminación por metales pesados en el tramo final del Guadalquivir. Greenpeace sostiene que esos trabajos ya han identificado efectos ecotóxicos sobre distintas especies del estuario, entre ellas los albures, un pescado tradicionalmente consumido en numerosas localidades ribereñas. La organización considera que estos resultados demuestran que el problema no pertenece únicamente al futuro, sino que ya existe una situación de deterioro ambiental que podría agravarse con los nuevos vertidos autorizados.
La inquietud aumenta ante las previsiones de incremento de las descargas procedentes de la actividad minera. Antonia Herrero, portavoz de la plataforma Salvemos el Guadalquivir, asegura que la suma de los vertidos asociados a ambos proyectos podría multiplicar por diez la carga contaminante actual sobre el estuario. Según los datos manejados por la plataforma, las cantidades de agua afectadas alcanzarían volúmenes de enorme magnitud durante los próximos años, con la consiguiente llegada de toneladas de metales pesados al sistema fluvial. Ante este escenario, las organizaciones ecologistas reclaman una moratoria inmediata de las autorizaciones concedidas. Tanto Ecologistas en Acción como Greenpeace exigen la paralización cautelar de los vertidos previstos y la constitución de un comité científico-técnico independiente que evalúe de forma rigurosa y transparente las posibles consecuencias para el medio ambiente, la seguridad alimentaria y la salud pública. Los colectivos recuerdan además el precedente del dragado de profundización del Guadalquivir. A pesar de que aquel proyecto contaba con informes favorables, un comité de expertos constituido en el ámbito de Doñana concluyó que existían riesgos ambientales incompatibles con su ejecución. Aquellos informes terminaron siendo decisivos para que la actuación no llegara a materializarse.
Más allá del debate científico, la preocupación también tiene una dimensión económica. Los opositores a los vertidos consideran que la discusión pública suele centrarse en los puestos de trabajo asociados a la minería, mientras que apenas se analizan los posibles perjuicios sobre actividades que ya generan riqueza a lo largo del estuario. Agricultura, ganadería, pesca, marisqueo, restauración y turismo forman parte de una compleja red económica que depende directamente de la calidad ambiental del río. Entre los sectores más atentos a la evolución de este asunto se encuentra la pesca profesional. José Carlos Macías, portavoz de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda, evita los mensajes alarmistas, pero reconoce la inquietud existente entre los profesionales del mar. Los pescadores reclaman información clara y garantías suficientes para seguir desarrollando su actividad con normalidad y mantener la confianza de los consumidores en los productos procedentes del Guadalquivir.
«No queremos crear alarma», insiste Macías. «Lo que queremos es saber exactamente qué riesgos existen y tener la seguridad de que podremos seguir pescando como lo hemos hecho siempre». La preocupación del sector no afecta únicamente a los recursos pesqueros, sino también a la imagen de calidad asociada a las capturas que llegan cada día a lonjas y mercados.
Desde Greenpeace, Luis Berraquero, doctor en Medio Ambiente y Sociedad, considera que las consecuencias potenciales de estos vertidos podrían resultar especialmente graves para el estuario y para espacios protegidos tan sensibles como Doñana. Por ello, la organización insiste en la necesidad de que cualquier decisión futura esté respaldada por evaluaciones científicas independientes y exhaustivas.
El conflicto llega además en un momento especialmente delicado para el Guadalquivir. El estuario acumula desde hace décadas problemas relacionados con la turbidez de sus aguas, la alteración de los sedimentos y la pérdida progresiva de biodiversidad. Sobre ese escenario se proyecta ahora una controversia que trasciende el ámbito ambiental y que plantea una cuestión de fondo sobre el equilibrio entre desarrollo económico y conservación de los recursos naturales.


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