Primer revés judicial para Florentino Pérez después de su reelección como presidente del Real Madrid. El Tribunal Supremo ha inadmitido un recurso del club blanco contra una sentencia del pasado otoño dentro de la pelea judicial para conseguir celebrar conciertos en el Santiago Bernabéu.

Los vecinos consiguieron hace unos meses que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) les diera la razón en su empeño por aclarar si la licencia que actualmente ostenta el estadio le permite albergar conciertos, al tratarse de un recinto deportivo. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 31 de Madrid había rechazado este intento inicial pero el recurso de la Asociación de Vecinos Perjudicados por el Bernabéu volvió a activar el caso. Por eso el Real Madrid, a su vez, recurrió.

Ahora, según una providencia a la que ha tenido acceso este periódico, el Supremo tumba el recurso merengue por “falta de fundamentación suficiente”, al considerar que el Real Madrid no ha argumentado de forma adecuada el caso, y por ausencia de “interés casacional objetivo” para que el caso fuera objeto de jurisprudencia.

“Tras la inadmisión del recurso de casación preparado por el Real Madrid Club de Fútbol, las actuaciones vuelven al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 31 de Madrid, que tendrá que decidir sobre la desestimación presunta de la consulta planteada”, concluye el fallo. Además, obliga a pagar 2.000 euros en costas judiciales a los de Florentino Pérez.

Vecinos: “El asunto de los conciertos está muy lejos de haber terminado”

El varapalo del Supremo al Real Madrid llega después de varias declaraciones del presidente blanco anunciando la vuelta de los conciertos al Bernabéu cuando el Ayuntamiento y la Comunidad terminen de perfilar unas “normas especiales” para permitirlos, que no detalló.

La Asociación de Vecinos Perjudicados por el Bernabéu celebra la última decisión judicial, que es firme, y asegura que “demuestra que el asunto de los conciertos del Bernabéu está muy lejos de haber terminado. Quedan todavía cuestiones muy importantes por resolver y esperamos que ahora pueda analizarse el fondo del asunto”. Es decir, “si este estadio puede celebrar conciertos, cuando la calificación urbanística del estadio es solo para eventos deportivos privados”.

Además, los demandantes consideran que “esta resolución tiene una importancia que va más allá del caso concreto del Bernabéu. Las administraciones públicas tienen la obligación de responder a las demandas y solicitudes que plantean los vecinos y las asociaciones vecinales”.

La demanda es la tercera vía de agua judicial que tiene que achicar el Real Madrid por las molestias ocasionadas a sus vecinos. La primera, en la que sigue enfangado, se llevó por delante la construcción de dos aparcamientos municipales junto al estadio, al quedar anulado el concurso a medida que le entregó el Ayuntamiento de Madrid, por falta de interés público. La segunda, de momento taponada, estuvo a punto de llevar al banquillo a la mano derecha de Florentino Pérez, José Ángel Sánchez, por el ruido atronador que emitieron las actuaciones musicales programadas allí durante el año 2024. Quedó eximido de responsabilidad el pasado mes de mayo, in extremis, aunque los vecinos recurrieron y el Tribunal Supremo tendrá que decidir sobre este caso.

El Real Madrid se compara con los conciertos en el Metropolitano

Por su parte, el club de Chamartín ha emitido un comunicado aclarando algunos puntos sobre la decisión judicial, explicando que “la decisión conocida hoy se refiere exclusivamente a una cuestión procesal y supone que el procedimiento judicial promovido por una asociación vecinal continuará su tramitación ante el juzgado correspondiente”.

El comunicado también resalta que la celebración de conciertos en el Bernabéu “está sometida al mismo régimen de autorizaciones y controles administrativos que resulta aplicable a otros grandes recintos deportivos, como el estadio Metropolitano”, en alusión a las actuaciones de Bad Bunny que acoge estos días. En este caso y a diferencia de los eventos celebrados en el coso blanco, no se han detectado superaciones de ruido por encima de los niveles máximos permitidos por el Ayuntamiento de Madrid.

