El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciará el 16 de julio sobre la ley de amnistía. La sala grande del tribunal con sede en Luxemburgo debe resolver las dudas del Tribunal de Cuentas sobre la aplicación de la amnistía en la causa por los gastos vinculados al 1-O y las de la Audiencia Nacional por el caso de la 'Operación Judas' contra los CDR.

Dean Spielmann, abogado general del TJUE, ya se mostró favorable a la norma en una opinión hecha pública el pasado noviembre y avaló su aplicación tanto para los gastos del referéndum como para el caso de los CDR, pero puso algunas objeciones de procedimiento. Su opinión no es vinculante para el TJUE, pero los magistrados parten de esa posición para emitir una sentencia.

Decenas de líderes y activistas independentistas están pendientes de Luxemburgo para beneficiarse de la amnistía, aunque también dependen del Tribunal Constitucional. Ahora, la justicia europea resolverá el caso justo un año después de la audiencia sobre las cuestiones prejudiciales de ambos tribunales españoles.

La ley de amnistía impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez entró en vigor el 11 de junio de 2024. La norma dice que busca la “normalización institucional, política y social” en Catalunya y exime de responsabilidad penal, administrativa y contable a los implicados en el 'proceso'.

Pactada con los partidos independentistas como parte del acuerdo de investidura de Sánchez, la amnistía ha generado polémica. Aparte de las denuncias de PP y Vox, los tribunales que deben aplicar la amnistía han cuestionado su validez.

El Tribunal Supremo directamente no ha querido aplicarlo en los casos de malversación que afectan a dirigentes como el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, y se ha limitado a hacer una cuestión de inconstitucionalidad sobre la legalidad de la norma por el posible “trato discriminatorio” en función de la “ideología”, pero el TC ya la ha desestimado.

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y un juzgado de Vilanova han optado por preguntar al TJUE si la norma es compatible con el derecho de la Unión Europea.

Ahora el TJUE está examinando las prejudiciales del TdC y la AN sobre la aplicación de la amnistía a la responsabilidad contable por los gastos del 'proceso' y los presuntos delitos de terrorismo en el caso de los CDR.

La opinión del abogado general

En el procedimiento de preguntas prejudiciales en el TJUE, el abogado general del tribunal presenta una opinión no vinculante a los magistrados para que elaboren la sentencia. La sala grande del TJUE que baraja la ley de amnistía tendrá en cuenta su posición. El tribunal no está obligado a mantenerlo, pero en la mayoría de los casos se pronuncia en el mismo sentido. 

El 13 de noviembre, el abogado general del TJUE Daniel Spielmann defendió que la amnistía para los gastos del 'procés' y el caso de los CDR es compatible con el derecho de la UE, pero puso reparos de procedimiento al considerar que algunas disposiciones de la ley vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva. 

En respuesta a las preguntas prejudiciales del Tribunal de Cuentas, Spielmann aseguró que los hechos del 'procés' no afectan a los intereses financieros de la UE porque no existe “un vínculo directo” con la reducción “actual o potencial” de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la UE. Una interpretación que se opone a la del Tribunal Supremo en la causa del 1-O.

Eso sí, consideró insuficientes los plazos que la ley impone al TdC para resolver sobre la aplicación de la amnistía y criticó que se impida la comparecencia de algunas partes.

En cuanto al caso de los CDR en la Audiencia Nacional, Spielmann sostuvo en su dictamen que la ley de amnistía es compatible con la directiva europea de lucha contra el terrorismo porque se aplica a determinados hechos, limitados en el tiempo y por su naturaleza. Además, establece una “exclusión explícita” de los actos que hayan causado violaciones graves de los derechos humanos, particularmente del derecho a la vida ya la integridad física.

Más allá de las cuestiones prejudiciales planteadas por ambos tribunales, Spielmann replicó a las críticas de la Comisión Europea a la legitimidad de la ley de amnistía: “Desde mi punto de vista, nada permite calificar la ley de amnistía de autoamnistía en este caso”, sentenció.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra investiga la muerte de un hombre que ha sido hallado este viernes en la playa del Far de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), según ha adelantado 'El Caso' y han confirmado a ACN fuentes policiales. La policía ha recibido el aviso sobre las 08.00 horas, después de que varios vecinos hayan encontrado en la arena el cuerpo de la víctima, que iba vestida.

