La muerte de una niña de 11 años en Francia expuso fallas profundas en el sistema judicial del país. Lyhanna desapareció el 29 de mayo en la región de Gers, en el suroeste, y días después la policía encontró su cuerpo en un silo de grano abandonado tras una búsqueda que movilizó a fuerzas de seguridad y voluntarios. El caso desató una reacción política y social centrada en la respuesta de la justicia ante denuncias previas sobre el principal sospechoso.

Lyhanna fue vista por última vez cerca de la escuela local. Cámaras de vigilancia registraron que subió al auto de un hombre identificado como Jérome B., de 41 años, padre de una amiga de la víctima, quien aseguró que la dejó cerca de la piscina municipal. La investigación reconstruyó el trayecto y reunió elementos que condujeron al hallazgo del cuerpo de la menor seis días después.

Las autoridades confirmaron la identidad de Lyhanna mediante pruebas de ADN. La autopsia todavía busca determinar la causa exacta de la muerte.

El caso expuso un patrón que las autoridades y dirigentes políticos describieron como grave: Jérome B. había acumulado denuncias por abuso y violación de menores en los últimos años, incluidas acusaciones formales en 2017, 2020 y 2025, además de quejas por conductas inapropiadas que derivaron en su despido de un puesto en una escuela secundaria. Dos de estas causas se cerraron por falta de pruebas y una tercera permaneció estancada por demoras en la investigación.

El expediente más reciente antes de la desaparición de Lyhanna surgió por la denuncia de la madre de otra niña, Rosa, quien sostuvo que su hija fue violada varias veces entre septiembre de 2024 y mayo de 2025. Según el relato, exámenes médicos respaldaron el testimonio de la menor, pero la policía no interrogó a Jérome B. durante nueve meses, periodo en el que el expediente pasó de una jurisdicción a otra sin medidas efectivas para apartarlo del contacto con menores.

Ante esto, el presidente Emmanuel Macron se pronunció sobre el caso, reconoció fallas graves en la respuesta de la justicia y afirmó que no se puede mirar a la familia de la víctima sin admitir que el sistema no funcionó como debía.

“Está claro que hay una disfunción y no podemos ignorar que se han puesto de manifiesto fallos. Ahora hay que aclararlos”, dijo.

A su vez, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, calificó de inaceptable la demora en la reacción judicial y ordenó una investigación interna para establecer por qué no se actuó a tiempo, cómo se gestionaron los expedientes y por qué la información se mantuvo en papel en lugar de digitalizarse, lo que habría facilitado la coordinación entre jurisdicciones.

El alcalde de Fleurance, Grégory Bobbato, expresó su indignación y planteó si las autoridades escuchaban a los niños y actuaban ante señales de peligro. Señaló que la acumulación de denuncias y la falta de respuestas evidenciaban un problema estructural en la forma de investigar y proteger a los menores.

El caso de Lyhanna quedó en el centro del debate político. Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional, sostuvo que la tragedia podría haberse evitado si las alarmas hubieran sido atendidas.

Desde la izquierda, Marine Tondelier cuestionó la incapacidad del sistema para abordar las violencias sexuales y sexistas.

En paralelo, organizaciones como la comisión independiente CIIVISE informaron que casi tres de cada cuatro denuncias por abuso sexual contra menores en Francia se archivan sin llegar a una condena y que solo un porcentaje reducido alcanza una sentencia firme, un dato que reforzó la percepción de impunidad.

A raíz del caso, el gobierno francés convocó a los fiscales y ordenó revisar los procedimientos de investigación, la transmisión de información y la atención a las víctimas. La indignación social creció ante la constatación de que, pese a las denuncias reiteradas, la respuesta institucional resultó insuficiente para proteger a Lyhanna y prevenir su muerte. El primer ministro pidió un informe detallado sobre las fallas detectadas y estableció un plazo de 15 días para su presentación.

