Las comunidades autónomas han elevado este miércoles el tono contra el Ministerio de Sanidad por el conflicto abierto con los médicos tras la aprobación del nuevo Estatuto Marco. Los consejeros de 16 comunidades autónomas han remitido una carta a la ministra Mónica García en la que le exigen que reabra el diálogo con los sindicatos médicos para evitar la quinta semana de huelga convocada a partir del próximo lunes. En el documento al que ha tenido acceso este periódico, los responsables autonómicos de todas las comunidades excepto Cataluña sostienen que los paros tienen su origen en una norma estatal que corresponde "en exclusiva" al Gobierno central, y rechazan asumir la responsabilidad de un enfrentamiento cuyas consecuencias, dicen, están asumiendo en sus respectivos sistemas sanitarios.

"La resolución de este conflicto exige necesariamente un acuerdo en el ámbito estatal, por parte del Ministerio de Sanidad, que es quien dispone de la capacidad normativa para modificar el Estatuto Marco y dar respuesta a las demandas planteadas", subraya la misiva que han entregado los consejeros a García en la reunión del Consejo Interterritorial de este miércoles. Según las autonomías firmantes, la reciente aprobación de la norma en Consejo de Ministros pese al rechazo frontal de los sindicatos médicos no ha hecho más que elevar la tensión con el Comité de Huelga, que ha llegado incluso a amenazar con una escalada del conflicto a la vuelta del verano si no se escuchan sus reivindicaciones.

Para los consejeros de Sanidad, la situación actual evidencia que "el problema de fondo continúa abierto" y que no se han acercado posturas con el colectivo de médicos. Algo que, según reclaman, "hace imprescindible reabrir con urgencia un proceso de diálogo real, efectivo y constructivo".

El escrito supone un enfrentamiento directo con Mónica García, que lleva semanas defendiendo que algunas de las reivindicaciones pendientes de incorporar al estatuto exceden de sus competencias y corresponden a las comunidades autónomas. Algo que los consejeros rechazan, pues insisten en que el origen del conflicto ha sido una ley del ministerio y que, como tal, la solución debe salir también de Sanidad.

"La ministra se ha quedado sola"

Antes de arrancar el pleno extraordinario del Consejo Interterritorial, el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, ha advertido en nombre de todas las comunidades autónomas que el ministerio ya no cuenta con su respaldo. "La ministra se ha quedado sola. No cuenta con el apoyo de los profesionales. No cuenta con el apoyo de los sindicatos. Y no nos tiene a las comunidades autónomas", ha aseverado en declaraciones a los medios.

Martínez ha contado que elaboraron la carta el pasado martes con el objetivo de fijar una posición conjunta de cara al encuentro con el Ministerio de Sanidad. Aun así, ha trasladado que las comunidades autónomas siguen tendiendo la mano al ministerio "para retomar la relación"

Recortar el cupón precinto de los envases financiados, pegarlo con celo en hojas justificativas y remitirlo a la Administración para cobrar las recetas dispensadas: es el mecanismo que todavía deben seguir numerosas farmacias de España cada vez que algún ciudadano acude a recoger los medicamentos recetados por su médico. Un proceso que dentro de poco ya habrá desaparecido, pues el Ministerio de Sanidad se ha propuesto digitalizar ese trámite para agilizar el trabajo de los profesionales. El último paso se ha dado este martes en el Consejo de Ministros, que ha dado luz verde a un decreto para actualizar la regulación del sistema de verificación de medicamentos y seguir avanzando hacia la eliminación del cupón precinto.

"Le decimos adiós al cúter, a las pegatinas, a la burocracia en las farmacias y damos paso a una identificación de los fármacos que va a ser más segura, más moderna y más precisa", ha resaltado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo. La norma elaborada por su departamento actualiza, así, el funcionamiento del sistema de verificación, modernizando determinados aspectos que mejoran la interoperabilidad y el intercambio seguro de información entre las administraciones sanitarias.

