Los fiscales han alzado la voz en contra de las explicaciones que ha ofrecido la Fiscalía General del Estado (FGE) respecto a las dos reuniones de la exmilitante socialista Leire Díez en la sede institucional. Este jueves la Asociación de Fiscales (AF) expresaba en un comunicado su desconcierto ante el hecho de que dos "particulares" -Leire Díez y el letrado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo- se reunieran y dieran cuenta del contenido al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Ahora, a sus reproches se ha sumado la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ha emitido otro duro comunicado en el que ha expresado su "preocupación" por las reuniones del entonces Teniente de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, y miembros de las ya denominadas "cloacas" del PSOE.

La organización considera que estos encuentros generan serias dudas sobre la independencia y la apariencia de neutralidad política de la institución fiscal. Más aún, que estas reuniones se conozcan cuando aún se están "recuperando de la situación vivida por el Ministerio Fiscal que tuvo que presenciar cómo su Jefe, el Fiscal General del Estado, sin dimitir de dicho cargo, tenía la condición de acusado y se sometía a un procedimiento penal en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y, finalmente, fue condenado por la comisión

de un delito en el ejercicio de su cargo".

En el documento, la Asociación recuerda que la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado es el órgano encargado de asesorar al Fiscal General y de elaborar documentos doctrinales de obligado cumplimiento para todos los fiscales del país. Por ello, la asociación se pregunta cuál fue el motivo de dichas reuniones, qué objetivo perseguían y por qué no se informó a la Fiscalía Anticorrupción sobre su contenido.

Para la organización, estos interrogantes "no han sido contestados por la FGE" y esto produce "una lógica intranquilidad porque tiñe a estas reuniones de fines espurios, de fines que no pueden explicarse porque no tienen amparo legal".

"La Fiscalía, el Ministerio Fiscal, es una institución básica en un Estado de Derecho y, por tanto, no sólo debe funcionar de manera independiente sino que además debe parecerlo. Estos comportamientos nos alejan seriamente de esa apariencia de neutralidad política y de independencia", aseguran.

En su comunicado, APIF sostiene que las informaciones conocidas sobre estos encuentros perjudican la credibilidad de la institución, profundizan el descrédito que afecta al Ministerio Fiscal, y va en contra de las manifestaciones de la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de "curar heridas" y "pasar página". Al contrario, dicen, "nos hunde aún más en un descrédito que no nos merecemos y, mucho menos, se merecen los ciudadanos".

Como medida inmediata, la asociación solicita a la Fiscalía General del Estado que ordene la apertura de diligencias de investigación para esclarecer los hechos. Asimismo, pide que se tome declaración a diversos fiscales que habrían tenido relación con los encuentros y con las circunstancias investigadas como son Álvaro Garcia Ortiz, Diego Villafañe y la fiscal de la Audiencia Nacional Beatriz López Pesquera.

El «caso Leire Díez» ha consolidado las dudas sobre la financiación ilegal y la «caja B» del PSOE. Ya adelantábamos en este periódico la semana pasada que el levantamiento del secreto de sumario del «caso SEPI, del que deriva el «caso cloacas», preveía ser un nuevo clavo judicial para el Gobierno de Pedro Sánchez. Porque, si por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha conocido que el partido del Ejecutivo financió parte de la actividad orquestada para desestabilizar las causas judiciales que le cercan, se podría dar veracidad –a la espera de que se pronuncie la Justicia– a las pruebas que el comisionista Víctor de Aldama aportó en la Audiencia Nacional sobre la presunta financiación irregular de la formación.

La mayor parte de los comportamientos delictivos que el empresario ha ido señalando han terminado por tener un respaldo policial y jurídico. El comisionista entregó al juez instructor del «caso Koldo» –el magistrado Ismael Moreno– y a la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de marzo el «famoso» sobre que le había supuestamente dado la entonces vicepresidenta ejecutiva de Venezuela Delcy Rodríguez con el membrete de PDVSA, la empresa estatal de petróleo venezolana, y que probaría,a juicio del empresario, una presunta «caja B» del Partido Socialista. Según explicó Aldama, el contenido del sobre solo es un único documento relativo a un cupo de petróleo que tendría que correspondería con el relato del empresario sobre aportaciones a Ferraz y la Internacional Socialista.

