La tasación realizada por orden del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sobre el casi un centenar de joyas y relojes hallados en la caja fuerte de la oficina del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero durante el registro practicado el pasado 19 de mayo arroja una valoración aproximada de 1,3 millones de euros, según fuentes próximas al caso consultadas por EL PERIÓDICO.

La Inspección Fiscal ha abierto una investigación contra la que fuera fiscal provincial Pilar Rodríguez (que ha tomado posesión esta semana de su nueva plaza en el Tribunal Supremo) y también contra María Luisa Llop, la primera que se encargó del caso Plus Ultra e instó el archivo de la investigación en 2021. Actúa después de que la que fuera fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, tramitara la denuncia que le había hecho llegar el partido Iustitia Europa, habitual en las personaciones populares de causas contra el Gobierno.

El titular de la Plaza 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Arturo Zamarriego, ha solicitado a la Fiscalía de Madrid que dé su opinión sobre si debe declarar como testigo en el caso Leire Díez el president Salvador Illa, tal y como ha reclamado Vox, que ejerce la acusación popular en este procedimiento. Así consta en una providencia, de 10 de junio, en la que el instructor también anuncia que decidirá si acepta la ampliación de querella que interpuso la asociación Hazteoír.org contra el PSOE.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos, citándolo como investigado los próximos 17 y 18 de junio.

El titular de la Plaza número 6 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Majadahonda (Madrid) ha desestimado la demanda que interpuso Miriam Serrano, la mujer que se reunió con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para atacar al fiscal de Anticorrupción José Grinda, quien investigaba a varios integrantes de la trama de presunta extorsión de la 'fontanera' de los socialistas Leire Díez. También impone a Serrano el pago del abogado del representante del Ministerio Fiscal.

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, que ejerce el abogado Víctor Moreno Catena, quiere esclarecer las circunstancias en las que se extrajeron las conversaciones de WhatsApp que mantuvo el exdirectivo de Plus Ultra investigado en EEUU Rodolfo Reyes Rojas con otras personas relacionadas con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. El contenido de estos mensajes fue utilizado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama --entre otros indicios-- para justificar el registro que ordenó el pasado 19 de mayo en el despacho del expresidente socialista.

La Fiscalía General del Estado ha informado este miércoles al juez que investiga el caso Leire, Santiago Pedraz, de que el anterior fiscal general, Álvaro García Ortiz, fue informado de hasta dos reuniones que mantuvo el que fuera su mano derecha, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, y su superior, Beatriz López Pesquera, con un miembro de la trama investigada por presuntamente recibir pagos del PSOE para sabotear causas judiciales.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos, citándolo como investigado los próximos 17 y 18 de junio.

El papel de Gaspar Zarrías gana peso en la trama Leire. El exvicepresidente de la Junta de Andalucía durante la etapa de Manuel Chaves no sólo habría financiado la actividad presuntamente criminal de Leire Díez, emitiendo facturas falsas a través de su empresa, según el sumario del juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El histórico dirigente andaluz, imputado en esta causa, también aportó información detallada sobre el caso de los ERE. En concreto, siempre segun la información del sumario, la primera labor de Zarrías consistió en facilitar a la trama la identidad de los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que declararon en el macrojuicio por corrupción que instruyó la juez Mercedes Alaya. Un caso por el que Zarrías fue condenado en 2022 por el Tribunal Supremo a nueve años de inhabilitación por prevaricación continuada, una condena que el Tribunal Constitucional anuló parcialmente en 2024.