La OIT (Organización Internacional del Trabajo) está en el centro de muchos corrillos políticos en España este lunes. Hace unos días, aprobó un convenio histórico para regular derechos de trabajadores en plataformas digitales en el mundo, pero el foco no se lo ha llevado este paso, sino las informaciones que sitúan a la vicepresidenta Yolanda Díaz como posible candidata a presidir el organismo. Aunque en el Ministerio de Trabajo niegan que exista una propuesta formal, su nombre está sonando como una posibilidad para las elecciones del próximo noviembre, según confirman fuentes sindicales.

La OIT es la entidad de las Naciones Unidas encargada de fomentar los derechos laborales a nivel internacional, “persiguiendo su misión fundadora: la justicia social es esencial para la paz universal y permanente”, recoge el organismo en su página web. En estos momentos afronta un importante reto: un gran bocado en su presupuesto por la demora en el abono de los fondos comprometidos por los Estados Unidos de Donald Trump.

Es la única agencia tripartita de la ONU, que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados Miembros con el objetivo de establecer las normas del trabajo, así como fomentar políticas y programas promoviendo el “trabajo decente”.

En la actualidad, la entidad está liderada por el togolés Gilbert F. Houngbo, director general elegido en marzo de 2022 para un mandato de cinco años, que llegan a su término en septiembre de 2027. El proceso para la elección del próximo director general de la OIT ya se ha iniciado, de momento con su única candidatura para la reelección, pero se espera que puedan surgir algunas opciones alternativas, entre las que algunas voces sitúan la de Yolanda Díaz.

Un “runrún” de una posible candidatura, que no es oficial

“Hay runrún con su nombre”, reconoce una fuente de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, cuyos representantes estuvieron la semana pasada en Ginebra para participar en la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, la asamblea anual de la OIT.

Oficialmente, el Ministerio de Trabajo evita pronunciarse sobre la posibilidad de que Díaz opte a liderar la OIT y se limitan a trasladar su preocupación por el estado de la organización, que expresó la vicepresidenta en un crítico discurso durante la Conferencia Internacional de hace unos días. “No creo que nadie se sorprenda en esta sala si digo que la OIT está en crisis”, sostuvo.

Estas fuentes ministeriales explican que la vicepresidenta no ha recibido ninguna propuesta formal para dirigir la organización. Y, oficialmente, Díaz no se está planteando optar a suceder a Houngbo, pese a habérselo planteado de manera informal algunos dirigentes sindicales.

Una elección que también definen las patronales

El plazo para presentar las candidaturas al liderazgo de la OIT se alarga hasta el próximo 31 de agosto. Estas deberán ser presentadas por un Estado Miembro de la organización o por un miembro del Consejo de Administración de la OIT. La votación está prevista para el 16 de noviembre, que exige una mayoría simple, y el próximo mandato del director/a general se iniciará casi un año más tarde, en octubre de 2027.

En caso de que Yolanda Díaz decidiera presentarse, tendría un camino complicado para alcanzar el liderazgo de la OIT, coinciden varias fuentes. Pese a que podría lograr el apoyo de organizaciones sindicales, estas son solo una pata de los miembros que eligen al director general de la organización. En ellos también están representados patronales y gobiernos. Y en esos dos colectivos, especialmente en el primero, el nombre de la vicepresidenta de un Gobierno de coalición de izquierdas es una rara avis que genera muchas más reticencias.

Algunas fuentes sindicales consideran que la figura de Yolanda Díaz podría destacar como un liderazgo que “ponga coto a la irrupción del trumpismo en la OIT”, como catalizador de algo alternativo a la dirección actual, que trata de acercar a la administración estadounidense (sin mucho éxito, al menos en la consecución de los fondos prometidos).

Sin embargo, otras fuentes recuerdan que el nombre de Yolanda Díaz es solo uno de los que resonaron la semana pasada en Ginebra, y que el propio Gilbert F. Houngbo mantiene “bastantes apoyos”, especialmente entre los países africanos.

Además, hay otro factor que genera incertidumbres sobre una posible candidatura española de Díaz al liderazgo de la OIT y es la ya anunciada del ministro de Agricultura, Luis Planas, para encabezar la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Fuentes sindicales reconocen que podrían quitarse opciones mutuamente, ya que “España no podría conseguir dos liderazgos” de organismos de ONU.

