Los pronósticos se han cumplido. El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido elevar este jueves los tipos de interés en 25 puntos básicos para contener el repunte de la inflación provocado por el encarecimiento de la energía y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Se trata de la primera subida del precio del dinero desde septiembre de 2023. La decisión supone un giro en la política monetaria de la eurozona, justo cuando se cumple un año de la última rebaja del precio del dinero, y tendrá consecuencias directas sobre las hipotecas, el euríbor y la rentabilidad del ahorro.

El euríbor podría romper la barrera del 3%

"La pregunta ya no es tanto si el BCE mueve ficha, sino cómo afectará esa decisión al bolsillo de los ciudadanos", reconocen desde el comparador HelpMyCash. La principal consecuencia ya se está reflejando en el euríbor, el principal índice de referencia de la mayoría de las hipotecas variables en España. El indicador acumula varios meses al alza y cerró mayo en el 2,804%, su nivel más elevado de los últimos 20 meses. Aunque los mercados ya descontaban la decisión anunciada este jueves por el organismo bancario, el euríbor suele anticipar los movimientos de la institución y reaccionar a las expectativas sobre la evolución futura de los tipos de interés. Por ello, pese a que la subida no supondrá un salto brusco en el indicador, podría repuntar y superar la barrera del 3%, tal y como apunta el experto del Instituto Español de Analistas (IEA), Javier Santacruz.

Según la asociación de usuarios financieros Asufin, una subida del euríbor supondría un incremento de más de 42 euros mensuales por cada 100.000 euros de hipoteca a 25 años, lo que en un préstamo de 300.000 euros elevaría la cuota en torno a 120 euros al mes, es decir, más de 1.400 euros adicionales al año.

Acceso más exigente a la financiación

"No sería de extrañar que viésemos más subidas después del verano. Sin duda son malas noticias para los consumidores, tanto para quienes tienen una hipoteca a tipo variable, o los que firmaron una hipoteca a tipo mixto hace unos años y les toca pasar al tipo variable, como para quienes estén en proceso de compra de vivienda y necesiten financiación", explica Juan Villén, director general de Idealista/hipotecas.

En este contexto, desde HelpMyCash advierten de que el acceso a la financiación será cada vez más exigente. El encarecimiento del precio del dinero suele traducirse en condiciones hipotecarias más restrictivas, con cuotas mensuales más elevadas y mayores requisitos para acreditar solvencia y capacidad de pago. Según Olivia Feldman, economista y cofundadora de HelpMyCash, esta situación coincide además con un escenario poco habitual en el mercado inmobiliario: "Tradicionalmente, cuando la financiación se encarece, los precios inmobiliarios tienden a moderarse. Sin embargo, estamos viviendo un momento excepcional en el que ambas variables siguen en niveles muy elevados".

No obstante, Ricardo Gulias, consejero delegado de RN Tu Solución Hipotecaria, asegura que la decisión del BCE era "más que previsible" y que el mercado hipotecario "llevaba tiempo trabajando con este escenario": "Ya habíamos visto cómo algunas entidades comenzaban a ajustar ligeramente sus ofertas porque la subida del BCE se daba prácticamente por hecha". Ante este escenario, mantiene una visión optimista para el conjunto de 2026 y considera que tanto las compraventas como la firma de hipotecas seguirán registrando cifras elevadas.

En esta línea, Emiliano Bermúdez, subdirector general de la red inmobiliaria donpiso, asevera que, pese a que cualquier subida de tipos afecta al mercado inmobiliario, este incremento de 25 puntos básicos no debería generar un "impacto significativo ni en la demanda ni en la evolución de los precios de la vivienda". Y señala que el problema no reside en esta decisión, sino en una escalada continuada de tipos que afectaría al volumen y el precio de las compraventas. Sin embargo, "ese escenario parece poco probable dada la fragilidad que sigue mostrando la economía europea", concluye Bermúdez.

La rentabilidad del ahorro

Pero no todo son malas noticias. El encarecimiento del dinero también abre nuevas oportunidades para los ahorradores, que pueden obtener una mayor rentabilidad por el dinero depositado en cuentas y productos de ahorro. La expectativa de nuevas subidas por parte del BCE ha reactivado la competencia entre bancos y plataformas financieras para captar clientes mediante productos de ahorro más atractivos.