Pese a la implantación de la receta electrónica y de sistemas avanzados de trazabilidad, hay todavía miles de farmacias españolas que siguen utilizando el método del cupón precinto. El nuevo sistema —que coexistirá una temporada con el analógico hasta que pase a sustituirlo por completo— incorpora dispositivos de seguridad en los embalajes de algunos medicamentos, como un "identificador único" que permite comprobar su autenticidad y garantizar su trazabilidad a lo largo de toda la cadena de distribución.

Asimismo, facilita la integración de los servicios de farmacia hospitalaria y otras entidades autorizadas a dispensar medicamentos con cargo al Sistema Nacional de Salud en los procesos de verificación. Sanidad recuerda que la verificación de medicamentos es una "herramienta fundamental" en la cadena legal de suministro, pues previene la entrada de envases falsificados.

De igual modo, el texto actualiza el papel del Nodo SNSFarma, la tecnología utilizada para el intercambio de información relacionada con los medicamentos financiados públicamente. Concretamente, redefine su relación con el repositorio nacional de verificación y concentra su función en las operaciones realizadas por los servicios de farmacia hospitalaria y otras entidades autorizadas para dispensar medicamentos.

Una vez se garantice la operabilidad del nuevo sistema en todas las comunidades autónomas, el identificador único sustituirá al cupón precinto, lo que permitirá avanzar hacia un modelo más digital y simplificar los procedimientos administrativos en las boticas.

El Ministerio de Sanidad ha elaborado una ley para reforzar la participación de las organizaciones de pacientes en el desarrollo de las políticas sanitarias. El proyecto—que ya fue anunciado por la ministra Mónica García en junio de 2025— ha recibido este martes el visto bueno del Consejo de Ministros y reconoce jurídicamente la singularidad de estas entidades, consolidando su papel como interlocutoras y agentes "fundamentales" del Sistema Nacional de Salud (SNS). Ahora aterrizará en el Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.

La norma reconoce una serie de derechos a las organizaciones de pacientes, a las que define como entidades privadas sin ánimo de lucro, con órganos de gobierno integrados en su mayoría por pacientes, familiares o cuidadores no profesionales, y con actividad en más de una comunidad o ciudad autónoma. Deben estar, además, inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones. "Es una norma que tiene el objetivo de pasar de participación ocasional, puntual, informal, a una participación estable, reconocida y garantizada", ha destacado Mónica García en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El texto, según ha subrayado, viene a "cubrir una laguna jurídica" que ha provocado que, hasta ahora, los pacientes participen "de una manera informal y un poco voluntarista en múltiples ámbitos".

Así, la ley refuerza el acceso a la información de las organizaciones de pacientes y establece su derecho a recibir, "en formatos accesibles", la información que necesiten para defender sus derechos, bien sea a través de cualquier ley, una disposición o una actuación política que pueda afectarles. También reconoce el derecho a la participación pública y, en definitiva, a contribuir en la elaboración y evaluación de planes y estrategias, pudiendo formular alegaciones incluso antes de que se adopten decisiones definitivas. Asimismo, se fija su derecho a formar parte de un censo estatal que facilite su interlocución y acceso a programas de formación continua en áreas jurídico-administrativas y científico-técnicas.

En esa línea, la ley garantiza la presencia de los pacientes en los principales órganos de participación y gobernanza del Estado, como el Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud, donde se asegurará que haya siempre ocho representantes de las organizaciones de pacientes.

Por su parte, la Administración del Estado asumirá "obligaciones específicas": asegurar la "agilidad" a la hora de responder a las solicitudes de información, impulsar el uso de tecnologías de la comunicación o difundir "activamente" normas que estén tramitando o planes de salud que afecten a los intereses de los pacientes.

Estas entidades podrán participar también en otros espacios estratégicos, como el Foro Abierto de Salud, el Consejo de Gobernanza del sistema para la evaluación de la eficiencia de las tecnologías sanitarias y el Grupo de adopción de tecnologías sanitarias.

