Después de muchas horas reunidos, la dirección de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) ha emitido un comunicado este martes, a las 21.30 horas, para posicionarse por primera vez sobre la noticia adelantada por elDiario.es, que esta mañana reveló que un juzgado de Violencia de Género de Sevilla lleva dos meses investigando a Gustavo Fuentes Aguilar, CEO de la productora Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM) y presidente del Clúster audiovisual de Andalucía, a raíz de la denuncia interpuesta por una reportera de la empresa por delitos de “agresión sexual”, “acoso sexual continuado” y “acoso laboral”.

La dirección de la RTVA descarta pedir la dimisión de Fuentes y advierte en el comunicado de que tampoco puede activar el protocolo antiacoso del ente público -no porque la denunciante pertenezca a una empresa asociada, la productora ADM-, sino porque ella decidió acudir a la vía judicial, sin denunciar primero internamente el caso. Ni ante la dirección de ADM ni ante Canal Sur, su principal cliente.

La RTVA, como cualquier empresa con más de 50 trabajadores, está obligada por ley a tener un Plan de Igualdad y un protocolo antiacoso para actuar en casos de violencia sexual en la empresa, y “también a supuestos que afecten a personas vinculadas a empresas externas o proveedoras que presten servicio a Canal Sur Radio y Televisión”, como es el caso de ADM.

“En el presente caso”, dice el comunicado del ente público, “no consta en la RTVA la presentación de denuncia interna alguna en relación con los hechos objeto de las informaciones publicadas” y “dado que existen actuaciones judiciales abiertas, cualquier eventual actuación interna deberá ajustarse a lo previsto en el Protocolo, que contempla la suspensión de la tramitación respecto de los mismos hechos cuando exista un procedimiento judicial en curso, sin perjuicio de las medidas preventivas temporales que, en su caso, pudieran corresponder”.

La dirección de la RTVA, pilotada por el director general Juan de Dios Mellado, no cita ninguna “medida preventiva temporal” con respecto al CEO de ADM, que de momento seguirá en su puesto al frente de la productora, aunque este martes ha sido apartado de de la presidencia del Clúster Audiovisual de Andalucía, y próximo a la medianoche, el Consejo de Administración de la productora aprobó la “suspensión temporal de sus funciones” (...) “hasta que se aclare su situación procesal y sin prejuzgar su presunción de inocencia”

Lo que sí ha hecho la directiva, a petición de los sindicatos, es convocar con carácter urgente para el próximo jueves una reunión de la Comisión de Igualdad, órgano en el que se encuentran representadas tanto la empresa como la plantilla, “a fin de valorar las actuaciones que pudieran corresponder conforme a la normativa interna aplicable”. Fuentes que participan en dicha comisión advierten, de antemano, que el objeto de esta reunión es analizar la situación del CEO de ADM, su repercusión para Canal Sur, y pedir explicaciones a la dirección, “pero no se espera que puedan adoptar ninguna actuación, más allá de informar”.

ADM, una de las grandes productoras del sector audiovisual andaluz, es una empresa público-privada cuyo accionista mayoritario es la Junta de Andalucía, y que está asociada a la RTVA, su principal comprador institucional de contenidos. La imputación del director general por delitos sexuales a una trabajadora ha zamarreado tanto la dirección del ente público, como del Gobierno de Juanma Moreno, cuyo gran valedor hasta hace pocas horas era el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.

Este periódico ha preguntado al departamento de Sanz, a la Consejería de Igualdad, que dirige Loles López, y al departamento de Industria, de Jorge Paradela, que actualmente tiene las competencias sobre la empresa de telecomunicaciones Sandetel, accionista mayoritario de la productora ADM, pero ninguno de los tres ha querido valorar la imputación del director general por acoso y agresión sexual a una trabajadora.

Varias fuentes dentro de ADM apuntan a que el presidente del Consejo de Administración de la compañía, Sergio Gómez Rojas, había convocado a los miembros a una reunión urgente, en la sede de Sandetel, para abordar la continuidad de Gustavo Fuentes al frente de la productora. Preguntado sobre este asunto, ninguna de las dos consejerías ha querido confirmar o desmentirlo. Este periódico también se ha puesto en contacto con Gómez Rojas, presidente de ADM, que ha eludido responder desde cuándo conocía que el CEO de la compañía estaba imputado por delitos sexuales.

La productora ADM es responsable de algunos de los programas de referencia de Canal Sur, entre ellos su buque insignia, Andalucía Directo, que lleva 25 años en antena. Algunos reporteros de Andalucía Directo y de la propia ADM han publicado este martes mensajes en sus redes sociales cargando contra el CEO de la compañía, y denunciando otras situaciones de acoso laboral.

PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía han exigido este martes explicaciones a la Junta y a la RTVA por sus vínculos con la empresa de Fuentes, tras su imputación por delitos sexuales. La socialista María Jesús Montero ha exigido la comparecencia urgente de Sanz y de Mellado en el Parlamento para aclarar desde cuándo conocían la situación procesal del CEO de ADM.

El juez Francisco José de Córdoba -nuevo titular del quinto tribunal de Violencia sobre la Mujer de Sevilla, de reciente creación- abrió diligencias en febrero, a raíz de la denuncia de la reportera, la citó a declarar el 25 de marzo y, ese mismo día, dictó un auto citando a declarar en calidad de imputado a Gustavo Fuentes por acoso sexual y contra la libertad sexual de la trabajadora.

El directivo tendrá que acudir a los juzgados el próximo 25 de junio, junto a dos testigos “fundamentales”, según al denuncia, una exdirectiva de la empresa, que ejerció como número dos del CEO de la productora, y una amiga a la que reveló la agresión sexual el mismo día que se produjo. Además, el juez ya ha ordenado un “reconocimiento médico forense” de la denunciante para acreditar “el estado de salud psíquica de la víctima, secuelas y posible nexo causal” con las agresiones y el acoso sexual denunciados.

