La Associació Víctimes de la dana 29 octubre 2024, que ejerce una de las acusaciones particulares en la causa que instruye la magistrada de Catarroja, ha recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) el aforamiento del expresident Carlos Mazón.

Toñi García, que perdió a su marido y a su hija en la dana, ha criticado este viernes ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) el aforamiento de Mazón, así como el hecho de que continúe como diputado autonómico del PP. “Es inaguantable ya no solo él, sino todo el Consell”, ha afirmado.

“No solo hace mal su faena, sino que encima se le premia con una subida de sueldo”, ha dicho Toñi García en referencia a la comisión parlamentaria sin prácticamente actividad en la que el PP colocó a Carlos Mazón. “Todos sabemos que está más tiempo en la playa que ocupando su escaño”, ha apostillado.

Por su parte, Mariló Gradolí, presidenta de la Associació Víctimes de la dana 29 octubre 2024, ha tildado de “ofensivos” los mensajes del grupo de WhatsApp del Consell durante la catástrofe entregados por la vicepresidenta primera, Susana Camarero: “Nos están gobernando unos incompetentes”.

“Vamos a llegar donde haga falta para obtener verdad, justicia y reparación”, ha advertido Gradolí sobre el recurso ante el TC.

La abogada Míriam Salmerón, que ejerce la representación jurídica de la asociación, ha explicado que Mazón conserva su acta de diputado en las Corts “de manera espuria”, algo que, a su juicio, está teniendo “consecuencias muy negativas para la causa judicial” que se instruye en Catarroja, y ha advertido de que la personación del expresident es “una situación rocambolesca, alegal y que no está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

El “absentismo sistemático” de Mazón en las Corts

El recurso de amparo de la asociación considera que Mazón mantiene “de forma puramente artificial” el acta de diputado autonómico del PP valenciano de Juan Francisco Pérez Llorca, tras su dimisión como president el pasado 3 de noviembre.

El escrito recuerda el “absentismo sistemático” por parte de Mazón en la cámara autonómica, su “renuncia material al derecho al voto” y la “inactividad absoluta” de la Comisión de Reglamento, de la que el expresident forma parte. También alude a sus “estancias en la playa en horas y días laborables”, tal como desveló este diario.

La misma acusación ya solicitó ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) la “inaplicación” del aforamiento por la “absoluta falta de vínculo funcional con el delito y el uso abusivo del acta parlamentaria”. Tras la decisión del alto tribunal autonómico de descartar la imputación de Mazón, la acusación planteó un recurso de súplica, iniciando así la vía del amparo constitucional.

El recurso recuerda, de entrada, que el aforamiento, lejos de erigirse en un “privilegio de carácter personal” o en un “derecho subjetivo de los ciudadanos que ejercen la política”, supone una “prerrogativa excepcional de carácter estatutario orientada de forma exclusiva a salvaguardar la independencia e inmunidad de las cámaras legislativas”.

Aplicación “formalista y ciega” del aforamiento

Así, la “aplicación automática, formalista y ciega” del aforamiento por parte del TSJ-CV “pulveriza” la “interpretación restrictiva” de esa figura en la jurisprudencia del TC y del Tribunal de Estrasburgo.

Los hechos del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos “fueron ejecutados en el exclusivo ejercicio de las funciones” como jefe del Consell, afirma el recurso de la asociación.

El escrito recuerda que Mazón, tras su dimisión como jefe del Consell a consecuencia de la “negligente” gestión de la emergencia “retuvo de forma nominal e ininterrumpida su escaño y acta de diputado autonómico por la circunscripción de Alicante”.

“Extender el fuero derivado de su escaño legislativo actual por la circunscripción de Alicante para archivar delitos ejecutivos pretéritos supone una analogía extensiva expresamente prohibida por la ley”, apostilla el escrito.

El antecedente de Miguel Ángel Gallardo

El recurso considera que “permitir” que el estatuto de diputado autonómico “opere como una inmunidad absoluta para delitos cometidos en el ámbito estrictamente ejecutivo y ajeno a la Cámara” vulnera la Constitución Española.

El escrito pide al TC que avale la no aplicación del aforamiento de Carlos Mazón al igual que se acordó por parte del TSJ de Extremadura con el líder socialista y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez.

“No existe una justificación objetiva ni razonable para que las víctimas de la dana vean restringido su acceso a una instrucción penal ordinaria frente a un gestor público que ya no ostenta responsabilidades de gobierno”, concluye.

El Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil acusa al teniente coronel interventor Miguel Ángel E. T. de armar una presunta trama de “corrupción sistémica” con sobrecostes de hasta un 348% en obras en cuarteles del Instituto Armado para luego adquirir tres viviendas ruinosas con fondos en metálico reformadas por los empresarios adjudicatarios de la red, según indica un informe al que ha tenido acceso elDiario.es. Se trata del jefe de la Unidad de Gestión Económica (UGE) de la VI Zona de la Guardia Civil, que comprende las comandancias de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón.

El uniformado controlaba al frente de la UGE los anticipos de caja fija y la adjudicación de contratos de obra en los cuarteles, además de la facturación, y figura como investigado ante la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València desde que, en 2022, se iniciaron las pesquisas de Asuntos Internos y de la Fiscalía Anticorrupción.

Los investigadores cuentan con “indicios sólidos de corrupción” y consideran que el teniente coronel habría cometido los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública, cohecho, falsedad documental y, eventualmente, delitos contra la Hacienda Pública o blanqueo de capitales.

El investigado, perteneciente al Cuerpo Militar de Intervención y doctor en Derecho, “poseía el control discrecional de la adjudicación y la validación de obras, actuando simultáneamente como gestor de los fondos y beneficiario de los mismos”, según Asuntos Internos. Miguel Ángel E. T., apostilla el informe, “utilizó su posición de jefe de la UGE para favorecer a una red de empresarios que, en contrapartida, asumieron los costes de adquisición, reforma y equipamiento de su patrimonio inmobiliario privado, generando un beneficio patrimonial ilícito financiado por fondos públicos”.

El teniente coronel se aprovechó de su posición jerárquica para propiciar “sobrecostes sistemáticos y facturación de obras no ejecutadas” con una red de mercantiles contratistas que le abonaban presuntas mordidas, especialmente Carlos G. M., cuyas firmas llegaron a obtener adjudicaciones por un importe de casi un millón de euros.

“Relación de amistad muy fuerte” con el empresario

El jefe de la UGE de la VI Zona de la Guardia Civil encomendaba las obras en cuarteles “directamente” a Carlos G. M. (vinculado a las mercantiles Destino Empresarial SL y Works Pretor SL), con fraccionamiento sistemático de las facturas y “desmedidos sobrecostes” respecto al precio real de la ejecución, además de partidas por trabajos “nunca realizados”. El empresario, por su parte, “extraía parte del excedente y se lo entregaba al teniente coronel, eliminando así cualquier rastro en sus activos bancarios”.

Rares L., el albañil subcontratado por el empresario, confesó que Carlos G. M. mantenía con el teniente coronel Miguel Ángel E. T. una “relación de amistad muy fuerte” desde hace más de tres décadas. También declaró que el empresario y el guardia civil planeaban “montar” una mercantil juntos una vez el segundo se jubilara. De hecho, la investigación de Asuntos Internos ha acreditado que el teniente coronel y el contratista se alojaron en 2018, con sus respectivas parejas, en un hotel de cuatro estrellas en el Mar Menor de Murcia.

El albañil confirmó que el teniente coronel “daba el visto bueno” a los importes contenidos en los presupuestos. Además, aportó mensajes de WhatsApp con alusiones al reconocimiento de deudas por supuestas obras privadas facturadas a la Guardia Civil. De otros mensajes intervenidos por los investigadores —“Me dice que 500 son de él”— se desprende que el teniente coronel “recibía cantidades de dinero en efectivo del entramado”.

“La mecánica del fraude se fundamenta en la discrepancia premeditada entre la realidad física de las obras y su ficción documental”, remacha el informe.

