La defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho llegar al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama un escrito en el que plantea dudas sobre la obtención y la correcta custodia del contenido del teléfono móvil que fue interceptado por agentes norteamericanos en 2021 a Rodolfo Reyes, empresario que por entonces era socio mayoritario de Plus Ultra.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el letrado reacciona al auto de Calama por el que emitía una comisión rogatoria a EEUU con el objeto de tener el consentimiento de ese país para poder usar como fuente de prueba de cara a un eventual juicio penal esas conversaciones del empresario. Conversaciones que fueron clave tanto para la imputación del expresidente como para las entradas y registros llevados a cabo por agentes de la UDEF.

Ante la “parquedad de información” proporcionada hasta el momento sobre el origen de estas pruebas, la defensa del expresidente ha solicitado que el requerimiento a EEUU se amplíe con ocho peticiones. Entre ellas, reclama la resolución judicial o administrativa que autorizó la incautación y el clonado del teléfono, así como los detalles del procedimiento abierto contra Reyes en EEUU. A nivel técnico, exigen conocer qué autoridad realizó el volcado, qué software se empleó y, sobre todo, que se aporten los mecanismos de verificación —como códigos hash y actas de desprecinto— con los que se pueda determinar si las conversaciones han sufrido algún tipo de manipulación.

El letrado, Víctor Moreno Catena, explica que con esta ampliación de la información lo que se busca es “garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales” del expresidente en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional contra él por haber participado, presuntamente, en una trama dedicada al tráfico de influencias. Su defensa entiende que la ausencia de una información completa que arroje luz sobre el método de volcado, la autenticidad de las comunicaciones o la conservación y custodia del dispositivo por parte de la policía norteamericana “permite plantear dudas razonables sobre el respeto del derecho a un proceso con todas las garantías”.

También se muestra preocupado por las circunstancias en las que se ha producido el intercambio de esa información entre los órganos policiales, “sin intervención judicial conocida”. Y explica que estos vacíos de información provocan “graves dificultades sobre las condiciones para el ejercicio del derecho de defensa”. E insiste en que es imprescindible que la defensa pueda disponer “de una posibilidad real y efectiva de discutir y controvertir (...) la autenticidad, integridad, trazabilidad y contexto de todos los materiales que se usan como elementos probatorios de cargo”.

Por eso, además de las peticiones mencionadas, Moreno Catena quiere conocer también el alcance de la extracción (“total, parcial, física, lógica, remota o selectiva”) del contenido del móvil así como el software o la herramienta utilizada para ese fin y la autoridad que llevó a cabo el análisis del dispositivo. Y pide conocer cómo y cuándo se remitieron esas evidencias a las unidades policiales españolas, y las comunicaciones precedentes entre las unidades policiales españolas y el Homeland Security Investigations (HSI). A esto añade que se debe saber si esa cooperación policial contó con la autorización del órgano competente de los EEUU.

Recuerda que, según detalló el juez este pasado martes en un auto, el HSI remitió ese contenido del móvil de Reyes el pasado 18 de marzo de 2026. Cinco años después de que fuera intervenido cuando el empresario trató de acceder a EEUU por el aeropuerto de Miami. Y lamenta que hasta el momento ese volcado “no consta que se haya elevado a la plataforma Cloud” a la que acceden todas las partes del proceso.

En otro escrito de 2 de junio, previo a éste y al auto del juez acordando el requerimiento a EEUU, el abogado ya denunciaba “algunas omisiones relevantes” que afectaban directamente al ejercicio del derecho de defensa porque “hay evidencias digitales que no constan en la causa”. Se refería ya entonces a que no podía consultar dos dispositivos de los que se habían extraído múltiples conversaciones para sustentar los atestados de la UDEF.

Y concretaba que se refería al llamado “disco Crucial” donde se contiene el chat 'Danilo España', y el dispositivo de Rodolfo Reyes que fue facilitado a la policía por la HSI. “Esa circunstancia genera una clara indefensión y vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías, pues no cabe espigar o presentar fragmentariamente una comunicación y ocultar su totalidad”, decía.

Por eso, advertía de que o se proporcionaban íntegramente los dispositivos a se debían excluir también por completo, “suprimiendo las referencias a los contenidos que han podido ser examinados por las partes”.

Calama busca asegurar la prueba

En el auto del juez por el que acordaba esa comisión rogatoria a EEUU, se indicaba que el contenido de ese móvil llegó a los investigadores españoles por cauces de colaboración internacional entre cuerpos policiales. Reconocía, al mismo tiempo, que el material incautado a Reyes ya había sido utilizado hasta la fecha “como elemento de investigación”, pero advertía de que, dada su relevancia para el esclarecimiento de los hechos investigados, resultaba necesario “determinar las condiciones de su eventual incorporación al proceso para poder ser utilizado, en su caso, en el plenario, como medio de prueba con plenos efectos procesales”. Es decir, buscaba asegurarse de que su contenido pueda ser usado en el juicio y no sea fuente de posibles nulidades futuras.

