Las libretas de la exmilitante socialista y «fontanera» del PSOE Leire Díez contienen mucho más que objetivos a derribar para «desestabilizar» causas judiciales, como le atribuye el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que investiga las presuntas «cloacas» de Ferraz, sede del partido en Madrid. Los tres cuadernos intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a finales del año pasado relatan, a modo de diario, reuniones, citas y encuentros con distintas personas investigadas en procesos judiciales. La tesis del instructor y de los agentes es que la «trama», liderada por el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, es que ofrecían beneficios judiciales a cambio de información comprometedora contra jueces, fiscales, policías y políticos rivales.

En las páginas de la «fontanera», además, también aparecen referencias a asuntos relacionados con sectores y empresas estratégicas. Y también anotaciones políticas. En uno de los folios, Díez escribió sobre asuntos relativos al Grupo Prisa. «Si siguen presionando para que [José Manuel] Contreras asuma su posición no se va a quedar tranquilo, y si no compran las acciones por el valor que ha pedido va a dar la batalla», se puede leer en el documento al que ha accedido este periódico. Pero lo que más llama la atención es que, a renglón seguido, comenta la exmilitante: «Esto lo apoya Óscar López», en referencia al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública desde 2024 y ex director de gabinete de Pedro Sánchez.

Sobre el presidente del grupo mediático, Joseph Oughourlian, que también es accionista de Indra, dejó anotado que si se obligaba a la tecnológica a «comprar Hispasat, él se va porque vende su parte». Además, se inmiscuyó en asuntos internos de la tecnológica, de la que la SEPI tiene la mayoría de las acciones. Por ejemplo, en el cambio de cromos que sufrió la compañía en enero de 2025 cuando Marc Murtra dejó su puesto para liderar Telefónica y el Gobierno aupó a Ángel Escribano al frente de la tecnológica.

«Murtra no tiene capacidad para llevar Telefónica y Escribano tampoco para llevar Indra. No tiene universidad ni conocimientos de inglés», dejó por escrito. Este tipo de apuntes siembra la duda de has ta qué punto Díez tenía conocimientos de ciertas operaciones que eran de alta relevancia para el Gobierno.

«La idea de Rocha es articular Telefónica + Minsait e Indra + Escribano + Hispasat» (sic). Esta página de la «fontanera» hace referencia a la postura que tenía entonces el director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de Presidencia del Gobierno, Manuel De la Rocha, hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez. Tras levantarse el secreto de sumario, De la Rocha se ha visto obligado a aclarar esta semana que no es «ningún fontanero de ninguna cloaca» y que «nunca» ha estado en una «reunión en la que se haya tocado ningún tema que no se ajustara absolutamente a la legalidad».

La relación política más controvertida que Díez ha tenido en los últimos años es, sin duda, los encuentros con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ya que la UCO ha sido la responsable de investigar la mayoría de las causas que más afectan al Gobierno y al PSOE.

El sumario de las «cloacas» recogen hasta tres encuentros entre González y la exmilitante socialista. Aunque en un primer momento el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó las citas, finalmente tuvo que cambiar su versión ante la evidencia de los hechos. Incluso la Guardia Civil tuvo que emitir un comunicado pasadas las diez de la noche para aclararlos. Según la versión oficial, González se vio en tres ocasiones con la «emisaria» de Ferraz. El Instituto Armado afirmó que la investigada en varios procesos judiciales le pidió que el agente investigado en el «caso Koldo», Rubén Villalba, recuperase su puesto de trabajo. González lo rechazo porque estaba presuntamente implicado en un proceso de corrupción.

La institución policial negó cualquier tipo de injerencia por parte de González en investigaciones policiales y asegura que los encuentros mantenidos entre ambas tuvieron un carácter exclusivamente personal y sin relación con la actividad operativa del cuerpo. Según la versión ofrecida por la Dirección General, González conoció a Díez durante su etapa como delegada del Gobierno en Madrid.

