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Esta historia empieza en el aeropuerto de Miami, el 9 de mayo de 2021. Un rico venezolano intenta entrar en Estados Unidos. Algo pita en el control de pasaportes y los agentes de la aduana le bloquean el paso. Le retiran el visado. Le retienen en un pequeño cuarto. Le exigen que entregue su teléfono. Copian todo el contenido de su móvil. Y le deportan unas horas más tarde, en un vuelo hacia Panamá.
Ese venezolano se llama Rodolfo Reyes. Era el principal accionista de Plus Ultra. Cinco años después, la copia de ese teléfono se ha convertido en una de las principales pruebas contra José Luis Rodríguez Zapatero.
El histórico auto del juez José Luis Calama, la primera imputación de un expresidente del Gobierno, se apoya en gran medida en esas conversaciones sobre “nuestro pana Zapatero” y el rescate de Plus Ultra que salieron del móvil de Reyes. Ahora hay un problema: no está claro que esa prueba sea legal en España. Y si cae esa pieza, buena parte del caso Zapatero podría venirse abajo.
Todo lo que rodea al móvil de Rodolfo Reyes es extraño, por tres motivos.
El primero, por las fechas. EEUU envió esos datos a la UDEF el 18 de marzo de 2026: con casi cinco años de retraso y en pleno conflicto de Donald Trump contra Pedro Sánchez por el ‘no’ de España a la guerra de Irán.
Fuentes de la investigación argumentan que esa fecha se debe a que, pocos días antes, el 6 de marzo, la justicia española reactivó la orden de busca y captura contra Rodolfo Reyes. Eso hizo saltar la “notificación roja” de Interpol, y por eso el personal del Homeland Security en la embajada de Estados Unidos en Madrid envió a la UDEF esa copia del móvil.
Sin embargo, hay algo que no cuadra en esa explicación. Rodolfo Reyes está en busca y captura desde hace más de dos años: desde febrero de 2024. La orden de detención internacional en Interpol está en vigor desde entonces. ¿Por qué el Homeland Security se acordó ahora de que tenía su teléfono y en 2024 no?
La segunda anomalía está en el sumario. O más bien es un agujero en él, como ha denunciado el abogado de Zapatero. Allí no aparecen los mensajes completos del móvil de Rodolfo Reyes; tampoco la documentación exacta que EEUU mandó a la policía. Solo están en el sumario los fragmentos recogidos en los informes policiales, donde la UDEF cita aquellos que considera más relevantes. Esto no debería ser así: todas las partes en un proceso penal tienen que tener acceso íntegro a las pruebas. También los abogados defensores. En este caso, para poder comprobar si en ese chat aparecen otros mensajes exculpatorios, o para revisar si el recorte de las conversaciones que ha hecho la policía no está sesgado.
La tercera anomalía es el propio auto que firmó el juez Calama esta semana. Envía a Estados Unidos –así, en abstracto, no a ningún órgano judicial en concreto– una comisión rogatoria para que le autorice a utilizar el volcado de ese teléfono en este proceso penal.
Es algo inédito, porque el orden suele ser al revés: primero se piden las pruebas por comisión rogatoria, después se usan. Y aquí Calama ha puesto la carreta por delante de los bueyes. El juez está pidiendo permiso para usar judicialmente unas pruebas que ya ha utilizado en su auto, y de las que desconocemos lo más básico: su legalidad, la trazabilidad, qué garantías hay de que no han sido manipuladas o de que cumplen con el derecho español.
Para complicarlo aún más, en el informe 1908/26 de la UDEF donde se cuenta el origen de esta copia del teléfono de Reyes, la policía dice lo siguiente: “El HSI [Homeland Security Investigations] obtuvo las autorizaciones necesarias y procedió a compartir dicha extracción para su uso en un proceso judicial en España”.
Si realmente el HSI ya obtuvo “las autorizaciones necesarias” para su “uso en un proceso judicial en España”, ¿por qué vuelve a pedirlas el juez? ¿Y por qué no están esas autorizaciones en el sumario?
El problema es que el Homeland Security Investigations no es un órgano judicial. Es un departamento que depende del ICE, la policía aduanera que ahora usa Donald Trump para perseguir a los inmigrantes. Y esta es una de las claves de esta historia. ¿Quién ordenó clonar el teléfono de Rodolfo Reyes? ¿Fue una decisión policial? ¿O lo autorizó algún juez de ese país?
Sí sabemos que la policía de aduanas estadounidense tiene la facultad legal de revisar o incluso copiar los dispositivos electrónicos de cualquier persona que pase por la frontera, sin orden judicial. Y es algo que el ICE hace mucho: solo en 2025, revisaron los teléfonos de 55.318 personas. Y a 4.396 de ellas, les copiaron íntegramente su teléfono, como hicieron con Rodolfo Reyes. Es algo que pasa a diario en los aeropuertos de EEUU. Sin que lo revise ningún juez.
En España algo así es impensable. Sería completamente ilegal. El secreto de las comunicaciones es un derecho constitucional y no hay excepciones en la frontera. La policía solo puede revisar el teléfono de alguien con una orden judicial. Y aunque esta copia del móvil de Reyes sea legal en EEUU, no está tan claro que pueda ser una prueba válida ante la Audiencia Nacional.
¿Y qué pasa si una prueba clave es ilegal bajo las garantías y derechos de la Justicia española?
