La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hallado un correo que acredita que el ex secretario de Organización del partido Santos Cerdán dio instrucciones expresas para que el PSOE sufragara la logística de las maniobras presuntamente urdidas por Leire Díez. En el mensaje, fechado el 25 de abril de 2024 y remitido a una agencia de viajes para cerrar la compra de un vuelo para la exmilitante socialista, una empleada de Ferraz indica que el pago debía hacerse porque era una “orden directa” de Santos Cerdán.

El nuevo atestado de la UCO de la Guardia Civil en el caso Leire, al que ha tenido acceso elDiario.es, incluye un listado detallado de los viajes que el PSOE abonó Leire Díez y recoge, además correos cruzados entre la secretaria del partido Covadonga San Pedro y la agencia de viajes con la que la formación contrataba los viajes.

Esos correos parten de una pregunta de la empleada de la agencia que indica que bloquea la compra de un billete de avión para Leire Díez porque entiende que deben solicitar autorización a Gerencia dado que no le consta que esa persona esté autorizada por el partido. “No tengo los datos de que Leire Diez esté autorizada. ¿Me puedes decir área y motivo del viaje?”, le solicita la trabajadora de la agencia. “Es una orden directa del Secretario de Organización. No sé más... Por favor emite en cuanto tengas la autorización. Gracias”, le responde ese mismo día la empleada del PSOE.

La UCO indica en su atestado de 11 de junio que ese correo fue hallado gracias al requerimiento judicial a la agencia de viajes VB Group, con la que el PSOE mantenía un convenio para la gestión de viajes. A su juicio, esto confirma que la existencia de los viajes realizados por la exmilitante en el marco de sus presuntos trabajos para reunirse con funcionarios, fiscales e investigados para tratar de tumbar causas que afectaban al partido y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Indica que el correo de la secretaria “resulta de especial interés por ratificar que sería Santos (Cerdán) quién habría autorizado que Leire (Díez) hiciese uso de los recursos del partido para viajar”.

El atestado también revela que entre la documentación de Santos Cerdán que todavía permanecía en la sede del PSOE el pasado 27 de mayo, cuando se produjo el requerimiento de los agentes, se encontraba un documento realizado por Leire Díez sobre las actividades de la trama. La UCO sostiene que el hecho de que este documento se encontrase en poder de Cerdán “pone de manifiesto la dación de cuentas” efectuada por la exmilitante y que el que fuera ‘número tres’ del PSOE recibía “novedades” al respecto.

Se trata de una copia impresa del archivo “2024-11-19 Incumplimientos.docx”, en el que Leire Díez hace alusión a algunas de las “líneas de actuación” desarrolladas. Así, figuran nombres como los del comisario José Villarejo, el ex secretario de Estado de Seguridad con el Partido Popular Francisco Martínez o la instructora del caso contra el hermano de Pedro Sánchez, Beatriz Biedma. También aparecen referencias al fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón y al miembro de esta Fiscalía José Grinda.

Las “excepcionales” investigaciones internas en Guardia Civil

El informe dedica un apartado a las presuntas presiones a miembros de la UCO por parte de Leire Díez y a través de la directora general de la Guardia Civil. Los propios agentes de la UCO destacan la “excepcionalidad” de que se les abrieran informaciones reservadas para investigar el origen de informaciones en prensa. 

Para ello alegan que en todo el año, y hasta diciembre de 2024, no se había abierto una sola información reservada –un procedimiento recogido en el reglamento que puede anticipar la apertura de un expediente– y que en 2025 ocurrió lo mismo, al menos hasta que se abrió la correspondiente a la UCO. Lo infieren del hecho de que las dos informaciones lleven por número 1/2024 y 1/2025. El informe no aclara si se refiere a que no se había abierto ese ninguna información reservada antes en su unidad o en un ámbito más amplio. 

La información reservada en octubre de 2025 está relacionada con una información de portada del diario El Mundo en el que se llama al teniente general Llamas, director operativo del Cuerpo, “peón de Marlaska”. Los agentes que redactan el presente informe de la UCO destacan que ninguna de las fuentes que utiliza la periodista para denigrar al DAO aluden a que se ubican en la Unidad Central Operativa. En el artículo se utilizan expresiones como “fuentes de toda solvencia”, “conocedoras del conflicto” o “es un secreto a voces”.

La investigación que el juez Juan Carlos Peinado abrió hace más de dos años contra Begoña Gómez avanza ya hacia el juicio si no lo impide la Audiencia Provincial, la instancia que revisa sus decisiones. Tras recibir los escritos de las acusaciones ultras que sustentan la causa y que piden 24 años de cárcel para la mujer del presidente del Gobierno, el juez la ha citado este lunes al último acto previo al enjuiciamiento, la llamada audiencia preliminar.  

Se trata de un trámite que no requiere la asistencia de los investigados, si bien Peinado exigió su comparecencia bajo la amenaza de que, en caso de no presentarse, podrían ser “conducidos por la fuerza pública”. Su argumento es que, ante las altas penas a las que se exponen, “se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo” de que se fuguen. Es una apreciación llamativa en el caso de Begoña Gómez, quien va acompañada permanentemente en sus desplazamientos por un equipo de escoltas de la Policía Nacional. Y también en el del empresario Juan Carlos Barrabés, que está gravemente enfermo, según los informes médicos que constan en la causa. 

La defensa de Begoña Gómez da por hecho que se abordará la posibilidad de que se tome algún tipo de medida cautelar contra ella, como la retirada del pasaporte, por lo que sí tiene previsto acudir a la comparecencia, a diferencia de lo que hizo en anteriores ocasiones. En estas citaciones estuvo representada por su abogado, posibilidad que incluye la Ley del Jurado y que aclara una circular de la Fiscalía General del Estado de 1995. 