Los trabajos de subsuelo de la exmilitante del PSOE Leire Díez parecen no tener un horizonte en el que terminen. Las libretas que guardaba, y que fueron incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, muestran una hoja de ruta de los trabajos que la «trama» llevó a cabo para intentar «desestabilizar» causas judiciales sensibles, tanto para el partido socialista, como el Gobierno, el presidente del mismo, Pedro Sánchez, su entorno más cercano o que afectaban a los propios integrantes del grupo.

Además de objetivos a batir, también funcionaron como diarios en los que la conocida como «fontanera» marcaba reuniones, tareas pendientes y logros conseguidos. Mientras su defensa intenta anular la causa acusando a los agentes de realizar una «investigación paralela» y una «injerencia desmesurada y desproporcionada» en sus comunicaciones, sus compañeros de aventuras empiezan a plantear sus líneas de defensa, sabedores de que las pruebas en su contra no son pocas.

Entre los investigados hay personas imputadas en otras causas, abogados, miembros del PSOE e incluso un guardia civil. De cara a un futurible juicio, la estrategia que seguirán es que no había ningún tipo de coordinación, que cada uno buscaba mejorar su situación procesal por separado y que no eran conocedores de los tejemanejes más «turbios» de Leire Díez. Una de las defensas, consultada por LA RAZÓN, cree que «todo esto estaba más en la cabeza de ella [de la exmilitante socialista] que en una base real de actuaciones. La prueba es que de todo lo que prometía, no ha conseguido nada, porque no tenía mano».

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga una presunta trama impulsada desde Ferraz, la sede socialista en Madrid, para alterar investigaciones judiciales. El grupo, presuntamente, estaría impulsado por el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, investigado por cobrar comisiones de obras públicas. Para lograr sus objetivos, la formación política puso a disposición del grupo decenas de miles de euros, tanto para sufragar viajes y gastos, como para supuestamente comprar a testigos molestos, como sería el de Carmen Pano, la empresaria que aseguró llevar bolsas con fajos de billetes a la citada calle madrileña.

Para lograr los objetivos, además de Cerdán y Díez, las «cloacas» estuvieron integradas, por el momento, por el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, los abogados Ismael Oliver, Jacobo Teijelo y Leticia de la Hoz, el guardia civil Juan Sánchez Yepes, la gerente del PSOE Ana María Fuentes, el exjefe de gabinete del presidente del Gobierno, Juan Manuel Serrano, y el diputado Juan Francisco Serrano.

Las responsabilidades de cad auno todavía están por calibrar. La investigación, aunque con suficientes indicios para seguir adelante, es todavía muy embrionaria. El juez Pedraz irá tomando declaración a los primeros investigados en las próximas semanas. Este viernes, citó para el próximo 25 de junio a Jacobo Teijelo, el abogado de Santos Cerdán, del que los investigadores creen que cobró, al menos, 125.00 euros del PSOE y que coadyuvó a los intereses de la trama, siendo designado como «responsable» de las actividades del área de «hidrocarburos», ya que también defiende a Sánchez Yepes en el «caso Gaslow». La citación de Teijelo dará inicio a la veintena de declaraciones programadas por el juez los últimos días de junio y la primera quincena de julio, entre las que también figura la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, como testigo.

En el caso del guardia civil Yepes, acusado de revelación de secretos, el sumario recoge una grabación de más de cuatro horas entre él y Leire Díez. En el encuentro, la «fontanera» le pidió información interna de la UCO, unidad a la que perteneció el agente y la responsable de la mayoría de investigaciones judiciales contra los intereses de las «cloacas».

Los intentos por desacreditar a la policía judicial de la Benemérita es una constante en los trabajos de los «bajos fondos» socialistas desde su creación, en especial del jefe del departamento de delitos económicos, el teniente coronel Antonio Balas, del que Leire llegó a decir que los quería «muerto» de manera figurada.

Yepes al ser preguntado, reconoció que la estructura de la UCO está considerada «secreta» y que de revelar datos estaría «cometiendo un delito». Según ha ido deslizando en los últimos días, en realidad los datos que aportó a la «fontanera» eran públicos, se podían conseguir en datos abiertos y no reveló la identidad de ninguno de sus antiguos compañeros.

