El juez José Luis Calama ha abierto una pieza separada para investigar el origen de las joyas halladas por la UDEF en una caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero. En esta pieza secreta, el instructor de la Audiencia Nacional ha imputado al expresidente del Gobierno por delito fiscal y de contrabando. En un auto, el magistrado recalca que "en estos momentos no está justificado" el origen de estas joyas.

El escrito del instructor da cuenta del resultado de la tasación preliminar de las joyas del expresidente, valoradas en 1.323.915 euros. Calama considera que la "ausencia de trazabilidad fiscal" de estos "bienes de lujo de elevado valor" constituye "un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante".

Expone que Zapatero se habría beneficiado de una "ganancia patrimonial no justificada en el IRPF", y añade que el "tipo marginal aplicable" rondaría el 46% del valor de estas joyas que guardaba en una caja fuerte. De modo que la "cuota defraudada" superaría "el umbral típico, que se sitúa en 120.000 euros". En conclusión, el fraude presuntamente cometido por Zapatero al no declarar la posesión de su ajuar entra en el ámbito del delito penal.

A su vez, José Luis Calama imputa al expresidente un delito de contrabando por la "introducción, tenencia o circulación en territorio nacional de joyas cuyo valor global asciende a aproximadamente 1.323.915 euros". "Tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles", dice el auto.

A juicio del magistrado, el expresidente del Gobierno podría haber importado este ajuar de forma "clandestina", lo cual resulta "incompatible con el cumplimiento de las obligaciones de control y tributación inherentes al comercio exterior". El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha decidido abrir una pieza separada y mantenerla secreta, porque se trata de unos hechos "autónomos y diferenciados" de la pieza principal sobre el rescate de Plus Ultra y el presunto uso de ese préstamo en beneficio de una red internacional de blanqueo de dinero.

Declarará la semana que viene

El juez José Luis Calama este viernes, días antes de la declaración de el exlíder socialista. Está previsto que Zapatero comparezca ante el magistrado el miércoles y el jueves que viene. Será la primera vez que un expresidente del Gobierno declara como investigado.

Y lo hará también sobre este asunto, dado que el juez ha acordado "señalar la práctica de su declaración en calidad de investigado por estos hechos el mismo día indicado para su declaración en la causa principal". En todo caso, en su posición procesal a Zapatero le asiste el derecho a no declarar en sede judicial, aunque sea parcialmente. De modo que podría contestar a las cuestiones sobre su presunta influencia en el rescate de Plus Ultra y, al mismo tiempo, negarse a hacerlo cuando le pregunten por el origen de sus joyas.

El auto dictado este viernes por Calama complica aún más el futuro judicial de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien se imputa también un presunto tráfico de influencias en la concesión del rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. La causa principal, tal y como expone el magistrado en su escrito, se sigue por "tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal, entre otros". A ellos se suman ahora un delito fiscal y otro de contrabando.

El delito contra la Hacienda Pública que presuntamente habría cometido el expresidente está penado con hasta cinco años de cárcel. El Código Penal establece que las penas pueden llegar a los seis años de prisión en caso de que se aplicara el tipo agravado, contemplado cuando "la cuantía de la cuota defraudada exceda de 600.000 euros" o cuando "la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal".

El delito de contrabando, regulado en la ley de Represión del Contrabando, se pena con entre uno y cinco años de prisión, si bien las penas se imponen en su mitad inferior en los supuestos más leves.

La trama de amaños que anidó presuntamente en la SEPI, en la que habría participado Leire Díez, pactó una mordida de 5.000 euros mensuales con la empresa Tubos Reunidos tras influir en la concesión del rescate de 112,8 millones de euros a esta compañía. Vicente Fernández, que había sido presidente de la SEPI hasta octubre de 2019 pero aún tenía una supuesta influencia en el organismo inversor del Estado, quedó con el presidente de Tubos Reunidos en noviembre de 2021 para acordar el pago de esa contraprestación.

Lo resume la Fiscalía Anticorrupción en un informe de finales del año pasado, adelantado por eldiario.es y al que ha accedido 20minutos. El 21 de noviembre Vicente Fernández se reunió con el entonces presidente de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, y con el consejero Jesús Pérez Rodríguez Urrutia. De aquella comida salió un acuerdo para firmar un falso contrato de asesoramiento y dar amparo a las supuestas mordidas. Fernández remitió el contrato a sus dos estrechos colaboradores con quienes compartía el grupo de WhatsApp 'Hirurok', la supuesta fontanera Leire Díez y el socio de Cerdán, Antxon Alonso.

El documento contemplaba que una de las empresas de Antxon Alonso, Mediaciones Martínez, prestara asesoría a Tubos Reunidos por 5.000 euros más IVA. La mercantil emitió un total de 21 facturas a Tubos Reunidos y cobró un total de 114.959 euros, según resume el informe del Ministerio Fiscal.