La investigación también obtuvo un correo electrónico e informes fotográficos sobre fondos cobrados por Carlos G. M. por obras no realizadas. El albañil manifestó que fue “instruido” por el empresario para simular obras con el fin de “repartir el sobrante” del presupuesto anual de la unidad y “financiar reformas privadas” del teniente coronel, que también mantenía una “doble” relación profesional y personal con la firma Hermanos Tronchoni Navarro SL y con Gustavo William R. R.

Sin embargo, Carlos G. M. fue el contratista que más fondos recibió en obras adjudicadas por la Guardia Civil: 952.664,89 euros desde 2008. El 82% de los ingresos totales de sus empresas provenían “exclusivamente” de contratos gestionados por el teniente coronel investigado, que mantenía un “conocimiento directo y detallado de la operativa ilícita”, según abunda Asuntos Internos.

Desvío de 144.730 euros para compra y reforma de viviendas

Los informes periciales elaborados por la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), en funciones de auxilio judicial a la Fiscalía Anticorrupción y a la jueza instructora, detectaron un desvío de fondos por un importe de 144.730 euros para la adquisición y reforma de tres viviendas en la localidad de Siete Aguas, situada en la comarca de la Hoya de Buñol.

Asuntos Internos cuenta con evidencias del “uso recurrente de dinero en efectivo de origen desconocido” en la adquisición de los bienes. También halló una “discrepancia masiva” entre los costes reales de las obras y los importes declarados, “confirmando el aprovechamiento ilícito de recursos públicos”. En definitiva, el informe ve una “operativa de prevalimiento y fraude orientada a la transformación de activos personales con fondos del erario” (de ahí que le impute indiciariamente un presunto delito de blanqueo de capitales).

Miguel Ángel E. T. compró en 2020 una vivienda en “ruina técnica”, construida en 1900 y con una superficie de parcela de 115 metros cuadrados, por 15.000 euros, sin que conste movimiento bancario alguno en sus cuentas que justifique su adquisición, por lo que “se desconoce” el origen de esa cantidad.

La ejecución de la reforma se hizo a cargo de la empresa Hermanos Tronchoni Navarro SLU, adjudicataria de 19 contratos de la Guardia Civil por un monto total de casi 100.000 euros. La firma usó una “infrarepresentación de costes masiva” (declaró 15.919 euros a pesar de que, según la tasación pericial de Antifraude, el valor real de la obra fue de 104.505,35 euros).

Además, “la vivienda fue acondicionada por una red de contratistas recurrentes de la Guardia Civil”, afirma el informe de Asuntos Internos. Cinco de los siete proveedores de la reforma (de rejas, ventanas, armarios, muebles de cocina y salón o de aire acondicionado) no recibieron abono alguno por parte del teniente coronel. Por el contrario, fueron adjudicatarias de un total de 102 contratos públicos.

“La reformamos y a ganar dinero”

La segunda vivienda en el mismo municipio (en “claro estado de deterioro”) fue adquirida un año más tarde, en 2021. Se trata de un inmueble construido en 1910 en una parcela de 150 metros cuadrados y adquirida por un total de 12.000 euros (2.000 euros fueron entregados en efectivo en concepto de arras), con un “componente especulativo” para su reventa tras la “reconstrucción casi total”. En una conversación intervenida en el marco de la investigación, el teniente coronel afirmaba ante su familia: “La reformamos y a ganar dinero... Luego la vendemos”.

Asuntos Internos detectó que la vivienda, una vez reformada, fue finalmente puesta a la venta en un conocido portal inmobiliario por 115.000 euros. De nuevo, el informe destaca que fue adquirida originalmente con fondos de origen desconocido, a tenor del análisis de las cuentas bancarias del investigado.

Los proveedores de la reforma sumaron 66 contratos públicos durante las obras privadas en el inmueble adquirido por el teniente coronel. La valoración pericial de la vivienda reformada cifró su valor en 67.428 euros (en ese periodo la empresa Hermanos Tronchoni Navarro SLU se hizo con 25 contratos públicos por un importe de 92.295 euros).

La tercera vivienda, un corral de uso industrial en una parcela de 115 metros cuadrados construido originalmente en 1898, fue adquirida en 2021 por el teniente coronel y su esposa, Subirana P., por un precio de 3.000 euros, abonados íntegramente en efectivo, siguiendo el “mismo esquema de irregularidad financiera y aprovechamiento directo de fondos públicos”, según Asuntos Internos. Se repitió el “patrón” de las reformas anteriores, esta vez con trabajos encargados a Gustavo William R. R.

Cuando la Guardia Civil registró la vivienda reformada se topó con enseres cuyas facturas originales de una conocida superficie comercial habían sido cargadas al erario. El investigado abonó 2.500 euros por los trabajos de reforma, a pesar de que la valoración técnica los cifró en 4.243 euros.

Sobrecostes por “puertas inexistentes”

Los fondos, presuntamente, fueron birlados al presupuesto de la Guardia Civil para obras en sus instalaciones. Antifraude también analizó los “sobrecostes sistemáticos” en los contratos de obras ejecutadas en varios acuartelamientos del Instituto Armado.

En el cuartel de Benimaclet, sede de la VI Zona de la Guardia Civil, detectaron sobrecostes “extremos” de un 348%, mientras que en las viviendas logísticas del edificio de Fuente de San Luis, también en València, fue de un 72% (entre actuaciones en el subsuelo no verificables o “puertas inexistentes”).

En la residencia de descanso Almardá de Sagunt, la AVA destapó sobrecostes del 122%, con facturación de desbroce sobre arbolado “inexistente”.

Asuntos Internos constata un “entorno de impunidad” propiciado por el teniente coronel Miguel Ángel E. T., con facturación de “actuaciones repetidas o concurrentes” o un “excesivo número de horas de trabajo respecto a la entidad real de las obras”, entre otros mecanismos para hinchar el fraude cometido contra el Instituto Armado.

La vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, abandonó la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, a pesar de que se temía seriamente por la situación de 80 niños de un centro de menores situado en Alborache, un municipio de la comarca de la Hoya de Buñol del que “[la presa de] Forata está cerca”, tal como advertía el secretario autonómico Ignacio Grande en un mensaje de WhatsApp, al que ha tenido acceso elDiario.es, que consta en el sumario de la causa de la dana.

En el diálogo (reproducido íntegro al final de esta información), Camarero preguntó a su interlocutor a las 17.17, prácticamente al inicio de la reunión: ¿“Han dicho que hay 100 personas en tejados?”, en referencia a la situación en Utiel expuesta por el jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset. “Sí”, contestó Grande con tres emoticonos de caras de preocupación. “Qué barbaridad”, apostilló.

La vicepresidenta, a las 17.24, reconoció: “Alborache me preocupa”, en referencia al centro de menores de la Generalitat. “Están nerviosos. Los de Alborache”, respondió el secretario autonómico. “Pues ahora te llamo al terminar. Pero pásame datos y teléfono del centro”, solicitó Camarero a su alto cargo.

Un minuto después, a las 17.25, Ignacio Grande escribió: “[La presa de] Forata está cerca de Alborache”, con los mismos tres emoticonos de preocupación.

La reunión del Cecopi trataba en ese momento la delicada situación (advertida por la Confederación Hidrográfica del Júcar) en la infraestructura hidráulica, que amenazaba con una catástrofe descomunal en caso de colapso.

Susana Camarero preguntó a su secretario autonómico:

—¿Cuántos niños tenemos?

—80.

—¿Buscamos alternativas para meterlos? Llamar [para] que nadie salga sin que lo establezca Protección Civil.

—A ver qué localidades dicen que hay que evacuar.

Mientras se producía esa conversación entre Camarero y Grande, la vicepresidenta se desconectó de la reunión del Cecopi, a pesar del potencial peligro en relación con el centro de menores, para asistir a un acto de entrega de premio organizado por la patronal, tal como reveló este diario. La entonces 'número dos' del Consell de Carlos Mazón apenas permaneció 38 minutos conectada a la reunión de coordinación de la emergencia, según indica la documentación que consta en el sumario.