Verificación de medicamentos

También este martes se ha dado luz verde a un real decreto para actualizar la regulación del sistema de verificación de medicamentos y seguir avanzando hacia la eliminación del cupón precinto. El nuevo marco legal actualiza el funcionamiento del sistema de verificación, integra los servicios de farmacia hospitalaria y mejora la gestión de la información utilizada para el control y seguimiento de los medicamentos financiados públicamente.

Según defiende el Gobierno, la reforma adapta el marco normativo a la "evolución tecnológica del sistema", actualizando determinados aspectos para mejorar la interoperabilidad y el intercambio seguro de información entre las administraciones sanitarias. "La verificación de medicamentos constituye una herramienta fundamental para prevenir la entrada de medicamentos falsificados en la cadena legal de suministro", destaca el Ministerio de Sanidad, que detalla también que el sistema incorpora dispositivos de seguridad en los envases de algunos medicamentos, como un "identificador único" que permite comprobar su autenticidad y garantizar su trazabilidad a lo largo de toda la cadena de distribución.

"Así que le decimos adiós al cúter, a las pegatinas, a la burocracia en las farmacias y damos paso a una identificación de los fármacos que va a ser más segura, más moderna y más precisa", ha resaltado la titular de Sanidad.

El Ministerio de Sanidad destinará más de nueve millones de euros para financiar preservativos para aquellos jóvenes que tengan entre 16 y 22 años a través de las farmacias. Una medida que se implementará en 2027 con el objetivo de reducir las alarmantes cifras de infecciones de transmisión sexual (ITS) en España: solo en 2024 se notificaron más de 93.000 casos, alcanzando los niveles más altos en más de una década.

La iniciativa se enmarca dentro de la nueva Hoja de Ruta 2026-2030, una estrategia que busca reforzar la actuación del Ejecutivo en la prevención de las ITS para que vayan a menos. "La financiación busca eliminar esas barreras económicas, reforzar la prevención y facilitar que las decisiones responsables sean también decisiones que son más accesibles y cuya puesta en marcha está cada vez más cerca", ha defendido la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la clausura de la 'Jornada de sensibilización y actuación en materia de infecciones de transmisión sexual (ITS)'.

El ministerio no ha detallado mucho más sobre la medida, que ya anunció en 2024 —aunque no la había puesto en marcha y entonces hablaba de un rango de edad más amplio, desde los 14 años—para garantizar la salud sexual de los jóvenes que, en principio, tienen que estudiar y todavía trabajan, por lo que tienen un poder adquisitivo muy bajo. El fin es seguir la estela de otros países europeos, como Francia, que en 2023 aprobó el reparto gratuito de preservativos para los jóvenes de entre 18 y 25 años, a recoger en las farmacias del país con la tarjeta de la seguridad social.

Fuentes de Sanidad aseguran que, aunque todavía debe concretarse cómo se efectuará aquí este reparto, lo más probable es que se opte por la misma vía que el país vecino, a través de las farmacias con la tarjeta sanitaria, como se hizo en su día con las mascarillas, sin la necesidad de pasar por un médico. El propio Consejo General de Farmacéuticos ha confirmado más tarde que están trabajando con el ministerio para poner en marcha esta medida cuanto antes y poder repartir los preservativos a los más jóvenes a través de su red de 22.000 farmacias y más de 56.000 farmacéuticos.

Se trata, según ha subrayado también el director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, de que estos métodos de prevención se conviertan en un derecho y que se introduzcan en el "día a día" de los jóvenes. La intención es llegar, en una "primera aproximación", a "tres millones de personas en toda España", que "cada 'x' tiempo", tendrán derecho a una caja de preservativos gratis.

Otra medida destacada dentro de la estrategia del ministerio es la autorización del primer kit de autotoma de muestras en España, que facilita el diagnóstico de ITS fuera de los "entornos clínicos convencionales" para cortar cadenas de contagio. La herramienta se puso a disposición de las comunidades autónomas el pasado mes de febrero, permite que una persona pueda tomarse las muestras en la intimidad y tratarse sin pasar por una sala de espera de ITS.