Por otro lado, la presencia en las supuestas «cloacas» del diputado Juan Francisco Serrano plantea la posibilidad de que la causa, o parte de ella, termine el Tribunal Supremo si no deja el escaño al estar aforado. Una situación similar a la que vivió el exministro José Luis Ábalos. Pedraz todavía no le incluye en la parte central del caso, pero sí como colaborador.

Mientras tanto, Leire Díez maniobra para anular la causa. Además de denunciar la incautación irregular de sus libretas, en los últimos días ha presentado varios escritos, el último este pasado jueves ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, el primero en investigar las maniobras contra fiscales, jueces y mandos de la Guardia Civil. Su defensa parte por intentar que sea precisamente ese juzgado el que retenga las pesquisas para que no se eleve a la Audiencia Nacional, pero otras fuentes apuntan a que no será así.

Los pagos del PSOE a la «trama de las cloacas» camuflados como publicidad institucional a un digital vaticina un aluvión de nuevas víctimas que se pudieron ver señaladas a través de sus artículos.

«Crónica Libre» nacio en julio de 2022, justo cuando los tentáculos de la exmilitante socialista y «fontanera» Leire Díez y del ex secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, empezaron a moverse. Bajo la mancheta de «Periodismo de investigación en estado puro», la web se dedicó a «atacar» a distintas personas, todas señaladas por las «cloacas» del PSOE, en especial al comisario jubilado José Manuel Villarejo y todo lo relacionado con sus famosos audios.

Ahora, el sumario del «caso Leire» ha destapado que, en realidad, el periódico servía para camuflar pagos desde el PSOE a su «gestapillo» particular. Como publicó LA RAZÓN, el partido encargó una supuesta campaña electoral al medio con motivo de las elecciones europeas. Una de sus fundadoras lo puso de manifiesto hace dos semanas ante la Guardia Civil, y aportó una factura por un importe de 18.125,50 euros, de fecha 27 de mayo de 2024, así como «una cadena de correos electrónicos relacionados con la realización del servicio».

La «trama», presuntamente, se dedicaba a ofrecer beneficios judiciales y económicos a distintas personas inmersas en investigaciones policiales. La web, además de para sufragar gastos de las «cloacas», sirvió para dar difusión a las informaciones que sonsacaban a los imputados. Distintas fuentes que han aparecido en las publicaciones transmiten a este periódico que se sienten «víctimas» de los tejemanejes de los bajos fondos socialistas. Esto abre la puerta a que la lista de agraviados se dispare en la Audiencia Nacional, que investiga la causa. «Está claro que el PSOE entregó el dinero para castigar y señalar a los disidentes y enemigos», reflexiona un comisario de la Policía Nacional que ha visto su nombre negro sobre blanco.

Entre todos los señalados en las libretas de la «fontanera» Leire Díez, que ha servido de base al juez Santiago Pedraz para trazar la línea temporal de los trabajos de las «cloacas», ya hay tres hombres que tienen intención de personarse como agraviados. El primero en intentarlo fue el juez Manuel García Castellón, antiguo titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional y responsable de varias causas mediáticas, como la que afectó a Tsunami Democràtic en Cataluña durante el procés independentista. El magistrado jubilado trató de personarse en la causa cuando se cursaba en un juzgado de Madrid, y está a la espera de la inhibición de ese instructor en favor de Pedraz para conocer sus posibilidades.

El segundo es el empresario Víctor de Aldama, acusado de pagar comisiones al exministro José Luis Ábalos y su hombre de confianza, Koldo García, en aras de conseguir beneficios económicos y contratos públicos. Es la «bestia negra» del Gobierno, y por tanto fue objetivo prioritario de las «cloacas». El tercero es, justamente, el policía al que juraron destruir en un primer momento: el comisario Villarejo. El martes, a su llegada a la Audiencia Nacional donde se le investiga en la «operación Kitchen», señaló que espera que el juez le llame a declarar al entender que «estas cloacas», que ha dicho que existen desde 2018, fueron contra él. Tras no aclarar si llegó a reunirse con la exmilitante socialista investigada por presuntamente buscar desestabilizar causas judiciales, indicó que hablará cuando el juez le pregunte.