(Con información de AP, AFP, BBC y EFE)

El Consejo de ministros del Interior de la Unión Europea se reunió en Luxemburgo y confirmó una estrategia migratoria más estricta, sin cerrar el debate sobre el futuro de la protección para los refugiados ucranianos. El encuentro, con representantes de los 27 Estados miembros, consolidó el avance de un nuevo Reglamento de Retornos que generó tensiones, en especial por la postura de España, y reactivó la discusión sobre la vigencia del estatus especial para los desplazados por la guerra en Ucrania.

El reglamento de retornos, debatido en Luxemburgo como pieza central de la política migratoria comunitaria, habilita la creación de centros de deportación en terceros países. El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, expresó el rechazo de su país al advertir que la medida podría vulnerar principios fundamentales y valores europeos. Además, cuestionó como “desproporcionada” la posibilidad de enviar familias con menores a esos complejos por 24 meses y pidió que el recurso se aplicara solo como último recurso.

La presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, ejercida por Chipre, indicó que el texto avanzó tras el acuerdo político alcanzado entre instituciones europeas a comienzos de semana. El viceministro chipriota de Migraciones, Nicolas Ioannides, sostuvo que el enfoque debe ser “firme pero justo”, mientras que el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, describió el acuerdo como una “historia de éxito” para la UE. Además, precisó que países como Alemania y Países Bajos se prepararon para iniciar conversaciones con terceros países con vistas a instalar centros de migrantes.

La cuestión de los refugiados ucranianos ocupó un lugar central. La protección temporal otorgada tras la invasión rusa vence en marzo de 2027, y los ministros discutieron su posible prórroga o modificación. España reclamó una posición común que respalde la continuidad del esquema y favorezca el retorno voluntario, mientras otros socios plantearon limitar el acceso a determinados colectivos, como los hombres en edad militar.

Brunner señaló que la exclusión de varones de entre 23 y 60 años cuenta con el aval de Ucrania y anticipó que la Comisión Europea presentará una propuesta después de consultar a los países más afectados, entre ellos Alemania, Austria, Polonia y República Checa.

Durante la reunión, 16 ministros de nueve países, en su mayoría nórdicos y bálticos, presentaron una carta conjunta para exigir medidas uniformes que restrinjan la emisión de visados turísticos a ciudadanos rusos y frenen el llamado “visa shopping”, después de que en 2025 se concedieran 477.878 visados Schengen a rusos con fines recreativos.

El Consejo también formalizó el marco estratégico antidrogas de la UE para el periodo 2026-2030. La hoja de ruta prevé reforzar la Alianza Europea de Puertos, mejorar la trazabilidad del dinero procedente de redes criminales y combatir el reclutamiento digital de jóvenes. Por primera vez, el asunto será incluido en la cumbre de líderes de la UE prevista para junio.

En paralelo, la Unión Europea programó para el 15 de junio en Luxemburgo el inicio de negociaciones formales de adhesión con Ucrania y Moldavia, después de que Hungría levantó el veto que mantuvo bloqueado el proceso durante dos años. El cambio húngaro se produjo tras un acuerdo con Kiev para ampliar los derechos de la minoría húngara en la región de Transcarpatia. El primer ministro húngaro, Péter Magyar, anticipó su respaldo a la apertura de los capítulos de adhesión y condicionó el apoyo final a un referéndum vinculante en su país.

La presidencia de turno detalló que los Estados miembros comenzaron a preparar la apertura del primer clúster de negociaciones, centrado en los fundamentos institucionales, la reforma administrativa, el poder judicial y los derechos fundamentales. Ese bloque suele abrirse primero y cerrarse al final, ya que exige reformas estructurales profundas.

Durante los dos años de bloqueo, Bruselas y Kiev mantuvieron conversaciones informales y avanzaron en aspectos técnicos para agilizar el proceso una vez levantado el veto. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, asumió un papel activo en la presión diplomática al considerar el ingreso a la UE como una garantía de seguridad tras la guerra.