La denuncia de la periodista va acompañada de las declaraciones juradas de siete extrabajadores de ADM (algunos con cargos directivos) que corroboran las situaciones de acoso sexual y laboral, así como las tres agresiones sexuales descritas (una en 2013, otra en 2022 y la tercera en 2023).

También se adjuntan 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima entre 2018 y la actualidad. Esos mensajes ya han sido “cotejados” por la secretaria judicial por orden del juez, y validados como material probatorio en la causa.

Los mensajes de WhatsApp del CEO de ADM que aparecen en la denuncia incluyen insistentes propuestas de encuentros privados a la víctima: “A ver si un día de estos podemos pegarnos una escapada, aunque sea un par de horas”; “Tenemos pendiente algo más privado... pero cuando tú puedas”; y lenguaje con connnotación sexual e íntima: “Cariño, tengo ganas de ti”; “Tú me debes una noche loca”; “¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?”.

PP y Vox han iniciado este martes la negociación para la investidura de Juan Manuel Moreno como Presidente de la Junta de Andalucía, a 48 horas para que se constituya el Parlamento autonómico. Representantes de ambos partidos se han reunido en el la Cámara legislativa en un encuentro breve tras el que se han emplazado a seguir dialogando.

La reunión, adelantada por la Cadena Ser, ha empezado a las cinco de la tarde y se ha prolongado una hora, “en un clima de cordialidad” para abordar “un posible acuerdo de gobernabilidad”, según un comunicado remitido a los medios por el PP andaluz y, poco después, por Vox.

Moreno ganó las elecciones el pasado 17 de mayo con 53 escaños, a dos de la mayoría absoluta, por tanto necesita los votos de la ultraderecha para ser investido presidente y para garantizarse una gobernabilidad sin sobresaltos en esta legislatura. Estas conversaciones arrancan dos días antes de que tomen posesión los 109 diputados electos, y se elija al presidente o presidenta del Parlamento y al resto de miembros de la Mesa (siete en total).

Esa composición es clave para adivinar si PP y Vox han avanzado en un pacto político que dé estabilidad a la legislatura y allane la investidura de Moreno. Si no cierran ningún acuerdo antes del jueves, cada partido se votará a sí mismo y los populares podrían quedarse con cuatro o incluso cinco miembros del órgano rector del Parlamento, que tiene un papel decisivo en la legislatura, porque es quien debe calificar las iniciativas de todos los grupos políticos y establecer la prioridad de los debates.

Vox no ha demostrado especial interés por presidir las cámaras legislativas en Extremadura, Aragón y Castilla y León, todas bajo control del PP, pese al acuerdo de ambas fuerzas para garantizar la gobernabilidad de estos territorios. Sin un pacto entre las partes, Moreno podría lograr en la composición de la Mesa del Parlamento lo que no ha logrado en las urnas, es decir, una mayoría absoluta que le dé ventaja tanto en su alianza con Vox como frente al resto de partidos de la izquierda.

Con cuatro de los siete miembros -presidencia, dos vicepresidencias y un secretario- ya tendría el control absoluto de la Mesa de la Cámara. Para que eso no ocurra, Vox tendría que negociar duro con el PP y exigirle que renunciase a dos puestos para que los ultras se hicieran con dos miembros, los mismos que el PSOE.

Otra opción, más improbable, es que Vox y los tres partidos de izquierdas -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía- pacten al menos “para no hacerse daño”, y que presenten o no presenten candidatos con el objetivo común de impedir que Moreno se alce con la mayoría absoluta en la Mesa: es decir, que el PP se quede con tres miembros, en vez de cuatro.

El reglamento establece que todos los partidos con grupo parlamentario deben estar representados en la Mesa de la Cámara, aunque no todos tengan voz y voto. En esta legislatura, el PP tenía cuatro, el PSOE dos y Vox uno. Por Andalucía contaba con un miembro, que no tenía voto, pero sí acceso a las decisiones importantes que se adoptaban. Ahora, todos los partidos tendrán al menos un representante en este órgano de decisión, porque todos lograron al menos los cinco diputados necesarios para tener gruupo.

La primera reunión (conocida) de los de Moreno con los miembros de Vox en Andalucía ha tenido lugar también la misma tarde en que, si todo discurre como se espera, Alfonso Fernández-Mañueco será reelegido Presidente de la Junta de Castilla y León con el apoyo de Vox, consolidando la dinámica de pactos entre el PP y la ultraderecha en las comunidades autónomas que han celebrado elecciones desde el pasado diciembre: Extremadura, Aragón, Castilla y León y, si las conversaciones fructifican, Andalucía. Hasta ahora, todas con el eje común de la “prioridad nacional” de los ultras en el acuerdo político firmado por ambas formaicones.

En Andalucía, la negociación parte de un reparto electoral más decantado para el PP que en las otras comunidades. Sólo le restan dos escaños para lograr la mayoría absoluta.

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juan Manuel Moreno, había anunciado este martes por la mañana la apertura de un “diálogo inminente” con Vox. El objetivo, ha dicho durante la inauguración de un nuevo puente colgante en el Caminito del Rey (Ardales, Málaga), es llegar a un “acuerdo que sea razonable y justo y que represente el interés general de los andaluces”.