En los fundamentos del auto explicaba que esa cooperación entre policías permitió que la UDEF tuviera en sus manos información relevante sobre una investigación transnacional iniciada en 2018 “contra una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos mediante estructuras financieras sofisticadas”. Y que esa red usaba empresas pantalla y realizaba operaciones internacionales que incluían sobornos, fraudes y el desfalco de fondos públicos.

El juez apuntaba que esa investigación transnacional se ha realizado en coordinación con las oficinas del HSI de en Nueva York, Tampa, Miami y Boston, y con autoridades de Francia, Suiza, España, Andorra y Portugal. El objetivo era “identificar y desarticular redes que facilitan la circulación global de fondos ilícitos y favorecer la recuperación de activos”. Indicaba que una de las líneas se centraba en Rodolfo Reyes, investigado por blanqueo y evasión de sanciones mediante compañías como Plus Ultra, Capital Bank, Panacorp y Dinosaur Bank. El HSI obtuvo en 2021 una extracción telefónica que, aunque inicialmente estaba orientada a ver si participó en contrabando, reveló comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales. No ha sido hasta 2026 que el HSI ha considerado que podría tener relevancia para la investigación española relativa a Plus Ultra.

Cualquier persona que siga la actualidad tal como aparece reflejada en los diferentes medios de comunicación no cabe duda de que considerará que el 'caso Leire Díez' es una de las investigaciones judiciales de mayor calado desde la entrada en vigor de la Constitución. Llevamos ya un buen número de días en que la información del caso ocupa las portadas de los periódicos y abre los informativos de las radios y televisiones de todo el Estado. Compite en cantidad con la información, por ejemplo, respecto de la operación Kitchen, a pesar de que no se pueda decir lo mismo en lo que a la calidad de la información se refiere. No porque los periodistas que se ocupan de la misma no sean buenos profesionales, sino porque la entidad del caso es la que es.

José Antonio Martín Pallín lo calificaba en este diario de puzle surrealista y se sorprendía, sobre todo, de que un partido centenario como el PSOE, con una dilatada trayectoria en la dirección política del país en todos los niveles de nuestra fórmula de Gobierno, hubiera dado luz verde a que este asunto pudiera siquiera echar a andar.

Leire Díez es Leire Díez. No hay nada en su trayectoria profesional que permita concluir que está en condiciones de ser la protagonista, en palabras del juez Pedraz, de una trama que buscaba “desestabilizar” procedimientos judiciales abiertos contra el PSOE o el Gobierno. La falta de idoneidad de esa señora para ejecutar una tarea de esa naturaleza salta a la vista. Si los procedimientos judiciales pudieran ser desestabilizados de esta manera, el Estado español sería un Estado fallido.

En todo caso, como el asunto parece que ha sido tomado muy en serio por la UCO, por la Fiscalía Anticorrupción y por el juez de Instrucción de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, me imagino que será posible identificar las piezas del puzle, hacer una valoración de cada una de ellas y del conjunto, y llegar a la conclusión de si realmente la trama tiene el carácter surrealista que Martín Pallín le atribuye o no.

De momento, el juez Pedraz ha acordado hacer suya la batería de diligencias y la solicitud de pruebas testificales solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, que se practicarán a lo largo de las próximas semanas. Conoceremos el registro de visitas en la sede del ministerio público en la calle Fortuny, entre abril de 2024 y junio de 2025, de una serie de personas: Leire Díez, los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado del excomisario Villarejo, José García Cabrera.

Las conversaciones que Leire Díez dice haber sostenido en la Fiscalía General para llegar a un acuerdo con Villarejo con la finalidad de obtener información sobre Mariano Rajoy y contra el PP tendrán que ser investigadas. Así como también las denuncias de Koldo García que se hubieran recibido en dicha institución con la finalidad de torpedear la investigación sobre el partido socialista o el Gobierno.

También ha sido citada como testigo la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y, en calidad de investigada, Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, por supuestamente haber ofrecido dinero a la empresaria Carmen Pano a cambio de que cambiara su declaración sobre la entrega de dinero en la sede del PSOE en la calle Ferraz.

Todo lo que se pueda saber judicialmente sobre el caso se va a saber. Nada de lo ocurrido va a quedar sin examinar. Y en unas semanas. No se entiende muy bien por qué el PP tiene tanta prisa. El Gobierno ha demostrado sobradamente su eficacia en una gestión de un asunto tan complejo como el del Hantavirus o en la organización de la visita del Papa, que, por cierto, ha puesto de manifiesto una sintonía con la política internacional, de inmigración y de defensa de los derechos humanos del Gobierno, que contrasta vivamente con la del PP y, sobre todo, con la de VOX.

El estallido mediático del caso, acompañado de las declaraciones en sede parlamentaria de Alberto Núñez Feijóo y Miguel Tellado, la vuelta a poner en circulación la moción de censura “instrumental”, algo que no existe en la Constitución, la reaparición de José María Aznar con el sonsonete del “que pueda hacer que haga”, que es lo más parecido a un golpe de fuerza no constitucional, la presión a los partidos nacionalistas catalán y vasco y un interminable etcétera han caldeado mucho el ambiente.

En los próximos días iremos viendo, si la práctica de las diligencias, dan credibilidad al caso o no. O si se tiene que recurrir al caso José Luis Rodríguez Zapatero.