El giro en Budapest ocurrió después de la derrota electoral de Viktor Orbán frente a Magyar, quien priorizó recomponer la relación bilateral con Ucrania.

El proceso de adhesión a la UE comprende la negociación de 33 capítulos, agrupados en seis bloques temáticos. El primero aborda el Estado de derecho, los derechos humanos y el sistema judicial. Ucrania y Moldavia, candidatas emparejadas, intentaron durante los últimos dos años destrabar ese bloque inicial, mientras los Estados miembros buscan acordar una posición común de negociación.

En el trasfondo, la situación en Ucrania siguió marcada por el conflicto. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, viajó a Kiev y afirmó que los sistemas de defensa antimisiles siguieron llegando desde Estados Unidos, con el compromiso de mantener el suministro de sistemas Patriot. En una reunión con Zelensky, Rutte abordó la cooperación para la defensa y envió un mensaje a los jóvenes rusos reclutados, al advertir sobre las condiciones en el frente y la alta probabilidad de bajas.

La agenda europea expuso así la coexistencia de debates sobre control migratorio, protección de desplazados y seguridad. El futuro del esquema para los refugiados ucranianos y la negociación de adhesión de Kiev a la UE quedó abierto en un contexto regional atravesado por crisis simultáneas.

(Con información de EFE)

La justicia de Reino Unido investiga a Johannes Natland, un noruego de 19 años que viajó al país para cometer un asesinato por encargo, según la fiscalía, en una operación atribuida a una red criminal sueca vinculada al régimen iraní. Fue arrestado en un hotel de Huddersfield. La policía halló una pistola semiautomática, un revólver, 12 balas reales y dinero en efectivo.

Los investigadores reconstruyeron el operativo a partir de mensajes recuperados. Un usuario identificado como “Agent 47” coordinó el plan y ofreció 25.000 euros por el asesinato. Otro adolescente noruego, apodado “Generalen”, actuó como intermediario y conversó con Natland, quien contó a su entorno personal que estaba “en una misión loca”. El objetivo del ataque fue un individuo cuya identidad permanece desconocida para las autoridades.

La fiscalía indicó que, días antes del arresto, Natland supo que uno de sus reclutadores fue detenido por conspiración para cometer asesinato. Pese a esa advertencia, avanzó con el viaje y no modificó sus planes. Al llegar al Reino Unido, agentes de la Border Force lo interrogaron por llevar 40 libras en efectivo, no tener alojamiento ni pasaje de regreso, y por afirmar que iba a visitar a amigos con los que jugaba videojuegos en línea. Aunque inicialmente le negaron la entrada, las autoridades le permitieron permanecer de manera temporal hasta el siguiente vuelo a Noruega, una decisión que los fiscales calificaron de “sorprendente”.

Durante su estancia, Natland siguió instrucciones por mensajería encriptada. Se alojó en un hotel de Huddersfield y, con mapas y videos enviados a su teléfono, localizó el escondite donde estaban las armas y la munición. Después compró guantes de goma y recibió la ubicación de un automóvil robado que, según la fiscalía, iba a ser utilizado en el asesinato planeado para el día siguiente.

En uno de los intercambios, un amigo le preguntó si había probado las armas. Natland respondió que no y que las probaría “con el individuo” al que debía asesinar. Los fiscales sostuvieron ante el jurado que el acusado aceptó el encargo y que su intención era concretar el asesinato pactado.

Natland fue arrestado de madrugada cuando agentes especializados irrumpieron en su habitación del hotel. Al abrir la puerta, simuló disparar a los policías con las manos.

El tribunal exhibió imágenes que mostraron al acusado manipulando las armas sobre la cama del hotel. La acusación también describió el método de Foxtrot: recluta a jóvenes para actuar como sicarios sin revelarles la identidad de sus objetivos y opera a través de aplicaciones de mensajería cifrada para coordinar crímenes violentos en varios países europeos.

