El Ayuntamiento de Fuentes de León (Badajoz, 2.120 habitantes) adelantó 15 minutos el espectáculo de fuegos artificiales previsto para la medianoche del pasado 7 de junio después de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) situara al municipio en riesgo alto de incendio a partir de las 00.00 horas.

Según el bando municipal difundido a las 14.25 horas, el lanzamiento pirotécnico, inicialmente programado para las 12 de la noche, pasaba a celebrarse a las 23.45 porque se había recibido ese aviso de la AEMET, que suponía la prohibición de celebrar los fuegos artificiales. La decisión ha generado polémica y críticas por parte de Ecologistas en Acción, que considera que el cambio horario supuso una maniobra para evitar la entrada formal en vigor de la alerta sin que variaran las condiciones meteorológicas que motivaban el aviso.

En un comunicado, la organización ecologista sostiene que “la gestión de la seguridad pública y la protección del medio ambiente no pueden depender de la picaresca horaria ni de la improvisación de última hora”, por lo que el comunicado del ayuntamiento “demuestra que, en ocasiones, las instituciones locales prefieren buscar atajos burocráticos que ponen en peligro el entorno y la seguridad”. A su juicio, adelantar el espectáculo “apenas 15 minutos” no reduce el riesgo real sobre el terreno.

“Argumentar que este cambio de última hora está motivado exclusivamente por seguridad y prevención supone un insulto a la lógica y a la inteligencia de los ciudadanos. Todos sabemos que los factores climatológicos que determinan un riesgo alto de incendio (altas temperaturas, baja humedad relativa, sequedad del combustible vegetal y rachas de viento) no se activan de golpe como un interruptor al llegar la medianoche”, reprocha Ecologistas en Acción. Por lo tanto, lanzar material pirotécnico en esas circunstancias “no disminuye la probabilidad de que una chispa descontrole un fuego forestal” y puede sentar “un precedente negativo” en la gestión de alertas técnicas destinadas a prevenir emergencias.

El adelanto de los fuegos artificiales tampoco ha sido compartido por muchos vecinos, que en las redes sociales han criticado la decisión: “Es de coña ¿no? Alas 00 hay riesgo, pero alas 23.45 no”, “Menos tornillos que un globo”, “En ese cuarto de hora , se puede evitar una multa ,pero no se evitaría un posible incendio, así que seguridad y prevención más bien poca”, “¿Quién es el inteligente que lo ha decidido?”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación del consistorio en Facebook.

La defensa del Ayuntamiento

Ante la polémica, el Ayuntamiento de Fuentes de León ha defendido que actuó “en todo momento dentro de la legalidad vigente y con criterios de prudencia y responsabilidad”. Sostiene que la normativa establece la entrada en vigor del riesgo alto a las 12 horas de ese día y que, tras recibir la notificación, decidió adelantar el espectáculo para ajustarse al marco legal. Asimismo, asegura que el lanzamiento contó con las medidas de seguridad exigidas y medios de prevención, y que se realizó dentro del casco urbano.

El equipo de gobierno considera “injustas y desproporcionadas” las acusaciones de negligencia y subraya que el municipio lleva a cabo labores preventivas de limpieza y desbroce durante todo el año.

La polémica reabre el debate sobre la aplicación práctica de las alertas por riesgo de incendio en una región como Extremadura, especialmente expuesta cada verano a incendios forestales y episodios de peligro alto.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha dado la razón a Ecologistas en Acción y ha paralizado el decreto de la Junta que pretendía evitar la demolición de la urbanización de lujo Marina Isla de Valdecañas, ubicada en la provincia de Cáceres.

La norma suspendida, que fue aprobada el pasado 16 de diciembre, ajustaba los límites de 11 espacios declarados Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la región, entre ellos el de Valdecañas. Sin embargo, los magistrados de la Sala han sido tajantes en su resolución: “La exclusión de la zona ZEPA de la Isla Valdecañas puede suponer en definitiva un atajo para resolver otros problemas”, en clara referencia al intento de eludir la demolición del complejo turístico ordenada por el Tribunal Supremo y, posteriormente, avalada por el Constitucional, que desestimó los recursos de amparo que pretendían mantener en pie el complejo.