Susana Camarero también aportó a la jueza instructora la relación de llamadas de su móvil corporativo de aquella jornada. La lista indica que, de camino a la entrega de premios, celebrada en la céntrica sede de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Camarero habló por teléfono dos veces con Ignacio Grande (a las 17.39 y a las 17.48) y, justo antes del evento, llamó a una responsable de la entidad patronal.

Previamente a la última llamada a Grande, el secretario autonómico había informado a la vicepresidenta de que en el Cecopi preocupaba la situación en localidades como Montroi, Real de Montroi o Chiva, cabecera del barranco del Poyo.

Al inicio del acto de la CEV, Camarero fue informada de que ni Buñol ni Alborache estaban entre los municipios que el Cecopi se planteaba evacuar. Sin embargo, a las 18.21, mientras la reunión permanecía pausada, Ignacio Grande seguía preocupado: “Pues el pantano de Forata está muy cerca. Aún no han empezado”.

Dos minutos más tarde, la vicepresidenta, que seguía en el acto de la patronal, le escribió a su alto cargo: “Dime qué pasa en Carlet. Que Bea [presumiblemente en referencia a una directora general] se explica mal”. Ignacio Grande contestó que estaba “llamando” para que le explicaran “bien” la situación. Finalmente, averiguaron que la residencia de personas mayores de Carlet (con 280 usuarios) se había quedado sin luz, aunque el oxígeno funcionaba, al igual que los ascensores y la cocina.

Camarero, en su declaración testifical del pasado 10 de junio, explicó que la convocatoria al Cecopi fue genérica para su departamento y que, al irse al acto de entrega de premios, dejó a su secretario autonómico conectado a la reunión mientras ella seguía pendiente de la situación por teléfono. La testigo reconoció que en los 38 minutos que permaneció conectada a la reunión se habló ampliamente sobre la presa de Forata (algo que, después de que este periódico destapara su polémica ausencia, negó a pesar de las numerosas evidencias).

Mensaje de “confinamiento en las plantas más altas”

Los mensajes aportados a la jueza confirman en la reunión de coordinación se acordó recomendar a la población que buscara refugio en altura, a pesar de que finalmente no se hizo. Tras la pausa en el Cecopi, la reunión se reanudó a las 19.11, tal como informó Ignacio Grande a la vicepresidenta. A partir de las 19.16, el alto cargo avisó a Camarero de que el Cecopi había acordado enviar “mensajes” (tanto en medios de comunicación como en “SMS”) a la población de 30 municipios de las comarcas de la Ribera Alta y Baja y de alguno de la Hoya de Buñol.

“Los 30 municipios a los que se va a enviar SMS recomendando el confinamiento son los que están bajo la influencia del pantano [de Forata]”, informó Ignacio Grande a las 19.19. Poco más tarde, a las 19.30, el alto cargo actualizó la decisión del Cecopi: “A [la comarca de la] Ribera Baja también se les va a enviar mensaje [de] que se confinen en las plantas más altas”. “La cosa pinta muy mal”, apostilló.

Los whatsapps incorporados al procedimiento acreditan que el Cecopi acordó recomendar a la población que buscara refugio en altura y, a pesar de ello, el primer Es-Alert, enviado a las 20.11 a los móviles de la provincia de Valencia, no pedía esa permanecer en plantas altas (la jueza instructora considera que el aviso automático fue “tardío” y “erróneo” en su contenido).

“El presidente se ha conectado”

La vicepresidenta llamó a dos participantes en el Cecopi tras el acto de la patronal, según la lista de sus comunicaciones telefónicas cotejada por la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ), a la que también ha tenido acceso este diario. A las 19.44, telefoneó a Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias.

Y, a las 20.17, llamó a Josep Lanuza, un asesor electoral de Carlos Mazón que acompañaba al president en el coche oficial de camino al Cecopi. En su testifical, Camarero explicó que llamó a Lanuza para contactar con Mazón y dejar así despejada la línea telefónica del jefe del Consell.

Telefoneó de nuevo a Argüeso a las 20.24. Seis minutos después, llamó a Avelino Mascarell, el diputado provincial de Bomberos que participaba en el Cecopi codo con codo con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó.

El “horror” de Paiporta

Mientras Camarero seguía desconectada, el secretario autonómico le dijo a las 20.51: “Acaban de decir lo de Paiporta. Estamos intentando localizar al alcalde. El presidente se ha conectado”. La lista de llamadas detalla las numerosas llamadas que hizo la vicepresidenta en relación con la residencia de Paiporta, en la que hubo seis usuarios fallecidos.

La vicepresidenta se conectó de nuevo a la reunión del Cecopi, apenas un par de minutos, a las 20.58. Luego, a las 22.46, volvió a conectarse ocho minutos. Por su parte, Ignacio Grande seguía informando de la reunión, incluidas las pausas (“De vez en cuando paran”, dijo a las 21.07).

En un mensaje de las 22.39, Grande anunció: “Empieza Cecopi. Está conectado presidente”. Y, por fin, a las 23.12, informó: “Ya hemos contactado con Alborache. Todo bien. Hay luz pero no telefonía”. Más tarde, a las 23.24, Camarero expresó el “horror” que sentía ante un “vídeo de Paiporta”.

Los mensajes de WhatsApp de la vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, confirman que la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) acordó el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, enviar un mensaje de alerta a la población para “que se confinen en los pisos más altos”, en referencia a las poblaciones potencialmente afectadas por la presa de Forata.

Así se lo comunicó el secretario autonómico, Ignacio Grande, que permanecía conectado al Cecopi mientras Camarero volvía de la entrega de premios de la patronal a la que asistió aquella tarde, desconectándose de la reunión durante fases clave de la gestión de la emergencia.

A partir de las 19.16, el alto cargo actualizó a la vicepresidenta los acuerdos del Cecopi, tras una larga pausa anterior. “Se va a enviar mensajes, por radio, tv, y sms a población de 30 municipios (ribera alta, ribera baja y alguno de la hoya de buñol) para que estén alerta y confinados”, indicaba Grande.

Más tarde, a las 19.26, el secretario autonómico escribió que a los municipios de Real de Montroi y Montroi se les iba a “mandar SMS a móviles para que se confinen en los pisos más altos”.

Cuatro minutos después, a las 19.30, agregaba: “A Ribera Baja también se les va a enviar mensaje que se confinen en las plantas más altas. La cosa pinta muy mal”.

Sin embargo, el primer Es-Alert que remitió a las 20.11 el Centro de Coordinación de Emergencias a los móviles de toda la provincia de Valencia ni siquiera recomendaba a la población que se refugiara en altura, tal como se había pactado en el Cecopi. La jueza instructora de la causa de la dana considera que el mensaje fue “tardío” y “erróneo” en su contenido.

La jueza de la dana ha incorporado este jueves al procedimiento la lista de llamadas y de mensajes del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, aportada por la vicepresidenta Susana Camarero.

La instructora ha ordenado su anonimización un día después de la declaración testifical de Camarero en Catarroja, en el marco de la cual la 'número dos' de Carlos Mazón y, actualmente de Juan Francisco Pérez Llorca, reconoció la existencia de un grupo de WhatsApp del Consell en el que el entonces president lideró a primera hora la gestión de la emergencia y desapareció posteriormente.

La magistrada deja el listado original en un sobre cerrado en el juzgado bajo custodia de la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) y traslada a las partes el cotejo anonimizado del documento, aportado voluntariamente por la vicepresidenta primera del Consell.

Por otro lado, en un auto dictado este jueves, la jueza Nuria Ruiz Tobarra ha declinado la declaración testifical de un testigo propuesto por una de las acusaciones particulares, relativo a la situación en Algemesí durante la catástrofe, al no ocupar “cargo alguno en la gestión de la emergencia”.

En un segundo auto, la magistrada admite las diligencias solicitadas por la defensa del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, sobre la recepción por parte de los ayuntamientos de Chiva y Utiel de las comunicaciones del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat desde la víspera de la dana.