Natland admitió la posesión de armas y municiones, pero negó el cargo de conspiración para cometer asesinato. El proceso continuó en un tribunal de Londres, donde los fiscales afirmaron que solo la intervención policial impidió el crimen. El juicio se extenderá durante varias semanas y sigue sin identificarse públicamente al presunto objetivo del atentado.

(Con información de BBC y Sky News)

En Kiev, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró que los interceptores antimisiles siguen llegando a Ucrania “cada día” y “cada semana”, pese a la guerra en Irán y la presión sobre los suministros militares. Rutte viajó por sorpresa a la capital ucraniana junto a los embajadores de los 32 Estados miembro de la organización, se reunió con el presidente Volodimir Zelensky y recorrió zonas alcanzadas por una reciente oleada de ataques rusos que dejó víctimas civiles y daños en infraestructuras estratégicas.

Durante una rueda de prensa en Kiev, Rutte afirmó que el flujo de antimisiles desde Estados Unidos se mantuvo constante y que la entrega de interceptores resultó clave para neutralizar los bombardeos rusos sobre ciudades y servicios esenciales. El secretario general defendió el rol de Washington en el suministro de sistemas Patriot, destacó la aportación permanente de inteligencia a Kiev y desestimó las dudas de algunos aliados sobre la continuidad del apoyo norteamericano en el actual escenario de tensión en Oriente Próximo.

“El flujo (de antimisiles) continúa desde Estados Unidos hacia Ucrania, cada día, cada semana, con estos interceptores cruciales para garantizar que los ataques rusos contra infraestructuras civiles y civiles inocentes en este país puedan ser neutralizados en muchos casos”, dijo el secretario de la OTAN.

En esa sintonía, Rutte reveló que el presidente estadounidense, Donald Trump, presionó a los principales fabricantes de armamento para multiplicar la producción de material defensivo y garantizar la provisión tanto a Ucrania como a otros escenarios de conflicto.

En el mismo encuentro, Rutte dirigió un mensaje a los jóvenes rusos reclutados para combatir en Ucrania: advirtió sobre “un alto número de bajas mensuales” y describió condiciones precarias de despliegue en el frente, con “posibilidades muy elevadas” de resultar heridos o morir. El dirigente de la OTAN sostuvo que la presión internacional sobre Moscú continuó para forzar una negociación que ponga fin a la guerra, aunque remarcó que el gobierno ruso no mostró intención de detener los ataques.

La visita del jefe de la OTAN coincidió con una nueva escalada del conflicto marcada por ataques rusos masivos con misiles y drones sobre Kiev, Dnipro y otras ciudades ucranianas. El saldo, según fuentes oficiales, incluyó al menos 23 muertos, entre ellos menores de edad, y más de un centenar de heridos. Las autoridades ucranianas alertaron en los días previos sobre una posible intensificación de los bombardeos y reivindicaron su capacidad de responder con ataques selectivos sobre infraestructuras estratégicas en territorio ruso.

En la región de Leningrado, explosiones e incendios afectaron la terminal petrolera de San Petersburgo tras una ofensiva atribuida a fuerzas ucranianas. Zelensky confirmó que unidades especiales golpearon instalaciones de alto valor, incluidas la base naval de Kronstadt y una empresa de armamento en la región de Tambov. Imágenes difundidas por medios y redes sociales mostraron una columna de humo negro sobre la ciudad, mientras las autoridades rusas informaron la caída de decenas de drones y alteraciones en las operaciones del aeropuerto de Pulkovo.

El ataque a la terminal petrolera coincidió con la inauguración del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, donde el presidente Vladimir Putin se presentó ante miles de empresarios y representantes de más de 130 países. La terminal, ubicada en el Golfo de Finlandia, es uno de los principales puntos de almacenamiento y exportación de combustibles en Rusia, con una capacidad anual de procesamiento de 12,5 millones de toneladas.

(Con información de Europa Press)