El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el caso Leire, ha acordado citar como investigada a la abogada Leticia de la Hoz -quien ejerce la defensa del asesor ministerial Koldo García-. Según el auto del magistrado, consultado por elDiario.es, la Audiencia Nacional acepta las múltiples diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción y señala la citación de la letrada para el 14 de julio. Asimismo, cita a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona el 10 de julio en calidad de testigo. La Fiscalía solicitó esta comparecencia para que explicara la existencia de conversaciones con la exmilitante Leire Díez.

Asimismo, el juez acuerda solicitar a la Fiscalía General del Estado (FGE) que le informe de las reuniones que pudiera haber mantenido con Leire Díez, con el empresario Javier Pérez Dolset, con el abogado del comisario Villarejo y con los letrados investigados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. En este sentido, se dirige también al Tribunal de Instancia de Majadahonda para que le envíe el procedimiento civil completo relativo al fiscal José Grinda -al que la trama presuntamente tentó con un soborno a cambio de ayuda para acabar con determinadas causas o fiscales-. A la Fiscalía Superior de Extremadura le solicita el destino que le dio a una denuncia presentada por un abogado afín a Leire Díez que buscaba torpedear la labor de la instructora del caso del hermano de Pedro Sánchez.

Por otro lado, acuerda librar mandamiento judicial a la Subdirección General de Nacionalidad dependiente de Justicia para que informe sobre el estado actual de la solicitud de nacionalidad española correspondiente al empresario Nervis Villalobos.

Además de estas diligencias, el juez acuerda una batería de declaraciones testificales que arrancarán el próximo 26 de junio y que incluyen comparecencias como la de la empresaria Carmen Pano y su chófer (29 de junio), la de Miriam Serrano -la joven que denunció al fiscal Grinda por un presunto delito sexual-, la del comandante de la Guardia Civil imputado en el caso Koldo Rubén Villalba, o la del empresario de los hidrocarburos y socio del empresario Víctor de Aldama, Claudio Rivas.

El 13 de julio será el turno de la testifical de quien fuera abogado del exministro José Luis Ábalos, José Aníbal Álvarez. Quien estuvo presente en una reunión en la que participaron Leire Díez y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

De la Hoz y Pano

La abogada Leticia de la Hoz a principios de junio, y después de que trascendiera la resolución del magistrado en la que se indicaba que la presunta trama investigada habría contado con la coordinación del ex número tres del PSOE, dirigió un escrito a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para indicar que ella nunca ofreció un soborno de 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano para comprar su silencio y evitar que declarase haber llevado dinero en efectivo a la sede del PSOE. La letrada afirmaba que fue al revés, y que fue Pano la que le pidió 10.000 euros como comisión en un negocio relacionado con los hidrocarburos.

Pano, en su momento vinculada familiarmente a Víctor de Aldama, ha declarado en diversas ocasiones que acudió a la calle Ferraz y entregó 90.000 euros en dos tandas. Algo que ha negado el propio De Aldama y de lo que Pano no ha sabido dar muchos más detalles más allá de que era dinero relacionado con Villafuel y una licencia de hidrocarburos.

Esa supuesta entrega de dinero es pues objeto de investigación en el juzgado de Pedraz, donde se investiga a la exmilitante socialista Leire Díez y el entramado creado para desacreditar a jueces, fiscales y policías implicados en investigaciones que afectan negativamente al partido. Según el juez, el abogado Ismael Oliver y Leire Díez hablaron sobre la posibilidad de “negociar” con Pano e incluso su “compra”. El auto indica que “de forma indiciaria se desprende la materialización de este ofrecimiento a través de Leticia de la Hoz”.