Pero esta no es la única referencia que el comisionista de la trama ha hecho respecto a la posible existencia de una «caja B» del PSOE. En su declaración ante el Tribunal Supremo, el pasado mes de abril, Aldama señaló que el exasesor ministerial Koldo García le pedía que consiguiera «donaciones» de constructoras para la «financiación del partido».

Al hilo de esto, cabe no olvidar que le exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán está imputado por el presunto amaño de obras públicas, a cambio de «mordidas».

En esa misma comparecencia ante el alto tribunal, el comisionista llegó a desmenuzar la cantidad exacta que el partido del Gobierno habría ingresado a su caja contable con las comisiones que la «trama mascarillas» habría entregado: un total de 1,8 millones de euros.

Todas aquellas declaraciones del empresario cogen ahora más forma después de conocer que la trama de las «cloacas» encabezada por Cerdán, Díez, y otros tantos miembros, se valía de la logística del PSOE para poner en marcha su actividad presuntamente delictiva. En concreto, entre los pagos que están bajo sospecha tras los registros efectuados por la UCO en la sede de Ferraz y en otros puntos de interés estarían los 4.000 euros mensuales que la exmilitante Díez habría cobrado por tratar de destruir «cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno».

Se trata de unos montos de dinero que la «fontanera» habría recibido a través de la consultora del exvicepresidente socialista de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y de sociedades ligadas al letrado Ismael Oliver Romero. Para ello, contaban con el beneplácito de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, también imputada en el procedimiento, que se encargaba de emitir órdenes de encargo sobre las que elaboraba «mendaces facturas» para permitir la transferencia de fondos a Leire Díez.

Otro de los pagos que está bajo el foco de los investigadores es el que la trama destinó a un medio de comunicación vinculado con los miembros de la presunta organización criminal en el marco de una campaña de publicidad de las elecciones europeas del año 2024.

En el sumario del caso se expone que, poco después de la primera reunión de las «cloacas» en Ferraz en abril de 2024, el partido hizo llegar a Crónica Libre una cuantía cercana a los 20.000 euros y que fue supuestamente Ion Antolín, entonces jefe de prensa del PSOE, el encargado de gestionar esta operación.

Este periódico adelantó también la semana pasada que hubo una persona ajena a los miembros de la considerada como organización criminal que les avisó de que ese pago sería «ilegal». Tanto es así, que llegó a aconsejarles que declararan ese pago a Hacienda para no tener «líos».

Hay, no obstante, otra cantidad de dinero en el punto de mira. Según las indagaciones realizadas por la UCO, el letrado que ejerce la defensa de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, cobró del PSOE «al menos, 125.000 euros» hasta que el exsecretario de Organización fue imputado en una pieza del «caso Koldo», en junio de 2025.

Mientras, el abogado, según pudo saber este periódico, sostiene que ofreció asesoría jurídica a la formación socialista de manera completamente legal y de una forma que está correctamente documentada, pero la UCO apunta a que los pagos «quedaron amparados por un soporte documental aparente y una facturación falaz, cuya confección no habría resultado posible sin la confección de una nota de encargo por Díez a través de Cerdán y rubricada en última instancia por Fuentes, en calidad de directa gerente federal del PSOE».

Por otro lado, hay que tener en cuenta también la declaración en sede judicial de una empresaria imputada en el «caso hidrocarburos», Carmen Pano, que aseguró haber llevado 90.000 euros en efectivo en bolsas de plástico a la sede del Partido Socialista.