Morenono ha aclarado en esa comparecencia cuándo empezarían las negociaciones, que a esa hora no habían comenzado. “Todavía no hemos iniciado esas conversaciones y por tanto no sabemos a dónde nos llevará este caminito; lo que sí sabemos es que lo vamos a recorrer con responsabilidad, con sentido común y con determinación, y esperemos llegar pronto a esa meta”. “Cuando lleguemos al puente, cruzaremos el puente, todavía no lo hemos cruzado”, ha añadido Juanma Moreno, utilizando una terminología acorde con el entorno en el que ha realizado las declaraciones.

A dos días de constituirse el Parlamento

Moreno ha esperado tres semanas desde que se celebraron las elecciones autonómicas para empezar a hablar con Vox. El PP obtuvo 53 escaños en esos comicios, cinco menos que los que obtuvo en 2022 y a dos de la mayoría absoluta. Los tiempos lentos manejados por el candidato del PP han exasperado a Vox, cuyos dirigentes han lamentado en público esta parsimonia acusando al PP de “bloquear” la formación de gobierno.

El presidente en funciones hizo del temor a la apertura de estas negociaciones uno de los ejes de su campaña, planteando la dicotomía entre la “estabilidad” si sacaba mayoría o el “lío” si no, y se veía abocado a buscar algún tipo de apoyo en la ultraderecha. De ahí que su incontestable victoria tuviese un regusto amargo para él. Logró el objetivo de ganar, pero no el de conservar la mayoría absoluta que blindara la constitución de gobierno.

Moreno suele marcar distancias con los planteamientos de la ultraderecha, y ya advirtió durante la campaña electoral que la “prioridad nacional” de Vox es “irreal”, cuando no “ilegal”. Sin embargo, es consciente que la dinámica electoral y los resultados le encaminan a una negociación con Vox. Esta mañana, ha explicado que “uno tiene que ser realista” por la “dinámica parlamentaria en la que vivimos”, que supone que cuando una formación no obtiene una mayoría absoluta, tiene “la obligación de dialogar con el resto de fuerzas políticas”.

El líder del PP ha lamentado que los partidos de izquierdas no hayan dejado opción a facilitar su investidura. La única “opción de diálogo”, según ha agregado, es Vox, después de que las tres formaciones de izquierda, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía, se hayan “automarginado” dejando claro “de manera contundente y nítida” el día siguiente a las elecciones que “no iban a participar en ningún tipo de diálogo” y que no se iban a abstener en su investidura como presidente de la Junta.

Tres pactos de gobierno entre el PP y Vox en tres comunidades autónomas con un eje común: la “prioridad nacional” de los ultras. El acuerdo cerrado este miércoles en Castilla y León sigue la pauta de los sellados en Extremadura y Aragón: ejecutivos conjuntos, vicepresidencia y tres consejerías para la extrema derecha, además de limitar el acceso a determinados servicios públicos en función del origen del demandante. El foco se pone ahora en Andalucía y en Juan Manuel Moreno, quien advirtió en campaña electoral -hace menos de un mes- que la idea de Vox es “irreal” cuando no “ilegal”.

Moreno no tiene prisa por iniciar la negociación formal con Vox para pactar el Gobierno en Andalucía, aunque los votos de Vox son imprescindibles para que el barón del PP logre su tercer mandato al frente de la Junta. El presidente en funciones quiere apurar hasta la sesión constitutiva del Parlamento andaluz, el próximo jueves 11 de junio, para abrir el diálogo con la extrema derecha.

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, dio un primer (y pequeño) paso este miércoles, al telefonear al candidato andaluz de Vox, Manuel Gavira, para “pedirle una reunión”, pero ni se ha concretado fecha para reunirse ni ha habido conversaciones aún, confirman fuentes del Gobierno andaluz en funciones.

Ninguno de los dirigentes consultados por elDiario.es contempla la posibilidad de que la formación del Gobierno andaluz se retrase hasta después del verano. La cita parlamentaria de la semana que viene servirá para medir el estado de las relaciones entre el PP y Vox en Andalucía, donde los ultras han desplegado una de las campañas más agresivas contra Moreno, quien habitualmente pone distancia pública con los planteamientos de Vox y ha rechazado gobernar con ellos.

El problema es que, hasta el momento, el mini ciclo electoral abierto por el PP el pasado mes de diciembre ha confirmado la dependencia que tienen los de Alberto Núñez Feijóo del partido de Santiago Abascal. Extremadura celebró elecciones a finales de 2025, y cuatro meses después María Guardiola fue investida presidenta, tras sellar un acuerdo político con Vox que incluía dos consejerías, una con rango de vicepresidencia, para la extrema derecha. Aragón celebró sus comicios el 8 de febrero y Jorge Azcón fue reelegido presidente el 29 de abril. En este caso, el barón del PP también formó un Gobierno de coalición con Vox, que aumentó el precio y arrancó tres consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia.

El tercer acuerdo ha llegado en Castilla y León, que fue a las urnas el 15 de marzo. El pacto para hacer presidente a Alfonso Fernández Mañueco se anunció este miércoles. Vox repite: tres consejerías, una de ellas vicepresidencia.

En Andalucía todavía no ha transcurrido un mes desde las elecciones del 17 de mayo y el reloj del calendario legislativo no empieza a andar hasta la semana que viene. Vox quiere añadir la muesca andaluza a sus acuerdos de gobierno con el PP en las otras tres comunidades —todos sujetos al principio xenófobo de la “prioridad nacional”—, pero Moreno pretende hacer valer su peso político y virar el rumbo que han seguido sus compañeros, aunque haya perdido la mayoría absoluta que le convertía en un líder incontestable tanto ante los de Abascal como para la dirección nacional del PP.

La estrategia de Moreno pasa ahora por volcar toda la presión sobre sus futuros aliados, dejando patente que él no tiene ninguna ansiedad por estrechar lazos políticos con Vox, el partido “sin experiencia en las instituciones” y “sin profesionales preparados”, que puede meter a Andalucía en un “lío gordo”, contra el que viene advirtiendo durante toda la campaña electoral.

