La Policía Local de Sevilla arrastra una deuda de diez millones en servicios extraordinarios impagados, según trasladó a LA RAZÓN el presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) en Sevilla, Luis Val, en un balance que abarca desde la final de la Europa League de 2022 hasta los festivos y la Feria de abril de este año. El dato no es un accidente contable puntual sino un patrón de demora sistemática en el abono de gratificaciones y productividades que, según Val, convive con un desmantelamiento progresivo de las unidades operativas más sensibles del cuerpo.

Diez millones de euros y una plantilla que trabaja con lo que tiene: es la radiografía que el sindicato expone sobre la mesa del Consistorio. La deuda se acumula en capas. Entre los conceptos pendientes de cobro figuran la productividad de noviembre y diciembre de 2025, las elecciones autonómicas de ese año, el Plan Navidad 2024-25, los meses de febrero a mayo de 2026, los festivos del ejercicio en curso, la Semana Santa y el exceso de jornada de las Fiestas Primaverales, informó el Sppme. El caso más llamativo por su antigüedad y por su valor simbólico: la final de la Europa League entre el Eintracht y el Rangers, disputada en el Pizjuán el 18 de mayo de 2022. Más de un centenar de policías esperaron cuatro años para cobrar unas horas que el Ayuntamiento ignoró por un error de la propia Jefatura, según reconoció en su momento CSIF, otro sindicato implicado en la reclamación judicial. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Sevilla condenó al Consistorio a abonar a un agente 239,70 euros más intereses por ocho horas extraordinarias. La aceptación municipal de esa sentencia se extendió finalmente al centenar largo de afectados. Cuatro años para cobrar algo menos de 240 euros: la velocidad de la maquinaria administrativa cuando el acreedor es el funcionario de a pie que vela por la seguridad ciudadana. La cumbre de la ONU celebrada en Sevilla figura también entre los servicios pendientes de liquidar, lo que añade una dimensión de imagen institucional al problema.

Fuentes municipales consultadas por este diario atribuyen los retrasos no a voluntad política sino a los mecanismos administrativos propios de cualquier administración pública, sometida a exigencias de transparencia y control del gasto. Las mismas fuentes señalan que en mayo de 2026 el Gobierno de Sanz llevó al Pleno una ampliación de doce millones de euros destinada a sufragar servicios extraordinarios de personal funcionario, que se sumaban a los 12,36 millones ya consignados en los Presupuestos para productividades y otros cinco millones en gratificaciones. La deuda, no obstante, sigue creciendo mientras se aprueban créditos suplementarios. El problema va más allá de lo económico, denuncia el Sppme en Sevilla. Su presidente Luis Val señala que la plantilla opera con déficits estructurales que comprometen la respuesta operativa en áreas críticas de la ciudad. El Grupo Diana, unidad especializada en violencia de género, cuenta con nueve componentes: cada agente asume el seguimiento de aproximadamente un centenar de mujeres, algunas con menores a cargo. La unidad dispone de un único vehículo y, según el sindicato, sus efectivos deben mendigar ordenadores para poder trabajar. Así funciona una unidad encargada de proteger a las víctimas más vulnerables, recuerda el sindicato. La Unidad de Atestados –inspección de guardia para delitos– está, en palabras de Val, casi desmantelada. Los agentes deben desplazarse a dependencias de la Policía Nacional para tramitar atestados judiciales y gestionar detenidos, una situación que deja en evidencia hasta qué punto la merma de medios tiene consecuencias operativas directas. El Grupo Fiscal de Falsificaciones trabaja con dos policías. La Unidad Turística, encargada de combatir robos y carteristas en el centro, tiene cinco. La Unidad de Venta Ambulante cuenta con 30 agentes cuando la relación de puestos de trabajo establece 70; a la unidad de motos le faltan otros 30 efectivos para completar su dotación reglamentaria, continúa el Sppme. A este cuadro se suman, según Val, oposiciones paralizadas para los rangos de oficial, subinspector e inspector –algo que el Ayuntamiento niega, afirmando que no hay ningún proceso selectivo detenido– y la ausencia de concursos de traslados durante tres años consecutivos. Sin ese mecanismo, ningún agente puede cambiar de destino, las plazas que dejan las jubilaciones en unidades estratégicas quedan sin cubrir y la plantilla queda congelada en una distribución que responde a la inercia y no a las necesidades.

El Ayuntamiento dirigido por José Luis Sanz apeló el pasado 6 de junio a una macroconvocatoria de 150 plazas, que se sumaría a las 220 incorporaciones previstas entre 2023 y 2027. El Gobierno municipal la calificó de «apuesta histórica» y cifró en 370 el total de nuevos policías que se incorporarán a la plantilla actual. En 2026 se sumarán 94 agentes: 18 ya posesionados, 28 que concluyen formación en julio, 39 que lo harán en noviembre y 9 procedentes de movilidad horizontal, según el Ayuntamiento. La promesa es ambiciosa aunque no resuelve, al menos de momento, la deuda que denuncia el sindicato y que el Ayuntamiento no desmiente. Un déficit sobre quienes ya están en la calle. La brecha entre el horizonte y los diez millones impagados pesa sobre los agentes en activo y supone, de momento, la medida de una tensión que vive sus puntos más álgidos con cada evento extraordinario de una ciudad como Sevilla en la que casi cada fin de semana hay un evento o sale un paso.