Que la Comunidad Valenciana es la peor financiada de España es una evidencia. También que es la más endeudada respecto a su PIB regional —y la segunda en volumen total tras Catalunya— y la que, año tras año, se aleja más de la media nacional en recursos por habitante ajustado. Es un tema que, de tan repetido, corre el riesgo de convertirse en ruido de fondo, en una queja crónica a la que Madrid se ha acostumbrado demasiado bien. Pero la realidad es tozuda: la infrafinanciación no es una percepción victimista ni una bandera partidista; es una anomalía estructural con consecuencias muy concretas sobre los servicios públicos, la inversión y la capacidad de desarrollo de una comunidad que representa cerca del 11% del PIB español.
No fue un espejismo, fue real; aunque solo fue un instante. Hablamos del discurso que el Papa pronunció ante el Congreso; recibido con aplausos desde todos los escaños. León XIV apeló a la concordia, a la necesidad de escucharse, a la importancia de la palabra, a rebajar el tono y a recuperar la capacidad de entender al otro sin convertir cada discrepancia en una batalla acompañada de insultos (y bulos) en las redes sociales. ¿Por qué será que en algún momento me recordó al cardenal Tarancón? (por cierto, valenciano). Nadie pareció sentirse incómodo con sus palabras. Al contrario. Gobierno y oposición las celebraron con entusiasmo. No duró mucho. Al día siguiente, en la sesión de control al Gobierno, y con el Papa ya en Barcelona, cada uno, en Madrid, volvió a recuperar su papel, entre mucho ruido.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, y el president valenciano, Pérez Llorca, mantendrán este próximo lunes un encuentro en el Palau de la Generalitat Valenciana, según han confirmado desde ambas instituciones. La cita se produce en un momento en el que España ha abierto el diálogo “bilateral” con las autonomías Españolas de cara a abordar la oferta del Gobierno para la nueva financiación autonómica.
No fue un espejismo, fue real; aunque solo fue un instante. Hablamos del discurso que el Papa pronunció ante el Congreso; recibido con aplausos desde todos los escaños. León XIV apeló a la concordia, a la necesidad de escucharse, a la importancia de la palabra, a rebajar el tono y a recuperar la capacidad de entender al otro sin convertir cada discrepancia en una batalla acompañada de insultos (y bulos) en las redes sociales. ¿Por qué será que en algún momento me recordó al cardenal Tarancón? (por cierto, valenciano). Nadie pareció sentirse incómodo con sus palabras. Al contrario. Gobierno y oposición las celebraron con entusiasmo. No duró mucho. Al día siguiente, en la sesión de control al Gobierno, y con el Papa ya en Barcelona, cada uno, en Madrid, volvió a recuperar su papel, entre mucho ruido.
Queriéndolo o no, cada movimiento que protagoniza Vicent Mompó en clave orgánica, institucional o incluso festiva provoca en el PP valenciano una cascada de interpretaciones sobre sus verdaderas intenciones políticas. Incluso aquello que forma parte de su agenda habitual, como el tradicional almuerzo que convoca cada año con la militancia de la provincia —esta vez en Sueca la próxima semana—, es leído ahora en determinados círculos como una demostración de fuerza frente a Génova y frente a Juanfran Pérez Llorca. Una percepción que se ve alimentada por la incomprensible demora de Alberto Núñez Feijóo para convocar el congreso regional del PP de la Comunidad Valenciana. Si es que finalmente se convoca. Porque ese cónclave debería servir para legitimar a Pérez Llorca como líder del partido y, al mismo tiempo, confirmar su condición de candidato a las elecciones autonómicas de 2027, si esa es realmente la voluntad de la dirección nacional. Pero Génova sigue sin despejar la incógnita y, mientras tanto, las especulaciones crecen.
Los profesores valencianos llamados a consulta han votado por suspender temporalmente la huelga indefinida que se desarrolla en la educación pública valenciana desde el 11 de mayo y continuar con las protestas. De los 26.217 docentes que han participado en la consulta, el 67% lo ha hecho a favor de paralizar la huelga indefinida. Pero se trata de una “interrupción estratégica” que permite no hacer huelga pero continuar con acciones de protesta y retomar el paro en cualquier momento sin previo aviso.
Jorge Bellver se ha situado, a su pesar, en el debate político valenciano en un momento especialmente delicado para el PP de Juanfran Pérez Llorca. Su nombre, vinculado durante años a los gobiernos de Rita Barberá en el Ayuntamiento de València, de donde fue concejal de Urbanismo, reaparece ahora en la primera línea informativa no por su trayectoria institucional, sino por su situación procesal en el caso Azud, una de las macrocausas de corrupción urbanística que todavía colea en los tribunales y que afecta tanto a exconsejales del PP como del PSPV.
Para quienes no conozcan la historia, estos son los ingredientes: un festival de música que desde hace años se celebra en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València (Festival de les Arts); una denuncia vecinal por el ruido que genera; una sentencia judicial que obliga a controlar esa molestia, da la razón a los demandantes y condena al Ayuntamiento; una promotora que decidió seguir adelante pese al evidente riesgo de suspensión; una llamativa falta de coordinación entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento, ambos gobernados por el PP, para que fuera el otro quien asumiera la responsabilidad; y una cancelación el pasado sábado, en la segunda jornada del evento, que dejó a miles de asistentes indignados, muchos de ellos llegados desde otros puntos de España. El resultado ha sido un golpe para la imagen de la ciudad y la constatación de la escasa sintonía que ha existido entre los equipos de María José Catalá y Juanfran Pérez Llorca. Con una pregunta inevitable que muchos se hacen en València: ¿de verdad no se podía haber evitado?
La huelga de profesores de la Comunidad Valenciana, sobre la que al cierre de esta edición seguía abierta la negociación, debe observarse como un síntoma más de los muchos que se han detectado en España en los últimos tiempos ante el deterioro paulatino de los servicios públicos. Nos referimos no solo a la Educación, sino también a la Sanidad y a los Servicios Sociales. El sector público carga con el mayor peso de la integración de los inmigrantes en el sistema educativo, absorbe los tratamientos más costosos para las enfermedades graves o crónicas, financia la Dependencia para decenas de miles de familias y paga las pensiones de los jubilados, entre otros. Pero lo cierto es que, y no solo en Valencia, se está construyendo un relato inquietante sobre la insostenibilidad de gran parte de estos servicios al tiempo que se adoptan decisiones que favorecen que muchos ciudadanos destinen parte de sus ingresos a costearse prestaciones privadas.
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