El tercer pilar de la Hoja de Ruta es el de la vigilancia de resistencias, y para ello se ha priorizado el control de la gonorrea multirresistente ante el riesgo de aparición de cepas que comprometan o hagan que los tratamientos actuales pierdan efectividad. El Ministerio de Sanidad asegura también que se refuerza el derecho a la protección de la salud para inmigrantes y se impulsa la capacidad diagnóstica en la Atención Primaria. El objetivo general de estas acciones es conseguir que el VIH y las ITS hayan dejado de ser un problema de salud pública en 2030.

Cada vez más infecciones

La estrategia se ha elaborado a partir del análisis de la evolución epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual en España realizado por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Un cribado que muestra que la tendencia lleva siendo ascendiente desde inicios de los 2000, y que en 2024 —el último año del que hay datos— se alcanzaron los niveles más elevados: un total de 93.000 casos de las cuatro ITS principales sometidas a vigilancia.

De infección gonocócica (comúnmente conocida como gonorrea), se notificaron 37.257 casos, con una tasa de 76,63 por 100.000 habitantes y un incremento anual del 28,9% entre 2020 y 2024. La clamidia, que es la infección más frecuente, registró un aumento de casi el 20% desde 2016, con 41.918 casos; mientras que la sífilis alcanzó en ese mismo año los 11.930 casos, un 19,4% más que en 2021. En cuanto al linfogranuloma venéreo (LGV), se notificaron 1.996 casos, concentrados mayoritariamente en hombres.

La mayoría de los diagnósticos se producen en adultos jóvenes, con una afectación superior en hombres que en mujeres en todas las ITS, a excepción de la clamidia, donde la proporción de mujeres menores de 25 años es elevada.

Durante la jornada de este lunes se ha presentado también la nueva campaña de prevención del ministerio, 'Las ITS están donde menos esperas: protégete y disfruta', dirigida a concienciar sobre la presencia de estas infecciones en el día a día. El mensaje se centra sobre todo en recordar que las ITS no afectan únicamente a una población, edad o contextos específicos y en enfatizar que protegerse frente a ellas está "en mano de todos".

Hastiados, frustrados y sobrecargados. Es la sensación que comparten profesores de distintos puntos de España, que se sienten abandonados por las administraciones y obligados a asumir cada vez más trabajo con recursos insuficientes. Aulas más diversas y complejas, ratios elevadas, una burocracia creciente y jornadas que se alargan mucho más allá del horario oficial conforman un cóctel que, aseguran, ha ido deteriorando sus condiciones laborales durante años, cronificando un malestar que ha terminado estallando en protestas en distintos puntos del país, bajo la advertencia de sindicatos y docentes de que el conflicto podría extenderse a nivel nacional si no llegan soluciones.

Tras una década marcada por recortes, cambios normativos y un aumento constante de las exigencias dentro y fuera del aula, muchos profesores sienten que el sistema educativo se sostiene gracias a su esfuerzo individual. Los frentes se multiplican, pero no lo hacen los recursos, y eso acaba repercutiendo en el desempeño laboral de los docentes y también en su salud mental. "Vivo con la insatisfacción constante de no haber podido hacer todo lo que me hubiera gustado con mi alumnado. Por falta de tiempo, de recursos, porque llegas al aula y te encuentras con conflictos que tienes que gestionar... Siento que no llego a todo porque no estoy pudiendo dar algunos contenidos como me gustaría", cuenta a 20minutos Raquel Sotillos, profesora de Lengua en un instituto de Madrid.

Las aulas son cada vez más complejas porque los alumnos son cada vez más diversos. Y no únicamente por la irrupción de las tecnologías y el aumento de los problemas de salud mental entre adolescentes, sino también porque cada vez hay más alumnos que necesitan una atención más personalizada. El número de estudiantes que requieren apoyo supera el millón tras dispararse un 75% en solo seis años, según un informe de CCOO, que advierte de que los fondos para atenderlos solo han aumentado un 31% en ese mismo periodo. Se incluyen aquí a los alumnos con algún tipo de discapacidad intelectual o trastornos del espectro autista (se han incrementado un 36%); a estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje (han aumentado un 66%); o al alumnado con situaciones de vulnerabilidad social (que se ha disparado más de un 128%).