La Junta de Extremadura sostiene que el decreto solo pretende corregir imprecisiones cartográficas derivadas de mapas en papel obsoletos, pero el TSJEx ha concluido lo contrario al no apreciar “una justificación técnica y ambiental real para el cambio de delimitación que realiza el decreto, que va más allá de una corrección de errores con apariencia […] Resulta evidente que el nuevo decreto puede hacer extremadamente difícil ejecutar las sentencias firmes”.

Dada la naturaleza del caso, el alto tribunal extremeño ha adoptado la medida cautelar sin exigir caución o fianza alguna a la organización ecologista. El tribunal fundamenta esta decisión en que la medida tiene “como finalidad la protección de un bien colectivo como es el medio ambiente” y que la organización recurrente actúa en ejercicio de una acción popular.

“Un fraude de ley en toda regla”

El abogado de Ecologistas en Acción, Jaime Doreste, profesor de Derecho Ambiental y Urbanístico de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), ha subrayado que la decisión del TSJEx “ha desnudado por completo la maniobra de la Junta”. A su juicio, no se trata de una corrección técnica, “sino de un fraude de ley en toda regla” para “intentar rescatar urbanísticamente la Marina de Valdecañas a costa de violar el Estado de Derecho”. Aunque no es la sentencia final, supone “un golpe casi definitivo a las pretensiones de la Junta”, ha valorado.

Por su parte, la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias ha anunciado formalmente que recurrirá el auto del TSJEx. A través de un comunicado, el Gobierno de María Guardiola ha manifestado su respeto a las decisiones judiciales, pero ha asegurado que “seguirá peleando para que la realidad jurídica concuerde con la realidad material”.

La Junta defiende que el decreto recurrido emplea cartografía digital y tecnología más precisa para enmendar delimitaciones antiguas y sostiene que, precisamente, la situación de la Marina Isla de Valdecañas deriva de “errores cartográficos que llevaron a proteger como valores ambientales lo que verdaderamente no lo eran”.

En este sentido, el Ejecutivo ha argumentado que esta consideración “debe prevalecer por encima de cualquier otra, habida cuenta de que las sentencias lo son en base a datos que los avances tecnológicos han demostrado erróneos”. Además, ha destacado que la resolución judicial actual se limita a acordar una suspensión cautelar “sin pronunciarse sobre la validez del decreto”.

Una polémica de casi 20 años

Este nuevo varapalo del TSJEx a la estrategia de la Junta de Extremadura se suma a una larga lista de reveses judiciales que arrastra el complejo turístico, conocido como 'el Algarrobico extremeño', objeto de polémica desde que en 2007 obtuvo el visto bueno del Ejecutivo autonómico para levantarse en medio del pantano de Valdecañas y en una ZEPA, después de que la Junta lo declarase Proyecto de Interés Regional para permitir la recalificación de los terrenos para su construcción.

El recorrido en los tribunales quedó firmemente sellado cuando el Tribunal Supremo ordenó en 2022 la demolición total del resort de lujo de la Isla de Valdecañas, estimando el recurso de Ecologistas en Acción contra una resolución previa del TSJEx, que pretendía salvar los chalets y el campo de golf que ya estaban construidos. De esta forma, la orden es echar abajo las 185 villas de lujo, un hotel de cuatro estrellas y un campo de golf, además de todo lo que está en pie, pero se quedó sin concluir.

Los propietarios, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, en cuyos términos municipales se encuentra el resort, y la Junta de Extremadura acudieron al Tribunal Constitucional, que a finales del año pasado desestimó uno por uno los recursos de amparo planteados contra la sentencia del Supremo.

Este martes ha quedado visto para sentencia el juicio del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por su contratación como coordinador de las actividades de los conservatorios en la Diputación de Badajoz. La Audiencia Provincial ha acogido ocho sesiones en las que han declarado 11 acusados, entre ellos también el expresidente de la institución pacense, Miguel Ángel Gallardo, y más de 40 testigos.

