El halo de la visita del papa se esfumó pronto del Congreso de los Diputados para dar paso a otra batalla sin cuartel en la sesión de control de este miércoles. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido a Sánchez acabar “con esta basura” y convocar elecciones “para darle la voz a los españoles” a cuenta de los casos de corrupción del PSOE. “Es evidente que usted no tiene límites. Al final sí que pasará a la historia. Lo hará como inductor, financiador y beneficiado del caso de corrupción más grave de nuestra democracia”.

“Su gestapillo no será recordada por su pericia ni por sus éxitos”, ha incidido Feijóo, que ha señalado directamente a Sánchez. “La financiación de las primarias con dinero de la prostitución. Y usted no sabía nada. Sus dos manos derechas competían por el dinero de las mordidas en obra pública. Y usted no sabía nada. Corrían billetes por Ferraz y se pagaban orgías y cloacas con dinero público. Y usted no sabía nada. La SEPI rescataba empresas a través del tráfico de influencias. Y usted no sabía nada. Zapatero parece que era la joya de una trama internacional corrupta. Y usted no sabía nada. ¿Pero usted no se cansa de tomarle el pelo a los españoles? ¿Pero a quién se cree que está gobernando? Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente”, le ha espetado al presidente, al que se ha referido por sus iniciales, P.S, en referencia a las agendas de Leire Díez.

“Yo asumo mis errores, pero jamás voy a asumir su grado de hipocresía ni lecciones del partido de la Púnica, de la Gürtel, de la Kitchen, de la Policía Patriótica, del partido de Marcial Dorado”, ha contestado Pedro Sánchez, que ha acusado a Feijóo de no ser un líder político con las manos libres. “El problema es que usted no tiene voz propia. Usted es la voz de sus amos. Y yo ya sé que somos incómodos. Este Gobierno es incómodo para sus amos, para aquellos que ven mal el que se suba el salario mínimo interprofesional, que se revalorice las pensiones, que se fortalezca el Estado del bienestar, que se aprueben leyes que benefician a la convivencia territorial y no a la confrontación territorial, que es donde ustedes están siempre instalados”.

“Llevan ocho años haciendo oposición marrullera. Sigan con sus maniobras, todas las que quieran, que nosotros seguiremos gobernando todos los años que quieran los españoles hasta 2027 y mucho más allá. Y le diré una cosa, señoría. Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M.Rajoy”, le ha respondido al líder del PP, a quien ha recordado que la sede de Ferraz “no está pagada con dinero negro” como la de la calle Génova.

A Sánchez le acompañaron en la bancada del Gobierno durante su intercambio de reproches con Feijóo varios de los pesos pesados de su Ejecutivo, incluidos los vicepresidentes primero y tercera, Carlos Cuerpo y Sara Aagesen. No estuvo presente, por el contrario, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que optó por no acudir a la sesión de control y evitó por segundo día consecutivo pronunciarse sobre las acusaciones conocidas el martes de maltrato laboral —que ella niega— contra la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, mano derecha de Díaz en lo orgánico. Fuentes del Ministerio de Trabajo argumentan que la ausencia de la vicepresidenta en la Cámara Baja se debe a que tiene “varias reuniones” fijadas este miércoles por la mañana. 

La visita del papa León XIV a España ha provocado una leve tregua en el polarizado sistema político. Ni siquiera se han escuchado muchas voces críticas al propio jefe de la Iglesia. Pero la ‘paz vaticana’ no ha durado lo mismo que el viaje de Robert Prevost. Con media agenda todavía sin cumplir y en pleno vuelo de Madrid a Barcelona, la oposición ha dado por cumplida su cortesía con el ilustre invitado y se ha lanzado en tromba contra el Gobierno.

El fin de la tregua fue anunciado oficialmente por la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso. “El Papa ha dejado ya el Congreso. Madrid creo que también. Está volando otros destinos en nuestro país y la actualidad sigue”, aseguró Muñoz. 

León XIV ha estado en Madrid cuatro días, en los que ha celebrado once actos públicos. En los dos días que estará en Barcelona participará en otros siete. Después, el papa viajará a la isla de Gran Canaria, donde visitará la localidad de Arguineguín para participar en un homenaje a las personas migrantes fallecidas en el mar en su intento de llegar a Europa.