En línea con este testimonio, el sumario del «caso Leire» también ha revelado que supuestamente la abogada Leticia de la Hoz, que ejerce la dirección letrada de Koldo García, le ofreció 50.000 euros a cambio de que ésta cambiase su declaración en sede judicial. Esta última cantidad no se sabe si hubiese procedido o no de los fondos de la formación, pero está, en cualquier caso, bajo sospecha de los investigadores, aunque la letrada haya negado este ofrecimiento.

No es de extrañar, por tanto, que el magistrado del procedimiento, Santiago Pedraz, haya accedido a una petición de los agentes para ejecutar una radiografía completa de las cuentas bancarias del partido en los ejercicios 2024 y 2025.

Además, ha solicitado un informe exhaustivo al Ministerio de Hacienda sobre el estado y los movimientos de los productos bancarios del Partido Socialista y de empresas y particulares presuntamente implicados.

El reconocimiento por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de que dos de sus máximos responsables se reunieron en dos ocasiones en marzo del año pasado con la exmilitante socialista Leire Díez y el letrado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, ha caído como una piedra en una parte de la carrera fiscal. Entre el «desconcierto» y la «incredulidad», parte de los representantes del Ministerio Público consideran que las explicaciones ofrecidas hasta el momento no solo no despejan las dudas, sino que agrandan las incógnitas sobre unas reuniones que, a su juicio, acumulan demasiadas anomalías para ser consideradas un trámite ordinario. «Hay incoherencia en lo que se está contestando», explican fuentes consultadas a LA RAZÓN.

La primera sorpresa, apuntan, es el propio escenario. No es habitual que un particular acuda directamente a la Fiscalía General del Estado para presentar denuncias o «informaciones de posible relevancia penal», que es bajo el objeto que se presentó el letrado de Cerdán, cuando existen otros cauces habituales para estos asuntos como la Fiscalía Provincial. «Es anómalo», dicen. Menos aún, explican, que estos dos investigados en el «caso cloacas» hayan sido recibidos «nada menos» que por quien está considerado la mano derecha del fiscal general del Estado, el fiscal Diego Villafañe, que llegó a estar imputado en el caso que acabó con la condena de Álvaro García Ortiz.

«Si el contenido de la reunión o de las denuncias no tenía relevancia y acabó en nada, ¿por qué se elevó la información al fiscal general?», se preguntan desde esta parte de la carrera fiscal tras conocer los detalles trasladados por la propia institución al juzgado. La cuestión, sostienen, resulta difícil de encajar con la versión oficial de que las «denuncias carecían de sustento suficiente para impulsar actuación alguna».

Estas mismas fuentes consultadas también ponen el foco en la ausencia de documentación formal de ambas reuniones: no hubo constancia de la apertura de un expediente administrativo ni tampoco de un registro formal de entrada de la exmilitante socialista y el letrado en la sede de la FGE.

En este sentido, recuerdan que una circular interna aprobada por la propia Fiscalía General del Estado hace dos años establecía la necesidad de «incoar expediente administrativo» para cualquier asunto. Por eso consideran especialmente llamativo que unas reuniones celebradas en la cúspide de la institución no hayan dejado, al menos de momento, rastro documental conocido. «Es bastante inusual. Si esa es la instrucción vigente, hay que explicar por qué aquí no existe constancia», añaden.

La secuencia resulta, a su juicio, difícil de explicar: unas denuncias supuestamente carentes de fundamento llegan a la Fiscalía General; son recibidas por altos cargos de la institución; la información se pone en conocimiento del fiscal general del Estado; y, sin embargo, no consta expediente ni registro administrativo alguno. «Es precisamente esa concatenación de circunstancias lo que provoca extrañeza», señalan.

Estas mismas fuentes recuerdan que, antes de que el magistrado Santiago Pedraz pidiese información a la institución relacionada con los encuentros de la exmilitante socialista y el letrado de Santos Cerdán, ellos mismos elevaron un escrito al Servicio de Inspección Fiscal no solo para pedir explicaciones sino también para corroborar que las informaciones sobre ello que se iban publicando en la prensa tuviesen veracidad.