La llegada del Papa León XIV a las Islas Canarias este jueves vuelve a colocar en el centro del debate público una de las principales fronteras migratorias de Europa. El Pontífice culminará en el archipiélago su visita a España con una agenda marcada por el contacto directo con migrantes, trabajadores humanitarios y voluntarios que operan en algunos de los enclaves más simbólicos de la denominada Ruta Canaria.

La elección de Canarias no es casual. Responde al viaje planteado por su antecesor, Francisco I, con motivo de la crisis del puerto de Arguineguín en 2020 y que nunca pudo cumplir. Desde hace años, las islas se han convertido en uno de los principales puntos de llegada de personas procedentes de África occidental que intentan alcanzar territorio europeo a bordo de pateras y cayucos. La visita papal busca precisamente visibilizar esa realidad y poner el acento en las consecuencias humanas de un fenómeno que combina crisis humanitaria, presión migratoria y desafíos para la gestión de fronteras.

Nada más aterrizar en Tenerife, León XIV tiene previsto desplazarse al centro de acogida de Las Raíces, donde escuchará testimonios de migrantes y mantendrá un encuentro con personas acogidas en las instalaciones. La cita ha sido preparada durante semanas y los residentes del centro han participado incluso en actividades formativas y clases de español.

El mensaje del Vaticano llega en un momento de aparente contradicción estadística. Por un lado, los datos de la Agencia Europea Frontex reflejan una caída histórica de las llegadas irregulares por la Ruta Canaria durante los primeros meses de 2026. Según las cifras, las entradas descendieron un 83% respecto al mismo periodo del año anterior, pasando a poco más de 1.200 casos en los dos primeros meses del año.

Otros informes posteriores mantienen esa tendencia a la baja. Frontex contabilizó una reducción cercana al 78% en el primer cuatrimestre del año, situando a Canarias como la ruta migratoria europea donde más se han reducido las llegadas en términos porcentuales.

Sin embargo, la disminución de entradas no ha eliminado la peligrosidad de la travesía atlántica. Diversas organizaciones continúan considerando esta vía de entrada a Europa como una de las más mortíferas del mundo. Los trayectos desde las costas de Senegal, Mauritania, Gambia o Guinea pueden prolongarse durante días o incluso semanas en embarcaciones extremadamente precarias, expuestas a averías, falta de combustible, deshidratación o temporales.

Precisamente ese contraste entre menos llegadas y un elevado coste humano constituye uno de los ejes de la visita papal. El Pontífice ha insistido durante su estancia en España en la necesidad de prestar atención a los colectivos más vulnerables y de promover una respuesta basada en la dignidad. Canarias es uno de los escenarios donde ese discurso adquiere un mayor simbolismo.

La dimensión visual de ese mensaje también estará presente durante los actos previstos en el archipiélago. Entre los elementos preparados para la visita figuran varias embarcaciones similares a los cayucos utilizados por los migrantes para llegar a Canarias.

Al mismo tiempo, la visita coincide con un renovado debate político sobre la evolución de los flujos migratorios. Mientras el Gobierno central destaca la reducción de llegadas como consecuencia de una mayor cooperación con los países de origen y tránsito, otros sectores advierten de que la presión migratoria continúa existiendo y puede reactivarse rápidamente en función de factores económicos, climáticos o geopolíticos.

En ese contexto, en los últimos días se han producido nuevos movimientos de embarcaciones desde la costa africana coincidiendo con la visita del Papa, aunque la relación está por confirmar. A pesar de eso, las cifras globales siguen muy por debajo de las registradas durante los momentos más críticos de la crisis migratoria reciente, los especialistas en seguridad recuerdan que la Ruta Canaria se caracteriza por fuertes oscilaciones y episodios de repuntes repentinos.

La presencia de León XIV también ha adquirido una dimensión institucional. Las administraciones locales y autonómicas han desplegado importantes dispositivos de seguridad y movilidad para acoger los actos previstos en Tenerife y Gran Canaria. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan decenas de miles de asistentes a la misa presidida por el Pontífice, mientras que los encuentros relacionados con la migración son uno de los puntos centrales de la agenda.