En derecho la llaman la doctrina del fruto del árbol envenenado. Es una metáfora bastante clara: todo lo que vaya después de una prueba ilegal es también ilegal; si el árbol está envenenado, la fruta también lo está. Si la prueba que sirvió para imputar a Zapatero o registrar su despacho es nula, todo lo que vino después en esta causa judicial también se debe anular.
La metáfora de la fruta del árbol envenenado aparece por primera vez en 1939, en una sentencia del Tribunal Supremo de EEUU que anuló las condenas a unos contrabandistas de alcohol porque la policía utilizó pinchazos telefónicos ilegales. Como explica Jordi Nieva en este interesante artículo, esa doctrina del Supremo estadounidense buscaba poner freno a los desmanes de la corrupta policía de esos años. Dejar claro que no vale todo en un Estado de derecho.
¿Y vale todo en España? En ocasiones, la justicia española es muy garantista. Otras veces no.
De Naseiro a Encrochat
El caso Naseiro, el mayor escándalo de financiación ilegal del PP hasta la Gürtel, acabó archivado precisamente por la doctrina del árbol envenenado. El Tribunal Supremo anuló unas escuchas telefónicas porque se habían autorizado para investigar un presunto delito de narcotráfico, no el caso de corrupción que apareció después. “No todo es lícito en la búsqueda de la verdad”, concluyó el Supremo.
En otros casos, la Justicia española ha sido mucho menos estricta. Ocurrió con la lista Falciani: un empleado de la banca suiza robó los datos bancarios de miles de defraudadores, que acabaron en manos de la Justicia. El fin era noble, pero el hecho en sí era un delito. Aun así, el Tribunal Supremo avaló esas pruebas porque quien cometió la ilegalidad fue un particular, no el Estado.
Y más reciente es el caso Encrochat. Las autoridades francesas lograron acceder a las comunicaciones de una red de teléfonos encriptados utilizada por delincuentes de medio mundo. Esas conversaciones han servido para decenas de procesos penales en España –incluso el caso de la Diputación de Almería se destapó así–. Los acusados intentaron anularlas, pero el Tribunal Supremo las ha avalado porque la justicia francesa autorizó la operación ante indicios de delitos graves.
Con estos precedentes sobre la mesa, es difícil pronosticar qué hará ahora la Justicia española con Zapatero. Si avalará esas pruebas o las anulará. Lo que parece seguro es que este debate acabará fijando una nueva doctrina del Tribunal Supremo o del Constitucional.
Porque está en cuestión incluso la validez de la prueba más espinosa que hoy amenaza a Zapatero. ¿Son las joyas con diamantes, zafiros y rubíes la fruta de un árbol envenenado?
Las joyas de ZP
La Audiencia Nacional ordenó los registros al despacho de Zapatero buscando pruebas de un supuesto delito de tráfico de influencias y una trama de empresas offshore. Ni una cosa ni la otra parecen haber aparecido. Pero la UDEF sí ha encontrado unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros, que le han costado al expresidente una nueva imputación penal: por los presuntos delitos de contrabando y fraude fiscal.
Según ha explicado el propio Zapatero, esos tres juegos de joyas más valiosos son regalos de otros países. Aún no se sabe cuáles son: algunas fuentes señalan a Qatar, Marruecos y Arabia Saudí. Estados donde este tipo de diplomacia de los regalos es muy habitual, como saben algunos senadores españoles que recibieron un reloj Rolex en un viaje oficial por la región del Golfo Pérsico.
El exministro Miguel Sebastián publica hoy en elDiario.es un interesante artículo donde defiende al expresidente y desvela que a él también le regalaron un juego de joyas de este estilo, en un viaje oficial a Arabia Saudí. Es mucho más que una anécdota porque explica una mecánica: es muy improbable que Zapatero y Sebastián fueran los únicos a los que un regalo así les llegó.
Zapatero aún no ha aclarado en qué fechas le regalaron estas valiosas joyas: si fue durante su etapa como presidente del Gobierno o después. Es un asunto en cualquier caso escandaloso. Otra cosa es la relevancia penal.
Si Zapatero aceptó estos carísimos regalos cuando era presidente, los delitos que ahora le imputa la Audiencia Nacional –contrabando y fraude fiscal– estarían casi con seguridad prescritos; han pasado ya casi 15 años desde que dejó la presidencia.
¿Y si la Justicia anula el clonado del teléfono de Rodolfo Reyes? Pues el hallazgo de las joyas también estaría en cuestión. La policía las encontró con un registro a su despacho que se ordenó precisamente por esos mensajes de los directivos de Plus Ultra. Y si el árbol está envenenado, el fruto con diamantes también lo está.
Pero el aspecto penal no es el único que está en cuestión: hay también un plano ético. La justicia puede anular unas pruebas, pero su recuerdo en la ciudadanía no va a desaparecer. Si se confirma el valor de esas joyas y su origen, aceptar esos regalos supone una mancha imborrable en la reputación de Zapatero, aunque no haya delito. Si recibió esos carísimos regalos siendo presidente, debería haberlos dejado en La Moncloa. O no haberlos aceptado.
Para el abogado de Zapatero, todos estos detalles suponen una gran oportunidad. Puede lograr la absolución de su cliente por un error procesal, o por prescripción del delito. Pero para el expresidente del Gobierno, no parece la mejor solución. Si el caso Zapatero queda en nada por un defecto de forma, la sombra sobre su actuación jamás se despejará. No será declarado culpable. Pero tampoco inocente.
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