La polémica 'prioridad nacional' que PP y Vox han imprimido a los acuerdos autonómicos alcanzados en Extremadura, Castilla y León y Aragón llegó al Congreso hace un mes y medio. Y, curiosamente, fue el PP quien, en un intento por controlar el debate, trató de apropiarse del término, vinculándolo a la "legalidad vigente" y marcando cierta distancia con los de Santiago Abascal. Ahora, en plenas negociaciones para conformar gobierno en Andalucía, la formación de extrema derecha echa un nuevo pulso a los populares con una iniciativa en la que exige aplicar la prioridad nacional al acceso a la vivienda.

El Gobierno y el PSOE pisan el acelerador para dar contenido a su agenda política en medio de la tormenta judicial que los cerca. Después de activarse la tramitación de los Presupuestos y el proceso para llevar al Consejo de Ministros el nuevo modelo de financiación autonómica, los socialistas quieren desbloquear en el Congreso el proyecto de ley de protección digital a los menores, con la intención de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Para ello se activará el trámite de ponencia el próximo 23 de junio, previo al debate público de la norma.

Piense en un nombre de la política nacional española. Ahora -lea el texto primero- búsquelo en internet, seguido de las palabras 'comisión de investigación'. Le aseguro que, casi con toda probabilidad, le aparecerá la persona elegida dando explicaciones en las Cortes Generales. No es magia, es estadística. El Congreso y el Senado han alcanzado la singular cifra de 300 comparecencias en comisiones de investigación en lo que va de legislatura, un récord nunca antes alcanzado. En la lista hay desde presidentes hasta condenados por terrorismo. Usted pida, que las Cortes proveerán.