La primera declaración testifical de un miembro del Ejecutivo de Carlos Mazón dio este miércoles un vuelco a la causa de la dana. Susana Camarero, vicepresidenta primera, reconoció ante la jueza instructora que, en el grupo de WhatsApp del Consell, Mazón dio instrucciones desde primera hora de la mañana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, sobre la gestión de la emergencia. Sin embargo, tras una primera fase activa, el expresident se desentendió de todo mientras alargaba su polémica comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro y ya ni contestó en el grupo de WhatsApp, a pesar de que sus consellers informaban detalladamente de la evolución de la catástrofe sobre el terreno.

Camarero, vicepresidenta tanto con Mazón como con el actual president Juan Francisco Pérez Llorca, se resistió en un primer momento a aportar los mensajes de WhatsApp —aduciendo cierto carácter secreto y que incluían a otros consellers— aunque, tras un receso, aceptó aportarlos a la causa.

Por su parte, Ignacio Gally, el abogado que ejerce la defensa de Mazón (que figura en el procedimiento como una suerte de 'preinvestigado' o posible investigado), tras la testifical de Camarero afirmó sobre el ofrecimiento de la jueza para la aportación voluntaria de las llamadas y los mensajes del expresident que desconocía el contenido de los whatsapps de su cliente, aunque también aseguró: “No hay ninguna conversación ni ningún tipo de mensaje, por lo que a mí se me ha trasladado, que pueda afectar en nada”.

Sin embargo, el grupo de WhatsApp del Consell, al que ha tenido acceso elDiario.es, afecta de lleno a Mazón, que sigue aforado por su condición de diputado autonómico del PP de Pérez Llorca. Los diálogos, que aún no se han incorporado al procedimiento ni cotejado por parte de la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ), acreditan que el entonces president se desentendió de todo a partir de su ágape con Maribel Vilaplana, a pesar de su activa participación a primera hora de la mañana y de que, durante toda la tarde, sus consellers iban relatando la afectación de la dana.

Además, según ha podido saber este diario, en el grupo de WhatsApp no solo participaban los consellers: también incluía a destacados altos cargos del 'politburó' de Mazón en el Palau de la Generalitat, tales como como el jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, el secretario autonómico Cayetano García Ramírez o el director general Francisco González. Ninguno de ellos aludió en sus respectivas declaraciones ante la jueza a los mensajes intercambiados en ese grupo de WhatsApp.

Mazón amaneció aquel día con una alerta roja y, mientras se dirigía en el coche oficial hacia el pleno del Consell, acompañado por su jefe de gabinete, con el que compartía piso en València, escribió el primer mensaje, dirigido a su consellera Salomé Pradas: “Salo, que te actualicen datos de la dana esta mañana para la rueda de prensa de Ruth [Merino, portavoz del Ejecutivo]. Quizá tengas que salir para dar parte”.

A partir de ahí, el president dio una catarata de órdenes a sus consellers, a pesar de que su imputación fue rechazada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) con el argumento de que Mazón, por su condición de jefe del Consell, no ostentaba específicamente las competencias de la respuesta a la emergencia ni el mando único. Por su parte, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, encargada de resolver los numerosos recursos de apelación en el marco de la causa, aludió a una eventual imputación del aforado por su “acción u omisión impropia” durante aquella jornada.

La estrategia a primera hora: “Estar alerta que te cagas”

Los whatsapps (publicados íntegros por este diario) apuntalan que el president ejerció un fuerte liderazgo de la gestión de la emergencia a primera hora de la mañana (propio de los galones que le otorgaba su cargo) que dejó paso a un completo silencio después, a medida que la catástrofe empeoraba y sus consellers se inquietaban.

Antes del pleno del Ejecutivo autonómico, a José Antonio Rovira, entonces conseller de Educación, le pidió que estuviera atento al cierre de colegios; a la vicepresidenta, Susana Camarero, y al responsable de Sanidad, Marciano Gómez, que controlaran “goteras e incidentes en los centros”, y a Miguel Barrachina, titular de Agricultura, un “parte” sobre la situación “en el campo”.

El president, con su habitual tono informal en las distancias cortas, generalmente aderezado con algún taco, expuso su visión de la respuesta del Consell ante la alerta roja por la dana: “Informar con detalle da imagen de control. Centrémonos hoy en eso. Vamos a inundar de datos a los medios hoy. Desprende sensación de estar alerta que te cagas. Y a la gente le calma. Qué es lo importante”.

Mazón estuvo tan atento a primera hora que, cuando Salomé Pradas compartió un mensaje de X que había colgado sobre la emergencia, le dijo: “Tienes una errata en la primera línea”.

Tras el pleno del Consell, el president empalmó durante toda aquella mañana varios actos ajenos a la dana y, solo a las 11.47, intervino ante los medios de comunicación (À Punt dio su comparecencia en directo) para aportar información no demasiado actualizada y con cierto tono de que la emergencia estaba prácticamente finiquitada.

A las 13.09, Pradas escribió en el grupo de WhatsApp un mensaje muy relevante, precedido de un emoticono (⚠️): “Acabamos de decretar alerta hidrológica en Río Magro y barranco Pollo [sic], en coordinación con la CHJ [Confederación Hidrográfica del Júcar]”. En el tuit que compartió a las 14.30 con el resto de consellers, en el que pedía “mucha precaución” a los vecinos de las zonas afectadas, “barranco del Poyo” ya estaba bien escrito.

Mazón no pudo señalar la errata, como había hecho a primera hora de la mañana, porque desapareció de la conversación, desconectándose totalmente durante su larguísima estancia en el reservado del restaurante El Ventorro con Maribel Vilaplana.

Al igual que no atendió gran parte de las llamadas de su consellera, Mazón tampoco intervino en el grupo de WhatsApp del Consell. Y eso que su propio Gobierno ya había solicitado el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Utiel, a tenor de la catastrófica situación en la localidad.

Avisos de los consellers con un Mazón en modo avión

Aquella tarde, mientras la pareja de comensales disfrutaba de los platos que ofrece El Ventorro, el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, alertaba de las graves incidencias en Metrovalencia y en las carreteras; la titular de Industria, Nuria Montes, de la inundación de la estación de ITV en Riba-roja de Túria; la de Hacienda, Ruth Merino, de que el archivo de la Generalitat en un polígono situado en la misma localidad también había sido afectado (con “personal dentro atrapado”), y la de Servicios Sociales, la vicepresidenta Susana Camarero escribió: “Yo tengo inundadas residencias de mayores sin que puedan llegar los bomberos”.

Camarero alertó de la delicada situación en varias residencias de personas mayores a las 20.33, cinco minutos después de que Mazón llegara en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en l'Eliana, tras haber acabado su encuentro con Maribel Vilaplana.

Un testigo reciente, uno de los responsables de la CHJ que participaba en el Cecopi, describió el aterrizaje nocturno de Mazón en la reunión como el de un “extraterrestre” de otro planeta que desconocía por completo la situación y al que hubo que actualizar la información de la tarde. En los vídeos de recurso de una productora externa contratada por Emergencias, que captaron a Mazón en la Sala de Mando y Control del Centro de Emergencias de l'Eliana, el president también aparecía algo descolocado.

El conseller Rovira: “La izquierda ha empezado su campañita”

Los mensajes de WhatsApp también afloran aspectos llamativos. Ningún conseller (al menos los que permanecían en la provincia de Valencia) comentó el envío del Es-Alert de las 20.11, un aviso automático a los móviles de la población remitido por Emergencias con el aval de Pradas que la jueza instructora de la causa considera tardío y “erróneo” en su contenido.

El Gobierno valenciano tampoco parecía manejar una radiografía completa de la tragedia: el conseller José Antonio Rovira (que se había ido a su casa en Alicante con el coche oficial, pese a la situación de los centros docentes) preveía, ya por la noche, “cuantiosos daños”, aunque emplazaba a elaborar los “informes de daños” al día siguiente.

