El primer 'cara a cara' entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desde que se conoció el sumario de las llamadas 'cloacas' del PSOE ha resultado especialmente bronco. Feijóo ha preguntado a Sánchez "cuánto tiempo va a estirar esta basura" antes de convocar elecciones y le ha acusado de "practicar delincuencia de Estado" y de tapar la corrupción que cerca al Gobierno. "Señor P.S., si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción y, si no lo sabía, por incompetente", le ha lanzado. Por la contra, Sánchez ha dicho que "reconoce" sus "errores", pero que "jamás" va a asumir el "grado de hipocresía" del PP, al que ha afeado sus casos de corrupción. Además, ha vuelto a insistir en que la legislatura llegará hasta 2027 "y más allá" a pesar de su "oposición marrullera".

"Doce sumarios, diecisiete delitos y casi un centenar de imputados de los casos de corrupción que afectan a su partido, a su gobierno y a su familia", le ha reprochado el líder de la oposición, quien ha pronosticado que Sánchez pasará a la historia como "inductor, financiador y beneficiado" del caso de corrupción "más grave de la democracia". Feijóo le ha acusado de practicar "delincuencia de Estado" a través de su "gestapillo" para tapar todos los citados casos. Ha precisado que la misma no será recordada "por su pericia ni por sus éxitos", pero los tribunales, los jueces, la Fiscalía Anticorrupción, la UCO y la UDEF "sí serán respetados por la España decente y democrática".

Dos días después de la visita del papa León XIV al Congreso, Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado la sesión de control para cuestionar el protagonismo que Pedro Sánchez ha dado al viaje y vincularlo con la situación judicial que rodea al Gobierno y al PSOE. El líder del PP ha reprochado al presidente haberse sumado a la visita papal con "tantísimo fervor" y le ha lanzado una advertencia: "Ya sabrá que se puede pecar o delinquir por acción y por omisión".

Feijóo ha insistido además en que el Ejecutivo ha perdido el respaldo político y social necesario para continuar antes de volver a reclamar un adelanto electoral. "La mayoría de esta Cámara le pide elecciones", ha sostenido.

Sánchez ha respondido reivindicando que asume sus "errores", pero ha rechazado cualquier "lección" de un Partido Popular al que ha acusado de practicar "hipocresía" con los casos de corrupción que afectaron a sus gobiernos. El presidente ha enumerado escándalos como Gürtel, Púnica, Kitchen o la denominada "policía patriótica" y ha recuperado uno de los argumentos que acostumbra a utilizar frente a Feijóo: su fotografía con el narcotraficante Marcial Dorado. "No voy a aceptar lecciones del partido de Marcial Dorado", le ha espetado desde la tribuna. También ha acusado al líder popular de ejercer una oposición "marrullera" y de no haber asumido todavía el resultado de las elecciones generales de 2023. "Dan lecciones de legitimidad mientras tapan la corrupción", ha afirmado.

Lejos de abrir la puerta a cualquier escenario electoral, el jefe del Ejecutivo ha reivindicado la legitimidad de las urnas y ha defendido que los españoles ya se pronunciaron "hace menos de tres años". Por ello, ha vuelto a asegurar que el Gobierno agotará la legislatura y seguirá gobernando hasta 2027. "El problema no es que el pueblo no tenga voz, que la tiene. El problema es que usted no tiene voz propia", ha respondido a Feijóo, al que ha acusado de representar los intereses de determinados poderes económicos incómodos con las políticas impulsadas por el Ejecutivo.

Sánchez ha defendido medidas como la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones o el fortalecimiento del Estado del bienestar como prueba de que el Gobierno mantiene su agenda política pese al desgaste provocado por los distintos frentes judiciales. Y ha puesto el punto final a su respuesta asegurando que, pese a las "maniobras" del PP para desgastar al Ejecutivo, el Gobierno seguirá "gobernando todos los años que quieran los españoles".

Además, también ha respondido a las referencias de Feijóo a las siglas que aparecen en las investigaciones sobre las presuntas cloacas del PSOE recurriendo a los papeles de Bárcenas. "Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy", le ha lanzado. Tras reivindicar, como suele hacer en cada sesión de control, los datos económicos y de empleo de España para sostener que el país atraviesa "el mejor momento de su historia democrática", le ha espetado a Feijóo que él es "el peor jefe de la oposición de esta democracia".

El cierre de filas en torno a Pedro Sánchez tras conocerse las anotaciones que la exmilitante socialista Leire Díez realizaba sobre él en su agenda es absoluto. En Moncloa no contemplan que el presidente pueda acabar imputado en la presunta trama de las cloacas del PSOE y sostienen que no existe ningún indicio ni prueba que le vincule con las maniobras investigadas. Pero la aparición de esos apuntes ha provocado además un nuevo ajuste en el relato gubernamental: el Ejecutivo vuelve a abrazar la tesis inicial de que Díez actuaba por libre y recupera incluso una definición que había quedado aparcada en los últimos meses: la de una suerte de "friki" que exageraba o fantaseaba con una influencia de la que en realidad carecía y que proyectaba esa supuesta cercanía al poder en sus propias anotaciones.

