Santo Domingo, 13 jun (Prensa Latina) Más de un millar de ciudadanos de Haití en condición irregular fueron deportados en la última jornada y 817 resultaron detenidos por la Dirección General de Migración (DGM) de la República Dominicana, informó hoy el organismo.
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Santo Domingo, 13 jun (Prensa Latina) República Dominicana será sede de la Reunión Ordinaria de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (Caaci) y del Programa IBERMEDIA, encuentros que se celebrarán del 22 al 26 de junio próximo, trascendió hoy.
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Santo Domingo, 13 jun (Prensa Latina) La República Dominicana presentó los avances durante su gestión al frente de la Comisión de Autoridades Migratorias (CAM) de los Países Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), entre ellos una plataforma regional de información sobre movilidad, trascendió hoy.
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La primera autopista que se construyó en España data del año 1952 y fue la conexión entre Madrid y el aeropuerto de Barajas. Desde ese momento, la red de vías de alta capacidad (autovías y autopistas) no ha dejado de crecer hasta alcanzar los más de 17.000 kilómetros. En la actualidad, estas autovías son competencia del Ministerio de Transportes, de algunas CCAA y también de entidades municipales, como la M-30.
Por lo tanto, para establecer el ranking de las diez vías de alta capacidad más largas, solo vamos a escoger las autovías que, según la RAE, se definen como "carretera que, no reuniendo todos los requisitos de la autopista, tiene calzadas separadas para cada sentido de la circulación, no ofrece acceso directo a las propiedades colindantes y carece de cruces a nivel". Por lo tanto, en el top solo incluimos las autovías con mayor número de kilómetros.
Según los datos disponibles en el Catálogo de la Red de Carreteras del Estado del Ministerio de Transportes, este es el top 10:
Finalmente, cabe destacar que la autopista con mayor longitud es la AP-7 (Autopista del Mediterráneo) con más de 920 km; esta carretera tiene su inicio en la frontera francesa y finaliza en la intersección con la A-75 en Vera (Almería).
La nacional más larga de nuestro país es la N-340, también denominada Carretera del Mediterráneo, la cual ostenta este reconocimiento al recorrer un total de 1.248 kilómetros. Esta emblemática vía comienza en Puerto Real (Cádiz) y finaliza su trayecto en Barcelona, conectando gran parte del litoral mediterráneo.
A lo largo de su trazado, la N-340 atraviesa importantes ciudades como Málaga, Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón y Tarragona. Una de sus características más destacadas es su origen histórico, ya que su recorrido sigue la antigua calzada romana de la Vía Augusta.
Actualmente, es complicado realizar el trayecto original al completo debido a que la gran mayoría de la vía ha sido desdoblada en autovías y autopistas como la A-7 (Autovía del Mediterráneo), la AP-7 (Autopista del Mediterráneo) y la A-48 (Autovía de la Costa de la Luz). El único tramo que todavía conserva su formato original de carretera convencional se sitúa entre los municipios de Vejer de la Frontera y Algeciras, en la provincia de Cádiz.
En España, existen más de 17.000 kilómetros de autovías y autopistas actualmente en servicio, de los que casi 12.000 son competencia del Ministerio de Transportes. Por lo tanto, dicha administración es la responsable de la conservación, el mantenimiento y también la planificación de las próximas vías de alta capacidad.
Con respecto a las nuevas autovías, el ministerio dirigido por Óscar Puente precisa en su página web las futuras vías para las que está prevista la realización de su estudio informativo para su futura construcción en los próximos años, aunque muchas ya llevan en ese punto algunas décadas. Para ello, vamos a dividirlas según sean autovías entre ciudades o urbanas.