Más allá de las cifras, el viaje pretende poner rostro a una realidad que afecta a miles de personas. La Ruta Canaria cumple ya más de tres décadas como corredor migratorio entre África y Europa. Durante ese tiempo, el archipiélago ha alternado periodos de relativa calma con episodios de intensa presión migratoria, convirtiéndose en una frontera permanente de la UE.

La visita de León XIV se produce en un momento singular: mientras las estadísticas muestran un descenso de las llegadas, el debate sobre las causas de la migración, la protección de las fronteras y la muerte de personas sigue vigente.

A mediados de noviembre de 2024, Rafael Sánchez (Jerez de la Frontera, 1980) salió a patrullar como el resto de días. Enfundado en su traje de la Guardia Civil, se montó junto a sus compañeros en una embarcación del Instituto Armado para vigilar la desembocadura del Río Guadalquivir, uno de los puntos más calientes del narcotráfico en el sur de la Península. A lo lejos, los agentes divisaron cinco narcolanchas cargadas de hachís que venían hacia ellos. Cuatro viraron a la derecha, «como marca la ley marítima» para evitar accidentes, explica a LA RAZÓN desde la playa de Chiclana de la Frontera. Pero una de ellas decidió saltarse la norma y fue directamente a por los guardias. «Vi la muerte», afirma mientras pone la vista en las olas, que rompen mansas. A 130 kilómetros por hora sobre el agua, el resultado del «accidente laboral, como algunos políticos lo llaman ahora», fue una lesión en la vértebra L5-S1 que no le ha permitido trabajar desde entonces. Este pasado jueves pasó el tribunal médico que debe valorar si está incapacitado para volver a prestar servicio vestido de verde. Quiere dedicarse a la abogacía, «no precisamente para defender a narcotraficantes», bromea.

La de Sánchez es una de las cientos de agresiones, físicas y verbales, que sufren los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su día a día en la lucha contra la entrada de droga. Al menos él lo puede contar. En los últimos dos años, cuatro guardias civiles han perdido la vida mientras se enfrentaban a las «gomas», como se les llama a estas embarcaciones ilegales que pueden alcanzar los 15 metros de largo, los 500 caballos de potencia y preparadas para llevar hasta 5.000 kilos de droga de una tacada. En febrero de 2024, Miguel Ángel González y David Pérez fueron arrollados repetidas veces en el puerto de Barbate por una de estas naves rápidas hasta causarles la muerte. Otro guardia terminó con heridas de gravedad. Las narcolanchas, cuando no embisten, son cuchillas que surcan las olas con el objetivo de quitar del mapa a algún guardia civil.

Aunque la droga nunca se va, los problemas de la Benemérita para enfrentarse a los narcos se han vuelto a poner de manifiesto hace una semana. En Huelva –hacia donde se ha desplazado la entrada de los fardos gracias a la presión policial–, dos embarcaciones del Servicio Marítimo perseguían a una motora. Eran una Aister HS60, la más moderna y rápida con la que cuentan los agentes, y una narcolancha incautada. Durante la persecución, las dos chocaron, provocando el fallecimiento de Germán Pérez y Jerónimo Jiménez. En estos momentos hay una investigación interna para dilucidar lo ocurrido, y un juzgado tiene abierta la vía penal, pero los agentes lo tienen claro. «El piloto hizo una maniobra evasiva para generar olas, que nuestra embarcación saltase y chocasen. De accidente laboral nada de nada», resume el portavoz de Jucil en Cádiz, Agustín Domínguez. Los otros dos muertos por narcolanchas fueron un militar de la Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal en octubre del año pasado, y un menor de nueve años en 2018. Era el hijo de un importante narcotraficante, y una «goma» lo arrolló cuando estaba en una embarcación de recreo. Provocó un cisma entre distintos clanes de Cádiz.