La propia portavoz reconoció que la presencia del papa en Madrid (no en España) había motivado el silencio del PP ante nuevas publicaciones sobre los supuestos casos de corrupción que afectan al Gobierno. Su marcha hacia Barcelona levantó el veto y Muñoz recordó, por ejemplo, que “la acusación popular” ha pedido la imputación de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero en la causa contra su padre en la Audiencia Nacional. Eso sí, obvió decir que esa “acusación popular” la ejerce el PP.

“Todas las investigaciones contra el Gobierno y el PSOE avanzan, y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de corrupción institucionalizada y de delincuencia del Estado”, añadió Muñoz. “No era una periodista de investigación”, apuntó sobre Leire Díez. “No era una simple militante. No era la 'pequeña Nicolás'. No había solo una foto. Era un agente de [Pedro] Sánchez que tenía información, como estamos pudiendo comprobar en todas esas agendas que ella escribía, de altos organismos e instituciones del Estado”, zanjó.

Muñoz elevó el tiro y, mientras se desarrolla el juicio contra la trama Kitchen (el uso del aparato del Estado para destruir las pruebas de la corrupción del PP), apuntó: “La gran guerra sucia que hemos vivido esta legislatura no era para acabar con el Gobierno, era la guerra sucia desde Ferraz y desde parte del Gobierno”.

“Eso es pura corrupción de Estado”, concluyó.

Ayuso: “¿Nosotros polarizamos?”

En su inédito discurso ante el Congreso, el jefe de la Iglesia Católica se refirió a la “profunda crisis espiritual y cultural” que, dijo, atraviesa el mundo, y que “se manifiesta en múltiples formas de violencia, polarización y desconfianza recíproca”. Este martes, ya en Barcelona, León XIV reclamó “construir armonía y comunión, más allá de toda polarización”. Pero en el PP no se dan por aludidos. “No nos sentimos en absoluto interpelados sobre la polarización”, dijo Muñoz, quien pidió “no reinterpretar las palabras del Papa”. “Voy a escucharlas y voy a hacer examen de conciencia”, afirmó, para zanjar: “Todos estamos en contra de la polarización”.

También respondió sobre el discurso del papa la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una entrevista en Antena 3. “¿Nosotros polarizamos? Nosotros no nos callamos”, dijo, para inmediatamente comparar la España de 2026 con la de hace décadas, cuando la organización terrorista ETA estaba activa. “Esto es como en el País Vasco, asesinaban a gente y sus víctimas tenían que, de madrugada, enterrar a los suyos por el 'algo habrán hecho”, aseguró, para sostener que “por encima de izquierda o derecha” en España hay “mafia de Estado”.

Después, Ayuso acudió a la despedida oficial a León XIV en el aeropuerto de Barajas.

Esa idea de convertir la supuesta corrupción en una cuestión “de Estado” también llegó al Senado, donde la portavoz del PP, Alicia García, quien señaló a la directora de la Guardia Civil por “borrar los chats” de su teléfono. “Uno no borra lo que no tiene que esconder”, dijo.

“Las cloacas nacen con la carta de Sánchez, con la imputación de Begoña Gómez”, aseguró. “¿Ha preguntado a [Félix] Bolaños quién es Leire para recibirla en la Fiscalía General?”, espetó al vicepresidente primero, Carlos Cuerpo. “¿Por qué mandos de la Guardia Civil han declarado ante el Supremo que les pidieron ponerse de perfil?”, añadió.

García reprochó al Gobierno no querellarse contra Leire. “Nadie se querella contra su propia fontanera”, explicó, para recordar que en la agenda de la ya exmilitante del PSOE aparecen las siglas “P.S.”. “La UCO identifica ”el one“ con el presidente”, apuntó, para concluir: “Nadie monta delincuencia de Estado para proteger a quien no la necesita”.

Precisamente el Senado avanzó el martes en sus propias pesquisas de la supuesta corrupción del Gobierno con la aprobación de las modificaciones de los trabajos que ha reclamado el PP. Entre otras cuestiones, el incluir en la lista de posibles comparecientes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y a otros señalados por el auto del juez Santiago Pedraz.

De momento, no hay fecha para sus citaciones. El PP contemporiza gracias a su mayoría absoluta en el Senado, y busca maximizar el impacto de cada uno de sus movimientos, aunque no sean más que cuestiones técnicas, como es el caso. Sí tendrá más importancia la comparecencia de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en la Comisión de Interior del Senado para explicar sus reuniones con Leire Díez.