Génova prefiere acuerdos homogéneos

Moreno quiere evidenciar que hoy ni él ni el PP andaluz son los mismos de 2019. Entonces salían de las urnas con el peor resultado de su historia (26 diputados), necesitaban los 33 votos de otras dos formaciones para ser investido presidente —Ciudadanos y Vox— y ni siquiera ostentaba el suficiente liderazgo dentro de su partido como para poder pilotar él mismo las negociaciones de su investidura. Estas recayeron en manos de Teodoro García Egea, 'número dos' del entonces presidente nacional del PP, Pablo Casado.

La situación hoy es bien distinta. El barón andaluz se ha quedado a dos escaños de la mayoría absoluta (53 diputados) y aspira a gobernar en solitario llegando a pactos puntuales con Vox, al que prevé convertir en un aliado de legislatura, pero dejarlo fuera del Consejo de Gobierno.

La dirección nacional del PP apuesta por que los acuerdos autonómicos sean homogéneos y no se generen distorsiones entre los diferentes territorios. Esta misma semana insistía en la idea un destacado miembro del equipo de Feijóo, quien auguraba en conversación con los periodistas que el pacto de Castilla y León seguiría la senda de los dos anteriores. Una idea aplicable a Andalucía también.

Frente al silencio táctico de Moreno, los de Abascal no han parado de lanzar mensajes contradictorios desde el 17-M: que negociarán atendiendo “a la proporcionalidad”, pero no le regalarán los dos escaños que necesita al candidato popular; que no cometerán “el error” de 2019, cuando decidieron no entrar en el Gobierno andaluz y el PP les “engañó”: esta vez exigirán varias consejerías; que no les importa tanto “los sillones como las políticas...”.

Lo que no ha variado en el discurso de Vox es fijar una línea roja irrenunciable: la “prioridad nacional”. Es el requisito de corte xenófobo que han impuesto en sus acuerdos con los populares en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Durante la campaña electoral, el barón andaluz del PP minimizó la importancia de este criterio —discriminar a los inmigrantes en el acceso a las prestaciones públicas— asegurando que era “un eslogan irreal”, y que tampoco le importaba cómo lo llamasen, porque ni encaja en el ordenamiento jurídico ni en la Constitución.

Algunos interpretaron de esas palabras, citadas en campaña, que el popular estaba despejando la pista para el aterrizaje de la “prioridad nacional” en Andalucía, restando importancia a las consecuencias prácticas de ceder en la batalla cultural de la ultraderecha. “Andalucía no puede ser menos, que se cumpla la voluntad de los andaluces”, ha zanjado este miércoles Gavira, tras consumarse el pacto de gobierno en Castilla y León.

Pero Moreno ni se siente concernido por las insistentes llamadas de Vox para iniciar cuanto antes la negociación, ni por el aviso de la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, que la semana pasada advirtió al barón andaluz de que sus acuerdos con Vox en Andalucía tendrán que cumplir con las directrices del documento marco del PP presentes en los acuerdos alcanzados en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El presidente de la Junta en funciones despacha directamente con Alberto Núñez Feijóo, que le ha dejado “manos libres” para “administrar sus tiempos” y “seguir sus estrategias, pegadas al terreno” para lograr su objetivo, confirman fuentes próximas al líder autonómico. También desde Génova, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, el malagueño Elías Bendodo, ha lanzado este miércoles un mensaje más próximo al planteamiento de Moreno que al de Gamarra.

“Las conversaciones empezarán de forma inminente en Andalucía”, por el simple hecho de que la semana que viene se constituye el Parlamento, y ambos partidos deben decidir si negocian el nombre del presidente de la segunda institución de Andalucía y el reparto de los miembros de la Mesa, órgano rector de la Cámara. “Será una negociación claramente en clave andaluza”, ha puntualizado Bendodo en una entrevista en Canal Sur Radio.

Sin plazo para el Pleno de investidura

El reloj de la negociación no empieza a andar hasta la sesión constitutiva del Parlamento, el próximo jueves, cuando los 109 diputados tomen posesión de sus escaños y voten la composición de la Mesa. Si PP y Vox no han cerrado un acuerdo previo para ese día, cada partido votará a sus candidatos para presidir el Parlamento, que quedaría en manos de los populares.

Ni en Extremadura ni en Aragón ni en Castilla y León, la extrema derecha ha mostrado especial interés por presidir la Cámara legislativa, que tiene un papel crucial para medir los tiempos de la legislatura y priorizar unas iniciativas sobre otras. En una legislatura sin mayoría absoluta este órgano será clave.

Constituida la Cámara, el nuevo presidente del Parlamento —el PP baraja ya el nombre de una consejera— abrirá una ronda de contactos con los portavoces de todos los grupos para proponer un candidato a la presidencia de la Junta. El reglamento de la Cámara fija un límite de 15 días hábiles para proponer candidato, pero no para la celebración de la sesión de investidura. Para eso no hay un plazo estipulado. Quien controle la Mesa del Parlamento andaluz puede proponer un candidato y convocar el Pleno para su votación la semana siguiente, o dos semanas después o dos meses después.

Es un momento clave, porque lo que activa la cuenta atrás para una hipotética repetición electoral es la fecha del Pleno de investidura, a partir de ahí, el Estatuto de Autonomía fija dos meses de plazo, si ningún candidato ha logrado los apoyos necesarios para formar gobierno, se disuelve automáticamente la Cámara y se convocan elecciones.

Pero mientras no se convoque el Pleno de investidura, el reloj no corre. Eso sí, no hay antecedentes de que se haya demorado tanto tiempo [en Extremadura pasaron dos meses desde la constitución de la Asamblea hasta la primera votación fallida de la investidura de María Guardiola].