El PSOE y Sumar intentan retomar algo de iniciativa política en una semana que se presenta enormemente complicada a nivel judicial para el Gobierno y, particularmente, para los socialistas. Ambos partidos anunciaron este lunes que han acordado reactivar la tramitación en el Congreso de la proposición de ley para reformar el Código Penal y eliminar del mismo delitos que restringen la libertad de expresión, como las injurias a la Corona, la ofensa a los sentimientos religiosos o los ultrajes a los símbolos nacionales. La norma comenzó a tramitarse en 2023, pero llevaba desde entonces congelada en la Cámara Baja porque los socialistas no la consideraban una prioridad.

En concreto, la proposición de ley cuya tramitación se reactivará contempla acabar con cinco delitos recogidos en el Código Penal. Además de las ya mencionadas injurias a la Corona, ultrajes a los símbolos nacionales y ofensa a los sentimientos religiosos, PSOE y Sumar también están de acuerdo en despenalizar las calumnias e injurias a las altas instituciones del Estado y en eliminar el tipo que pena las injurias contra las Cortes Generales o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Por el contrario, ambos partidos han pactado renunciar a la eliminación del delito de enaltecimiento de terrorismo para evitar recelos de otros grupos, pese a que Sumar sí quería derogar ese artículo del Código Penal y sustituirlo por un agravante que permitiría castigar con más dureza los delitos que incluyan vejaciones a víctimas.

Esta reforma penal que ahora se reactiva es una propuesta que, como la de la ley mordaza, lleva años planteándose sin llegar a concretarse, a pesar de que a priori existe —como existía la pasada legislatura, cuando la propuso Unidas Podemos— mayoría parlamentaria para aprobarla. De hecho, en julio de 2024 Sumar y el PSOE ya anunciaron un pacto para suprimir los citados delitos de opinión y lo unieron a otro acuerdo para modificar la ley orgánica que rige el derecho al honor, con el fin de incluir una “reparación pública” ante procesos judiciales prolongados en el tiempo. Ese acuerdo nunca llegó a ponerse en práctica. Pero este lunes, el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago (IU), se mostró convencido de que esta vez la reforma del Código Penal se aprobará “pronto” y de que “todas las fuerzas democráticas van a apoyarla”.

Para reactivar la tramitación de la proposición de ley, PSOE y Sumar dejarán de ampliar los plazos de presentación de enmiendas, lo cual permitirá que dicho periodo se cierre y se pase al siguiente estadio del proceso, el debate de totalidad, dado que previsiblemente algunos de los partidos de la oposición presentarán enmiendas a la totalidad para intentar derribar la iniciativa. Si esos intentos de veto son rechazados, los grupos parlamentarios comenzarán a discutir el redactado final de la reforma, que aún necesitaría recibir luz verde del Congreso en otras dos ocasiones antes de pasar al Senado para finalizar su tramitación. Por tanto, por mucho que se acorten los plazos, a la propuesta le quedan semanas, si no meses, para entrar en vigor.

Dibujantes, cómicos o cantantes condenados

“Este país ha soportado condenas penales que ponen en entredicho el pleno ejercicio de la libertad de expresión”, argumentó Enrique Santiago para justificar la necesidad de poner en marcha de nuevo esta reforma del Código Penal. “Se ha condenado a cantantes o a dibujantes de cómics por injurias a la Corona, ha habido cómicos condenados por injurias religiosas, y otros que no han llegado a ser condenados, pero han sido sometidos a largos procesos judiciales” y al “escarnio público”, denunció Santiago, que aseguró que, con la derogación de estos tipos penales, no se “desprotege” a ninguna de las instituciones afectadas. “Todos los miembros de la Casa Real van a seguir gozando de protección ante injurias y calumnias”, pero será “la misma que el resto de los ciudadanos” a través del tipo penal estándar, ejemplificó.

“La libertad de expresión no ampara el derecho al insulto, pero sí la crítica desabrida, molesta, dura, exagerada, irónica, satírica, ácida, virulenta, mordaz”, aseveró por su parte el diputado del PSOE Artemi Rallo, que aseguró que así se han pronunciado en múltiples ocasiones tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal Supremo español. “La libertad de expresión ampara incluso el mal gusto”, y por ello, no tiene sentido que el Código Penal castigue prácticas que se enmarcan en el ejercicio de ese derecho, argumentó Rallo.