La firma de una declaración institucional vuelve a situar sobre la mesa una reivindicación que en Almería se repite desde hace más de dos décadas: la creación de un corredor ferroviario que conecte la capital con la comarca del Poniente. No es una idea nueva ni un proyecto cerrado, sino una aspiración que ha ido apareciendo y desapareciendo de los planes de movilidad sin llegar nunca a ejecutarse.

Ahora, la Mesa del Ferrocarril ha conseguido que distintas instituciones se sienten en torno a un mismo documento para escenificar un apoyo conjunto a una infraestructura que, sobre el papel, podría articular el principal eje urbano y económico de la provincia. La cita para la firma se ha pospuesto por cuestiones de agenda, pero se prevé que se formalice en la Universidad de Almería. Sin embargo, la propuesta vuelve a poner el foco en un área que concentra a más de medio millón de personas entre la capital y el Poniente, una de las mayores aglomeraciones urbanas del sur peninsular sin una red de cercanías ferroviarias.

La idea de un corredor ferroviario entre Almería y el Poniente no es nueva y ha ido casi paralela a la del Corredor Mediterráneo. Forma parte de una secuencia de intentos de planificación que se remonta, al menos, a finales de los años noventa, cuando distintos estudios ya apuntaban a la necesidad de prolongar el eje ferroviario hacia la zona occidental de la provincia. De hecho, en 2008 llegó a plantearse un sistema tranviario metropolitano que no llegó a materializarse tras la crisis económica. Años después, el Plan de Ordenación del Territorio del Poniente Almeriense (POTPA) incluyó la previsión de un corredor paralelo a la autovía. Sin embargo, la reserva efectiva de suelo nunca llegó a consolidarse.

Para evitar que se perdiese el proyecto entre promesas, la Mesa del Ferrocarril retomó esa demanda en 2020 mediante alegaciones a la planificación territorial autonómica, en las que pedía algo concreto: blindar el trazado para evitar que el desarrollo urbanístico cierre definitivamente la posibilidad de construirlo en el futuro.

Un corredor necesario

El coordinador de la Mesa del Ferrocarril, José Carlos Tejada, cree que el tren aún no es una realidad por un hecho muy sencillo: el problema no es la ausencia de estudios, sino la falta de ejecución política. “Esto es una reivindicación de hace muchos años. La mesa se constituye como plataforma para plantear soluciones de movilidad en el corto, medio y largo plazo”, explica. En ese recorrido, asegura, se han presentado alegaciones y propuestas para que la administración autonómica reserve un corredor ferroviario a lo largo del Poniente. Sin embargo, sostiene que ese objetivo no se ha materializado en la planificación vigente.

“El problema es que cada administración traslada la responsabilidad a otra. Y mientras tanto, el corredor sigue sin reservarse”, apunta. Para la Mesa, la clave no es únicamente construir la infraestructura, sino evitar que sea imposible en el futuro por la ocupación del suelo. No en vano, el argumento central del proyecto es demográfico. Según los datos que maneja la Mesa, en el Poniente viven alrededor de 330.000 personas, a las que se suman las aproximadamente 220.000 de la capital. En total, unos 550.000 habitantes en un mismo eje territorial sin conexión ferroviaria metropolitana.

“En ninguna comarca del país con este volumen de población no existe tren de cercanías. Es una anomalía”, sostiene Tejada. La movilidad diaria entre municipios como Roquetas de Mar, Vícar, El Ejido o Adra y la capital depende casi exclusivamente de la autovía A-7 y del vehículo privado. La Mesa estima que en la comarca circulan más de 130.000 turismos, sin contar vehículos comerciales o de transporte. El resultado, según su diagnóstico, es un modelo de movilidad basado en el coche como única opción real para desplazamientos cotidianos.

Más allá del transporte de pasajeros, el proyecto incorpora una dimensión logística. El Poniente concentra alrededor del 70% de la producción agrícola de la provincia, un sector que genera millones de toneladas de frutas y hortalizas cada año con salida casi exclusiva por carretera. La Mesa plantea que un futuro corredor ferroviario podría incorporar también usos vinculados al transporte de mercancías, lo que permitiría reducir tráfico pesado en la red viaria y mejorar la eficiencia logística del principal motor económico de la provincia.

