Durante los últimos días, España ha visto al Papa León XIV bendecir bebés. La visita del Pontífice ha estado marcada por una sucesión de instantáneas cuidadosamente construidas alrededor de una idea sencilla: la cercanía.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su equipo de asesores en Moncloa, parece haber tomado nota. Por eso, el jefe del Ejecutivo se ha dejado ver este jueves cogiendo en brazos a un bebé, sonriendo a la cámara.

En política, las fotografías rara vez son inocentes. Menos aún cuando atraviesan uno de los momentos más delicados de una legislatura. Moncloa sabe que la batalla que libra el presidente no se desarrolla únicamente en los juzgados, en el Congreso o en los medios de comunicación. También se libra en el terreno de los símbolos.

La foto con el bebé es un código básico de la comunicación política, porque humaniza al dirigente. Ese es el motivo por el que suele ser un básico de las campañas electorales. La imagen pretende acercar al candidato a los ciudadano y situarlo en un espacio emocional donde desaparecen durante unos segundos los sumarios judiciales, las investigaciones policiales y las crisis de partido.

El Gobierno ha intentado aprovechar la presencia del Pontífice para regresar a una agenda más favorable. Sánchez destacó durante su encuentro con el Papa las coincidencias entre ambos en materia migratoria y en la defensa de la paz.

Y el ministro Félix Bolaños insistió después en la plena sintonía del Ejecutivo con algunos de los mensajes pronunciados por el líder de la Iglesia católica ante las Cortes Generales. La estrategia era evidente: asociar al Gobierno con los grandes consensos humanitarios que León XIV ha reivindicado durante su estancia en España.

Óscar López ha elevado este jueves la ofensiva del Gobierno contra el Poder Judicial. El ministro de Transformación Digital, en uno de los momentos más delicados de la legislatura, con el PSOE cercado por varios procedimientos judiciales y con la investigación de las denominadas cloacas socialistas, ha incidido en que en España «hay jueces que prevarican» y les ha recordado que «la Justicia no gobierna». «Gobierna el Gobierno», ha remachado.

López se ha pronunciado en un acto organizado por el diario Público en el que ha compartido protagonismo junto al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, recientemente condenado por un delito de revelación de secretos en el caso relacionado con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

García Ortiz ha acudido a recoger un premio como Personaje del Año. El simbolismo ha sido difícil de ignorar. Mientras una parte de la judicatura considera acreditada la actuación ilícita del antiguo máximo responsable del Ministerio Público, uno de los ministros más próximos a Pedro Sánchez ha aprovechado para poner en cuestión la actuación de determinados jueces.

El ministro ha recurrido incluso a la ironía para lanzar el mensaje. «Para que me entiendan algunos en el Tribunal Supremo», ha dicho antes de deslizar que «hay jueces que prevarican». Después ha añadido una coletilla cargada de intención: «Y si no son ellos, es alguien de su entorno».

La intervención del ministro encaja en una estrategia cada vez más visible dentro del núcleo duro de Moncloa. El Gobierno ha pasado de defenderse de las investigaciones judiciales a cuestionar abiertamente a quienes las impulsan. Primero, fueron las críticas a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Después llegaron las acusaciones contra determinados jueces. Ahora es un ministro quien verbaliza sin rodeos que algunos magistrados cometen delitos en el ejercicio de sus funciones.

La paradoja es que López ha formulado esas acusaciones al tiempo que ha reivindicado la separación de poderes. «El Gobierno gobierna, el Parlamento legisla y la Justicia hace justicia», ha dicho. Pero inmediatamente después ha introducido el matiz que revela el trasfondo político de la intervención: «La Justicia no gobierna. Gobierna el Gobierno. Y gobierna gracias a los votos».

El mensaje es la respuesta política de Moncloa al momento que atraviesa el Ejecutivo. El núcleo duro del presidente, al que pertenece Óscar López, está convencida de que una parte de la oposición, determinados medios de comunicación y algunos sectores judiciales participan en una misma ofensiva destinada a desgastar al presidente.