Todo ello a raíz de una agenda personal de Leire Díez en la que figuran varias anotaciones con las siglas "PS" y referencias a "Pedro". En Moncloa restan importancia a esos apuntes y subrayan que en las mismas páginas aparecen muchos otros nombres. Su tesis es que las anotaciones reflejan una actuación tan improvisada y carente de sentido que nunca llegó a traducirse en hechos concretos. Sobre esa idea sustentan su rechazo a cualquier vínculo entre Sánchez y la presunta trama destinada a influir en investigaciones judiciales que pudieran afectar al propio presidente. De hecho, no contemplan ni que el presidente ni que el PSOE puedan acabar investigados por esta supuesta trama. "A nivel jurídico no hay indicios de que el presidente conociese a Leire Díez", remarcan fuentes gubernamentales.

El contraste con el discurso de hace apenas unos días es significativo. Cuando comenzaron a trascender los detalles del sumario y el juez situó a Díez en el epicentro de la supuesta operación, tanto en Moncloa como en Ferraz optaron por la cautela y reclamaron tiempo para analizar la documentación. Entonces el esfuerzo se centraba en circunscribir el caso a posibles "comportamientos individuales" y evitar conclusiones precipitadas. No era una tarea sencilla: la UCO contabilizó 35 reuniones entre Díez y el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, y recogió además tres contratos vinculados al PSOE que beneficiaron a la exmilitante.

Pero una vez conocido el contenido de la agenda, el Gobierno parece haber abandonado la prudencia inicial para pasar al contraataque. En Moncloa se ha impuesto la tesis de que todo responde a la actuación desordenada de una exmilitante que exageraba su relevancia y proyectaba una influencia de la que en realidad carecía. Fuentes del Ejecutivo aseguran que las anotaciones no les generan ninguna inquietud y sostienen que podrían ser simples apuntes elaborados por Díez a partir de informaciones publicadas en los medios de comunicación.

Otros miembros del núcleo de confianza del presidente van incluso más allá y muestran un abierto escepticismo sobre las conclusiones que algunos pretenden extraer de las referencias a "PS", "Pedro" o de otras anotaciones contenidas en la agenda. "Desde Mata Hari no se veía nada parecido", ironizan en privado sobre la capacidad de influencia que tenía Leire Díez.

La estrategia de defensa no pasa únicamente por restarle credibilidad. En el Gobierno han incorporado además un segundo argumento: que, incluso en el supuesto de que hubiera existido una intención de interferir en investigaciones judiciales que afectaban al presidente o al PSOE, el intento habría sido completamente ineficaz. Algunas fuentes recurren incluso a una figura jurídica para explicarlo, la de la "tentativa inidónea" o el llamado "delito imposible", que se produce cuando alguien trata de cometer una infracción utilizando medios incapaces de lograr el resultado perseguido. En Moncloa ilustran la idea con un ejemplo: "Es como intentar matar a alguien con una pistola de agua".

Con ello buscan trasladar que, más allá del ruido político y mediático, las actuaciones atribuidas a Díez no habrían tenido capacidad real para alterar ninguna investigación ni para proteger a nadie de sus consecuencias judiciales. Eso sí, de momento Ferraz no ha dado el paso de querellarse contra la exmilitante a pesar del evidente daño reputacional causado en el partido por utilizar, según su propia tesis, el nombre del presidente para cuestiones que él no avalaba.

En todo caso, en Moncloa no quieren dar portazo a esta opción y se dan tiempo asegurando que los servicios jurídicos del PSOE están trabajando en ello. Se basan ahora en que tomarán acciones más contundentes cuando los indicios sean "sólidos".

Fisuras en el respaldo a la directora de la Guardia Civil

Respecto a los nombres que han quedado directamente salpicados por la investigación, el Gobierno mantiene públicamente el respaldo tanto a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona —citada a declarar el 11 de julio por sus conversaciones de WhatsApp con Leire Díez— como a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

Aunque no todos dentro del Ejecutivo comparten esa posición. Ya hay voces que consideran que González debería apartarse. "Cada uno sabe lo que tiene que hacer", deslizan estas fuentes, que sostienen que, ante una figura a la que ahora describen como una "friki", lo lógico habría sido "huir" de ella y no mantener hasta tres encuentros, como ha reconocido la propia directora de la Guardia Civil.

No obstante, tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siguen respaldado a Mercedes González. Todo ello, a pesar de que, en un principio, desde Interior se negó cualquier tipo de reunión para poco después tener que recular añadiendo que se referían que a que no existieron reuniones relacionadas con la causa.

Lo cierto es que, en el último de estos encuentros, Leire Díez le pidió rehabilitar al comandante Rubén Villalba, que había sido apartado de su puesto por estar investigado por el caso Koldo. A pesar de ello, Moncloa se ampara en que Mercedes González cortó la conversación en ese instante y que nadie está exento de que le pidan algo "extraño".