Todas ellas actualmente se encuentran en previsión por Transportes, así como en algunas ya se ha llevado a cabo el estudio informativo o este ha quedado caducado; también en otras hay algún tramo ya construido:
En la misma web del Catálogo del Ministerio de Transportes también nos encontramos con las vías de alta capacidad urbanas que se busca desarrollar:
"Si China ataca Taiwán, Francia, Europa, Estados Unidos y Japón se verán afectados. Taiwán estará en una situación terrible, pero vosotros también“. La frase pertenece al viceministro de Relaciones Exteriores taiwanés, Wu Chih Chung y resonó en Europa. ¿Resonó? Los líderes europeos reaccionaron tarde a la invasión rusa a Ucrania y aún parecen desentenderse del conflicto en ciernes en el Asia-Pacífico.
La intensificación de la presión militar y diplomática de China sobre Taiwán, junto a la modernización defensiva de Taipéi y el aumento de incidentes en torno a la libertad de navegación, agravan la tensión en el estrecho y reconfiguran la seguridad en la zona. El conflicto de intereses en la región implica no solo a los dos principales actores, sino a potencias occidentales, naciones aliadas y a la propia arquitectura de la seguridad internacional.
De acuerdo con el Institute for the Study of War (ISW), el régimen de Xi Jinping ha intensificado sus operaciones de presión sobre Taiwán en múltiples frentes. Durante el mes de mayo, se registraron 217 incursiones de aeronaves de la Fuerza Aérea china en la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) de la isla, una cifra que, si bien es menor a los promedios de 2025, mantiene un ritmo que obliga a las fuerzas taiwanesas a una vigilancia permanente. La autocracia china pretende además golpear en la moral militar del estado democrático con el que confronta en todos los frentes.
El informe señala que la reducción temporal en el número de incursiones no responde a un cambio de estrategia de Beijing, sino a una táctica de imprevisibilidad, destinada a desgastar la respuesta militar de Taiwán y desensibilizar a su población ante la amenaza. En los últimos años, el pueblo taiwanés ha demostrado, sin embargo, una gran resiliencia a esas agresiones y al acoso permanente. La frecuencia de estas operaciones representa una forma de presión psicológica y militar que, según analistas de defensa, busca erosionar la moral y la capacidad de reacción de las fuerzas armadas taiwanesas.
El acoso no se limita al ámbito aéreo. La Guardia Costera de China ha incrementado sus incursiones en aguas bajo administración taiwanesa, especialmente cerca de las islas Kinmen y Pratas. Estas maniobras buscan reforzar las reclamaciones jurisdiccionales chinas y probar la capacidad de respuesta de la Guardia Costera de Taiwán, al tiempo que socavan la percepción de soberanía sobre el territorio insular. Esta misma táctica es utilizada por el régimen para disputar territorios con otros países: Filipinas y Vietnam, conocen sobre el tema.
El cerco de China sobre Taiwán no solo se expresa en el plano militar. Xi Jinping ha ordenado combinar estas acciones con campañas de desinformación y amenazas en el ámbito energético. Durante los últimos meses, el régimen explotó la dependencia taiwanesa de gas natural licuado (LNG) importado para sembrar temor ante la posibilidad de una crisis energética en caso de bloqueo marítimo. Esta acción -el bloqueo- representaría un acto de guerra de acuerdo a las leyes internacionales. ¿Estarán dispuestas las potencias occidentales a sancionar a Beijing ante un escenario semejante? ¿Cuánto podrá soportar Taiwán ese estrangulamiento? ¿Tendrá el pulso suficiente Xi para atacar un buque de los Estados Unidos -militar o comercial- que se dirija al Puerto de Kaohsiung, el más importante del comercio de la isla?
Las autoridades de Taiwán ya tomaron cartas en el asunto: reforzaron la comunicación pública y realizaron ejercicios conjuntos entre la marina, la guardia costera y el ministerio del interior para simular la protección de los cargamentos de LNG y petróleo ante eventuales bloqueos. La vulnerabilidad energética de la isla, que cuenta con reservas para apenas 12 días de consumo -de acuerdo a cálculos internacionales-, es uno de los puntos débiles más explotados por la estrategia de coerción china.