Ese convencimiento se ha convertido en uno de los ejes centrales del relato gubernamental desde los cinco días de reflexión de Sánchez en abril de 2024. Y cada nueva investigación, cada auto judicial y cada revelación sobre el entorno socialista refuerzan esa percepción dentro del círculo presidencial.

Por eso, López ha querido dejar claro que el Ejecutivo seguirá presentándose como un Gobierno que combate la corrupción, pero que no está dispuesto a aceptar que cualquier investigación o procedimiento judicial se convierta automáticamente en una condena política. «No hay nada peor que la corrupción», ha admitido.

Se trata de sostener que detrás de la acumulación de procedimientos existe una voluntad de derribo político. Y, en esa batalla, el Gobierno parece dispuesto a elevar cada vez más el tono frente a quienes considera responsables de impulsarla.

Cada nueva revelación sobre Leire Díez revienta los argumentos que están utilizando el Gobierno y el PSOE para defenderse desde que estallara el caso: la idea de que la exmilitante cántabra actuaba al margen de las estructuras de poder del partido y de que no tenía influencia; que «no era Mata Hari».

Pero las reuniones, llamadas y mensajes conocidos en los últimos días dibujan a una persona que mantenía interlocución con dirigentes socialistas de primer nivel, como la presidenta del PSOE, la directora de la Guardia Civil, el número dos del ex fiscal general del Estado y la exdirectora de comunicación de Ferraz Maritcha Ruiz. De manera que todo parece indicar que Leire Díaz, pese al relato del Gobierno, gozaba de una capacidad de acceso difícilmente compatible con la imagen de una militante irrelevante. «Leire Díez no podía tener poderes para alterar procesos judiciales», insisten en Moncloa.

Los nuevos mensajes conocidos constituyen un salto cualitativo. Ya no se trata únicamente de reuniones institucionales o de coincidencias en actos públicos. Las conversaciones reflejan una relación de confianza y familiaridad de Leire Díez con dirigentes y cuadros relevantes del socialismo. La propia ministra portavoz, Elma Saiz, habría intercambiado mensajes con ella cuando ambas desempeñaban responsabilidades institucionales en Navarra. Otras conversaciones revelan un trato cercano con personas estrechamente vinculadas al núcleo político del PSOE.

Desde el Gobierno insisten en que ninguno de esos intercambios acredita por sí mismo la existencia de actuación irregular alguna. Y, en verdad, tampoco demuestran que sus interlocutores conocieran las actividades que hoy investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Pero sí hace más difícil al Gobierno sostener que Leire Díez era una figura marginal, desconocida o ajena a los círculos de influencia socialistas, como sigue esforzándose en hacer.

El problema para el PSOE es que el caso está dejando de girar exclusivamente alrededor de las actividades atribuidas a Leire. La atención empieza a desplazarse hacia su agenda de contactos. Y cada nuevo mensaje, fotografía o reunión amplía el número de dirigentes, cargos públicos y personas próximas al sanchismo que aparecen vinculadas a ella de una u otra forma. La defensa construida por el partido ha ido mutando con el tiempo.

Primero insistió en que Leire no representaba al PSOE. Después sostuvo que actuaba por su cuenta. Más tarde admitió que mantenía relaciones con dirigentes socialistas, aunque sin relación alguna con la trama investigada. Ahora, la discusión gira sobre otra cuestión: si resulta creíble que una persona que hablaba con ministros, altos cargos, responsables de comunicación y personas próximas al núcleo presidencial fuera, al mismo tiempo, una militante sin peso político ni capacidad de influencia.

Pedro Sánchez, ya fijó su cortafuegos la semana pasada cuando negó cualquier conocimiento de la operación atribuida al ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán y a Leire Díez para torpedear las investigaciones policiales y judiciales que afectan al partido, al Ejecutivo y al propio presidente.

Hasta la fecha, ninguna actuación judicial ha acreditado que Sánchez conociera las actividades de la «trama». El presidente lo ha negado de forma categórica.