En Andalucía, estirando muchos los plazos se podría llevar el debate de investidura de Moreno al mes de septiembre, pero sería este un escenario extremo. Lo razonable es que se convoque, a más tardar, en el mes de julio. Nunca se ha hecho en agosto, aunque el nuevo presidente del Parlamento podría estudiar esta opción como algo extraordinario, pero es poco probable.

Las tres fuerzas de izquierda en la oposición -PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía- están convencidas de que habrá nuevo Gobierno de Moreno antes del verano y que sus tiras y aflojas con Vox en la negociación previa “son puro teatro”. “Esto ya lo vivimos en 2019. Lo tienen ya todo más que atado”, advierten fuentes socialistas.

El Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía (LAND) ha relevado en sus funciones a Gustavo Fuentes, su hasta ahora presidente, investigado por un juez de violencia de género por los presuntos delitos de agresión y acoso sexual cometidos contra una periodista de la productora de la que es CEO. En un comunicado, LAND señala que Fuentes ha informado de su decisión de “abstenerse temporalmente” del ejercicio de sus funciones como Presidente, que asumirán los vicepresidentes, hasta que los órganos de gobierno adopten “las decisiones que correspondan”.

Tal y como ha desvelado elDiario.es Andalucía este martes, Fuentes está citado a declarar el próximo 25 de junio como investigado en el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla a raíz de una denuncia interpuesta por una reportera de la empresa por presuntos delitos de “agresión sexual”, “acoso sexual continuado” y “contra la integridad moral en la modalidad de acoso laboral (mobbing)”.

La denuncia relata tres episodios de presuntas agresiones sexuales ocurridas en 2013, 2021 y 2023, así como situaciones de presunto acoso sexual y laboral. El documento, al que este medio ha tenido acceso, se acompaña de siete declaraciones juradas firmadas por siete extrabajadoras y extrabajadores de la productora (algunos en cargos directivos) y 175 páginas de mensajes de WhatsApp que corroboran la versión de la denunciante, que ha preferido permanecer en el anonimato.

El presidente de LAND y director general de la productora Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM), responsable de Andalucía Directo, entre otros formatos, niega los hechos. “Esto no ha existido y tengo bastantes datos para corroborar mi inocencia. Estoy muy tranquilo”, aseguró a este periódico cuando fue cuestionado por estas acusaciones.

Presidente de LAND desde 2023

Desde 2023, Gustavo Fuentes es el presidente LAND, un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de su estrecha confianza. Fuentes ya había anunciado a la Junta Directiva su decisión de abandonar la presidencia hace un mes, sin explicar los motivos ni aludir al procedimiento judicial por el que ya por entonces se le investigaba. El próximo 12 de junio está prevista la celebración de una Asamblea General Extraordinaria, tras las que se convocará un proceso electoral para renovar los órganos de gobierno.

LAND explica que ha sido Fuentes quien ha informado al Comité Ejecutivo de su decisión de “abstenerse temporalmente del ejercicio efectivo de las funciones de la Presidencia”, con el objetivo de “preservar el normal funcionamiento de la entidad”.

En su comunicado, LAND dice respetar las actuaciones judiciales y el principio de presunción de inocencia, al tiempo que reitera su “compromiso de tolerancia cero” frente a cualquier conducta que “pudiera resultar contraria a los derechos fundamentales de las personas, especialmente en materia de igualdad, acoso o violencia”. También subraya su compromiso con el mantenimiento de entornos profesionales seguros, respetuosos e inclusivos.

La oposición al Gobierno de Moreno ha solicitado esta mañana explicaciones tanto a la Junta de Andalucía como a Canal Sur. María Jesús Montero ha pedido la comparecencia en el Parlamento andaluz de Antonio Sanz, consejero de Presidencia, y de Juande Mellado, director general de la RTVA. La portavoz socialista ha acusado a algunos responsables de “ocultar” las denuncias: “Es fundamental saber desde cuándo conoce la Junta de Andalucía y Canal Sur estas denuncias que son tan graves”. “Queremos saber por qué lo han ocultado, por qué no han dado ningún tipo de indicación, por qué esta persona ha sido responsable del clúster audiovisual de Andalucía y ha dejado su cargo hace escasamente unos días”, ha añadido.

“El PP tiene que dar explicaciones. ¿Hizo algo la Junta para proteger a las trabajadoras? ¿Qué mecanismos y protocolos existían? ¿Por qué no han funcionado?”, se ha preguntado Antonio Maíllo, líder de Por Andalucía, en un mensaje en X. En la misma red, el portavoz de Adelante Andalucía ha calificado la información de “barbaridad impresentable”.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla ha abierto una investigación contra Gustavo Fuentes Aguilar, CEO de la productora Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM) y presidente del Clúster audiovisual de Andalucía, a raíz de la denuncia interpuesta por una reportera de la empresa contra su superior jerárquico por delitos de “agresión sexual”, “acoso sexual continuado” y “contra la integridad moral en la modalidad de acoso laboral (mobbing)”.

ADM es una de las grandes productoras del sector audiovisual andaluz por volumen de facturación. También es una empresa público-privada cuyo accionista mayoritario es la propia Junta de Andalucía, y que está asociada a la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), su principal comprador institucional de contenidos. La productora es, de hecho, responsable del programa buque insignia de Canal Sur Televisión: Andalucía Directo, que lleva 25 años en antena.