Algunas entidades ya han comenzado a mover ficha. Es el caso de Trade Republic, que ha elevado hasta el 3% TAE la remuneración de su cuenta para nuevos clientes. Olivia Feldman asegura que pasar de una rentabilidad del 2% al 3% supone incrementar el rendimiento del ahorro en un 50%, una mejora significativa "que los ahorradores deberían aprovechar".

Desde el comparador recuerdan que esta competencia por el ahorro ha sido poco habitual en España durante los últimos años, pero el nuevo escenario de tipos más elevados está llevando a las entidades a utilizar las cuentas remuneradas y los depósitos como herramientas para ganar cuota de mercado. No obstante, los expertos recomiendan analizar bien las condiciones de estos productos y diversificar el ahorro entre distintas alternativas, combinando cuentas remuneradas y depósitos para aprovechar la rentabilidad actual sin renunciar a la flexibilidad.

El turismo español mantiene su fortaleza tras el año récord de 2025. A pesar de un inicio de 2026 marcado por las adversas condiciones meteorológicas, una menor intensidad de la demanda y las incidencias en el transporte ferroviario, los destinos turísticos lograron incrementar sus ingresos un 4% en comparación con los cuatro primeros meses del año pasado.

Según el último Barómetro de la Rentabilidad y el Empleo de los Destinos Turísticos Españoles elaborado por Exceltur, la mejora registrada a partir de Semana Santa responde, en gran medida, al denominado efecto de las "rentas de seguridad" de los destinos españoles, que ha llevado a numerosos viajeros internacionales a optar por nuestro país frente a otros destinos afectados por la inestabilidad derivada del conflicto de Oriente Medio.

No obstante, el comportamiento del sector ha sido desigual. De los 102 destinos analizados, 63 lograron aumentar sus ingresos entre enero y abril, mientras que 39 registraron retrocesos respecto a 2025.

Las ciudades lideran el crecimiento turístico

Los destinos urbanos fueron los grandes protagonistas del inicio de año. Sus ingresos aumentaron un 5,9%, muy por encima del avance del 0,1% registrado por los destinos vacacionales.

El impulso de los destinos urbanos se explica principalmente por el crecimiento del turismo internacional, que aumentó un 4%, compensando las dificultades generadas por los problemas ferroviarios y la menor llegada de viajeros nacionales. Además, la reducción de la oferta de viviendas turísticas en algunas ciudades también contribuyó a reforzar la rentabilidad hotelera.

Entre las grandes capitales, Alicante y Valencia destacaron como las más dinámicas, con incrementos de ingresos del 16,8% y el 13,6%, respectivamente, consolidando su recuperación tras los efectos de la DANA. También sobresalieron Sevilla (+12,2%) y Málaga (+11,1%), impulsadas por una sólida demanda internacional y una mejora de las conexiones aéreas.

Barcelona mantuvo su posición como el destino urbano con mayor rentabilidad hotelera de España. La ciudad registró ingresos medios de 130,6 euros por habitación disponible, un 7,1% más que un año antes, gracias al peso del turismo internacional y del segmento de congresos y eventos profesionales.

Madrid, por su parte, registró un crecimiento más moderado (4,6%), apoyado igualmente en el aumento de visitantes extranjeros, mientras que la demanda nacional se vio penalizada por las incidencias en la red ferroviaria, cayendo un 4,8%.

El turismo de interior gana fuerza

Más allá de las grandes ciudades, los destinos del interior mantuvieron una evolución especialmente positiva. Albacete, Ciudad Real y Zamora registraron aumentos superiores al 20%, mientras que Zaragoza, Burgos, Palencia, Toledo y Tarragona también destacaron por sus avances de dos dígitos.

Este dinamismo se debe a "la puesta en valor de su oferta cultural y el tirón de la demanda nacional, tanto de viajes lúdicos de proximidad como de negocios", explican desde Exceltur.

La costa avanza a menor ritmo

Los destinos vacacionales mostraron una evolución mucho más moderada. Las condiciones meteorológicas adversas, el adelanto de la Semana Santa y la debilidad de algunos mercados emisores limitaron el crecimiento durante los primeros meses del año.

Sin embargo, los enclaves mejor posicionados y con una oferta de mayor categoría sí lograron resultados destacados. Adeje, en Tenerife, volvió a liderar la rentabilidad turística nacional, con ingresos medios de 181,5 euros por habitación disponible. También sobresalieron Cambrils (+51,2%), Salou (+46,1%) y Estepona (+41,9%).