Las críticas llegan después de que la propia institución haya reconocido los encuentros y haya sostenido que los datos aportados no permitieron impulsar ninguna actuación al no venir acompañados de elementos probatorios suficientes.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya expusieron en sus últimos informes que existió un «contacto directo» entre Leire Díez y el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y que los vínculos entre los miembros de las presuntas «cloacas» del PSOE y la Fiscalía eran un asunto recurrente en las conversaciones de la red. Tanto, que llegaron a cerrar otras presuntas reuniones en la sede del Ministerio Público para el letrado del excomisario José Manuel Villarejo. «Te va a recibir el FGE. Ahora te digo lo que me ha dicho», le dijo Leire Díez al abogado Antonio García Cabrera en febrero del año pasado.

Hay, no obstante, otros mensajes entre Leire y Teijelo de mayo del año pasado donde esta le dice al letrado que pida «cita a nuestros amigos de FGE».

El juez del "caso Koldo" ha citado a declarar en calidad de investigado al Guardia Civil responsable de seguridad del Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos. El subteniente del Instituto Armado tendrá que comparecer en la Audiencia Nacional el próximo 8 de julio a las 10.30 horas.

Se trata del agente que señaló, en su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo en el "caso mascarillas", al empresario Víctor de Aldama al asegurar que era la única persona que tenía acceso completo al aparcamiento de autoridades del Ministerio de Transportes sin pertenecer al departamento. En esa misma comparecencia, explicó que Koldo García le presentó en alguna ocasión al comisionista de la red.

"Yo, que trabajaba allí, no podía estacionar en el estacionamiento de autoridades. Sin embargo, el señor Víctor Gonzalo de Aldama, sí. Para mí es el único caso que conozco que, no perteneciendo al Ministerio, sí tenía acceso al Ministerio", dijo. "Subía y entraba sin pedir permiso a nadie", añadió.

El agente de la Guardia Civil solicitó que le levantaran la imputación en el marco de las pesquisas, pero tanto el juez como la Fiscalía se negaron al considerarle "vinculado" con Aldama y con Juan Carlos Cueto, uno de los socios del empresario en la mercantil de la trama ,Soluciones de Gestión, que obtuvo más de 50 millones de euros con la venta de mascarillas.

El Ministerio Fiscal respaldó su negativa a que se le levante la imputación en que aún "están pendientes de ser analizados" que los dispositivos digitales que le fueron intervenidos durante los registros en su residencia habitual de la localidad madrileña de Valdemoro y otra que posee en el municipio leonés de Truchas, a donde se desplazaba por el negocio de las pizarras.

Una sociedad, Comercializadora Pizarras Santa Bárbara, que, por otro lado, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrió que utilizaban para invertir parte de las supuestas comisiones ilegales que obtuvieron de las adjudicaciones.

Asimismo, la UCO señaló que la relación del "hombre para todo" de Ábalos con este guardia civil era "de máxima importancia" porque "conecta de manera directa el nivel más elevado de la gestión de los contratos" bajo sospecha "con una de las sociedades en las que se ha invertido parte de los beneficios".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha constatado tras un exhaustivo análisis de correos electrónicos y llamadas telefónicas que la asesora de Moncloa Cristina Álvarez contactaba "de forma habitual" con los patrocinadores de la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía en la Universidad Complutense Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En esas "labores de asistencia" a Gómez en sus actividades privadas, los agentes inciden en que las comunicaciones se centran sobre todo en el desarrollo del software para una plataforma dirigida a las pymes del que supuestamente se había apropiado la esposa de Sánchez pese a que fue costeado con dinero público.

Hasta el punto de que, dadas las "funciones de gestión y auxilio a la dirección de la catedra" que desarrolló, la Guardia Civil le considera "integrada en el equipo de trabajo de la cátedra". "Independientemente de la ausencia de una relación formal con la universidad", queda acreditada que llevó a cabo "una gestión activa" en el marco de la misma, como atestigua el examen de sus comunicaciones.