Las gestiones para influir en el rescate

Tubos Reunidos, empresa de Álava dedicada a la "fabricación de tubos de hierro y acero", solicitó apoyo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la SEPI en enero de 2021. La solicitud inicial era un préstamo de 115 millones de euros, si bien el rescate autorizado por el Consejo de Ministros en julio fue de 112,8 millones. Entre enero y julio, la trama formada por Fernández, Díez y Alonso bajo la "jerarquía superior" de Santos Cerdán habría logrado influir en favor de la empresa.

Según el informe de Anticorrupción y los atestados policiales en los que este se basa, la primera mención de la trama a Tubos Reunidos ocurrió el junio de 2021. La UCO ha localizado una conversación del 16 de junio en la que Vicente Fernández preguntó a Antxon Alonso por los vínculos de la empresa con el PNV, dado que el socio de Cerdán tendría relación con algunos miembros de esta formación.

Asimismo, Fernández le contó a Alonso que el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, estaba dificultando el rescate de Tubos Reunidos. El triángulo formado por Fernández, Leire Díez y Antxon Alonso comenzó a trabajar en favor del rescate, de modo que en julio compartieron por el grupo de WhatsApp un documento llamado "TUBOS REUNIDOS - Fondo de rescate de SEPI".

En ese escrito se detallaba que la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, se había comprometido con el CEO de Tubos Reunidos "a que su solicitud sería aprobada por el consejo gestor del fondo, a más tardar" el seis de julio. Ese mismo día se reunieron los investigados en Pamplona y elaboraron un "orden del día".

El último punto recogía información sobre la empresa de Irazusta: "Los 112,8 millones comprometidos por la SEPI están en el aire. Hoy, 6 de junio, pese a la promesa de la presidenta de la SEPI, no se va a aprobar la operación. Posibilidad de que Anttón (sic) lo confirme ante el PNV, demostrando que cuenta con información fidedigna. Presión del PNV ante el Gobierno. ¿Compensación para Servinabar? Vct [Vicente Fernández] tiene hilo directo con el presidente de TR, Francisco Irazusta".

Este párrafo lleva a la Fiscalía a pensar que no es descartable "que Antxón Alonso pudiera haber mantenido contacto con algún miembro del PNV". Según el informe del Ministerio Fiscal, en otro mensaje Vicente Fernández "remarcó la importancia del supuesto encuentro entre Antxón y el PNV en la resolución del asunto". Anticorrupción explica que el rescate se aprobó "tan solo una semana después" del encuentro entre el PNV y el socio de Cerdán.

La SEPI aprobó la concesión de la ayuda el 13 de julio y el Consejo de Ministros autorizó la misma el día 20. El 18 de julio, la trama ya estaba pensando en la contrapartida que iba a obtener a cambio de su influencia en el paso dado por la SEPI.

La Fiscalía Anticorrupción lo sabe gracias a un documento que envió Vicente Fernández a Antxón Alonso ese mismo día, titulado "repaso de temas". En ese documento se afirmaba que el rescate había salido adelante "gracias posiblemente" a la intervención de la trama y que Vicente Fernández estaba ya en contacto con el presidente de Tubos Reunidos para acordar una contrapartida.

En un inicio, la mordida iba a pagarse a través de Servinabar, empresa de Antxon Alonso coparticipada por Santos Cerdán. Finalmente el contrato por labores de asesoramiento se firmó con Mediaciones Martínez, la otra empresa de Alonso. La Fiscalía cree que este es un indicio más de que esas labores nunca se realizaron. El informe de Anticorrupción subraya que "durante la ejecución del contrato, en ninguna de las evidencias obrantes en el procedimiento se han observado elementos de los que se pueda concluir se llevaron a cabo gestiones de prospección de mercado".

El Tribunal Supremo ha informado en contra del indulto del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados. La sala que lo condenó considera que no hay razones de "justicia, equidad o utilidad pública" que permitan dar fundamento a la solicitud realizada por varios ciudadanos.

En el informe que debe realizar el tribunal sentenciador a cada petición de indulto, el Supremo destaca que los hechos por los que García Ortiz fue condenado "fueron graves, han producido una afectación importante de la institucionalidad del Ministerio Público por la relevancia de su función, como promotor de la justicia, garante de la independencia judicial y del ejercicio de los derechos de los ciudadanos de acuerdo a la legalidad".

"La contravención de la norma referida al mantenimiento del secreto y confidencialidad de sus actuaciones es un hecho grave, que, declarado en sentencia firme, debe ser ejecutado, aunque sea con una consecuencia jurídica de escasa relevancia", explica la sala, que ha adoptado esta decisión por mayoría de los magistrados que formaron parte del tribunal.