Detenido por segunda vez el proyecto hotelero sobre los números 1 y 3 de la calle Cabestreros. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decretado la paralización de la obra y de su consiguiente derribo, admitiendo las medidas cautelarísimas reclamadas por el PSOE y por asociaciones en defensa del patrimonio, ante la posibilidad de que desaparecieran dos edificios con alto valor histórico.

Un informe pericial firmado por doctor y profesional en arquitectura y patrimonio desmiente la resolución de la Comunidad de Madrid de finales de mayo, en la que descartaba cualquier tipo de protección para los inmuebles. A principios de año, la propia Consejería de Cultura había asegurado que iba a dar protección ambiental al espacio, donde se encontraba uno de los restaurantes senegaleses más famosos de la ciudad, el Baobab, que cerró para dar paso al proyecto de un hostel con 260 camas.

El anuncio de la paralización judicial lo ha hecho el concejal socialista Antonio Giraldo, quien en un vídeo posterior ha explicado que la resolución es temporal, pero con ella el recurso gana tiempo para poder demostrar las incongruencias presentes en la resolución del Gobierno de Ayuso, que sospechan pueden basarse en un informe “de parte”, elaborado por la propia empresa que impulsa la construcción del hotel.

El proyecto hotelero pasó en el año 2020 por la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural y emitió dictamen favorable a la demolición en el año 2022 “al considerarse que no había ningún elemento que proteger”, indican desde el Ayuntamiento de Madrid. Pero luna denuncia del PSOE y de varias asociaciones al comenzar el derribo, justo después de las pasadas navidades, frenó los trabajos.

En ese momento, el Ayuntamiento de Madrid elevó la consulta a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid solicitando instrucciones sobre la licencia en vigor y se paralizaron las obras. Entonces el Gobierno regional aseguró que pediría la protección ambiental del edificio, lo que parecía frenar el proyecto hotelero, algo que finalmente no se produjo. La resolución de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid apuntaba a que los dos edificios se habían visto fuertemente alterados desde su origen, con modificaciones significativas, y que el estudio arqueológico, histórico y arqueométrico concluye que estas edificaciones no son las que aparecen en las planimetrías del siglo XVII y XVIII, sino que tienen su origen “a mediados del siglo XIX”.

El edil Antonio Giraldo avisó en su momento que los posibles valores patrimoniales del edificio y al conocer la resolución de la Consejería de Cultura calificaba de “noticia nefasta para el patrimonio madrileño” la falta de protección del inmueble. No obstante, ya entonces advertía de la existencia de “datos contradictorios en la resolución final” de la Comunidad de Madrid, “y fechas que no concuerdan con elementos arquitectónicos presentes en ambas edificaciones”.

“La capacidad actual del vertedero está a punto de llenarse”. Esta frase es una de las justificaciones con las que se plantea el proyecto de ampliación del vertedero de Las Dehesas, el lugar al que Madrid arroja la mayor parte de su basura, ubicado en el Parque Tecnológico de Valdemingómez. Lo hará con dos nuevas zonas para acumular residuos no peligrosos, debido a que su volumen está cerca de colmatar las siete celdas diseñadas en el año 1997, cuando se puso en marcha este espacio. Los espacios propuestos por la concesionaria del Ayuntamiento de Madrid son unas nuevas celdas numeradas como 8 y 9, que estarán situadas al sur de las actuales instalaciones, en el entorno del Parque Regional del Sureste.

“El emplazamiento seleccionado es la última reserva disponible de suelo libre en el interior de la parcela que se encuentra en contacto con las celdas existentes”, apunta el proyecto, que ya tiene luz verde de la Comunidad de Madrid en su parte ambiental, documentación a la que ha tenido acceso este periódico y que acaba de salir a información pública.

La concesionaria de estas instalaciones municipales elige la ampliación del vertedero como la opción “más sostenible”, ya que de esta forma “se retrasa la necesidad de buscar un nuevo emplazamiento, que implicaría impactos ambientales y económicos mayores”. Con los dos nuevos vertederos, la vida útil de esta parte de Valdemingómez aumentaría en 7,4 años, según los cálculos del informe.