La presión en el plano de la opinión pública también se refleja en la campaña de desinformación lanzada por Beijing a través de redes sociales y plataformas como TikTok y RedNote. El presidente taiwanés, Lai Ching-te, advirtió que estas aplicaciones pueden ser empleadas para influir sobre los jóvenes y modificar la percepción local respecto a la anexión china y la defensa de la democracia. Taiwán ha implementado prohibiciones parciales y campañas educativas para contrarrestar estos intentos de “guerra cognitiva”.
Frente a la presión creciente, Taiwán redobló los esfuerzos para modernizar sus sistemas de defensa. De acuerdo al ISW, la compañía local Aerospace Industrial Development Corp. (AIDC) anunció el desarrollo de un sistema de navegación de drones que no depende de señales GPS, lo que permite operar en entornos donde la guerra electrónica china pueda causar interferencias o bloqueos. El nuevo sistema, basado en inteligencia artificial y navegación visual, busca dotar a las fuerzas armadas taiwanesas de capacidades asimétricas capaces de enfrentar una posible invasión o ataque masivo por parte del régimen comandado por Xi.
El desarrollo de drones resistentes a la guerra electrónica responde a las lecciones observadas en el conflicto de Ucrania, donde la utilización de sistemas no dependientes de GPS demostró ser crucial ante la capacidad de Rusia para bloquear señales. Taiwán -consciente de la superioridad numérica y tecnológica de las fuerzas chinas- prioriza la innovación y la producción local de sistemas autónomos, con el objetivo de reducir la dependencia de insumos y componentes de origen chino.
En el plano internacional, Taiwán busca fortalecer su red de alianzas, especialmente con Estados Unidos, Japón, Canadá y países europeos. En los últimos días de mayo, la fragata canadiense HMCS Charlottetown cruzó el estrecho de Taiwán en una muestra de compromiso con la libertad de navegación y el apoyo tácito a la soberanía de la isla. El régimen de Beijing puso el grito en el cielo ante este uso de las aguas internacionales a las que considera propias. Lo interpretó como una intromisión en su “espacio soberano”. El buque de guerra canadiense atravesó el canal de 180 kilómetros de ancho los días 22 y 23 de mayo como parte de una operación rutinaria, informó el Ministerio de Defensa Nacional. El paso se realizó sin la escolta de buques aliados.
El control del estrecho de Taiwán y el Mar de China Meridional -o Mar del Este, o Mar de Filipinas Occidental- es un punto neurálgico de la rivalidad regional. A fines de mayo, la fragata holandesa De Ruyter realizó una operación de libertad de navegación cerca de las islas Paracel, bajo control chino pero reclamadas por otros países. La respuesta de la autocracia de Xi fue inmediata: la Armada china desplegó buques y aviones, y utilizó advertencias verbales y bloqueo electrónico para expulsar a la nave europea de la zona.
Estas acciones forman parte de una política sistemática de China para restringir la presencia de buques militares no asiáticos y afirmar su control sobre rutas comerciales críticas. Beijing ha invertido en infraestructura militar en las islas disputadas, incluyendo sistemas de guerra electrónica y plataformas de lanzamiento de misiles, con la finalidad de disuadir cualquier desafío a sus reivindicaciones territoriales.
Fuentes diplomáticas coinciden en que el endurecimiento de la postura china busca erosionar los mecanismos internacionales de libertad de navegación y desalentar la formación de bloques defensivos en el Indo-Pacífico. La reacción de la comunidad internacional fue fortalecer la cooperación entre países afines, como Japón y Filipinas, que avanzan en acuerdos de defensa y transferencia de tecnología militar para contrarrestar la presión del régimen comunista.
La dinámica de presión y respuesta en el estrecho plantea riesgos crecientes de escalada no intencionada. La utilización de medidas de bloqueo electrónico y la proximidad de buques y aeronaves militares de diferentes países aumentan la probabilidad de incidentes o errores de cálculo que podrían desencadenar una crisis mayor.