En cambio, otros destinos que continúan en temporada baja han registrado descensos. Es el caso de Mallorca (-4,6%), Menorca (-1,1%), Benidorm (-1,2%) o varias zonas costeras de Andalucía, aunque las reservas para los próximos meses apuntan a una recuperación progresiva.

Una vivienda no siempre es para toda la vida. Esta es la realidad de miles de personas en España, especialmente de quienes viven de alquiler. La finalización de los contratos, las subidas de renta o los cambios laborales y familiares obligan cada año a numerosos inquilinos a buscar un nuevo hogar. Solo este año, más de 630.000 contratos de arrendamiento han llegado a su fin. Cuando llega el momento de la mudanza, comienzan también las gestiones: embalar pertenencias, contratar una empresa especializada, dar de alta o cambiar suministros y actualizar el empadronamiento, entre otros trámites que acompañan al traslado. Sin embargo, lo que muchos empleados desconocen es que la legislación laboral reconoce un permiso retribuido para afrontar este proceso sin tener que recurrir a vacaciones ni perder salario.

El artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores establece que cualquier empleado por cuenta ajena tiene derecho a ausentarse de su puesto de trabajo cuando traslade su domicilio habitual. Se trata de un permiso retribuido, por lo que el trabajador puede ausentarse de su puesto sin que ello afecte a su salario.

Además, este tiempo se considera trabajo efectivo, lo que significa que no se descuenta de las vacaciones anuales ni debe recuperarse posteriormente. De esta forma, el empleado puede dedicar la jornada a realizar la mudanza sin sufrir ninguna penalización económica.

¿Cuántos días corresponden por mudanza?

La normativa laboral fija un mínimo de un día de permiso retribuido para todos los trabajadores que cambien su residencia habitual, independientemente de si el traslado se produce dentro de la misma ciudad o hacia otro municipio.

No obstante, numerosos convenios colectivos mejoran esta condición. En algunos sectores se conceden dos o tres días cuando la mudanza implica un cambio de localidad o un desplazamiento de cierta distancia. Asimismo, existen convenios que contemplan hasta cinco días de permiso cuando el traslado supone cambiar de comunidad autónoma o incluso fijar la residencia en otro país por motivos laborales.

Por este motivo, los expertos en relaciones laborales recomiendan revisar siempre el convenio colectivo aplicable antes de solicitar el permiso, ya que las condiciones pueden resultar mucho más beneficiosas que las previstas con carácter general en el Estatuto de los Trabajadores.

¿Cómo se puede solicitar el permiso?

Aunque el procedimiento para pedir este permiso retribuido suele ser sencillo, conviene seguir una serie de pasos para evitar conflictos con la empresa. Lo más recomendable es comunicar la mudanza con suficiente antelación, preferiblemente unos 15 días antes de la fecha prevista para el traslado.

La solicitud debe realizarse por escrito y dirigirse al departamento de recursos humanos indicando la fecha del cambio de domicilio y los días de permiso que se pretenden disfrutar.

Junto a la petición, es aconsejable adjuntar la documentación que acredite el cambio de residencia: contrato de alquiler, escrituras de compraventa, certificado de empadronamiento, contrato con la empresa de mudanzas... Además, los especialistas recomiendan conservar una copia de la solicitud y obtener una confirmación escrita de la empresa para evitar posibles incidencias futuras.

Las empresas españolas pierden una media de 3.037 euros al año por trabajador debido al absentismo, la rotación no deseada y el bajo desempeño. Detrás de esta factura multimillonaria se encuentra principalmente una desconexión creciente entre los empleados y sus organizaciones. Esta es una de las principales conclusiones del Primer Informe sobre el Estado de las Personas en la Empresa en España 2026, elaborado por la consultora Dathum a partir del análisis de más de 31.000 trabajadores de 15 sectores económicos durante los últimos cinco años.

Del coste total de 3.037 euros por empleado, alrededor de 700 euros corresponden al absentismo no deseado, cerca de 1.000 euros a la rotación no planificada y más de 1.100 euros al bajo rendimiento laboral. Sumado al conjunto de la economía, el impacto asciende a miles de millones de euros cada año.

El aburrimiento supera al estrés

Uno de los hallazgos más llamativos del informe desmonta una de las creencias más extendidas en el ámbito laboral: el estrés no es el principal desencadenante del absentismo. Según los datos analizados, la correlación entre estrés percibido y absentismo es prácticamente inexistente. En cambio, la apatía y el aburrimiento aparecen como los factores más estrechamente vinculados a las ausencias laborales.