Así, la UCO ha hallado más de 200 correos en los que -bien como remitente, destinataria o en copia- se aborda el desarrollo del software. Entre otros, un total de 58 correos, entre noviembre de 2022 y diciembre de 2023, con Deloitte, a la que se adjudicaron dos contratos de consultoría para el desarrollo de esa herramienta digital asociada a la cátedra. Comunicaciones entre las que se incluye, entre otras personas, a la propia Begoña Gómez.

En esos correos se abordan, por ejemplo, cuestiones relativas a reuniones de la cátedra para el proyecto del software (ocho correos entre el 23 y el 30 de noviembre de 2022), reuniones por videoconferencia (cinco correos para esas citas a las que es convocada entre diciembre de 2022 y enero de 2023) o la firma de convenios.

Los agentes contabilizan más de una veintena de correos desde finales de febrero a primeros de julio de 2022 relacionados con el desarrollo de ese software (con copia a la esposa de Sánchez).

95 correos con veinte empleados de Telefónica

En cuanto a los contactos con Telefónica, que aportó "material humano para el desarrollo de un módulo" de esa herramienta digital, el informe de la UCO señala que veinte empleados de la compañía "mantuvieron comunicaciones vía correo" con Álvarez, la mayoría vinculados con el desarrollo de la plataforma digital de medición de impacto social. En total, se intercambiaron 95 correos.

A su vez, Telefónica aportó 66 correos entre el 14 de enero de 2022 y el 1 de marzo de 2023 centrados en la convocatoria de reuniones a través de Zoom para el desarrollo de esa plataforma, entre cuyos destinatarios figura Begoña Gómez pero no su asesora.

Con Indra, figura como destinataria (o en copia) de 37 correos, aunque en la gran mayoría la Guardia Civil no aprecia una "intervención directa" de la asesora en las cuestiones tratadas sobre el software (salvo las gestiones para que Gómez se reuniera con el directivo de la compañía Ángel Bonet.

Con otra de las empresas que colaboraron con la plataforma, Making Science, los agentes han constatado un intercambio de comunicaciones en relación a tres reuniones celebradas entre enero de 2023 y febrero del año siguiente (cuando la sociedad realizó una oferta para una segunda fase del proyecto que finalmente no cuajó).

Los correos intercambiados con las distintas empresas implicadas en el proyecto son numerosos: Google (26 de mayo de 2022 a mayo de 2023); Devoteam (29 comunicaciones para reuniones de seguimiento, a una de las cuales fue convocada Álvarez)

Las llamadas telefónicas

La UCO cumplimenta así el encargo del juez Peinado de julio del pasado año, cuando el instructor encargó a la Guardia Civil el análisis de las llamadas efectuadas o recibidas desde su teléfono móvil con empresas vinculadas a la cátedra que codirigía Begoña Gómez en la Complutense, con la propia universidad y con el empresario Juan Carlos Barrabés y su grupo de sociedades.

Tras analizar la documentación remitida por Telefónica, Vodafone, Indra y Google, entre otras, los agentes concluyen que Cristina Álvarez "formaba parte de forma habitual en diferentes comunicaciones efectuadas con los colaboradores" de la cátedra de la esposa del presidente del Gobierno (empresas que aportaron los correos electrónicos analizados).

Los investigadores no han hallado rastro de llamadas vinculadas con la Organización Mundial del Turismo (OMT), pero si una comunicación de noviembre de 2024 con el Círculo de Bellas Artes, constando en agosto de 2021 la participación de la cátedra en un foro de innovación en artes y humanidades celebrado en la sede de la institución en Madrid.

Cristina Álvarez también se dirigió a dos de las empresas vinculadas a la cátedra, Numintec Comunicaciones (que asumió el pago de 6.000 euros a la cátedra) y Conpymes. Igualmente, constan contactos telefónicos con la Fundación La Caixa, una de las entidades que suscribieron el convenio de creación de la cátedra codirigida por Begoña Gómez, con personal de la Complutense (en particular, con el codirector de la cátedra, José Manuel Ruano), pero no con Barrabés y sus empresas.