En cuanto a la citación de Narbona, el Ministerio Público formuló esta petición después de en la UCO detallara la existencia de una conversación de WhatsApp entre la exmilitante Leire Díez y la presidenta del partido el 24 de abril de 2024. Los agentes dicen que Leire Díez “habló de 'reconducir' los ataques al presidente, dar ayuda 'cualificada' y dar la vuelta al asunto 'como un calcetín'”. En esta misma conversación, según el informe, Narbona respondió: “Se lo habías contado a Santos [Cerdán] el otro día”.

Tras conocerse el sumario del caso, Narbona aseguró que Leire Díez no llegó a enviarle ningún documento de la información que ofrecía. Asegura que se limitó a ponerla en contacto con el 'número tres' del partido que sí las recibió y revisó y le comunicó a la presidenta del PSOE que “no tenía nada que no se supiese ya”.

El juzgado de instrucción número 49 de Madrid ha admitido las querellas interpuestas por los partidos políticos PP y Vox en las que solicitaban que se abriera investigación por un presunto delito de prevaricación administrativa en el préstamo público de 475 millones de euros concedido a la aerolínea Air Europa en noviembre de 2020. Como primera diligencia cita como investigado al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora -quien era máximo responsable del órgano que dio luz verde a ese rescate- , el próximo 3 de julio.

En un auto adelantado por El País y al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez José María Escribano señala que las querellas recibidas reúnen los requisitos marcados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, por tanto, las admite a trámite. Añade que dado que no se ha determinado ni la naturaleza ni las circunstancias de los hechos, ni las personas que en ellos han intervenido, procede a abrir diligencias previas y practicar la prueba esencial antes de decidir el procedimiento aplicable. Eso sí, acuerda casi la totalidad de lo que solicitó el PP en su querella.

Además de la declaración como investigado de Lora, requiere a la SEPI y al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) para que aporten una serie de datos y documentos, como el expediente del rescate público, los informes de fiscalización, todos los correos al respecto, los contratos de financiación y todos los detalles relativos al consejo gestor que participó en decisiones sobre el rescate de la aerolínea.

Lora es un técnico ascendido en 2017 por Cristóbal Montoro (PP) a vicepresidente de la SEPI y que ha mantenido en ese puesto por el Gobierno de Pedro Sánchez. Cuando compareció en el Senado sostuvo que nunca recibió presiones de ningún miembro del Gobierno para adjudicar los préstamos a determinadas empresas: “Tramitamos unos expedientes en base a las normativas europea y nacional, con un procedimiento riguroso y tasado”.

La querella del PP, a la que tuvo acceso elDiario.es, sostiene que Air Europa no cumplía con los requisitos legales para acogerse a ese préstamo público porque, según información publicada en prensa Globalia -matriz de la aerolínea- “mantenía a cierre del ejercicio 2019 una deuda tributaria por importe aproximado de 5,8 millones de euros, derivada de actuaciones de inspección del IVA correspondientes a los ejercicios 2012 a 2015”. Lamenta así que, pese a que uno de los requisitos exigidos para la concesión del rescate era no mantener deudas con la Hacienda Pública ni con la Seguridad Social, la SEPI recabó informe de la Abogacía del Estado que fue favorable.

Al hilo, los 'populares' recordaban en la querella que el apoyo financiero público no se concedió directamente a la aerolínea operativa, sino a través de Air Europa Holding SLU, una “sociedad interpuesta (...) que carecía de actividad real, no tenía empleados y no había generado ingresos, actuando exclusivamente como vehículo tenedor de participaciones”. Y sumaban a esto que el rescate por importe total de 475 millones de euros se estructuró en dos tramos diferenciados para así evitar “la obligación de someter la operación al control directo previo de la Comisión Europea”.

El PP entiende que los hechos encajan en el delito de prevaricación administrativa porque se trata, a su juicio, de “una resolución arbitraria” en un asunto administrativo dictada por autoridad o funcionario público a sabiendas de su injusticia. Explica que fue el consejo gestor del FASEE el órgano administrativo que instruyó y decidió materialmente si la empresa cumplía o no los requisitos.