Oviedo será esta tarde el escenario de una “gran explosión de gas” en un hotel que dejará múltiples víctimas de diversa gravedad: hasta un centenar de efectivos, entre bomberos, cuerpos de seguridad y profesionales sanitarios, se implicarán en el primer simulacro de este tipo organizado en España por médicos de familia.
Asturias, Galicia y Castilla y León han reforzado su frente común para reclamar el fin de las actuales concesiones de las autopistas AP-66 y AP-9. Las tres comunidades autónomas, junto a las principales organizaciones empresariales de sus territorios, han firmado la denominada Declaración de Compostela, un documento con el que instan a la Unión Europea a avanzar en el procedimiento abierto contra España por las prórrogas de ambas infraestructuras y a obligar al Gobierno central a ponerles fin.
El acuerdo fue suscrito en Santiago de Compostela por representantes de los gobiernos autonómicos y de las patronales empresariales del noroeste peninsular. El texto defiende el carácter estratégico de ambas autopistas para la movilidad de personas y mercancías, la competitividad empresarial y la cohesión territorial de una zona que concentra una intensa actividad económica y logística.
La iniciativa llega cuando está a punto de cumplirse un año desde que la Comisión Europea concluyera, en un dictamen motivado, que las ampliaciones de las concesiones de la AP-9 y la AP-66 aprobadas en el año 2000 vulneraron la normativa comunitaria en materia de contratación pública. Ese pronunciamiento se produjo tras un procedimiento iniciado hace casi cinco años a raíz de una denuncia presentada por la asociación En Colectivo.
Durante el acto, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado, Alejandro Calvo, defendió la necesidad de que Bruselas dé un paso más y convierta el actual dictamen en una actuación que obligue al Estado a cumplir la normativa comunitaria. En este sentido, las tres comunidades remitirán una carta al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, para solicitar una reunión y reclamar que el asunto siga avanzando en las instituciones europeas.
Además de exigir una resolución definitiva sobre las concesiones, las administraciones autonómicas y las organizaciones empresariales reclamaron mayor transparencia al Gobierno central sobre las actuaciones realizadas tras el dictamen europeo. También advirtieron de los perjuicios económicos que, a su juicio, generan los peajes para la movilidad y la competitividad de empresas y ciudadanos.
La Declaración de Compostela formaliza, asimismo, una alianza estable entre las tres comunidades y el tejido empresarial del noroeste para mantener una interlocución conjunta ante las instituciones europeas. El objetivo es defender una posición común en un asunto que consideran clave para el desarrollo económico y territorial de la región.
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