El cadáver estaba a unos 20 metros del agua y muy cerca del espigón que limita la playa del Far con el puerto, en el espacio delimitado como playa para perros. Según ha podido saber ACN, el cuerpo no presenta en principio heridas de arma blanca o de fuego, si bien las circunstancias de la muerte todavía se están investigando.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias unidades de los Mossos, entre ellos efectivos de la policía científica. También agentes de la Policía Local. La investigación del caso se ha decretado secreta y el levantamiento del cadáver se ha realizado poco después de las 12.15 horas. Una hora más tarde se marchaban los últimos efectivos de la policía científica.

Desde que la policía ha llegado al lugar de los hechos y hasta pasadas las 12.30 horas, se ha cerrado el acceso al espacio para perros de la playa del Far, mientras que en el resto del lugar la actividad de los bañistas ha continuado con normalidad. El tiempo soleado y las altas temperaturas han atraído a numerosos usuarios a la playa, la mayoría de los cuales eran ajenos a la investigación del cadáver. Dadas las circunstancias, este viernes se ha permitido la presencia de perros fuera del espacio acotado.

La Fiscalía ha presentado este viernes un escrito en el tribunal de instancia del Martorell para oponerse a la retirada de las medidas cautelares impuestas a Jonathan Andic por la muerte de su padre Isak, el fundador de Mango, en Collbató en diciembre del 2024. El juzgado impuso una fianza de un millón de euros, que Jonathan Andic pagó el 19 de mayo, quedando en libertad con medidas cautelares. Entre estas se incluye la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse personalmente en el juzgado cada semana.

La defensa, en un extenso recurso, pidió retirar esas cautelares, algo a lo que la Fiscalía ahora se opone, basándose en los indicios que apuntan a una mala relación entre padre e hijo, a los informes sobre la caída y al riesgo de fuga del hijo mayor del empresario. El escrito del Ministerio Público niega que no exista el riesgo de fuga, como alegaba la defensa, ya que tiene en cuenta "la altísima capacidad económica" del hijo del que fue el hombre más rico de Catalunya, y la importante pena de prisión que podría suponerle ser considerado culpable de homicidio.

El Ministerio Público justifica el mantenimiento de las medidas cautelares por los indicios existentes en el sumario, derivados sobre todo de los informes de los Mossos d'Esquadra, el análisis de la geolocalización y el contenido del teléfono móvil de la víctima, del registro de llamadas realizadas por el investigado en el momento de los hechos y del informe técnico fotográfico de la escena del crimen.

Según el documento de Fiscalía, los mensajes entre padre e hijo contradicen la "supuesta buena relación" que Jonathan sostiene que tenía con su padre. Los informes policiales, según la fiscal, también contradicen la versión del investigado sobre la forma y las circunstancias en las que se produjo la caída y muerte de Isak Andic.

En el documento, la defensa alegaba que los informes policiales eran sesgados, e intentaba contrarrestar cada uno de los argumentos de la policía, la Fiscalía y la jueza instructora. Para justificar sus argumentos, la defensa pedía a la Audiencia de Barcelona que tenga en cuenta las tres declaraciones de Jonathan, la última en el juzgado como investigado y las dos primeras ante los Mossos como testigo. También los informes policiales, las transcripciones de las conversaciones con el teléfono 112, los Bomberos y el SEM, un informe médico y del detective privado Francisco Marco, y varias declaraciones testificales del entorno del hijo del magnate.

Argumentos de la defensa

La defensa alegaba que ningún informe policial o forense establece que la caída fue provocada. También aportaba informes médicos del padre que dicen tener artrosis en las dos rodillas, que le podía haber causado la caída y la falta de reacción. Por último, aportaba un vídeo donde se ve al empresario caer meses antes en una visita profesional, y concluyen, como los propios agentes de la unidad de Montaña de los Mossos, que no se puede afirmar que la caída fuera provocada.

Los expertos policiales concluyeron que la huella encontrada en el lugar de los hechos, que consideran que es de Isak y resultado de restregar intensamente con el suelo, no pudo hacerse "de forma fortuita". Pero la defensa rescataba la parte de los escritos policiales que dicen que no descartan que la huella fuera anterior a la caída. También reprocha a los Mossos que no acordonaran la zona y que hicieran un informe pericial semanas después de los hechos habiendo pasado por allí decenas o cientos de excursionistas.