Habla Rafael Sánchez, el agente que sobrevivió al impacto de una «goma» a 130 kilómetros por hora. «El problema es que estamos atados de pies y manos legislativamente. Lo único que podemos hacer es perseguirlos y darles el alto, pero ellos no se van a parar. Es imposible abordarlas, tenemos que esperar a que se les rompa un motor». Los agentes reclaman al Ministerio del Interior «seguridad jurídica» para poder disparar a los motores de las narcolanchas para detenerlas, pero el departamento de Fernando Grande-Marlaska «no quiere ni oír hablar de ello», explican mandos policiales. Hace un año, se planteó la posibilidad de desarrollar una norma para actuar de esta manera. Fue en una mesa de coordinación regional del Plan Especial del Campo de Gibraltar, activo desde 2018, pero el entonces secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, lo rechazó porque «la sociedad no lo entendería». El problema es que el fondo de las embarcaciones de la droga son un enorme depósito de gasolina, donde caben hasta 1.500 litros de combustible. «Un simple chispazo las haría saltar por los aires», resume el portavoz de Jucil, Agustín Domínguez. La imagen de barcas explosionando es una foto que Interior no puede permitirse.

Chiclana, centro del petaqueo

En los últimos años, la Fiscalía Antidroga ha puesto el foco en el fenómeno del «petaqueo», una actividad fundamental para el narcotráfico. Se trata de pequeños barcos que parten de la costa hacia mar adentro, en busca de las narcolanchas que fondean a unas 10 o 15 millas náuticas. Van allí a abastecer de gasolina, ya que los motores fueraborda de cientos de caballos no se apagan nunca, a la espera del momento perfecto para ir a recoger la mercancía de naves nodrizas y meterla en las playas gaditanas.

Chiclana de la Frontera, donde se realiza este reportaje, se ha convertido en un punto clave de estos trabajos. El jueves, la Guardia Civil se hizo con cientos de garrafas a bordo de varias naves. Este municipio de Cádiz se levanta sobre varios humedales. En ellos se producen varios caños que salen del principal, el de Sancti-Petri. Un laberinto donde perderse es lo primero que hace un recién aterrizado. «Los tienen estudiados, saben por dónde tienen que tirar para ir sacando la droga», explica Domínguez. Junto a lo sinuoso del terreno, la vegetación hace el resto para dar cobertura a los narcos. Las cañas hacen imposible ver qué hay detrás de ellas. «Podría haber una «goma» ahí mismo y nosotros no verla. Las escuchamos, pero es imposible encontrarlas», sigue el agente de la Guardia Civil, natural de Chiclana y conocedor a la perfección de la situación. El dron de LA RAZÓN, por suerte, verifica que no hay moros en la costa. Estas aeronaves no tripuladas son otras de las reclamaciones que piden los guardias de la zona, precisamente, para localizar las lanchas.

Durante el último temporal que azotó Chiclana, los expertos pudieron hacer un censo no oficial del número de «go fast» que hay en el municipio, unas 100 activas. El último informe del Departamento de Seguridad Nacional, gracias a los trabajos de la Armada, calcula que existen unas 600 operando en la «vía atlántica» de la droga, que incluye las Islas Canarias. Pero la mayoría están en el Estrecho de Gibraltar. Su prohibición en 2018, así como los trabajos policiales, han obligado a los narcos a refugiarse en las costas de Marruecos o en las aguas internacionales que separan ambos países. Menos de 14 kilómetros en su punto más cercano que tardan minutos en recorrer. El mismo documento abunda en el aumento de la violencia por parte de las organizaciones, usando habitualmente armas de guerra o las propias narcolanchas contra los agentes de la Guardia Civil.

Las «cloacas» del PSOE coordinan su ofensiva sobre distintas causas judiciales desde 2022 a través de un grupo de WhatsApp llamado «La Compañía». El chat estuvo integrado por gran parte de los activos a los que Ferraz, la sede de los socialistas en Madrid, encomendó, presuntamente, la misión de anular investigaciones judiciales que afectaban tanto al partido, primero, como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno más cercano después.

Además de la conocida «fontanera» y exmilitante socialista Leire Díez, entre los integrantes estuvieron el entonces fiscal anticorrupción José Grinda –presunta víctima a la que le habrían ofrecido 300.000 euros a cambio de cambiar su postura en algunos casos mediáticos–, varios abogados a los que distintas fuentes sitúan como colaboradores de los servicios de inteligencia, y la difunta periodista Patricia López, encargada de algunas de las investigaciones más relevantes relacionadas con el Ministerio del Interior de la etapa de Mariano Rajoy.