El 12,6% de la fuerza laboral está en zona de aburrimiento, un porcentaje que no deja de subir año tras año. Este problema suele pasar desapercibido en muchas empresas, que no toman medidas al respecto. El trabajador continúa acudiendo a su puesto, cumple con sus tareas y no genera conflictos aparentes, pero ha dejado de sentirse vinculado al proyecto empresarial hasta caer en una "zona de vacío".

Mientras que los trabajadores sometidos a situaciones de sufrimiento generan diez veces más absentismo que aquellos que se encuentran en condiciones óptimas, quienes caen en esa zona de vacío multiplican por 17,8 las probabilidades de ausentarse.

Falta de reconocimiento

Hay otro problema silencioso que resulta carísimo a las empresas: cuatro de cada diez trabajadores han dejado de creer que su trabajo importa o tiene valor dentro de la organización. "Cuando a la gente no les dices si lo hacen bien o mal, se te empiezan a apagar", asegura Roberto Rodríguez, cofundador de Dathum.

Las consecuencias económicas son significativas. Los empleados con bajos niveles de reconocimiento registran tasas de absentismo 16 veces superiores y niveles de productividad hasta 15 veces inferiores respecto a quienes sienten que su aportación es valorada.

El liderazgo desempeña un papel determinante en este fenómeno. Las empresas con modelos de dirección inclusivos, donde los trabajadores pueden participar, crecer y sentirse escuchados, presentan niveles de reconocimiento notablemente superiores a aquellas donde predominan estilos de gestión excluyentes o excesivamente paternalistas.

La generación más productiva, la más desconectada

El informe también identifica un punto crítico en la franja de edad comprendida entre los 35 y los 44 años. Este colectivo, que concentra buena parte de las responsabilidades operativas y de gestión dentro de las empresas, presenta simultáneamente los peores indicadores de compromiso, productividad, reconocimiento profesional y absentismo. Concretamente, el 63% del compromiso de las personas de esta franja de edad es el más bajo de toda la curva activa.

Los autores alertan de que esta situación es preocupante porque afecta a uno de los segmentos con mayor capacidad de innovación y transformación dentro de las organizaciones. En un contexto económico marcado por la digitalización y el cambio tecnológico, la pérdida de implicación de estos perfiles puede convertirse en un importante lastre para la competitividad empresarial.

La paradoja del salario

Aspectos como el reto profesional, la autonomía o las oportunidades de aprendizaje han perdido peso entre las prioridades laborales de los trabajadores. En su lugar, la estabilidad se ha consolidado como una de las principales preocupaciones, tras aumentar 14 puntos porcentuales en el último año en un contexto marcado por la incertidumbre económica y social. Junto al salario y la disponibilidad de tiempo, estos factores se sitúan ahora por encima de elementos tradicionalmente asociados a la realización profesional. Esta evolución refleja un cambio de tendencia hacia motivaciones más extrínsecas, cuyo peso alcanza ya el 54,4%, frente al 44,8% registrado en 2021.

"El modelo de retención basado en desarrollo, autonomía y reto ya no funciona. Estos factores pierden peso frente a prioridades vinculadas a seguridad, control del tiempo y protección frente a la incertidumbre", explican desde Dathum.

Además, a menudo, cuando el dinero se convierte en la principal reivindicación de los trabajadores, no es únicamente una cuestión salarial. De hecho, las personas que sitúan la subida de sueldo como su máxima prioridad presentan un nivel de compromiso 11,7 puntos inferior y una capacidad de transformación 10 puntos menor que quienes no colocan la remuneración en el centro de sus preocupaciones. Más que hablar de dinero, estos datos apuntan al tipo de trabajo y al contexto laboral. Cuando el salario emerge como la demanda principal, suele ser el síntoma visible de un problema más profundo: trabajadores que se encuentran en una situación de vacío, con escaso reconocimiento profesional o sometidas durante demasiado tiempo a estilos de liderazgo que limitan su autonomía.

La alimentación saludable sigue siendo una prioridad para los hogares españoles incluso en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y las tensiones económicas. Así lo refleja la octava edición del Observatorio de Productos Frescos de Aldi, que revela que el consumo de alimentos frescos aumentó un 1,4% en volumen durante 2025, consolidando la resistencia de esta categoría frente a otros cambios en los hábitos de gasto.

El estudio muestra que las familias destinan el 44% de su presupuesto total de alimentación a productos frescos, una cifra que equivale a unos 42 euros semanales o 2.223 euros al año. Además, estos alimentos representan actualmente el 35% de los productos que integran la cesta de la compra.

"Lejos de recortar, el consumidor ha adaptado sus rutinas para proteger su economía sin rebajar la calidad de su dieta", explican desde la cadena de supermercados. La búsqueda de una mayor eficiencia en el gasto ha impulsado cambios tanto en la frecuencia de las compras como en el canal elegido para realizarlas.

El precio gana protagonismo

El informe también pone de relieve la creciente importancia del ahorro en las decisiones de compra. Aldi señala que el precio medio de los productos frescos en sus establecimientos es un 15% inferior al promedio del sector.

Según los cálculos de la compañía, las familias que concentran sus compras de productos frescos en sus tiendas podrían ahorrar hasta 563 euros al año gracias a las reducciones de precio y promociones aplicadas en esta categoría.

El supermercado refuerza su posición

Los supermercados continúan consolidándose como el principal punto de venta para los productos frescos en España. Según el informe, el 59% de estas compras se realizan ya en este canal, frente al 58% registrado el año anterior.

Dentro del sector, destaca especialmente el crecimiento de los supermercados de "surtido corto", formato en el que opera Aldi. Este modelo se ha convertido en el que más compradores incorpora y el que registra un mayor avance, con un crecimiento del 1,3%. Además, ya concentra más de un tercio de las ventas totales de productos frescos y ha incrementado un 6,9% la frecuencia de compra de sus clientes.

La tendencia también se refleja en la evolución de la propia cadena alemana, que asegura haber aumentado un 7,1% su base de compradores en la categoría de frescos durante el último año.

Más visitas y cestas más pequeñas

La presión sobre el presupuesto familiar ha llevado a los consumidores a adoptar estrategias de compra más planificadas. Aunque el volumen de productos frescos consumidos se ha recuperado un 2,3% respecto a 2022, las familias realizan ahora compras más frecuentes y de menor tamaño.

En concreto, los españoles acuden al supermercado una media de 197 veces al año para adquirir productos frescos. Sin embargo, cada compra contiene una media de 2,9 kilos, lo que supone un descenso del 9% respecto a 2022. Este cambio permite distribuir mejor el gasto a lo largo de la semana y reducir el desperdicio alimentario.

La prestación contributiva por desempleo, más conocida como paro, es una ayuda que recibe una persona cuando pierde su empleo por causas ajenas a su voluntad. Por tanto, la baja voluntaria impide, con carácter general, acceder de forma inmediata a esta prestación. Cuando un empleado decide abandonar su puesto, pierde el derecho a solicitar el paro, aunque conserve todas las cotizaciones acumuladas hasta ese momento.

Sin embargo, la situación cambia si, tras la dimisión, encuentra otro empleo y este finaliza por una causa legal, como un despido, el fin de un contrato temporal, un expediente de regulación de empleo (ERE) o la no superación del periodo de prueba por decisión de la empresa. En estos casos, el trabajador puede recuperar el acceso a la prestación generada con las cotizaciones anteriores.

La normativa también contempla supuestos en los que se encadenan varios contratos de corta duración. Si la relación laboral posterior a la baja voluntaria termina antes de que transcurran tres meses desde la renuncia, el SEPE puede denegar inicialmente la prestación. Una vez superado ese plazo y siempre que la pérdida del empleo sea involuntaria, el trabajador podrá solicitar el paro utilizando las cotizaciones acumuladas.

Además de encontrarse en situación legal de desempleo, es imprescindible haber cotizado el tiempo mínimo exigido. Con 360 días cotizados se generan 120 días de prestación, mientras que con 2.160 días cotizados, equivalentes a unos seis años, se alcanza el máximo de 720 días de paro.

El riesgo de pactar un despido para cobrar el paro

Ante la imposibilidad de acceder al desempleo tras una baja voluntaria, algunas empresas y trabajadores recurren a un despido disciplinario para que el empleado pueda solicitar la prestación.

Aunque esta fórmula evita el pago de indemnizaciones y permite acceder al paro de forma inmediata, constituye un fraude. Si el SEPE o la Inspección de Trabajo detectan que el despido ha sido pactado, el trabajador deberá devolver todas las prestaciones percibidas y perderá el derecho a seguir cobrando el desempleo.