Otro de los indicios son las supuestas contradicciones en ambas declaraciones de Jonathan. En la primera, prestada inmediatamente después de la muerte de su padre, explicó que caminaba cinco metros por delante de su padre y que éste se había parado para tomar unas fotos. "Mientras caminaba —recoge el auto sobre su primera declaración—, oyó un ruido de piedra cayendo, se dio la vuelta y solo vio un cuerpo rodante entre los matorrales, oyó un fuerte golpe y un gemido de dolor de su padre".

En su segunda declaración, al cabo de unos días, explicó que su padre había utilizado el móvil al inicio del recorrido y que ya no lo sacó de nuevo, como pudieron comprobar los Mossos, que encontraron el terminal en el bolsillo delantero de los pantalones del fallecido. Según la defensa, que tomara fotos antes o después no importa. Para el abogado, lo importante es que el hijo caminaba delante del padre y, por tanto, era de espaldas a la caída de su progenitor.

En este punto, la defensa transcribe las conversaciones con el 112, los Bomberos y el SEM, donde Jonathan, entre algunos llantos, relató más o menos lo mismo, que su padre había caído por un barranco y no le veía, que él iba un poco avanzado, oyó ruido de piedras y al girarse le vio caer y gritar. Esto, según la defensa, concuerda con las declaraciones ante los Mossos.

El primogénito del empresario también aseguró que tenía una buena relación con el progenitor y que el hecho de que lo apartaran del frente de Mango "no había comportado ningún problema profesional, ni personal, ni familiar". Sin embargo, varios testigos han explicado a la policía que sí hubo una crisis por ese cambio en la empresa. Pero el abogado dice que no se le "apartó", sino que Isak volvió a su puesto de trabajo original y Jonathan también. Además, asegura que en el momento del accidente la relación era "desde hacía un tiempo mejor que nunca" y que no le dijo a la policía que "siempre" había sido buena.

Según la juez, el motivo principal de la mala relación era "la obsesión que Jonathan Andic tiene por el dinero, hasta el punto de pedirle una herencia en vida". Pero la defensa aporta las declaraciones ante los agentes del entorno familiar y empresarial que ratifican la versión del hijo y aseguraban que la creación de una fundación estaba apoyada por Jonathan. También alega que los mensajes de WhatsApp hallados en el móvil del padre se enmarcan en una terapia psicológica de "cierta confrontación de acción y reacción para encontrar el crecimiento". "Desde febrero del 2024 no hay ningún reproche entre ellos" en los correos electrónicos, recuerda la defensa. La herencia en vida que reclamaba Jonathan, según la jueza era atisbo de obsesión por el dinero, pero la defensa dice que era una herramienta para su independencia, pero a la que renunció rápidamente.

Otra de las pruebas recogidas en la resolución judicial es que Jonathan Andic hizo el recorrido por Collbató los días 7, 8 y 10 de diciembre y no una sola vez y dos semanas antes, tal y como él había explicado a los agentes. Para la jueza, este indicio revela "una planificación y un estudio previo del lugar de los hechos; un intento de crear una situación y circunstancias concretas las más discretas posibles previamente a los hechos, en el mismo momento y durante los minutos posteriores a la caída".

Según el abogado, Andic no mintió, a lo sumo cayó en alguna "imprecisión poco relevante". Así, dice que el 8 de diciembre no se detectó la presencia del coche cerca de las Cuevas del Salnitre, algo que sí ocurrió los días 7, 10 y 14. Según Andic, confundió "visitas con rutas", ya que el día 10 no pudo realizarla por climatología adversa. Así, entre el 7 y el 14 no hizo la ruta, lo que verificaría, según la defensa, la versión inicial cuando dijo que llevaba dos semanas haciendo el camino.

Un dato relevante para los investigadores es también que, en marzo del 2025, tres meses después de la muerte de su padre y cuando en la prensa se informó de que el caso se reabría, el teléfono móvil de Andic desapareció de forma "sospechosa", según la juez, que califica las circunstancias de "extrañas". Según Andic, el móvil antiguo le fue robado en Quito, Ecuador, en un viaje relámpago que realizó el 24 de marzo. Regresó a España dos días después. "Las fechas de la desaparición del antiguo terminal coinciden con la información dada por los medios de comunicación de la reapertura del expediente judicial", subraya la juez.