Pedro Sánchez ya fijó su cortafuegos la semana pasada cuando negó cualquier conocimiento de la operación atribuida al ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán y a la exmilitante socialista Leire Díez para torpedear las investigaciones policiales y judiciales que afectan al partido, al Ejecutivo y al propio presidente.

La novedad es que Moncloa empieza ahora a construir un segundo anillo de protección: la idea de que la propia investigación carece de recorrido respecto al presidente. Lo cierto es que no se trata solo de una defensa de su inocencia. Moncloa va un paso allá. Se trata de una defensa preventiva frente a cualquier posible evolución futura de la instrucción. Fuentes gubernamentales reiteran que «no hay ningún indicio o motivo» para que el juez al frente del caso, el magistrado Santiago Pedraz, termine investigando formalmente al jefe del Ejecutivo. O le llame siquiera a declarar como testigo.

Las fuentes consultadas en Moncloa admiten que el Ejecutivo, así como sus servicios jurídicos, han realizado una lectura pormenorizada de la dirección que está tomando la investigación. Y considera que, al menos en el corto plazo, no existen elementos objetivos que permitan conectar al presidente con los hechos que investiga el juez. Ese es el motivo por el que la defensa gubernamental ha dejado de ser reactiva y pasa a ser ofensiva.

Moncloa ya no responde a cada revelación. Y desde ayer quiere fijar la idea de que el recorrido judicial de las cloacas del PSOE tiene un límite claro: el propio Sánchez. Pero, tras este segundo muro del Gobierno, hay otros objetivos políticos. Por ejemplo, tranquilizar a los suyos y transmitir sensación de control. También de cara a los socios parlamentarios, porque la mera posibilidad de que la investigación apunte al presidente o al propio partido genera incertidumbre.

Moncloa también intenta instalar la idea de que cualquier eventual movimiento que afecte al presidente carecería de base. El núcleo duro del presidente es consciente de que su principal problema no reside necesariamente en que la investigación de las cloacas del PSOE, termine encontrando una prueba que le vincule de forma directa con la trama.

La amenaza es otra, casi imposible de desactivar ante la opinión pública: que cada nueva revelación erosione la credibilidad de una idea que constituye hoy el núcleo de su defensa. Y que no es otra que la de que Santos Cerdán, el colaborador en el que más confió durante los últimos años pudo desarrollar una actividad de semejante alcance sin que él tuviera conocimiento alguno.

Porque pocos dirigentes acumularon tanto poder en el PSOE sin haber ocupado jamás una cartera ministerial. La implicación de Cerdán ha dejado suspendida sobre el presidente una pregunta cada vez más incómoda: cómo pudo depositar semejante cuota de confianza en quien hoy puede llevarse el Gobierno por delante.

Hasta la fecha, ninguna actuación judicial ha acreditado que Sánchez conociera las actividades que investiga la Audiencia Nacional. El presidente lo ha negado de forma categórica y ha insistido en que jamás las habría consentido. Cerdán, por su parte, continúa rechazando todas las acusaciones y presentándose como víctima de una operación política y judicial que busca «destruir personas».

Sin embargo, existe un elemento que sigue incomodando especialmente al Ejecutivo. La investigación describe una organización cuyos objetivos coinciden de forma llamativa con el relato político que Sánchez y su núcleo duro empezaron a construir tras sus cinco días de reflexión en abril de 2024: la denuncia de una supuesta ofensiva judicial, mediática y política contra su Gobierno y su entorno.

Nadie, por ahora, ha demostrado que existiera coordinación entre ambos planos. Pero la coincidencia entre lo que perseguía presuntamente la trama y lo que defendía públicamente el presidente se ha convertido en una de las sombras más difíciles de disipar para el Ejecutivo.

Otras fuentes del Gobierno minimizaron ayer el alcance de la trama de las cloacas del PSOE, a cutos implicados atribuyen una tentativa inidónea. Es decir, una clara y manifiesta voluntad de delinquir, actos dirigidos a consumar el delito, pero una imposibilidad objetiva de lograrlo. Por eso, insisten: «No tiene recorrido».