En el plano político, China ha intensificado sus esfuerzos para aislar diplomáticamente a Taiwán, presionando a gobiernos extranjeros para que eviten contactos oficiales con las autoridades taiwanesas. Uno de los últimos fue escandalosamente obsceno: Seychelles, Mauricio y Madagascar cedieron a las órdenes de Beijing, bloquearon su espacio aéreoe impidieron que el presidente Lai visite al único país aliado que tiene en África.
La estrategia china de combinar presión militar, acoso diplomático y campañas de desinformación busca forzar a Taipéi a aceptar la reunificación bajo los términos de la autocracia para renunciar a la democracia que rige la isla desde hace décadas. Mientras tanto, Taiwán apuesta por fortalecer su resiliencia interna, diversificar sus alianzas y modernizar su aparato militar para preservar su autonomía y garantizar la seguridad de su población ante cualquier intento de coerción.
"¿Por qué iba Francia a proteger a los taiwaneses? Nunca hemos sido un país francés, ¿por qué iba Francia a hacer eso? Pero Francia tiene intereses muy importantes en la región, y Francia es un país del Indopacífico“, se pregunta el vicecanciller Wu en una entrevista con Euronews. “Si China ataca Taiwán o incluso impone un bloqueo alrededor de la isla, los intereses del mundo se verán gravemente dañados“, concluyó.
Mientras tanto, Taiwán refuerza su apuesta por la innovación tecnológica, el fortalecimiento de alianzas y la defensa de los principios democráticos frente a la amenaza permanente de Beijing. También intenta abrir los ojos a aquellos que aún se niegan a ver la realidad frente a sí.
X: @TotiPI
Hanoi, 13 jun (Prensa Latina) La compañía automotriz vietnamita Vinfast completó el millón de motocicletas eléctricas producidas en su planta de Hai Phong, desde el estreno en noviembre de 2018 de su primer modelo, Klara, destacan hoy aquí medios de prensa.
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Hanoi, 13 jun (Prensa Latina) Vietnam espera poner en funcionamiento siete nuevos aeropuertos para 2030 con el propósito de mejorar la conectividad entre localidades y a nivel internacional, informó hoy aquí el diario Hanoi Moi.
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Nom Pen, 13 jun (Prensa Latina) El vicejefe de Gobierno y ministro de Construcción, Planificación Urbana y Gestión de la Tierra del Reino de Camboya, Say Samal, ratificó aquí el firme compromiso de fortalecer las relaciones bilaterales con Cuba.
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Hanoi, 13 jun (Prensa Latina) Organizaciones de amistad de Vietnam manifestaron hoy aquí la especial preocupación que generan las nuevas medidas jurídicas, sanciones y restricciones impuestas por Estados Unidos contra Cuba.
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Con independencia de lo que se llegue a averiguar sobre Zapatero, lo que parece claro a día de hoy es que la investigación se nutre de unas pruebas que no cumplen con los requisitos constitucionales exigidos en todo proceso penal
Esta semana hemos sabido que el Tribunal Supremo se muestra contrario a la concesión del indulto al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, una decisión que no sorprende a nadie que haya seguido el rosario de incumplimientos constitucionales que supuso la investigación y posterior condena.
Incumplimientos que también se están produciendo en el caso de las pruebas aportadas por Estados Unidos en el caso Plus Ultra y que provocaron la imputación del ex-presidente Rodríguez Zapatero. En este caso, las pruebas consisten en unas transcripciones de unas conversaciones recabadas por una autoridad gubernamental dependiente del ICE, esa Agencia tan tristemente conocida en los últimos meses y que no cumple con ninguna de los requisitos que nuestro sistema procesal exige para intervenir comunicaciones que puedan servir como prueba en un proceso penal: la autorización judicial previa y una serie de garantías que aseguren que no han sido manipuladas. Nada de eso existe a día de hoy.
Con independencia de lo que se llegue a averiguar sobre José Luis Rodríguez Zapatero, lo que parece claro a día de hoy es que la investigación se nutre de unas pruebas que no cumplen con los requisitos constitucionales exigidos en todo proceso penal.