El diseño del corredor no está definido. La propuesta más extendida plantea un sistema de cercanías o tranvía metropolitano que conecte la capital con el Poniente a lo largo del eje costero. Sin embargo, el propio coordinador de la Mesa reconoce que se trata de un proyecto complejo, condicionado por la densidad de invernaderos y la ocupación del suelo en buena parte del trazado. Entre las alternativas estudiadas, se ha llegado a plantear el uso de la mediana de la autovía en determinados tramos, una solución ya aplicada en otros entornos metropolitanos. En cualquier caso, las estimaciones económicas apuntan a una infraestructura de gran envergadura, con costes que en estudios previos se situaban en torno a los 1.200 millones de euros en algunos tramos iniciales.

Apoyos institucionales, pero sin hoja de ruta

El proyecto cuenta desde hace tiempo con respaldo político en distintos niveles institucionales, aunque nunca se ha avanzado más allá de las promesas. En el ámbito local, municipios como Roquetas de Mar o El Ejido han aprobado mociones de apoyo al corredor ferroviario. El alcalde ejidense, Francisco Góngora, ha señalado que se trata de infraestructuras que requieren planificación a largo plazo: “Son proyectos que pueden tardar años, así que tenemos que empezar a dar pasos decisivos para que sea una realidad”. En el mejor de los escenarios, desde la Mesa calculan que el tren no entraría en funcionamiento hasta dentro de una década, siempre en función del proyecto que acabara ejecutándose.

No obstante, el Ayuntamiento de Almería también se ha posicionado a favor de mejorar la conectividad entre la capital y su entorno metropolitano. Defiende que este tipo de infraestructuras permitirían descongestionar el tráfico y avanzar en sostenibilidad, aunque reconoce la complejidad administrativa y económica del proyecto. “Entendemos que más tarde o más temprano tendrán que llevarse a cabo esos proyectos”, señalan desde el Consistorio.

La Junta de Andalucía, por su parte, asegura que el Cercanías del Poniente ya aparece en la planificación estratégica de movilidad autonómica, tanto en el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía 2030 como en el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Almería. No obstante, subraya que se trata de un estudio de viabilidad y que la competencia ferroviaria corresponde al Estado.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Almería, el Ejecutivo central se muestra favorable a la iniciativa, aunque insiste en la necesidad de cooperación entre administraciones. “No es una infraestructura que pueda hacerse de un día para otro, pero nos obliga a repensar cómo queremos que sea Almería a medio y largo plazo”, señalan. El subdelegado, José María Martín, defiende además abrir el debate sobre el reparto de competencias en materia ferroviaria y plantea la necesidad de sumar voluntades institucionales para avanzar. Por último, la Diputación de Almería, sin embargo, no ha respondido a las reiteradas consultas de este medio sobre su posición respecto al proyecto.

Se trata por lo tanto de un proyecto con un amplio respaldo político y técnico en el discurso, pero sin avances concretos en su ejecución. La Mesa del Ferrocarril insiste en que el objetivo inmediato no es construir la infraestructura, sino asegurar su viabilidad futura mediante la planificación del suelo. El debate, sin embargo, sigue abierto entre administraciones que coinciden en la necesidad del corredor, pero discrepan sobre quién debe impulsarlo y cuándo.

Mientras tanto, el Poniente almeriense continúa dependiendo casi en exclusiva de la carretera para sus desplazamientos cotidianos, en un territorio donde la movilidad sigue siendo, más que una cuestión técnica, un problema estructural sin resolver.

Elisa Mouliaá, la denunciante de Íñigo Errejón por un delito de agresión sexual, planta hoy por tercera vez al juez Arturo Zamarriego que tramita la querella que le puso el expolítico por un delito de calumnias.

Después de que ella le acusase públicamente de haber extorsionado a una testigo que declaró en la causa que mantienen abierta por un delito sexual y en el marco de la que el juez Adolfo Carretero llegó a dictar la apertura de juicio oral contra Errejón.

La actriz se mantiene fiel a su decisión de no comparecer este lunes en que está citada a declarar por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, alegando que estará entre Dubái y distintas zonas del Mar Rojo, «trabajando bajo un contrato profesional internacional firmado el pasado 8 de junio».

El magistrado Arturo Zamarriego le advirtió de que si no asistía a este tercer requerimiento, se enfrentaba a que pueda acordarse «su detención y traslado a esta sede», de los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid), «con deducción de testimonio por si los hechos fueran constitutivos de un delito de desobediencia a la autoridad judicial», tal y como consta en una providencia del pasado mes de mayo.

Será la tercera vez que se ausenta, tras cambiar hasta en dos ocasiones de abogado en esta causa que nació por una querella que interpuso en su contra el que fuera portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados.

El magistrado Zamarriego tomó esta determinación tras recibir un informe médico forense en que los peritos del juzgado resolvieron que Mouliaá «presenta adecuada capacidad para declarar» en calidad de querellada.

Pues bien, Mouliaá y su última letrada, Yurena Carillo, decidieron presentar una recusación contra el juez Zamarriego en la que inciden en que «concurren circunstancias objetivas que comprometen gravemente la apariencia constitucional de imparcialidad judicial». A su parecer, porque el instructor no ha tenido en debida cuenta que «ostenta una condición de denunciante» en el otro procedimiento en que está ya acusado Errejón.

El magistrado rechazó, este pasado viernes, el intento de recusación porque «es un eslabón más en la estrategia procesal que viene siguiendo para no comparecer y ser oída». Las «causas invocada» por Mouliaá son –para Zamarriego– «responden a construcciones artificiosas que no tienen respaldo en la ley».

Hasta en dos ocasiones distintas a lo largo de estos meses, la intérprete se ha ausentado de su cita con el magistrado, alegando que se encuentra de baja médica y laboral y defendiendo que tiene derecho a no tener que coincidir en el mismo espacio con su supuesto agresor sexual.

Tras no asistir a su declaración por segunda vez, el juez Zamarriego envió un médico forense adscrito a su tribunal para evaluar si se encontraba o no en condiciones de contestar a las preguntas del instructor. El perito judicial dictaminó que no existía ningún impedimento para que cumpliese con su llamada.

Una vez el juez la citó, finalmente, para este lunes, con advertencia de que podía ser trasladada hasta Plaza de Castilla por agentes policiales, su nueva abogada sostuvo que era una medida de carácter «desproporcionado» y que Mouliaá está constitucionalmente amparada para no prestar declaración y, de hacerlo, existen –según Carillo– otros medios alternativos para recoger su testimonio que evitarían su revictimización, que a lo que –sostiene la abogada– se enfrenta.

El juez Zamarriego tampoco accedió a su petición de que dictase el sobreseimiento de esta causa paralela por calumnias, puesto que lo estimó «extemporáneo procesalmente», al no haberse practicado por el momento ninguna de las mínimas diligencias de investigación pertinentes que dicta la legislación.

En un extenso escrito de alegaciones, su representante legal no ve procedente que el juez haya ido «manteniendo nuevas citaciones y apercibimientos coercitivos», «pese a la existencia de documentación médica ya aportada y a las objeciones formuladas respecto de la proporcionalidad de las actuaciones».

Su abogada en este procedimiento que impulsó contra ella el que fuera portavoz parlamentario de Sumar insiste en la tesis de que «la acumulación progresiva de medidas coercitivas, la utilización de apercibimientos propios de supuestos de resistencia contumaz y la evolución material del procedimiento» implican a «una fundada percepción de pérdida de neutralidad y de tratamiento procesal excepcionalmente gravoso».

Así la instrucción supone una «presión procesal extraordinariamente intensa y potencialmente revictimizadora respecto de una persona que simultáneamente ostenta la condición de denunciante en la causa principal aún no definitivamente resuelta», en referencia al proceso en el Errejón se enfrenta al banquillo de los acusados por presunta agresión sexual a la actriz.