La huelga de profesores de la Comunidad Valenciana, sobre la que al cierre de esta edición seguía abierta la negociación, debe observarse como un síntoma más de los muchos que se han detectado en España en los últimos tiempos ante el deterioro paulatino de los servicios públicos. Nos referimos no solo a la Educación, sino también a la Sanidad y a los Servicios Sociales. El sector público carga con el mayor peso de la integración de los inmigrantes en el sistema educativo, absorbe los tratamientos más costosos para las enfermedades graves o crónicas, financia la Dependencia para decenas de miles de familias y paga las pensiones de los jubilados, entre otros. Pero lo cierto es que, y no solo en Valencia, se está construyendo un relato inquietante sobre la insostenibilidad de gran parte de estos servicios al tiempo que se adoptan decisiones que favorecen que muchos ciudadanos destinen parte de sus ingresos a costearse prestaciones privadas.

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