Hay, en definitiva, muchos tipos de alumnos y cada uno necesita una atención específica, bien porque tiene alguna discapacidad, bien porque es extranjero y todavía no domina el idioma, porque viene de una familia vulnerable, o porque ha llegado a mitad de curso. "El malestar también está en que tenemos que lidiar con muchos problemas del alumnado, que tiene que ver muchas veces con el enganche que tienen a redes sociales y por el malestar social que hay en general. Entonces, estás todo el rato apagando fuegos", cuenta la docente de tercero y cuarto de la ESO.

"Ahora se necesita un informe para todo. Antes le podías dedicar mucho más tiempo a tu alumnado o a preparar materiales"

El problema, según señalan los docentes, no es la diversidad de las aulas, sino la falta de recursos para atenderla en clases con demasiados alumnos por profesor. Así lo cuenta Antonio García, profesor de cuarto de Primaria en la Comunidad Valenciana, que asegura que con 25 alumnos por aula no dan abasto. A ello se le suma la burocracia a la que deben enfrentarse a diario, y que no hace más que aumentar ese desgaste. "Para todo se necesita un protocolo o un informe. Antes le podías dedicar más tiempo a tu alumnado, o a preparar materiales o a reforzar aprendizajes, y ahora se emplea en completar documentación que muchas veces no repercute en el alumno", subraya.

Eso, además, va engrosando la jornada de los profesores hasta superar las horas que en realidad deberían hacer por contrato. El trabajo real supera ampliamente la jornada oficial debido a reuniones, coordinación, adaptación curricular, atención a las familias y tareas administrativas. "El profesorado sobrepasa holgadamente su horario oficial", sostiene Héctor Adsuar, secretario de Enseñanza Pública no universitaria de CCOO.

Según subraya, las funciones y las exigencias al profesorado "han ido siempre a más", sin aumentar recursos ni adaptar plantillas. Y el resultado es una sensación de sobrecarga permanente. Para el dirigente sindical, aunque no se hayan llevado a cabo recortes en los últimos años, hacer que aborden "más cosas" sin los recursos necesarios es lo mismo que un recorte. "No es tan evidente, pero es igual o más frustrante para las profesionales de la educación", sostiene.

"Si no se ponen medidas, esto escalará a más"

Desde el sindicato piden un estatuto marco que fije unas condiciones mínimas para los docentes, con reducción de horario lectivo, ratios más bajas que las actuales y la posibilidad de una jubilación anticipada. Exigen también una reducción de la carga burocrática y una mayor atención a los riesgos de salud laboral y sociales de los docentes, hasta ahora "muy poco cuidados". "Y luego el reconocimiento profesional. Consideramos que se ha progresado, pero no lo suficiente para los tiempos actuales. Los docentes tienen una responsabilidad social máxima que debería reconocerse a nivel retributivo pero también elevándolos a todos al subgrupo A1 de funcionarios", defiende Adsuar.

Según cuenta, hay también "mucha tela que cortar" en lo que respecta a la formación inicial y al ingreso de los docentes, pero sostiene que hay temas más relevantes a los que prestar atención antes, como los mencionados. El dirigente sindical señala tanto a las comunidades autónomas como al Gobierno central, y les culpabiliza a ambos de la situación actual. "Es como si no consideraran una prioridad el bienestar del sistema educativo y, por tanto, de su profesorado, y tendremos que hacérselo ver. Si no ponen soluciones, si no ponen medidas, esto escalará a más", concluye, antes de asegurar que probablemente las movilizaciones se multiplicarán y se generalizarán, hasta llegar a una posible huelga general a la vuelta de las vacaciones de verano.