La Audiencia Nacional investiga una presunta «trama» que habría sido financiada con el PSOE pagando viajes, estancias y abogados para alterar causas mediáticas. Desde el «caso Aznalcóllar», que afectaba al expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, hasta los ERE de Andalucía. Y más recientemente, el «caso Koldo», que ha sido la «piedra de Rosetta» de la presunta corrupción del Gobierno de Sánchez. Para anularlo, partieron de la base de que tenía conexión con «Gaslow», una trama de fraude en los hidrocarburos –distinta en la que está investigado el empresario Víctor de Aldama. Es decir, la tesis de «La Compañía» pasaba por anular el primero, para que el segundo cayese como una ficha de dominó, y arrastrase otras causas que se siguen en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

El chat, sin embargo, no estaba integrado por todos los supuestos integrantes de las «cloacas» que el juez Santiago Pedraz decidió citar como investigados. El empresario Javier Pérez Dolset, que acompañó a Leire Díez en distintas reuniones presenciales con algunos de los testigos a los que la Guardia Civil ha tomado declaración, supo de la existencia de este grupo a finales de 2025. La citada periodista Patricia López le entregó una copia y le explicó el funcionamiento pocos días antes de fallecer. Esto último ocurrió el pasado 21 de diciembre. Poco después, un digital publicó varios de los mensajes que se intercambiaron las «cloacas del PSOE».

Una de las bases que el juez ha utilizado para impulsar la causa son las libretas que utilizó Leire Díez a suerte de diario de sus trabajos. En uno de ellos se lee que intentaron «contactar con el PSOE dos años y sólo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe», en alusión al caso de la mujer del líder del Ejecutivo, que estalló casi a mediados de 2024.

Eso sitúa los primeros movimientos en 2022, hace ahora cuatro años. Por aquel entonces, la «fontanera» ya había contactado con Dolset, que tenía en su poder los audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo y trabaja desencriptándolos.

Los inicios

El grupo de WhatsApp «La Compañía» funcionó como un medio de «coordinación» para sus integrantes desde hace cuatro años. Las fuentes consultadas apuntan, por otro lado, que el engranaje de las «cloacas» comenzó mucho antes, casi a la par de la llegada del PSOE a la Moncloa tras la moción de censura contra el PP. El asunto de «Aznalcóllar», por ejemplo, afectó al expresidente de la SEPI en octubre de 2019, cuando dimitió de su cargo al ser citado como investigado en la adjudicación de una mina en el municipio sevillano que bautizó la causa.

Una de las pruebas que sustentaría que las presuntas «cloacas» funcionaron desde antes de 2022 está en una reunión que Díez mantuvo en abril de 2024 en Ferraz, la sede del PSOE. A ella acudió el ahora secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, que en aquel momento era director adjunto del gabinete del presidente que encabezaba Óscar López.

La reunión la confirmó el propio alto cargo del Gobierno en sede judicial a principios del pasado mes de febrero, y que acudió a petición de la Secretaría de Organización del partido, que por entonces dirigía Santos Cerdán, presunto cabecilla de las «cloacas» socialistas.

En la reunión, Díez y Dolset llevaron parte de los audios de Villarejo. Por aquel entonces, los que más les interesaban eran los referentes a las saunas del suegro de Pedro Sánchez que grabó el ex comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, Enrique García Castaño, investigado en la «operación Kitchen» hasta que una enfermedad lo sacó de la causa. «Al llevarles los audios, la respuesta de Hernando es que ya los tenía», explica una fuente.

Además de Díez, Cerdán y Pérez Dolset, están imputados el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías; el abogado de Cerdán, Jacobo Teijelo; el abogado Ismael Oliver, que fue letrado del exasesor Koldo, y el guardia civil Juan Sánchez Yepes. Además, el magistrado ve indicios contra el que fuera mano derecha de Cerdán, el aún diputado Juan Francisco Serrano Martínez, y contra el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano Quintana, por posible colaboración. Pedraz aprecia posibles delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.