Aunque el PP había planteado la obligación de que acudiera sí o sí este jueves, 11 de junio, González ha descartado su asistencia. ¿El motivo? Que León XIV seguirá en España y, por tanto, la directora de la Guardia Civil tendrá que estar pendiente del dispositivo de seguridad que protege la estancia del papa en el país.

González sí irá al Senado el próximo martes 16 de junio. Para ese día, León XIV ya sí habrá abandonado España. Un detalle menor para un PP que ha considerado amortizada su presencia al cruzar el límite entre Madrid y Guadalajara.

Tres pactos de gobierno entre el PP y Vox en tres comunidades autónomas con un eje común: la “prioridad nacional” de los ultras. El acuerdo cerrado este miércoles en Castilla y León sigue la pauta de los sellados en Extremadura y Aragón: ejecutivos conjuntos, vicepresidencia y tres consejerías para la extrema derecha, además de limitar el acceso a determinados servicios públicos en función del origen del demandante. El foco se pone ahora en Andalucía y en Juan Manuel Moreno, quien advirtió en campaña electoral -hace menos de un mes- que la idea de Vox es “irreal” cuando no “ilegal”.

Moreno no tiene prisa por iniciar la negociación formal con Vox para pactar el Gobierno en Andalucía, aunque los votos de Vox son imprescindibles para que el barón del PP logre su tercer mandato al frente de la Junta. El presidente en funciones quiere apurar hasta la sesión constitutiva del Parlamento andaluz, el próximo jueves 11 de junio, para abrir el diálogo con la extrema derecha.

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, dio un primer (y pequeño) paso este miércoles, al telefonear al candidato andaluz de Vox, Manuel Gavira, para “pedirle una reunión”, pero ni se ha concretado fecha para reunirse ni ha habido conversaciones aún, confirman fuentes del Gobierno andaluz en funciones.

Ninguno de los dirigentes consultados por elDiario.es contempla la posibilidad de que la formación del Gobierno andaluz se retrase hasta después del verano. La cita parlamentaria de la semana que viene servirá para medir el estado de las relaciones entre el PP y Vox en Andalucía, donde los ultras han desplegado una de las campañas más agresivas contra Moreno, quien habitualmente pone distancia pública con los planteamientos de Vox y ha rechazado gobernar con ellos.

El problema es que, hasta el momento, el mini ciclo electoral abierto por el PP el pasado mes de diciembre ha confirmado la dependencia que tienen los de Alberto Núñez Feijóo del partido de Santiago Abascal. Extremadura celebró elecciones a finales de 2025, y cuatro meses después María Guardiola fue investida presidenta, tras sellar un acuerdo político con Vox que incluía dos consejerías, una con rango de vicepresidencia, para la extrema derecha. Aragón celebró sus comicios el 8 de febrero y Jorge Azcón fue reelegido presidente el 29 de abril. En este caso, el barón del PP también formó un Gobierno de coalición con Vox, que aumentó el precio y arrancó tres consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia.

El tercer acuerdo ha llegado en Castilla y León, que fue a las urnas el 15 de marzo. El pacto para hacer presidente a Alfonso Fernández Mañueco se anunció este miércoles. Vox repite: tres consejerías, una de ellas vicepresidencia.

En Andalucía todavía no ha transcurrido un mes desde las elecciones del 17 de mayo y el reloj del calendario legislativo no empieza a andar hasta la semana que viene. Vox quiere añadir la muesca andaluza a sus acuerdos de gobierno con el PP en las otras tres comunidades —todos sujetos al principio xenófobo de la “prioridad nacional”—, pero Moreno pretende hacer valer su peso político y virar el rumbo que han seguido sus compañeros, aunque haya perdido la mayoría absoluta que le convertía en un líder incontestable tanto ante los de Abascal como para la dirección nacional del PP.

La estrategia de Moreno pasa ahora por volcar toda la presión sobre sus futuros aliados, dejando patente que él no tiene ninguna ansiedad por estrechar lazos políticos con Vox, el partido “sin experiencia en las instituciones” y “sin profesionales preparados”, que puede meter a Andalucía en un “lío gordo”, contra el que viene advirtiendo durante toda la campaña electoral.