Según la defensa, Andic cambiaba de terminal cada dos años. Pidió hacerlo a finales de diciembre del 2024 pero no recogió el nueve hasta marzo del 2025, cuando le robaron a Quito, donde acudió para una reunión presencial. Además, recuerda que la noticia de que era investigado surgió el 4 de marzo del 2025 y él no cambió el terminal hasta tres semanas después, lo que desvirtuaría su intención de esconder algo. Sobre la falta de copia de seguridad de los mensajes de WhatsApp, la defensa dice que no consta que existieran previamente.

Los Bombers de la Generalitat trabajan con la hipótesis de que el joven desaparecido en Roses (Alt Empordà) cuando iba en moto de agua ha perdido en algún momento el chaleco y se habría hundido. Efectivos del cuerpo están revisando por tierra toda la costa entre l’Escala y l’Estartit y han enviado drones a la zona de las islas Medes.

El jefe de intervención, Jordi Marquès, explica que las corrientes cambian constantemente y tampoco pueden descartar que lo arrastraran hacia el norte, al contrario de lo que ocurrió con la moto de agua, que apareció volcada este jueves en la playa de Pals.

Precintan las motos de la empresa de alquiler

En paralelo, la Guardia Civil ha precintado las motos de la empresa que alquiló la del joven. Según apunta el Diari de Girona, debido a un golpe que presentaba la de la víctima.

El menor formaba parte de un grupo que había contratado una excursión guiada, pero él emprendió su vuelta a puerto antes que el resto con la previsión de encontrarse allí con el resto de compañeros. Al ver que no regresaba, los responsables de la empresa donde el joven había contratado la salida alertaron de la situación.

La Conselleria de Salut ha abierto también un expediente informativo al Hospital Vall d'Hebron por el caso del bebé maltratado, a pesar de que fue este centro el que activó el protocolo, según ha adelantado El Periódico y ha podido confirmar la ACN. Por su parte, fuentes de Vall d'Hebron han indicado que presentarán alegaciones al informe, que prevé una multa inicial de 6.000 euros, la misma que para los centros por los que pasó el bebé y que no activaron el protocolo. Se trata de los hospitales Sant Pau y Sant Joan de Déu y del CAP Roger de Flor. El expediente se encuentra ahora en fase de alegaciones.

Según el diario, el motivo del expediente a Vall d'Hebron es que no habría activado el protocolo hasta el 18 de marzo, aunque el niño ingresó el día 16. El menor llegó al hospital derivado desde Sant Pau, pero previamente había pasado por otros centros.

Los médicos afirman que no han visto lesiones tan graves

Los médicos de Vall d'Hebron que atendieron al bebé aseguraron el jueves ante el juzgado que investiga a sus padres que las lesiones que presentaba en el ano fueron causadas por la introducción de una parte del cuerpo o de algún objeto, y no de forma accidental. Además, afirmaron que el niño tenía las lesiones anales más graves que habían visto jamás en su carrera profesional, a pesar de llevar muchos años atendiendo a bebés maltratados y lesionados en el principal centro de referencia de Cataluña en esta materia, según fuentes judiciales.

Una pediatra de guardia, la coordinadora de la unidad de maltrato infantil y un cirujano abdominal ratificaron que las lesiones que presentaba el niño en el cerebro, la cara, las costillas, el ano y los fémures no podían ser accidentales, sino traumatismos causados de forma violenta, aunque no pudieron determinar la causa exacta.

La madre quería echar a su marido por su trato con el niño

El miércoles también declararon como testigos compañeras de trabajo de la madre, enfermeras de Vall d'Hebron como ella, quienes afirmaron que la mujer les había comentado por WhatsApp que se había planteado “echar de casa” a su marido por la forma en que trataba al hijo.

Para este viernes está prevista la declaración de familiares de los dos investigados. La próxima semana, la defensa del padre solicitará su puesta en libertad, ya que habrá desaparecido el riesgo de posible influencia sobre los principales testigos, motivo fundamental por el que la Audiencia acordó mantenerlo en prisión. Además, es probable que ambas defensas soliciten que los dos investigados vuelvan a declarar ante el juzgado para ampliar su declaración inicial.

El juzgado está pendiente de recibir el volcado de los dos teléfonos móviles de los investigados para examinar más mensajes, así como el resultado de una prueba destinada a comprobar si existían restos biológicos humanos en el ano del bebé. En los próximos días también está previsto que ambos investigados sean entrevistados por peritos psiquiátricos.