Rovira, el conseller personalmente más cercano a Mazón, también expresó su indignación ante un mensaje colgado en X por @ActibiciVlc, una cuenta paródica. “La izquierda ha empezado su campañita”, lamentaba el titular de Educación a las 21.11 (una hora exacta después del Es-Alert).

Mientras el grupo de WhatsApp del Consell trataba de encajar las primeras críticas por la gestión de la emergencia, ya había decenas y decenas de fallecidos por asfixia mecánica, tal como ha establecido la instrucción de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra.

“Vamos a inundar de datos a los medios hoy, ¿vale? Desprende sensación de estar alerta que te cagas. Y a la gente le calma, que es lo importante”. Así se dirigió Carlos Mazón a sus consellers la mañana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, en un grupo de WhatsApp del Ejecutivo valenciano, según los mensajes a los que ha tenido acceso elDiario.es. Escribió el mensaje a las 8.17, poco antes del pleno del Consell.

El expresident, que figura en la causa de la dana como una suerte de 'preinvestigado', dio a primera hora de la mañana instrucciones a sus consellers de Educación (José Antonio Rovira); Sanidad, (Marciano Gómez), y Servicios Sociales (Susana Camarero). A Rovira le pidió que actualizara a la portavoz del Consell, Ruth Merino, sobre el “cierre de colegios” y a Gómez y Camarero estar “atentos a goteras e incidentes en los centros”.

“Informar con detalle da imagen de control. Centrémonos hoy en eso”, afirmaba Mazón. La consellera Salomé Pradas, actualmente investigada en la causa, contestó: “por ahora todo controlado”.

“Bueno cada uno que esté atento. Vamos a dar datos parciales todo el día si se puede”, remachó Carlos Mazón. Pradas, por su parte, informó de que se había establecido el nivel 1 del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en la comarca de la Ribera, “que es donde está pegando más fuerte” la dana.

El president pidió a Miguel Barrachina (titular de Agricultura) el “parte en el campo”. Mazón estaba tan atento a la gestión de la emergencia a primera hora de la mañana que incluso señaló que un tuit de Salomé Pradas sobre la dana tenía “una errata en la primera línea”.

En el mismo grupo de WhatsApp, a las 10.20 (tras la reunión del pleno del Consell), el entonces conseller de Educación detalló la lista de municipios de la provincia de Valencia en los que se habían suspendido las clases.

Pradas fue actualizando durante toda la mañana en el mismo grupo la situación de la dana y las alertas activadas, además de las carreteras afectadas.

El aviso de la alerta hidrológica en el “barranco Pollo”

A las 13:09, Pradas escribió: “⚠️ Acabamos de decretar alerta hidrológica en Río Magro y barranco Pollo, en coordinación con la CHJ [Confederación Hidrográfica del Júcar]”.

Mazón, a pesar de sus instrucciones iniciales, ya no participó en el grupo de WhatsApp que compartía con sus consellers durante el resto de la jornada de la dana (hasta la noche tampoco compareció desde el mediodía para informar a la población de la evolución de la dana).

Tampoco contestó a los mensajes relativos a la dana, especialmente durante su larga comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro.

El president se desconectó de la gestión de la emergencia, a pesar de que consellers como Nuria Montes (Industria) alertó a las 15.17 de que la estación de ITV de Utiel estaba “inundada e inutilizada”, por lo que se había activado el plan de contingencia.

Camarero avisó de las residencias “inundadas”

Por su parte, Vicente Martínez Mus (titular de Infraestructuras) alertó a las 18.03 de “incidencias variadas” registradas en la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), responsable de Metrovalencia, incluyendo la más importante a esa hora: el “cierre” del tramo entre Picassent y Castelló “por desperfectos graves en la vía que impedirán circular no sólo hoy sino en los próximos días”.

“En estos momentos además, en el Apeadero de Omet (Picassent) ha quedado atrapado un tren con 10 pasajeros. Están en la operación de sacarlos con la policía local”, informó Martínez Mus, sin que Mazón contestara a ninguno de los mensajes.

La consellera Nuria Montes informó a las 20.25 de que el personal de la estación de ITV de Riba-roja de Túria estaba “atrapado” y, ocho minutos después, Susana Camarero dijo que había residencias de personas mayores “inundadas” y “sin que puedan llegar los bomberos”.

A las 20.37, Martínez Mus escribió que en la sede de FGV, situada a tiro de piedra del barranco del Poyo, había “30 personas aisladas que no han podido salir”, incluyendo al secretario autonómico Javier Sendra y al gerente de la empresa pública, Alfonso Novo.

Martínez Mus: “Hemos tenido que suspender el Metro”

“Está allí el puesto de mando. Yo Iba para allí y ya no he podido llegar. El puesto de mando estaba allí y se ha visto afectado en toda su operativa, por lo que hemos tenido que suspender todas las operaciones de tranvía y metro hasta nueva orden”, dijo Martínez Mus.

Por su parte, el conseller de Educación, Juan Antonio Rovira, dijo a las 20.44: “Estamos preparando un comunicado para suspender mañana la atención presencial en los Espais Labora de la provincia de Valencia ante la alerta meteorológica y los riesgos por cualquier tipo de desplazamiento. Un minuto después, añadió: ”Los datos [daños] en CEIPS e IES son cuantiosos en muchas localidades. Mañana tendremos más datos“.

Tres minutos después, el conseller de Sanidad advirtió de que los hospitales de Alzira y Requena estaban “aislados” y de que había “múltiples centros de salud inundados”, además del Parque Alcosa, donde los trabajadores permanecían “atrapados” y “resguardados en el primer piso”.

A las 21.09, Rovira anunció que en la ciudad de València y en la mayoría de poblaciones de la provincia se suspendían las clases del día siguiente.

También apostilló: “Tenemos algunas incidencias puntuales como 3 niños que quedan en un autobús en Chiva y no pueden moverse. Está la Guardia Civil al tanto. La residencia de Cheste también está controlada. Aunque han cenado bocadillos porque no había luz. Mañana empezaremos con los informes de daños. Todo apunta que van a ser cuantiosos”.

Rovira: “La izquierda ha empezado su campañita”

En su siguiente mensaje, a las 21.11, José Antonio Rovira expresó su preocupación por un mensaje de X (antiguo Twitter) del que aportaba el enlace: “La izquierda ha empezado su campañita”.

La consellera Ruth Merino pegó el borrador de una circular de la dirección general de Función Pública que declaraba la exención de asistencia al trabajo del funcionariado afectado por la dana.

“Si os preguntan, esta circular que vamos a colgar en breve en la web es cierta. Estaban corriendo muchos whatsapp fake y la gente tenía dudas”, explicó Merino a las 22.39.

Pradas: “El 112 no ha fallado, sigue operativo”

La misma consellera, a las 22.47, escribió que “el centro de comunicaciones de Telefónica de La Eliana (del que depende el 112) ha fallado y que puede que el que le da respaldo de urgencia, el de Cheste, haya colapsado también”. “Reunión de urgencia en Telefónica Madrid”, agregó.

Sin embargo, Pradas contestó que “no es así”. “El 112 no ha fallado, sigue operativo”, insistió Salomé Pradas. “Si, operativo sigue”, dijo Merino, quien añadió: “De 8 líneas de comunicación solo quedan 2 activas. Cada una puede mantener 30 llamadas simultáneas. Para un día como hoy es un problema. Además solo pueden recibir llamadas ”.

En el último mensaje que consta en el grupo de WhatsApp del Consell, Vicente Martínez Mus adjuntó a las 23.53 el estado de las carreteras.

Agentes del Servicio de Protección de Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se han personado este miércoles por la mañana en el Ayuntamiento de València “para recabar información sobre un asunto”, según ha confirmado a elDiario.es el instituto armado, que no ha detallado a qué se refiere el caso.

Según ha podido saber esta redacción, los agentes se habrían dirigido a las dependencias de la Concejalía de Bienestar Animal que gestiona el portavoz del grupo popular, Juan Carlos Caballero, en una reunión que al parecer tenían agendada y que por el momento no se ha requisado documentación. Las mismas fuentes aseguran que la investigación no es contra el Ayuntamiento.

