Jorge Bellver se ha situado, a su pesar, en el debate político valenciano en un momento especialmente delicado para el PP de Juanfran Pérez Llorca. Su nombre, vinculado durante años a los gobiernos de Rita Barberá en el Ayuntamiento de València, de donde fue concejal de Urbanismo, reaparece ahora en la primera línea informativa no por su trayectoria institucional, sino por su situación procesal en el caso Azud, una de las macrocausas de corrupción urbanística que todavía colea en los tribunales y que afecta tanto a exconsejales del PP como del PSPV.
Para quienes no conozcan la historia, estos son los ingredientes: un festival de música que desde hace años se celebra en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València (Festival de les Arts); una denuncia vecinal por el ruido que genera; una sentencia judicial que obliga a controlar esa molestia, da la razón a los demandantes y condena al Ayuntamiento; una promotora que decidió seguir adelante pese al evidente riesgo de suspensión; una llamativa falta de coordinación entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento, ambos gobernados por el PP, para que fuera el otro quien asumiera la responsabilidad; y una cancelación el pasado sábado, en la segunda jornada del evento, que dejó a miles de asistentes indignados, muchos de ellos llegados desde otros puntos de España. El resultado ha sido un golpe para la imagen de la ciudad y la constatación de la escasa sintonía que ha existido entre los equipos de María José Catalá y Juanfran Pérez Llorca. Con una pregunta inevitable que muchos se hacen en València: ¿de verdad no se podía haber evitado?
La huelga de profesores de la Comunidad Valenciana, sobre la que al cierre de esta edición seguía abierta la negociación, debe observarse como un síntoma más de los muchos que se han detectado en España en los últimos tiempos ante el deterioro paulatino de los servicios públicos. Nos referimos no solo a la Educación, sino también a la Sanidad y a los Servicios Sociales. El sector público carga con el mayor peso de la integración de los inmigrantes en el sistema educativo, absorbe los tratamientos más costosos para las enfermedades graves o crónicas, financia la Dependencia para decenas de miles de familias y paga las pensiones de los jubilados, entre otros. Pero lo cierto es que, y no solo en Valencia, se está construyendo un relato inquietante sobre la insostenibilidad de gran parte de estos servicios al tiempo que se adoptan decisiones que favorecen que muchos ciudadanos destinen parte de sus ingresos a costearse prestaciones privadas.
Login