Génova prefiere acuerdos homogéneos

Moreno quiere evidenciar que hoy ni él ni el PP andaluz son los mismos de 2019. Entonces salían de las urnas con el peor resultado de su historia (26 diputados), necesitaban los 33 votos de otras dos formaciones para ser investido presidente —Ciudadanos y Vox— y ni siquiera ostentaba el suficiente liderazgo dentro de su partido como para poder pilotar él mismo las negociaciones de su investidura. Estas recayeron en manos de Teodoro García Egea, 'número dos' del entonces presidente nacional del PP, Pablo Casado.

La situación hoy es bien distinta. El barón andaluz se ha quedado a dos escaños de la mayoría absoluta (53 diputados) y aspira a gobernar en solitario llegando a pactos puntuales con Vox, al que prevé convertir en un aliado de legislatura, pero dejarlo fuera del Consejo de Gobierno.

La dirección nacional del PP apuesta por que los acuerdos autonómicos sean homogéneos y no se generen distorsiones entre los diferentes territorios. Esta misma semana insistía en la idea un destacado miembro del equipo de Feijóo, quien auguraba en conversación con los periodistas que el pacto de Castilla y León seguiría la senda de los dos anteriores. Una idea aplicable a Andalucía también.

Frente al silencio táctico de Moreno, los de Abascal no han parado de lanzar mensajes contradictorios desde el 17-M: que negociarán atendiendo “a la proporcionalidad”, pero no le regalarán los dos escaños que necesita al candidato popular; que no cometerán “el error” de 2019, cuando decidieron no entrar en el Gobierno andaluz y el PP les “engañó”: esta vez exigirán varias consejerías; que no les importa tanto “los sillones como las políticas...”.

Lo que no ha variado en el discurso de Vox es fijar una línea roja irrenunciable: la “prioridad nacional”. Es el requisito de corte xenófobo que han impuesto en sus acuerdos con los populares en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Durante la campaña electoral, el barón andaluz del PP minimizó la importancia de este criterio —discriminar a los inmigrantes en el acceso a las prestaciones públicas— asegurando que era “un eslogan irreal”, y que tampoco le importaba cómo lo llamasen, porque ni encaja en el ordenamiento jurídico ni en la Constitución.

Algunos interpretaron de esas palabras, citadas en campaña, que el popular estaba despejando la pista para el aterrizaje de la “prioridad nacional” en Andalucía, restando importancia a las consecuencias prácticas de ceder en la batalla cultural de la ultraderecha. “Andalucía no puede ser menos, que se cumpla la voluntad de los andaluces”, ha zanjado este miércoles Gavira, tras consumarse el pacto de gobierno en Castilla y León.

Pero Moreno ni se siente concernido por las insistentes llamadas de Vox para iniciar cuanto antes la negociación, ni por el aviso de la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, que la semana pasada advirtió al barón andaluz de que sus acuerdos con Vox en Andalucía tendrán que cumplir con las directrices del documento marco del PP presentes en los acuerdos alcanzados en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El presidente de la Junta en funciones despacha directamente con Alberto Núñez Feijóo, que le ha dejado “manos libres” para “administrar sus tiempos” y “seguir sus estrategias, pegadas al terreno” para lograr su objetivo, confirman fuentes próximas al líder autonómico. También desde Génova, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, el malagueño Elías Bendodo, ha lanzado este miércoles un mensaje más próximo al planteamiento de Moreno que al de Gamarra.

“Las conversaciones empezarán de forma inminente en Andalucía”, por el simple hecho de que la semana que viene se constituye el Parlamento, y ambos partidos deben decidir si negocian el nombre del presidente de la segunda institución de Andalucía y el reparto de los miembros de la Mesa, órgano rector de la Cámara. “Será una negociación claramente en clave andaluza”, ha puntualizado Bendodo en una entrevista en Canal Sur Radio.

Sin plazo para el Pleno de investidura

El reloj de la negociación no empieza a andar hasta la sesión constitutiva del Parlamento, el próximo jueves, cuando los 109 diputados tomen posesión de sus escaños y voten la composición de la Mesa. Si PP y Vox no han cerrado un acuerdo previo para ese día, cada partido votará a sus candidatos para presidir el Parlamento, que quedaría en manos de los populares.