Aunque por el momento no han trascendido más detalles, todo apunta a que el asunto podría estar relacionado con la protectora Modeprán. Al parecer, el Seprona también se habría dirigido a otros ayuntamientos con los que habría colaborado la protectora.

Por su parte, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha comentado que el Seprona “a instancias de una denuncia ha entrado al Ayuntamiento a pedir información sobre unas cuestiones que tienen que ver con una empresa que gestiona para el propio Ayuntamiento”.

Fuentes de Modeprán han asegurado a este periódico que no tienen constancia de ninguna denuncia contra la entidad, que están muy tranqullos porque “no hay nada que ocultar” y que el cambio de gestión previsto para este viernes se hará “con calma y normalidad”.

Como ha informado este periódico, el refugio de animales de València pasará a estar gestionado por una alianza de empresas dedicada al control de plagas. Este viernes se hará efectivo el cambio en la gestión de los dos refugios municipales, que hasta la fecha habían ido de la mano de la protectora Modeprán, encargada en los últimos 15 años.

La vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, ha declarado este miércoles ante la jueza de la dana que desconocía qué era el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), a pesar de que estuvo conectada brevemente a la reunión del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos. “Yo no sé lo que es un Cecopi, pero sí sé que hay una reunión de emergencias”, ha declarado Camarero, según fuentes conocedoras de la testifical consultadas por elDiario.es.

“Yo estoy ocupada con el impacto de la situación que se estaba produciendo, pero decido conectarme porque tengo un momento”, ha manifestado Susana Camarero.

Por otro lado, la vicepresidenta se ha negado en un primer momento a aportar los mensajes de WhatsApp intercambiados por entre los consellers el día de la catástrofe (aunque posteriormente ha matizado que lo consultaría).

“No soy yo quien debe aportar ese chat, estamos los miembros del Consell, que tenemos secreto. En ese chat hay muchos consellers involucrados y no soy yo quien debe aportarlo”, ha espetado Camarero. 

La vicepresidenta ha dicho que no recordaba si en ese chat se comentó algo sobre la gestión de la emergencia, aunque ha especificado que la exconsellera Pradas, principal investigada en la causa, tiene acceso a los mensajes. “Lo pensaré y consultaré”, ha contestado ante la insistencia de la jueza en que la aportación solo puede ser voluntaria (al no ser doloso el presunto delito de homicidio imprudente que se investiga en el marco de la causa).

Tras un breve receso en la testifical, la vicepresidenta ha aceptado aportar los mensajes de WhatsApp. También se ha prestado a aportar los whatsapps que intercambió con su secretario autonómico, Ignacio Grande, que también estuvo conectado al Cecopi.

La “percepción” de que “Utiel está controlada”

La testigo ha relatado que, al inicio del Cecopi, el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, comentó la situación en Utiel y, “más tarde”, se aludió al peligro en la presa de Forata. Camarero ha dicho que le escribió a Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias, para preguntar si había centros de dependientes, de su competencia, “afectados”. “Lo que hago es que todo lo que escucho en el Cecopi lo ligo a mis competencias”, ha afirmado.

La vicepresidenta ha dicho ante la jueza que, durante los apenas 38 minutos en que estuvo conectada al Cecopi, tuvo la “percepción” de que “Utiel está controlada”. Camarero también ha justificado su ausencia del Cecopi para irse a un acto de entrega de premios de la patronal: “Estoy pendiente de la afectación de esos centros cuando me desconecto”.

También ha mantenido que, en los casi 40 minutos en que estuvo conectada al Cecopi, no se habló en la reunión de emergencias de la posibilidad de enviar a la población un mensaje Es-Alert. “No escuché de hablar del Es-Alert ni del envío de algún mensaje”, ha dicho.

“No vi nada descontrolado”

También ha afirmado que “los responsables de Emergencias sabían lo que estaban haciendo y se tomaban medidas”. “No vi nada descontrolado”, ha apostillado.

La testigo ha asegurado que la convocatoria del Cecopi no iba dirigida específicamente a ella y que se conectó al tener una “ventana de tiempo”.

“Pero sí que quiero aclarar que [en el Cecopi] no hay otro conseller, que no se esperaba que fuera a estar ahí, que me conecto para enterarme en primera persona, para ver como va la situación de gota fría y sobre la que estoy pendiente por lo que tiene que ver en mis centros”, ha afirmado.

Sin contacto con Mazón

No mantuvo contacto con el president Carlos Mazón, que permanecía en una larga comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro, al considerar que “la situación la maneja la consellera” Salomé Pradas. “Tampoco él se puso en contacto conmigo”, ha agregado.

Mazón dio instrucciones en el Pleno del Ejecutivo autonómico, celebrado aquella mañana, de que ante la dana cada conseller estuviera pendiente de sus competencias. La testigo ha explicado que Pradas habló sobre la situación de emergencia y que el entonces president pidió que se comunicara cualquier incidencia.

Camarero ha accedido al Palacio de Justicia de Catarroja por la entrada del garaje para evitar las protestas de las víctimas.

Primer aval a la investigación de las cuentas bancarias de la presunta trama de blanqueo de capitales de los narcos del Puerto de València. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, en un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, ha desestimado el recurso de apelación de la defensa de uno de los investigados (Francisco H. V.) contra el auto del juez instructor del pasado 2 de enero que autorizaba a los agentes especializados en blanqueo de capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a recabar, sobre el grueso de los presuntos narcos, ante la Seguridad Social y la Agencia Tributaria la vida laboral, las prestaciones, las declaraciones de la renta y las transmisiones patrimoniales o, ante las entidades bancarias, sus activos, ya sea en cuentas, tarjetas de crédito, depósitos, valores, préstamos, planes de pensiones, acciones e incluso cajas de seguridad.

La misma resolución autorizaba a los uniformados a obtener de las entidades financieras “cualquier otra información y documentación complementaria sin necesidad de nuevo auto”, de cara a llevar un “seguimiento de las operaciones que se vayan conociendo y resulten de interés para la investigación”. Lo cual resultaría una suerte de “carta blanca” otorgada por el juez instructor a la UDEF, amén de una “investigación prospectiva”, a juicio de la defensa de Francisco H. V.

Se trata de uno de los investigados que figuran como “facilitadores críticos” de la supuesta trama de importación de cocaína a gran escala desarticulada en el marco de la 'operación Spider', especialmente dedicado a “labores de intermediación” con dos presuntos narcos: el colombiano Adrián V. C. y el albanés Klodjan K. (prófugo de las autoridades belgas en un procedimiento por narcotráfico).

Las pesquisas de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional lo vinculan con la intervención de 80 kilos de cocaína en la terminal CSP del Puerto de València el 6 de junio de 2025 (cantidad que formaba parte de un alijo mucho mayor, extraído con la modalidad del gancho ciego).

Paradójicamente, Francisco H. V. no es uno de los investigados señalados directamente por el auto del juez que autorizaba la investigación del presunto blanqueo. Así lo destaca la sección cuarta de la Audiencia de Valencia, que considera que “carece de legitimidad para recurrir” y que esgrime la máxima procesal “ampliamente establecida” en la jurisprudencia española de que “no hay recurso sin agravio”.

“Mayor agilidad” en la investigación

El tribunal ni siquiera entra en el fondo del asunto, a diferencia del fiscal, en cuyo informe relativo al recurso explica que la resolución del juez instructor, lejos de pretender “ampliar el campo de investigación a cualquier información y actuación”, se centraba en la información derivada de la inicialmente obtenida con autorización judicial, sin que ello suponga vulneración alguna de la tutela judicial efectiva o del derecho a la intimidad. El representante del Ministerio Público ve la medida justificada y proporcional, por la “necesidad de aportar mayor agilidad” a la investigación y evitar dilaciones durante la instrucción del procedimiento.