En esta jornada solo quedaba por escuchar las conclusiones definitivas de dos abogados de los acusados, que defienden a Ricardo Cabezas y Luis María Carrero, amigo de David Sánchez, que han coincidido en señalar la “ausencia” de pruebas de cargo en este procedimiento y en cuestionar la participación de la UCO en el juicio.

El letrado de Carrero, acusado de haber accedido a su puesto en comisión de servicio en 2023 gracias a su amistad con el hermano del presidente, ha recordado ante la Audiencia de Badajoz que todos los actos de desarrollo de la plaza pasaron los filtros administrativos correspondientes, como han avalado los peritos y testigos: “Han sido fiscalizados por la intervención y por los técnicos intervinientes. Nadie jamás ha puesto nota de reparo alguna. ¿Por qué se tacha de prevaricador ese acto?”.

Para el abogado, Salvador Morillas, la acusación carece de armazón jurídico y responde puramente a una estrategia mediática y de desgaste. “Se afirma que se creó la plaza para el señor Carrero porque era un enchufado del señor David. Bueno, si se dice eso, hay que probarlo. Queda muy bien, sobre todo de cara a la prensa y de cara al mundo de la política, decir que este es el típico enchufado que viene de Madrid porque se le ha fabricado un puesto. Pero eso es una leyenda”.

Por su parte, Raúl Montaño, abogado de Cabezas, ha asegurado desconocer aún de qué defiende a su cliente: “Se dice tráfico de influencias, pero no sé quién lo influye o a quién influye él”. Montaño ha subrayado la ausencia de pruebas de cargo, de pruebas periféricas que apoyen el testimonio del teniente coronel Antonio Balas, de la UCO, o testigos de directos y, sin embargo, ha afirmado que durante el juicio ha oído “discursos a veces políticos, a veces imaginativos, he oído novelas policiacas, cloacas… Pero el derecho de defensa es lo más sagrado en el procedimiento penal. Se pueden celebrar juicio sin acusaciones populares, pero nunca sin abogados de defensa”.

“La acusación ha ganado el juicio social”

El músico ha rehusado hacer uso de la última palabra, que sí ha aprovechado Miguel Ángel Gallardo para reiterar su inocencia y la del resto de personas que se han sentado en el banquillo de los acusados, aunque ha lamentado que ya “han sido condenados socialmente”. El exlíder del PSOE extremeño también ha querido resaltar el trasfondo político del proceso asegurando ante el tribunal que la única culpabilidad que se les puede atribuir es “no tener las mismas ideas que la acusación popular”. 

Gallardo también ha denunciado lo que ha denominado un “juicio mediático paralelo” que su entorno ha sufrido durante más de dos años.

También han querido aprovechar ejercer su derecho a la última palabra el que fue diputado provincial de Cultura entre 2019 y 2023, Francisco Martos, que ha asegurado que lleva “7 u 8 días sometido a un escrutinio que no acabo de entender” y ha destacado que en toda su carrera política (fue 24 años alcalde de Castuera) “jamás he ido a una comisión sin saber a qué iba, he ido a un pleno sin saber qué se iba a votar y jamás he tenido un reparto de Secretaría ni Intervención en actividad municipal o provincial”.

El actual diputado de Cultura, Ricardo Cabezas; el director del área de Cultura, Manuel Candalija; y el ex jefe de servicio de gestión de Recursos Humanos de la Diputación, Félix González, también ha hecho un alegato final.

El tribunal presidido por el magistrado José Antonio Patrocinio deberá resolver tres claves fundamentales: si la institución pacense creó una plaza a medida de libre designación para adjudicársela al músico en 2017, si el puesto cambió posteriormente de denominación para ajustarse a sus intereses personales y si David Sánchez influyó en la contratación en comisión de servicio de su amigo, Luis María Carrero, en 2023.

Por todo ello, los magistrados tendrán que valorar si los acusados cometieron los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, como consideran las acusaciones populares, formadas por Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP, Vox, Iustitia Europa y Liberum. Este bloque ha elevado sus peticiones hasta los seis años de prisión para David Sánchez, cuatro años para Gallardo y dos para Carrero como principales acusados, mientras que la Fiscalía y las defensas han pedido la libre absolución para todos los procesados.