La sentencia del TS fue una “enmienda a la totalidad” a la parte de la Constitución en la que se reconocen los derechos fundamentales que deben presidir el proceso penal. Y dicha enmienda a la totalidad no debe quedar difuminada por nada. El 'no' al indulto del TS permite la conducta del tribunal sea más visible
Pienso que nadie o casi nadie se ha sorprendido con la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) de oponerse al indulto del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Sí ha habido quienes han manifestado su conformidad o, muy abiertamente, su disconformidad con dicha decisión.
Yo me encuentro entre los primeros. Estoy completamente de acuerdo con la decisión del TS de oponerse al indulto. Lo estoy porque estoy radicalmente en desacuerdo con la sentencia que dictó el TS condenando al exfiscal general.
En mi opinión, la sentencia del TS fue una “enmienda a la totalidad” a la parte de la Constitución en la que se reconocen los derechos fundamentales que deben presidir el proceso penal. Y dicha enmienda a la totalidad no debe quedar difuminada por nada. El 'no' al indulto del TS permite que sea más visible, lo que, en mi opinión, es lo más importante.
La doctrina acerca de la proyección de la vigencia temporal de los derechos fundamentales en el proceso penal de la democracia es tributaria de la doctrina del Concilio de Letrán del año 649 acerca de la virginidad de María “antes del parto, en el parto y después del parto”. El carácter absoluto que tiene la virginidad de María en la doctrina de la Iglesia Católica es el que tienen las garantías constitucionales en el proceso penal de la democracia. No hay ni un solo momento en el que pueda excepcionarse la vigencia de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución para el proceso penal.
Esto es lo que no ha respetado el TS en la sentencia mediante la que condenó al exfiscal general del Estado por revelación de secretos.
El caso no empezó con una querella contra Álvaro García Ortiz, sino con una querella por parte del Colegio de Abogados de Madrid contra la fiscal jefa de Madrid por la publicación de una nota informativa en la que desmentía el bulo puesto en circulación por Miguel Ángel Rodríguez (MAR), según el cual era el fiscal encargado del caso el que había propuesto “un pacto de conformidad” a González Amador y no a la inversa. En el bulo se incluía una denuncia de que había sido el entorno de la Moncloa el que había intentado torpedear la propuesta con la finalidad de perjudicar políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, de la que González Amador es pareja.
Ante el escándalo generado, la fiscal jefa de Madrid redactó una nota informativa con la anuencia del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La querella del Colegio de Abogados se dirigió contra la fiscal jefa de Madrid y empezó su tramitación un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.
Al hacer suya la nota informativa el fiscal general del Estado, el Tribunal de Madrid elevó la causa al TS, único órgano judicial que puede entender de su conducta.
El TS consideró que no se había cometido delito de revelación de secretos con la emisión de la nota pública, ya que los datos que se desmentían habían dejado de ser secretos antes de que se hiciera pública la nota.
Pero, en lugar de archivar la causa, el TS decidió que tal vez se podía haber cometido un delito de revelación de secretos respecto del correo electrónico de 2 de enero de 2024 enviado por la defensa de González Amador al servidor público de la Fiscalía de Madrid, al que tienen acceso un número indeterminado pero determinable de personas. Aquí sí se podía haber cometido un delito.
Hasta aquí nada anómalo, aunque sí infrecuente. El TS cambiaba el objeto del proceso, de la nota informativa de la fiscal jefa de Madrid al correo electrónico de 2 de febrero de 2024 del abogado de González Amador proponiendo un pacto fiscal.
A partir de este momento todo es anómalo. Una vez modificado el objeto del proceso y dado que, al nuevo objeto del mismo, al correo electrónico de 2 de febrero de 2024, podían haber tenido acceso un número indeterminado de personas, el TS tenía que haber devuelto la causa al órgano judicial predeterminado por la ley, es decir, al mismo que había elevado la causa al TS, para que investigara y determinara quien había podido haber filtrado el correo electrónico del 2 de febrero de 2024. Si del resultado de la investigación resultara que el autor de la filtración había sido el fiscal general del Estado, el órgano judicial madrileño debería reenviarlo de nuevo al TS.
Esta es la única manera de proceder de acuerdo con el derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley. El TS no puede serlo nunca, a menos que no exista duda alguna de que es una persona aforada la que ha sido autor del hecho delictivo que se investiga. Eso era imposible saberlo en el momento en que el TS decidió cambiar el objeto del proceso de la nota informativa de la fiscal jefa al correo electrónico del abogado de González Amador.
El TS no actuó así y “retuvo” la causa, con lo que reducía la investigación al fiscal general del Estado, a pesar de que un correo electrónico enviado al servidor general de la Fiscalía de Madrid tenía que haber sido conocido por muchas personas antes que el fiscal general. La autoatribución de la causa por parte del TS supone un caso de libro de vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, además de la pérdida de imparcialidad del propio TS, ya que, sin investigar nada, reduce la posibilidad de conducta delictiva a la del fiscal general del Estado, afectando de esta manera a su presunción de inocencia. Con dicha autoatribución al mismo tiempo el TS privaba a Álvaro García Ortiz del derecho fundamental a la segunda instancia, razón adicional por la cual es manifiestamente anticonstitucional.
Doy por supuesto que el lector sabe que el juez instructor designado por la Sala Segunda del TS “invadió” la sede de la fiscalía general y ordenó el volcado de toda la información que había en la sede en todo tipo de aparatos. La falta de proporcionalidad de la actuación es tan manifiesta que se califica por sí misma A pesar de ello no se consiguió ni un solo indicio que permitiera atribuir a Álvaro García Ortiz la autoría de la filtración, no destruyéndose, por tanto, su presunción de inocencia.
La no identificación en la fase de instrucción del posible autor de la filtración del correo electrónico de 2 de febrero de 2024, condujo, como no podía ser de otra manera, a que tampoco se identificara en la fase del juicio oral y a que, como consecuencia, de ello, la Sala del TS se tuviera que “inventar” la figura del “entorno” como posible autor del delito.
En la fase del juicio oral, el presidente de la Sala interrumpió la declaración de uno de los periodistas, indicándole que “no amenazara” al tribunal por estar ejerciendo de una manera escrupulosa su derecho a transmitir información veraz. Por menos de eso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por falta de imparcialidad de Angela Murillo en una sentencia en la que se condenaba a miembros de ETA.
Pero no fue ese el único desconocimiento del derecho a transmitir información veraz que se produjo en la vista. La minusvaloración hasta la práctica irrelevancia del testimonio de los periodistas por ejercer el derecho a no desvelar sus fuentes, pone de manifiesto qué entiende la Sala por el derecho fundamental a transmitir información veraz, alejada por completo de la doctrina del Tribunal Constitucional.
La desvinculación de la parte dispositiva de la sentencia de la fundamentación jurídica de la misma dio lugar a nuevas vulneraciones del derecho a un juez imparcial. El presidente del Tribunal se permitió acudir al Colegio de Abogados e informar de manera jocosa, correspondida con risas tabernarias por los asistentes, que había pasado a ser ponente de la sentencia, cuando todavía no había sido tomada la decisión por el Tribunal.
Como ya he dejado dicho, la sentencia es una suerte de enmienda a la totalidad de la Constitución en lo que a las garantías constitucionales del proceso penal se refiere. La connivencia del presidente y de otros miembros del tribunal con el primer querellante es todo lo contrario de lo que la apariencia de administración de justicia exige. Apariencia que, como el lector sabe, forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión.
Por eso, me parece bien que la Sala mantenga respecto del indulto la misma posición que ha mantenido durante toda la causa. No es mediante el indulto como se debe reparar la injusticia, sino mediante la sentencia del Tribunal Constitucional que declare la sentencia nula de pleno derecho.
Santo Domingo, 12 jun (Prensa Latina) El Gobierno dominicano dispuso hoy nuevos aumentos de entre tres pesos (0.05 dólares) y seis pesos (0.10 dólares) por galón en los precios de las gasolinas y el gasoil del 13 al 19 de junio próximos.
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