Por otro lado, la Audiencia de Valencia ha desestimado el recurso de la representación jurídica de Castellón Renting SL contra el auto que autorizó el decomiso cautelar de un camión Man TGX y un semirremolque marca Kassbohrer propiedad de la empresa, además de un Audi Q8 usado “de forma directa y habitual” por el investigado Julio E. G., gerente de la mercantil imputado por supuestamente proporcionar camiones a la presunta organización criminal. El camión estuvo vinculado, según los investigadores, al alijo de 1.160 kilos de coca intervenido en el Puerto el 18 de julio de 2025.

El abogado de la empresa alega que Castellón Renting SL cuenta con “más de 40 años de antigüedad” y una “consolidada trayectoria profesional lícita y regular” y que ni la propia firma ni el gerente “tienen nada que ver” con los hechos investigados. Se trataría, por el contrario, de “meras conjeturas” policiales que contrastan con la “realidad fáctica y documentada” y que pretenden “criminalizar” una actividad “normal” y “propia del negocio” como es el arrendamiento de vehículos.

Sin embargo, la sección cuarta de la Audiencia de Valencia recuerda que existen indicios de que la empresa, con “apariencia de una actividad lícita”, formalizaba contratos de arrendamiento, precedidos de importantes sumas de dinero, para “enmascarar” la “verdadera utilización de los vehículos al servicio de la organización criminal”.

“Intervención directa” del gerente de la firma de camiones

La investigación de la UDYCO ha acreditado la “intervención directa” del gerente de la empresa en la entrega de 40.000 euros en efectivo “sin emisión de justificante alguno ni soporte documental que ampare la operación”. La Audiencia de Valencia, por tanto, considera “adecuada a derecho” y a la legalidad la resolución que decomisó el camión (cuya venta anticipada fue autorizada recientemente por el juez).

La sección cuarta también ha desestimado un recurso similar de la representación jurídica Biovalsuro SL, propiedad del investigado José Francisco B. R., contra el decomiso cautelar y la autorización para uso policial de una motocicleta Benelli modelo TRK, mítica marca italiana, a nombre de la mercantil. El auto, al que también ha tenido acceso este diario, esgrime los “sobrados indicios racionales y fundados” de la participación de José Francisco B. R. en presuntos “delitos de drogas de extrema gravedad”, además de la “procedencia ilícita” de la motocicleta.

“Los vehículos intervenidos han sido empleados de forma directa, como consta en las diligencias practicadas, para la realización de operaciones de narcotráfico, lo que implica que han sido verdaderos instrumentos de los delitos investigados”, asegura el tribunal.

Además, el auto también sostiene que la utilización provisional del vehículo por parte de la Policía “no es una pena anticipada, sino una medida cautelar de gestión patrimonial”, con el objetivo de conservar el valor de uso del bien intervenido y evitar costes al erario por los gastos de depósito (sin el objetivo de castigar al investigado, que goza de presunción de inocencia).

El Porsche a nombre de un testaferro

La Audiencia de Valencia también ha tumbado el recurso de Salvador S. A., presunto testaferro de Iván T. R. (considerado uno de los capos del narcotráfico en el Puerto), contra el auto del instructor que, el pasado 3 de febrero, denegó la devolución de un BMW y de un Porsche 911 GT3. “No podemos olvidar”, afirma el tribunal, que la póliza de seguros del BMW figuraba a nombre de Iván T. R. y que existen indicios de que el vehículo pudiera ser objeto de un presunto delito de blanqueo de capitales, por lo que “está justificado su comiso”. Así, la devolución anticipada de los vehículos “podría frustrar los fines del proceso penal”.

La situación del Porsche es aún más singular. El bólido ya fue incautado (y posteriormente devuelto a su propietario) en el marco de un sumario por narcotráfico del Juzgado de Instrucción número 1 de València. Lo cual “no es óbice” para que se intervenga de nuevo en las diligencias que actualmente instruye la plaza número 15 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, al haberse acreditado que, a pesar de que el vehículo figuraba a nombre de Salvador S. A., el titular real, usuario y pagador de la prima de seguro sería el presunto narco Iván T. R.

El hermano y la pareja de uno de los capos

La Audiencia de Valencia también ha desestimado sendos recursos de la defensa del presunto capo y de su hermano, Raúl T. R., y su pareja, María R. L. (ambos investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales) contra el decomiso y la autorización del uso policial de un Audi RS3 Sportback, de un BMW M2 Competition y de una Yamaha TMAX.

El auto ve indicios suficientes de que los vehículos eran, o bien instrumentos de la operativa de narcotráfico, o bien productos o ganancias de esa supuesta actividad ilícita, y concluye que la hipótesis no resulta “irrazonable, arbitraria o caprichosa”.

El fiscal de la causa describe al hermano del presunto narco como “elemento instrumental” del entramado societario diseñado para canalizar e integrar en el circuito económico legal los fondos de origen ilícito (especialmente con su participación en la empresa Activos Inmobiliarios Renovables SL).

Sobre la pareja del presunto capo, el fiscal recuerda los indicios “sólidos y plurales” de su participación “activa” en la supuesta operativa de blanqueo como administradora de la mercantil Inversiones Miseco SL, dedicada a la introducción en el tráfico económico de fondos de origen ilícito, con mecanismos como la adquisición de deuda privada, la facturación ficticia y “otras prácticas típicas de integración delictiva”.

Por otro lado, la sección cuarta de la Audiencia de Valencia ha desestimado el recurso del portuario Salvador Julio C. M., supuesto testaferro de Iván T. R. en relación con la embarcación que se intervino al presunto narco en el Club Deportivo Es Nàutic de Sant Antoni (Ibiza). La Guardia Civil de las Islas Baleares ha reclamado la embarcación Axe (modelo Axopar 37), de unos 11 metros de eslora, para usarla provisionalmente en aguas mediterráneas en operaciones contra el narcotráfico.

El auto considera suficientemente acreditado que el investigado “venía ejerciendo de forma efectiva y continuada el uso, posesión material y disponibilidad funcional de la embarcación intervenida”.

La testifical de la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, fue “extensa y clara”, según la jueza de la dana. Así lo refleja el acta de la declaración, a la que ha tenido acceso elDiario.es, del pasado 25 de mayo: la primera edil del PP alertó por teléfono en vivo y en directo a dos relevantes participantes de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de lo que estaba viendo con sus propios ojos: “Es un barranco completamente desbocado, con unas olas que yo creo que nadie hemos visto”. Folgado vivió en sus propias carnes el desbordamiento del barranco de Horteta, tributario de la rambla del Poyo, y se quedó muy impresionada mientras presenciaba como la pasarela peatonal que une el entorno urbano con el polígono industrial “no existía”.

Folgado llamó primero al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, sin siquiera saber que estaba en el Cecopi, por si “tenía más información” y sabía “algo más” o “de dónde viene el agua”.

La llamada fue a las 18.38 y duró apenas 39 segundos, según acredita la factura del móvil corporativo de la alcaldesa. Le dijo que se estaba viviendo una “situación extraordinaria”. “Esto no lo hemos visto nunca”, agregó Folgado, que también es diputada provincial.

A Emilio Argüeso, con quien no había hablado en todo el día, le avisó de la inundación en la localidad en una llamada de dos minutos a las 19.10 (“para decirle esto está así”). Argüeso, investigado en la causa, no dijo nada en el Cecopi, según fuentes consultadas por este diario.

Entre esas dos llamadas, a las 18.55, la alcaldesa de Chiva, Amparo Fort, llamó al diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell (que también participaba en el Cecopi), para avisarle de que la cabecera del barranco del Poyo se había desbordado “completamente”. Tanto Mompó como Mascarell han sido citados de nuevo a declarar como testigos tras las revelaciones de las alcaldesas de Chiva y de Torrent.

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, insistió en preguntar a la testigo por las respuestas de Mompó y de Argüeso. Y es que, para la magistrada, lo que dijo la alcaldesa de Torrent resultaba una auténtica “revelación”. Sin embargo, Folgado no recordaba qué le contestaron el secretario autonómico de Emergencias y el presidente de la Diputación. La magistrada, en tono didáctico, detalló a la primera edil la importancia de los avisos telefónicos a Mompó y Argüeso:

—Lo digo señora alcaldesa, y con todo el respecto, porque esta situación del barranco de Horteta o del Poyo se ha negado desgraciadamente por miembros del Cecopi. Y, además, esta información que usted da, como la han dado otros alcaldes que han venido y han colaborado dando información y llamadas, nos desvela cosas que han desvelado otros testigos, pero no precisamente los testigos presenciales del Cecopi, salvo el comandante de la UME [Unidad Militar de Emergencias] que sí que nos dijo la situación del barranco del Poyo a la altura de Ribarroja.

La testigo apenas recordaba que Argüeso le dijo algo así como: “Estamos viendo...”. Sí que se acordaba, en cambio, de que al secretario autonómico de Emergencias le comunicó: “Aquí me dicen que hay una víctima”.

Cuando llamó a Emilio Argüeso, la alcaldesa permanecía en la zona recreativa de la urbanización del Pantano, que ya estaba “prácticamente inundada”. Los agentes de la Policía Nacional con los que se topó allí le informaron de que una persona mayor había fallecido.

—En ese momento, el policía nacional nos advierte de que, si queremos salir, tenemos que salir ya porque la zona se está inundando; nuestra intención es ir hacia arriba [a la calle del Maestro Fortea], lo que sería la Masía del Juez, [y] ya no podemos hacerlo, en ese punto interfiere un pequeño barranco que (...) está cerca de lo que es la antigua fábrica de Campofrío, ya no podemos cruzarlo y nos volvemos hacia el entorno urbano.

La alcaldesa siguió el cauce del barranco “hacia abajo” y se encontró la zona del barrio de Xenillet “completamente inundada”.

La testigo explicó que empezaron a “tener una visión de lo que estaba pasando” a partir de la madrugada del 29 al 30 de octubre, cuando acudían a pie (desde la autovía o desde zonas diseminadas) hasta el pabellón habilitado gentes afectadas por la inundación: “Nos chocaba muchísimo (...). Esa noche llegamos a tener casi 2000 personas en el pabellón”.

“Un comité de crisis lo más rápido posible”

Amparo Folgado también dijo que no recibió ninguna instrucción por parte del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. Sin embargo, la Policía Local de Torrent (un municipio de cerca de 100.000 habitantes) permanecía aquella jornada “pendiente” de las zonas inundables en las urbanizaciones que “discurren” entre los barrancos de Horteta y el Poyo.

La declaración testifical de Folgado también cuestionó los pobres reflejos de la Generalitat ante la emergencia de la dana: “Yo creo que en mi vida he visto una alerta roja y lo primero que piensas es aquí vamos a reunirnos y hay que tomar una serie de decisiones lo más rápidamente posible. Nos reunimos en un comité de crisis lo más rápido posible”.

“Una alerta roja es una alerta roja”

En aquella reunión matinal, el consistorio acordó la suspensión de las actividades lectivas, deportivas y extraescolares, además del cierre de los pasos susceptibles de inundaciones.

También por la mañana, la alcaldesa se asomó a observar los barrancos de la localidad (que cuenta con muchos afluentes de Horteta desperdigados por sus numerosas urbanizaciones): “Empiezas a, de alguna forma, preguntar y a visualizar cómo está el barranco. (...) En Torrent, durante todo el día, no llovía. De hecho, cuando estamos tomando esa decisión de la suspensión de las actividades, es un poco diciendo 'bueno, no sé, vamos a ver qué va a pasar', el sol está fuera pero una alerta roja es una alerta roja”.

La actuación de Amparo Folgado con la suspensión de la actividad educativa se asemeja al papel que ejercieron aquella misma jornada sus homólogos de Utiel y Requena, Ricardo Gabaldón y Rocío Cortés, ambos del PP.

Cortés dijo ante la jueza el pasado 18 de mayo que “en Requena no hubo muertos ni heridos porque se avisó a la población”. Gabaldón, por su parte, declaró: “Si no llegamos a cerrar el instituto hubieran muerto alumnos y padres y abuelos que hubieran ido a por ellos”.

Susana Camarero, la vicepresidenta del Gobierno valenciano que abandonó la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en plena catástrofe de la dana, desfila como testigo este miércoles ante la jueza instructora de la causa. De Camarero dependían las residencias de personas mayores y, a pesar de que en los escasos 40 minutos en que estuvo conectada al Cecopi se hablaba en la reunión sobre el peligro que suponía la presa de Forata, la vicepresidenta optó por irse a un acto de entrega de premios organizado por la patronal, en el que coincidió con el conseller Vicente Martínez Mus.

La 'número dos' del Consell de Carlos Mazón (y del actual Ejecutivo de Juan Francisco Pérez Llorca) alegó que el secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande, se quedó conectado a la reunión del Cecopi mientras ella asistía al acto de entrega de premios. El alto cargo está citado a declarar como testigo el próximo 16 de julio.

Aunque Camarero, después de que este diario revelara su ausencia del Cecopi, sostenía que en la reunión no se habló del peligro de la presa de Forata mientras ella permaneció conectada, la vicepresidenta acabó admitiendo que, tal como confirma abundante documentación y testimonios que constan en el procedimiento, no fue así. Por otro lado, nunca reconoció haber cometido un error al abandonar el Cecopi.

En la reunión se hablaba tanto del peligro que suponía la infraestructura hidráulica que el Cecopi se planteaba una evacuación de las poblaciones situadas aguas abajo de Forata.

De hecho, la propia Camarero se interesaba poco antes de abandonar la reunión por las localidades que podían ser evacuadas, tal como figura el informe pericial con sus mensajes de WhatsApps que aportó uno de los dos investigados en la causa, el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso.

El servicio de teleasistencia

Por otro lado, la investigación de la jueza Nuria Ruiz Tobarra también afloró que hasta 37 de los 230 fallecidos en la catástrofe eran personas mayores usuarias del servicio de teleasistencia.

Las grabaciones de las llamadas de auxilio de las víctimas retrataron el caos en la gestión de la emergencia. La jueza también investiga el fallecimiento de ocho ancianos en un recinto de viviendas públicas de la Generalitat en Picanya, situado a tiro de piedra del barranco del Poyo.

La jueza de la dana ha vuelto a plantear al expresident Carlos Mazón, que figura en el procedimiento como una suerte de posible investigado, la posibilidad de aportar voluntariamente sus llamadas y mensajes de WhatsApp del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos.

La magistrada instructora, en una providencia dictada este pasado lunes, recuerda que la defensa de Mazón supeditó esa posibilidad a que la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia resolviera su personación en la causa, finalmente avalada.

La resolución da tres días a la defensa del exjefe del Consell para que “manifieste si aporta voluntariamente para su unión a la causa su listado de llamadas entrantes y salientes de fecha 29 de octubre de 2024, y sus mensajes de WhatsApp u otro tipo de mensajería, de dicha fecha, relacionados con la emergencia de la dana, pudiendo aportar, en su caso, las facturas correspondientes a los listados de llamadas”, tal como había planteado la jueza en sendos autos de los pasados 24 de marzo y 28 de abril.

La comisión rogatoria a Estados Unidos

La instructora sigue pendiente de la respuesta a la comisión rogatoria remitida a Estados Unidos para tratar de recuperar los mensajes de WhatsApp que el jefe de gabinete del expresident, José Manuel Cuenca, borró de su teléfono móvil al haber devuelto a la Generalitat su terminal corporativo formateado.

La jueza reitera en la providencia el mismo ofrecimiento. La situación coloca a Mazón ante el dilema de aportar sus mensajes de WhatsApp, tal como han hecho todos los testigos que han comparecido en la causa, incluyendo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, o por el contrario escudarse en su condición de 'preinvestigado' o 'protoinvestigado' para declinar el ofrecimiento. Al no ser doloso el presunto homicidio imprudente que investiga la magistrada, solo se pueden obtener las comunicaciones mediante su aportación voluntaria.