[ACTUALIZACIÓN: La oposición pide explicaciones a la Junta y a Canal Sur por la investigación por delitos sexuales al CEO de la productora ADM]

La reportera, que prefiere preservar su anonimato, interpuso la denuncia el pasado 26 de enero. El juez Francisco José de Córdoba -nuevo titular del quinto tribunal de Violencia sobre la Mujer de Sevilla, de reciente creación- no le tomó declaración como “perjudicada” hasta el 25 de marzo y, tras escucharla, ese mismo día dictó un auto ordenando las primeras diligencias: citó a declarar en calidad de imputado al director general de ADM al apreciar indicios delictivos, según ha confirmado el propio Fuentes a elDiario.es, y pidió aclarar si constaban posibles “antecedentes penales” en su historial.

El magistrado también ha citado el mismo día a dos testigos propuestos por la denunciante, una exdirectiva de la empresa, que ejerció como número dos del CEO de la productora, y una amiga a la que reveló la agresión sexual el mismo día que se produjo. Además, el juez ya ha ordenado un “reconocimiento médico forense” de la denunciante para acreditar “el estado de salud psíquica de la víctima, secuelas y posible nexo causal” con las agresiones y el acoso sexual denunciados.

Desde 2023, Gustavo Fuentes también es el presidente del clúster audiovisual de Andalucía (LAND), un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de su estrecha confianza.

El número dos del Gobierno andaluz ha estado presente en todos los hitos importantes desde el lanzamiento de LAND, en la presentación de proyectos audiovisuales de ADM y en fiestas privadas que Fuentes organizaba en la terraza de la compañía, según confirman una decena de trabajadores de la empresa.

El director general de esta productora no es un ejecutivo al uso, todas las personas de su entorno con las que ha hablado elDiario.es subrayan su “obsesión” por “aparecer en fotos y actos junto a los consejeros del Gobierno andaluz (en especial con Antonio Sanz), junto a directivos de la RTVA y personalidades del sector audiovisual andaluz y del cine”. “Está bien relacionado y de puertas para adentro usa ese poder para amenazar con destrozar carreras”, dice un miembro de su directiva.

La investigación judicial abierta contra el CEO de la principal productora de Canal Sur por delitos sexuales a una trabajadora salpica de lleno a la dirección de la RTVA, su principal cliente e inversor, y al propio Gobierno de Juanma Moreno, que ostenta la participación mayoritaria del capital de ADM (un 47,81%) a través de la empresa pública de telecomunicaciones Sandetel.

A preguntas de este periódico, la dirección de la RTVA ha asegurado: “Lo que sabemos es lo que sabe todo el mundo. No conocemos el contenido de la denuncia ni tenemos por qué saberlo. Es una denuncia de una persona contra otra en un procedimiento judicial que no se ha llegado a celebrar”.

Gustavo Fuentes estaba citado a declarar ante el juez en calidad de imputado el lunes 11 de mayo, la semana previa a las elecciones andaluzas, pero logró aplazar su declaración [al 25 de junio] al cambiar de abogado tres días antes.

Esa misma semana anunció por sorpresa a la Junta Directiva de LAND su decisión de abandonar la presidencia del clúster, sin aludir al procedimiento judicial en el que estaba envuelto (el juez le notificó su imputación el 31 de marzo). “Me cuesta escribir estas líneas, porque LAND ha sido y seguirá siendo una parte importante de mi vida profesional y personal. Pero creo que hay momentos en los que uno debe saber dar un paso a un lado”, dice en su carta de despedida.

“Tú me debes una noche loca”: los WhatsApp del jefe

La denuncia contra el CEO de ADM, a la que ha tenido acceso este periódico, adjunta siete declaraciones juradas firmadas por siete extrabajadoras y extrabajadores de la productora (algunos en cargos directivos) que corroboran la versión de la denunciante y aportan testimonios explícitos de situaciones de acoso sexual y laboral dentro de la empresa.

Gustavo Fuentes “se desenvuelve en un ambiente de impunidad auspiciado por su cargo en la empresa y por la posición de la misma en el sector audiovisual andaluz, con gran influencia sobre Canal Sur”, sostiene la acusación. Al margen de la investigación judicial, este periódico ha recabado una docena de testiminos de trabajadores y extrabajadores de ADM que describen situaciones de acoso sexual y laboral coincidentes con esta denuncia, y con las que han interpuesto otros empleados por mobbing.

La denunciante también adjunta 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima entre 2018 y la actualidad. Esos mensajes ya han sido “cotejados” por la secretaria judicial por orden del juez, y validados como material probatorio en la causa.

Los mensajes de WhatsApp del CEO de ADM que aparecen en la denuncia incluyen insistentes propuestas de encuentros privados a la víctima: “A ver si un día de estos podemos pegarnos una escapada, aunque sea un par de horas”; “Tenemos pendiente algo más privado... pero cuando tú puedas”; y lenguaje con connnotación sexual e íntima: “Cariño, tengo ganas de ti”; “Tú me debes una noche loca”; “¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?”.

La respuesta escrita de la reportera a estos mensajes es seca, “cordial y evasiva”, describe su abogado en la denuncia, que habla de una “estrategia de supervivencia habitual en víctimas de acoso para evitar un conflicto directo con un superior”, dada la “situación de dependencia jerárquica y temiendo represalias laborales”.

Estos WhatsApp, tanto por el contenido como por el número y las horas a las que los enviaba, tratan de ilustrar la situación de “acoso sexual sistémico y explícito” de un superior jerárquico a una subordinada. La denuncia cita testimonios concretos, trabajadores y directivos con nombres y apellidos, que habrían sido testigos de los supuestos delitos: “No sólo la veja sexualmente, sino que lo hace con carácter público, ante compañeros de trabajo y personas con cargos de responsabilidad en la empresa, minando su autoestima y agravando la situación de vulnerabilidad a la que la propia dinámica destructiva del denunciado la venía llevando”. Algunos de esos testigos han confirmado su versión a preguntas de elDiario.es.

Gustavo Fuentes: “Es una denuncia falsa. No tienen pruebas”

Este periódico se ha puesto en contacto con Gustavo Fuentes, que admite su imputación pero niega las acusaciones. “Es una denuncia falsa. No tienen pruebas. Niego todos los hechos. Esto no ha existido y tengo bastantes datos para corroborar mi inocencia. Estoy muy tranquilo”, dice, tras asegurar que fue él quien “pidió activar” el protocolo antiacoso de la empresa tras conocer la denuncia contra él. “Lo hice para defender a mi Consejo de Administración, que se reunirá en breve y veremos las medidas que tomaremos ante esta situación”.

La productora ADM tiene en su web un “canal ético”, un “espacio seguro” para que los trabajadores denuncien “anónimamente”. El director general de la compañía asegura que “nadie lo ha activado en cinco años”, aunque varios empleados niegan que exista desde hace tanto tiempo.

Fuentes asegura que, a raíz de la denuncia contra él de una de sus trabajadoras, la figura del Compliance [director legal y de cumplimiento] elaboró “un informe independiente recabando testigos para comprobar la veracidad” de los hechos denunciados. Según su relato, para elaborar dicho informe, ese director legal le tomó declaración a él, pero no a la denunciante “porque ella ya había elegido la vía judicial ajena a la empresa”.

El CEO de la compañía también afirma que ya informó de su imputación al Consejo de Administración de ADM, que preside Sergio Gómez Rojas, director gerente de Sandetel (Junta de Andalucía), y en el que también se sienta el responsable de Telefónica en el sur de España, Joaquín Segovia, el director económico financiero de RTVA, otro directivo de Canal Sur Media y uno más de Axion Infraestructuras de Telcomunicaciones.

Desde la dirección de la RTVA aseguran a elDiario.es que la denuncia por agresión sexual y acoso contra el CEO de su principal proveedor, así como su situación procesal actual, “nunca se ha tratado en el Consejo de Administración” del ente público.

El denunciado también explica que su carta de renuncia a continuar al frente del clúster audiovisual de Andalucía -la misma semana que debía declarar ante el juez- “no tiene nada que ver” con el procedimiento judicial en curso. “Ya estaba cansado de ser el presidente del clúster y así se lo dije por Whatsapp a los demás socios en marzo, cuando aún no conocía la denuncia” [el juez le notificó la citación a declarar como imputado el 31 de marzo].

Tres supuestas agresiones sexuales: 2013, 2021 y 2023

La denuncia de la reportera contra su jefe es profusa en detalles al describir las tres agresiones sexuales, aportando el lugar, la hora y testimonios que escucharon lo sucedido el mismo día que ocurrió o poco después. Estas habrían ocurrido en tres fechas distintas: en 2013, en un bar del centro de Sevilla y en el interior de un taxi; en 2022, en plena calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); y en 2023, también dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), durante la realización de otro programa.

La reportera y Fuentes coincidieron por primera vez en 2010 en una cadena de televisión local de Sevilla, donde él ostentaba un cargo directivo. “Desde el inicio de esta relación, el denunciado comenzó a mostrar un interés de naturaleza afectivo-sexual hacia mi mandante, que excedía por completo el hábito profesional”, relata la denuncia, para sentar las bases de “una dinámica de poder y control” que reaparecería años más tarde, cuando volvieron a coincidir en la productora ADM.

La primera agresión sexual habría ocurrido, según la denuncia, a finales de 2013: él la invitó a una cena de trabajo en un restaurante, ellos dos solos, y luego fueron a un bar en el barrio de la Alfalfa (en Sevilla), él “intentó besarla a la fuerza en repetidas ocasiones”, ella “huyó atemorizada” y logró coger un taxi, pero él se introdujo en el vehículo e “intentó besarla a la fuerza de nuevo”. Sobre este suceso, la acusación presenta tres testimonios -personas cercanas a la reportera- que pueden acreditar su versión.

La segunda agresión sexual denunciada está fechada mucho tiempo después, en 2021, cuando ambos vuelven a coincidir profesionalmente en ADM, siendo Fuentes el CEO de la compañía. La periodista explica las razones laborales y personales que la empujaron a aceptar un trabajo en la empresa de su presunto agresor: el peso relevante que tiene ADM en el sector audiovisual andaluz (con “un mercado altamente concentrado”) y, singularmente, el peso de dicha compañía en la producción externa que contrata Canal Sur, su principal cliente.

Durante esos años, además, Fuentes “se había casado y había sido padre de dos niñas”, y la reportera asumió que el denunciado “cesaría su actitud sexualizada hacia ella” y que podría “vincularse, de nuevo, a un espacio de trabajo cercano a él en la creencia de que las cosas serían diferentes”.

“Desafortunadamente, no fue así”, concluye, tras subrayar que la situación de acoso sexual se agravó en un contexto de “dependencia laboral y funcional” que resultó un “caldo de cultivo perfecto para agredir su integridad física y moral hasta llegar al punto de extenuación y deterioro de la salud en la que se encuentra actualmente”. La denuncia adjunta un informe clínico de la mutua y otro informe psicológico privado, que acreditan un “trastorno distímico con depresión mayor y ansiedad” y “pérdida de diez kilos”.

En julio de 2022, tras la grabación de un programa en Barbate (Cádiz), hubo una cena de trabajo en un restaurante. Cuando terminan, Fuentes despide al equipo y le pide a la reportera que se quede con él para tratar un tema profesional, pero una vez solos “le propone dormir en un hotel, ella se negó, y él la arrinconó y la besó en la boca contra su voluntad”. La periodista se sintió “bloqueada, presa del temor”, y accedió a que le llevase en coche al hotel donde ella tenía su propia habitación, y dentro del vehículo “volvió a forzarla besándola contra su voluntad violentamente mientras le tocaba los muslos”.

La denuncia alterna la descripción de estos hechos concretos con continuas aclaraciones sobre el estado de “sometimiento progresivo, marcado por el miedo” que padecía la reportera, atrapada en la relación de jerarquía respecto al CEO de la compañía, y sin soporte en otros trabajadores que fueron testigos del supuesto “acoso sexual” y de las “vejaciones y humillaciones” con las que la trataba a ella y a otros miembros de la plantilla. “Hoy me siento horrorizada por haberle dicho, cuando me contó cómo la trataba, que no le hiciera caso, que ya sabía cómo era él con las tías”, dice una exdirectiva de ADM, que declarará en la causa si la llaman.

“La impunidad con la que actúa el señor Fuentes genera en su entorno laboral una sensación de que cualquier rechazo frontal al mismo puede ser el fin de una carrera profesional”, dice la denuncia, y añade: “La ausencia de un ”no“ literal no puede interpretarse en este contexto de asimetría de poder como consentimiento, sino como el resultado directo del temor fundado a las consecuencias de una negativa explícita”.

La última agresión sexual que denuncia la reportera está fechada en 2023, cuando fue contratada como directora de programas de ADM y la hicieron fija en la compañía. En el verano de ese año, la periodista se encontraba en Zahara de los Atunes (Cádiz) grabando un reportaje, y el CEO de la empresa se presentó allí. Cuando volvieron a quedarse a solas en su coche, él empezó a “manosearla de nuevo”, ella “pudo huir” y “reencontrarse con sus compañeros, que pueden dar testimonio del estado emocional en que se encontraba tras una nueva agresión sexual”.

Entre la primera agresión que consta en la denuncia y la última transcurrieron diez años. Entre la última agresión y la presentación de la denuncia en un Juzgado de la Mujer pasó un año y medio. El Ministerio de Igualdad tiene publicados algunos informes que confirman un tiempo de respuesta común en las víctimas de violencia de género: suelen tardar en verbalizar o denunciar su situación entre ocho años y ocho meses de media, según datos de un estudio promovido por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

La Policía tiene geolocalizada a la víctima las 24 horas

El juez de Violencia de Género que instruye este caso aprecia indicios delictivos en la denuncia de la reportera de ADM (actualmente en excedencia), que también acusa a su jefe de “un delito continuado de acoso sexual”, que incluiría la “solicitud de favores de naturaleza sexual de forma insistente y explícita a través de mensajes y verbalmente” en el marco de una relación de trabajo continuada, agravada por una situación de “superioridad jerárquica”; y otro delito “contra la integridad moral”, que se traduce en “actos hostiles y humillantes”, el “vaciado de sus funciones” como trabajadora e “invitaciones a abandonar la empresa”.

Según recoge la denuncia, el acoso sexual derivó en acoso laboral, después de que el acusado descubriera -en octubre de 2023- que la denunciante había iniciado una relación sentimental con otro trabajador de la empresa. A partir de ese momento, la actitud de Fuentes experimentó un cambio “radical”, pasando del “interés de naturaleza afectivo-sexual” a mutar en “una voluntad deliberada de destruir profesional y personalmente” a la trabajadora.

“El acoso sexual dio paso a un acoso laboral sistemático, metódico y de una crueldad manifiesta, con el único fin de forzarla a abandonar la empresa, con un vaciado de funciones y el aislamiento” de la trabajadora, que fue despojada por Fuentes de “todas sus responsabilidades como directora”.

La última parte de la denuncia es profusa en detalles, ejemplos y testimonios que ilustran el “mobbing” o acoso laboral contra la denunciante; sin embargo, el juez ha dejado fuera de la causa este delito, al considerar que excede de las competencias de un tribunal de Violencia de Género.

El abogado de la reportera también habia solicitado medidas cautelares de protección para su defendida –prohibir al CEO de la productora aproximarse a menos de 500 metros ni comunicarse con ella por cualquier medio–, pero el juez las rechazó al no percibir riesgo para la integridad de la víctima.

También se opuso la Fiscalía, en su única intervención en el procedimiento judicial desde que arrancó. En conversación con este periódico, Fuentes destaca el rechazo del juez a las medidas cautelares como anticipo de que “todo quedará en nada”.

Sin embargo, cuando la periodista acudió al juzgado a declarar, fue atendida por el personal del SAVA, el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía, dependiente de la Junta, que le hizo una valoración psicológica y un análisis de su estado de “vulnerabilidad”.

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) sí percibió los riesgos propios de una víctima de violencia de género y empezó a abordar este caso como tal, facilitando a la denunciante el dispositivo ATENPRO, un recurso de teleasistencia que ella lleva consigo en todo momento y que le permite, con sólo apretar un botón, avisar a la Policía, que la tiene geolocalizada en todo momento. El IAM, órgano dependiente de la Consejería andaluza de Igualdad, también ofrece ayudas a las víctimas de violencia de género, no sólo dentro de la pareja.

Desde el 3 de octubre del año pasado, los juzgados y secciones de violencia sobre la mujer asumieron nuevas competencias para ocuparse de todos los delitos contra la libertad sexual cuando la víctima sea mujer, y no sólo los cometidos por la pareja o expareja, como ocurría hasta entonces.

Esta previsión, contenida en la Ley 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, da cumplimiento a lo previsto en el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014 y por la Unión Europea en 2023, que busca prevenir, perseguir y erradicar la violencia contra las mujeres y aboga por la especialización de los órganos judiciales en todo tipo de violencia sobre la mujer.

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