Ni en Extremadura ni en Aragón ni en Castilla y León, la extrema derecha ha mostrado especial interés por presidir la Cámara legislativa, que tiene un papel crucial para medir los tiempos de la legislatura y priorizar unas iniciativas sobre otras. En una legislatura sin mayoría absoluta este órgano será clave.

Constituida la Cámara, el nuevo presidente del Parlamento —el PP baraja ya el nombre de una consejera— abrirá una ronda de contactos con los portavoces de todos los grupos para proponer un candidato a la presidencia de la Junta. El reglamento de la Cámara fija un límite de 15 días hábiles para proponer candidato, pero no para la celebración de la sesión de investidura. Para eso no hay un plazo estipulado. Quien controle la Mesa del Parlamento andaluz puede proponer un candidato y convocar el Pleno para su votación la semana siguiente, o dos semanas después o dos meses después.

Es un momento clave, porque lo que activa la cuenta atrás para una hipotética repetición electoral es la fecha del Pleno de investidura, a partir de ahí, el Estatuto de Autonomía fija dos meses de plazo, si ningún candidato ha logrado los apoyos necesarios para formar gobierno, se disuelve automáticamente la Cámara y se convocan elecciones.

Pero mientras no se convoque el Pleno de investidura, el reloj no corre. Eso sí, no hay antecedentes de que se haya demorado tanto tiempo [en Extremadura pasaron dos meses desde la constitución de la Asamblea hasta la primera votación fallida de la investidura de María Guardiola].

En Andalucía, estirando muchos los plazos se podría llevar el debate de investidura de Moreno al mes de septiembre, pero sería este un escenario extremo. Lo razonable es que se convoque, a más tardar, en el mes de julio. Nunca se ha hecho en agosto, aunque el nuevo presidente del Parlamento podría estudiar esta opción como algo extraordinario, pero es poco probable.

Las tres fuerzas de izquierda en la oposición -PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía- están convencidas de que habrá nuevo Gobierno de Moreno antes del verano y que sus tiras y aflojas con Vox en la negociación previa “son puro teatro”. “Esto ya lo vivimos en 2019. Lo tienen ya todo más que atado”, advierten fuentes socialistas.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, comparecerá el próximo martes 16 de junio en la Comisión de Interior del Senado para dar cuenta de las reuniones que mantuvo con Leire Díez la 'fontanera' relacionada con el PSOE que, según investiga la Audiencia Nacional, habría maniobrado de forma ilegal para hacer descarrilar las pesquisas judiciales y policiales que afectan al ala socialista del Gobierno.

González ha reconocido ya que en el pasado tuvo varias reuniones con Leire Díez, pero ha afirmado que “jamás” ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil, ni tampoco “ha interferido en ninguna investigación”.

Según la directora, se vio en persona con la ya exmilitante socialista. Esta le habló en el último de esos encuentros del comandante Rubén Villalba, que fue detenido al principio del 'caso Koldo'. Según explican fuentes de la Guardia Civil, Díez le preguntó si habría algún tipo de posibilidad de que el comandante Villalba pudiera retornar a su puesto de trabajo, “una petición que la directora rechazó de plano, recordándole que éste se encontraba sin destino por su presunta implicación en un caso judicial” y “dándose por finalizado inmediatamente dicho encuentro”.

En el sumario de la causa, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acreditan tres encuentros entre Mercedes González y Leire Díez. Los agentes infieren que esos tres encuentros y el resto de contactos telefónicos entre González y Díez motivaron las informaciones reservadas que se abrieron en el seno de la Guardia Civil para determinar el origen de las filtraciones a los medios. En un audio que también consta en el sumario de la causa, Díez afirma ante terceros que Mercedes González es de su “confianza”.

Tras difundirse estas reuniones, el PP citó de urgencia a González en el Senado, donde tiene mayoría absoluta y, por tanto, el control de los tiempos. Pero la normativa no obliga a las comparecencias en comisión, salvo en los casos especiales de las comisiones de investigación.

González informó al Senado de su imposibilidad de acudir este jueves por el despliegue de seguridad alrededor del viaje de León XIV a España. La directora de la Guardia Civil asistirá el próximo martes, un día después de la citación de Begoña Gómez en sede judicial y un día antes de que lo haga el imputado José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional.