La renovación de la cúpula de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vuelve a poner sobre la mesa una preocupación creciente en amplios sectores de la sociedad española y de los partidos de la oposición respecto a la progresiva colonización de las instituciones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, como un intento de pervivencia silenciosa del sanchismo. Uno de los pilares esenciales de cualquier democracia liberal es la independencia de sus instituciones. Organismos reguladores, tribunales, entidades supervisoras y organismos públicos están llamados a servir al interés general, no a los intereses de un gobierno concreto ni de un partido político. Cuando esa frontera se difumina, la calidad democrática se resiente y la confianza de los ciudadanos en el Estado comienza a erosionarse. La renovación de cargos en la CNMC vuelve a levantar las sospechas de la oposición al recordar que todos los nombramientos que se han aprobado durante el paso de Sánchez por la Moncloa no responden exclusivamente a criterios de mérito, experiencia o independencia, sino a una lógica de afinidad política e intención controladora. Bajo el mandato de Cani Fernández, el organismo impuso sanciones millonarias a grandes compañías, analizó operaciones empresariales de enorme impacto y tomó decisiones que no siempre coincidieron con los intereses o preferencias del Gobierno. Por esa razón, la designación de sus responsables no puede convertirse en un simple reparto de cuotas de poder. Las instituciones existen para limitar la capacidad de los gobiernos, no para convertirse en una prolongación de ellos. Ahora vuelve a sonar Mariano Bacigalupo como la apuesta del Gobierno pero, si es designado presidente de la CNMC, el Gobierno volverá a alimentar las sospechas sobre la creciente politización de los organismos independientes. Nadie discute su experiencia regulatoria ni su conocimiento de sectores estratégicos, pero la independencia que exige una institución de esta relevancia también debe ser aparente. Su anterior salto de la CNMC a la CNMV ya generó controversia por su vinculación familiar con Teresa Ribera, entonces vicepresidenta del Gobierno. Un perfil incuestionablemente ajeno a cualquier sombra política debería ser la apuesta final. España necesita instituciones fuertes, respetadas y autónomas. La legitimidad de un gobierno procede de las urnas. La legitimidad de las instituciones reguladoras procede de su independencia. Confundir ambas cosas constituye un error que ningún Ejecutivo debería cometer.