Las consecuencias también afectan a la empresa. La normativa prevé la pérdida de bonificaciones e incentivos fiscales durante un periodo de hasta seis años, además de sanciones económicas que pueden superar los 7.500 euros y alcanzar cuantías mucho más elevadas en función de la gravedad del caso.

Las excepciones que sí permiten cobrar el paro

No obstante, el Estatuto de los Trabajadores recoge determinadas situaciones en las que una baja voluntaria puede tener efectos similares a un despido. Entre ellas figuran los cambios sustanciales en las condiciones de trabajo, los traslados forzosos, el acoso laboral, los impagos o retrasos reiterados en el salario y determinados supuestos de violencia de género.

En estos casos, si las circunstancias quedan debidamente acreditadas, el trabajador puede tener derecho tanto a una indemnización como al reconocimiento de la prestación por desempleo.

Después de toda una vida en el mercado laboral, millones de trabajadores comparten un mismo objetivo: llegar a la jubilación con suficientes años cotizados para garantizarse la mejor pensión posible. La mayoría asume que, al finalizar su carrera profesional, tendrá derecho a una única prestación. Sin embargo, la Seguridad Social contempla una excepción poco conocida que permite a determinados trabajadores cobrar dos pensiones de jubilación al mismo tiempo, siempre que hayan generado ese derecho en regímenes diferentes y cumplan los requisitos exigidos por la normativa.

Con carácter general, el sistema impide cobrar simultáneamente dos pensiones contributivas, ya sean dos de jubilación o una de jubilación y otra de incapacidad permanente. No obstante, la propia Seguridad Social aclara que una persona puede tener derecho a dos prestaciones "siempre que cumpla los requisitos exigidos por separado en cada régimen".

Esta posibilidad también está recogida en el artículo 163 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que las pensiones del Régimen General serán incompatibles entre sí cuando coincidan en un mismo beneficiario, salvo que exista una disposición legal o reglamentaria que indique lo contrario.

Requisitos para cobrar dos pensiones

La clave para acceder a dos pensiones de jubilación es haber cotizado en regímenes diferentes. El caso más habitual es el de trabajadores que han desarrollado parte de su carrera profesional como asalariados en el Régimen General y otra como autónomos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), aunque la norma es aplicable a cualquier combinación de regímenes.

En cada uno de ellos debe haberse generado el derecho a la jubilación de forma independiente. Esto implica acreditar al menos 15 años de cotización, de los cuales dos deben encontrarse dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de solicitar la prestación.

Si el trabajador no se encuentra dado de alta en ambos regímenes cuando presenta la solicitud, la Seguridad Social exige que las cotizaciones de los distintos sistemas se hayan superpuesto durante un mínimo de 15 años.

¿Cómo se calcula la cuantía?

La cuantía de cada pensión se calcula por separado y posteriormente ambas cantidades se suman. Desde el 1 de enero de 2026, la Seguridad Social aplica un sistema dual para determinar la base reguladora y utiliza automáticamente la fórmula que resulte más favorable para el trabajador.

La primera opción consiste en tomar las bases de cotización de los últimos 25 años y dividirlas entre 350. La segunda, introducida por la reforma de pensiones, selecciona las 302 mejores bases de cotización de los 304 meses previos a la jubilación y las divide entre 352,33, descartando así las dos mensualidades menos favorables. Una vez obtenida la base reguladora, se aplica el porcentaje correspondiente según los años cotizados. En 2026 será necesario acreditar 36 años y seis meses para alcanzar el 100% de la prestación.

Pese a ello, la suma de ambas pensiones no podrá superar el límite máximo fijado para 2026, situado en 3.359,60 euros mensuales o 47.034,40 euros anuales distribuidos en 14 pagas.

¿Qué ocurre si no se cumplen los requisitos?

Cuando no se reúnen las condiciones necesarias para generar dos pensiones independientes, las cotizaciones no se pierden. En esos casos entra en juego el denominado cómputo recíproco entre regímenes, que permite sumar los periodos cotizados para acceder a una única prestación.

Además, en situaciones de pluriactividad, cuando un trabajador cotiza simultáneamente en varios regímenes, no se contabilizan dos días de cotización por cada jornada trabajada. Lo que sí se acumulan son las bases de cotización, siempre dentro de los límites máximos establecidos por la normativa.