Las dos nuevas celdas sumarán 127.120 metros cuadrados si se unen las superficies de la 8, más grande (78.920 metros cuadrados, contando los taludes exteriores y viales de acceso), y la 9 (48.200 metros cuadrados). Su capacidad máxima será de 2.495.547,14 metros cúbicos y 1.476.038,83, respectivamente.

En cuanto a la afección de estas nuevas instalaciones, el informe asegura que no existen riesgos significativos sobre la salud de las poblaciones del entorno, debido a su distancia con respecto a las zonas residenciales más próximas de Madrid, Getafe y Rivas (entre cuatro y ocho kilómetros) y la aplicación de algunas medidas preventivas. “La distancia que existe entre las futuras celdas y las zonas urbanas indican que sus efectos serán muy bajos o inexistentes”, declara la documentación consultada.

“A pesar de que la población residente en unos 6-8 kilómetros alrededor del proyecto es de 500.000 habitantes, las zonas más sensibles habitadas suman unas 9.000 personas en Perales del Río y unas 80.000 en Rivas Vaciamadrid. Los olores, principal afección de las instalaciones, afectarían a unas 5.000 personas en el entorno de influencia, situado entre cuatro y cinco kilómetros.

Un estudio específico sobre los niveles de olor en el entorno indican que la ampliación del vertedero incrementará en un 2% la extensión de las isodoras, cantidad que considera “poco significativa”. Aunque el mismo estudio admite que “el problema de los olores generados en el Complejo de Las Dehesas es un impacto sobre el que se está actuando de forma intensa desde hace años, sin haber conseguido todavía un control de las emisiones hasta niveles aceptables que eviten la afección a los núcleos urbanos del entorno”.

También pone el acento en “el efecto acumulativo”, a la vez que reclama “la necesidad de desarrollar actuaciones integrales no solamente sobre el conjunto de las instalaciones municipales (Parque de Valdemingómez y EDAR Sur), sino también en las instalaciones del DCR de Pinto, por lo que se requiere el desarrollo de un plan de actuación supramunicipal”.

Reforestación de al menos 68.000 metros cuadrados

El estudio ambiental viene acompañado de un informe de la División de Parques Regionales, que depende de la Consejería de Medio Ambiente y que alerta de los efectos que tendrá la construcción de las nuevas celdas de vertidos en el Hábitat de Interés Comunitario, compuesto por matorrales y pastizales que alojan diferentes especies animales del entorno del Parque Regional del Sureste.

El informe pide por ello “compensar, en la medida de lo posible, toda afección apreciable sobre los hábitats y taxones de interés comunitario albergados en el espacio, derivada de la ejecución del plan”. Como el cálculo de zonas de especial valor natural que desaparecerán bajo el vertedero es de 34.000 metros cuadrados, la reforestación deberá ser de 68.000, el doble de la superficie afectada, para compensar los daños a la biodiversidad.

Por último, la valoración de riesgos ambientales avisa de la presencia de arsénico en los terrenos por encima del nivel de referencia de la legislación autonómica. Pero la conclusión es que la presencia de componentes de carácter peligroso “comportan un riesgo aceptable para la salud humana para un uso industrial del suelo y para las vías de exposición consideradas”.

El Parque Tecnológico de Valdemingómez cuenta entre otras instalaciones con el vertedero de Las Dehesas y la estación de tratamiento de Las Lomas, en el límite municipal entre Madrid y Rivas. Desde su creación a finales de los setenta, la instalación lleva años rodeada de debate y episodios controvertidos a causa de su impacto ambiental, intensificados cuando a partir de 2006 los desarrollos urbanos de Valdecarros empezaron a atraer residentes que sufrían sus olores y molestias. Parte de los desarrollos del sureste, donde el Ayuntamiento apuesta por construir la gran bolsa de vivienda de la ciudad, se encuentran afectados por su área de influencia.