Las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es recuerdan que para acordar algún tipo de medida cautelar debe solicitarlo alguna de las partes. No se espera que lo haga la Fiscalía, quien ha pedido reiteradamente el archivo de la causa al considerar que Peinado se basa en “hipótesis” y “alambicadas teorías” para sentar en el banquillo a Begoña Gómez. 

Sin embargo, el escrito en el que las acusaciones ultras pedían 24 años de cárcel por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida sí daba pistas al respecto al solicitar al juez que tomara medidas como la retirada del pasaporte o las comparecencias quincenales en el juzgado. Formulaban esta petición ante el “evidente y fundado riesgo de fuga” derivado de “la gravedad de las penas solicitadas”. 

Los ultracatólicos de HazteOir lideran la acusación popular tras la decisión del magistrado de agruparlas bajo una única dirección letrada. También forman parte partidos como Vox o el minoritario Iustitia Europa y otras organizaciones vinculadas a la extrema derecha como Manos Limpias. No obstante, el pseudosindicato que dirige Miguel Bernad, que interpuso la primera querella que dio origen a la investigación, solicitó recientemente al juez que le permita ir por libre por las “diferencias radicales y profundas” con el resto de acusaciones. 

Manos Limpias no ve claros tres de los cinco delitos que se le achacan a la esposa de Pedro Sánchez y tampoco la imputación de la asistente Cristina Álvarez, para quien el conjunto de las acusaciones populares piden 22 años de cárcel, al considerar que se dedicó a la captación de fondos, reuniones y supuestos negocios privados de Begoña Gómez durante su horario de trabajo.

Las peticiones de las defensas

El juez Peinado rechazó prácticamente todas las diligencias que las partes habían pedido que se celebraran en la audiencia preliminar. Por ejemplo, la defensa de Barrabés solicitó la declaración de más de una veintena de testigos, pero el juez determinó que escucharles no era “imprescindible” para decidir sobre la procedencia de abrir juicio. También rechazó que se abordaran los últimos informes periciales que ha presentado la defensa de Begoña Gómez, que sí están incorporados al procedimiento. 

Así que más allá de las posibles medidas cautelares, lo previsto es que las defensas y la Fiscalía defiendan de nuevo que la causa debe archivarse y que las acusaciones insistan en que tiene que ir a juicio. Parte de la investigación impulsada por el juez Juan Carlos Peinado gira en torno a la actividad profesional de Begoña Gómez en la Complutense. Según el juez, desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en esa Universidad gracias a su “posición relacional”.

En esta línea, las acusaciones populares lideradas por HazteOir defienden que Begoña Gómez se valió de la influencia derivada de ser la esposa del presidente para favorecer a empresas de Barrabés en adjudicaciones públicas e impulsar de forma irregular la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. 

Se espera que en la vista de este lunes su abogado, Antonio Camacho, rebata esta tesis sobre la base de los argumentos de su escrito de defensa. Entre ellos, que su vinculación con ese campus comenzó en 2012, cuando Pedro Sánchez “no ostentaba responsabilidad pública alguna”, que fue ella quien “inventó” el término “Transformación Social Competitiva” que dio nombre a la dirección de la cátedra extraordinaria que asumió en 2020 o que ese cargo no conllevaba “retribución económica alguna”. 

Se prevé que la Fiscalía se exprese en ese mismo sentido. En sus escritos, el fiscal José Manuel San Baldomero ha criticado que el juez Peinado haya tachado de “irregular, corrupta y delictiva” cualquier actividad realizada por la esposa de Pedro Sánchez “forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara”. Y también ha atacado el mantra de los negocios privados de Begoña Gómez, que cobró 34.314 euros en una década de colaboración con la Complutense. “No parece que el lucro sea sospechoso ni disparatado”, dejó por escrito el fiscal.

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, las acusaciones ultras defienden que “se apropió y puso bajo su poder de control y disposición” el programa en perjuicio de la Complutense porque no lo entregó a pesar de que estaba obligada a ello.

La defensa de Begoña Gómez viene subrayando, sin embargo, que el convenio de la cátedra preveía crear una plataforma tecnológica gratuita propiedad de la Complutense. Y que las empresas colaboradoras ingresaron directamente las aportaciones económicas en el patrimonio de la universidad, así como que fue la propia Complutense quien licitó los contratos necesarios. Además, la defensa ha insistido en que el software nunca llegó a finalizarse ni a usarse debido a que la Complutense canceló la cátedra, por lo que ni Begoña Gómez se lucró ni la Universidad sufrió ningún perjuicio patrimonial.

Por otro lado, respecto a las funciones de la asistente en las que el juez y las acusaciones ven un delito de malversación, la defensa de Begoña Gómez mantiene que su ayuda “ocasional” mediante el envío de “un número muy limitado de correos para ayudar en momentos puntuales” a Begoña Gómez no afectó sus funciones ni supuso un “menoscabo de recursos públicos”.

Tras escuchar los argumentos de las partes —y, en su caso, decidir si impone a los investigados alguna medida cautelar—, el juez tendrá que determinar en el mismo acto o en los tres días siguientes si abre o no juicio oral contra Begoña Gómez, su asistente en la Moncloa y el empresario Barrabés. Tras una instrucción en la que se ha apoyado en las acusaciones de extrema derecha, todo apunta a que Peinado dejará a los tres investigados camino del banquillo antes de su jubilación, prevista para el próximo septiembre.