El 10 de junio de 2024, Yolanda Díaz dimitió como líder del partido que la había elegido como líder tres meses antes. Un gesto por el que preservaba su liderazgo en el Gobierno mientras sacrificaba su papel en la formación, que desde entonces no ha terminado de recomponerse y que, cuando se cumplen dos años de aquello, atraviesa ahora su peor crisis interna, con la dimisión de la secretaria de Organización que destapó denuncias de fraude y una investigación interna por acoso laboral a la coordinadora, Lara Hernández, a raíz de media docena de denuncias. Una situación que enfría las opciones de que vuelva a postularse como candidata Hernández, tras evidenciarse en los últimos días la falta de apoyos que tiene en el partido, que deberá renovar su liderazgo en su próxima asamblea el 11 de julio y que se ha fijado como meta reconstruirse y encontrar un perfil propio de cara a las generales.

El juez que investiga el caso Leire Díez en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha encargado a la Agencia Tributaria que analice las cuentas de la empresa Andalukadi SL, con la que la "fontanera" planeó cobrar una parte del dinero que le había comprometido abonar el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por sus trabajos. Así consta en una providencia de 13 de marzo, a la que ha tenido acceso esta redacción.

Las maniobras de Leire Díez para desactivar causas judiciales contra el Gobierno llegaron hasta el fiscal general del Estado. Las reuniones de la llamada fontanera del PSOE en la sede de la Fiscalía General fueron encaminadas, entre otras cosas, a trasladar un plan para mover fichas en el Ministerio Público y situar en Anticorrupción a perfiles que consideraban afines para tener control sobre procedimientos judiciales. Un plan del que estaría al tanto el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, según se desprende de los mensajes intervenidos por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

Varapalo judicial a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, por acusar al juez Manuel García-Castellón de ser un "corrupto". Un juzgado madrileño ha condenado a la diputada morada a pagar 9.000 euros al exmagistrado jubilado considerar que perjudicó su derecho al honor.