Pérez Llorca ha defendido la actuación de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), dependiente de la administración autonómica, respecto a la cancelación de la segunda jornada del Festival de Les Arts el pasado sábado. “Había unas reglas que había que cumplir y, si no se cumplían las reglas, había que atender a los requerimientos que haga la administración pública” ha defendido el president.
El valenciano es ese puente que ayer se tenía que cruzar y se prefirió pasar por él sin hacer mucho ruido. La negociación que la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades y los sindicatos mantienen desde el pasado 14 de mayo, con sus más y sus menos, ha ido incorporando mejoras, cambios y concesiones en todos los ámbitos, menos en lo referente a la lengua propia. Y el Consell recordó, a través de su conseller portavoz, Miguel Barrachina, que la ley les ampara.
El hombre de 29 años al que un juzgado de Torrevieja (Alicante) condenó a cinco años de expulsión por haber matado a golpes al gato de su expareja en plena calle será deportado a su país de origen, Colombia, en las próximas horas, según ha informado este martes la Policía Nacional.
La Mesa de las Corts Valencianes no llevará finalmente a la Fiscalía la protesta de tres docentes en el pleno del pasado 21 de mayo. El órgano de gobierno del Hemiciclo valenciano sí que prohibirá sine die a las tres profesoras que protestaron durante la sesión de control al president su entrada al Parlamento. Además, la Mesa, con mayoría del PP, avisa a Compromís de que debe “instruir expresamente” a sus invitados que no pueden, como indica el reglamento, hacer manifestaciones durante la celebración de las sesiones. En caso de repetirse una situación similar, advierte la Mesa, a la coalición le sería retirado el derecho de invitar a nadie más hasta el final de la legislatura.
La huelga de profesores de la Comunidad Valenciana, sobre la que al cierre de esta edición seguía abierta la negociación, debe observarse como un síntoma más de los muchos que se han detectado en España en los últimos tiempos ante el deterioro paulatino de los servicios públicos. Nos referimos no solo a la Educación, sino también a la Sanidad y a los Servicios Sociales. El sector público carga con el mayor peso de la integración de los inmigrantes en el sistema educativo, absorbe los tratamientos más costosos para las enfermedades graves o crónicas, financia la Dependencia para decenas de miles de familias y paga las pensiones de los jubilados, entre otros. Pero lo cierto es que, y no solo en Valencia, se está construyendo un relato inquietante sobre la insostenibilidad de gran parte de estos servicios al tiempo que se adoptan decisiones que favorecen que muchos ciudadanos destinen parte de sus ingresos a costearse prestaciones privadas.
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