En las peticiones de indulto, la opinión del tribunal sentenciador no resulta vinculante, sino que la medida de gracia es una prerrogativa del Gobierno, que será el que decida en última instancia. Tal y como expone el escrito del Tribunal Supremo, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, informó en favor del indulto a quien fuera su superior directo, pero su criterio no ha sido compartido por los magistrados de la Sala de lo Penal.

En uno de los argumentos que expuso la Fiscalía en su informe está el quid de la cuestión: la teniente fiscal expuso que la pena de inhabilitación "carece de relevancia", dado que Álvaro García Ortiz ya ha dimitido como fiscal general y no podrá volver a ocupar ese cargo, tal y como dispone el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

El Tribunal Supremo contesta que, aunque la teniente fiscal pone de manifiesto "la pérdida de relevancia de la consecuencia jurídica", "también es procedente afirmar esa pérdida de relevancia respecto al indulto que se propone".

Más adelante, el informe del Supremo destaca la "sustancial falta de contenido del indulto que se solicita", y advierte de que "se indultan las penas, no el delito". Así lo recoge este escrito que suscriben el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, y los magistrados Manuel Marchena, Susana Polo, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela. En dicho informe, los jueces del Supremo se muestran favorables a que el ex fiscal general cumpla íntegramente el fallo de la sentencia dictada el pasado 9 de diciembre.

Sin embargo, será el Gobierno quien decida sobre un indulto que, en todo caso, tendría efectos meramente simbólicos y no supondría el regreso de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con la ley que regula el indulto, que data de 1870, en la tramitación de esta medida de gracia, el tribunal que haya dictado la sentencia debe remitir el correspondiente informe al Ministerio de Justicia, como ha hecho la sala a través de la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló.

Una vez se ha completado este paso, la cartera de Félix Bolaños deberá enviar el expediente al Consejo de Estado para que informe sobre la "justicia, equidad o conveniencia de la concesión del indulto". La mencionada norma atribuye al Ejecutivo la facultad de otorgar el indulto, a través de un "decreto motivado y acordado en Consejo de Ministros".

La Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han remitido dos comunicados para pedir explicaciones y mostrar su enfado tras revelarse que la mano derecha del ex fiscal general se reunió en dos ocasiones con la supuesta fontanera del PSOE, Leire Díez. A la Asociación de Fiscales le ha causado una "profunda indignación" la "insuficiente respuesta" que ha dado la Fiscalía General del Estado ante esta revelación.

La APIF asiste "con perplejidad" a la confirmación de que el ex teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía recibió en dos ocasiones a Leire Díez. Comparte con la AF la opinión de que hay muchos interrogantes que "no han sido contestados por la Fiscalía General del Estado" tras conocerse los encuentros de Diego Villafañe y la supuesta fontanera de Ferraz.

"La falta de explicaciones por parte de la FGE es de una responsabilidad grave en la debida dirección del Ministerio Fiscal. Si persiste esta actitud de opacidad debe dimitir", sostiene el comunicado de la APIF, que ve comprometida la "apariencia de neutralidad política y de independencia" de la institución.

Varios mensajes telefónicos y anotaciones manuscritas de Leire Díez, intervenidas por la UCO, apuntan a que la exmilitante socialista pudo tener un trato de confianza con la Fiscalía General del Estado en tiempos de Álvaro García Ortiz. Como mínimo, Díez presumía de tener esa influencia. Además, las notas de su agenda registraron una reunión con "FGE" y sus conversaciones con el abogado Jacobo Teijelo incluyen menciones directas a ese encuentro.

Ante estos indicios, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz reclamó a la Fiscalía General del Estado que informase sobre los encuentros con Díez, Teijelo y otras personas relacionadas con ambos. Desde Fortuny, 4, la sede de la institución, se informó al juez de que no existen "registros" de reuniones con estos individuos, pero si constan dos encuentros de Jacobo Teijelo y Leire Díez con quien fue la mano derecha de García Ortiz, Diego Villafañe.

El Ministerio Público confirmó que el ex fiscal general fue informado "a posteriori" de dichas reuniones, cuyo contenido resumió la Fiscalía en un comunicado a medios de comunicación. "La explicación ofrecida por la Fiscalía General del Estado es insuficiente y deja sin respuesta cuestiones esenciales", expone a este respecto la AF, y califica el comunicado como "vago".

Además, la asociación incide en el hecho de que Villafañe se reunió con Teijelo y Díez en dos ocasiones, pese a que según el escrito del Ministerio Público estos dos individuos tan solo querían denunciar unos hechos que a ojos de la Fiscalía carecían de relevancia penal. "Si los hechos comunicados carecían de la mínima relevancia penal, resulta difícil comprender la celebración de sucesivas reuniones y la intervención de los más altos cargos responsables de la institución. Si, por el contrario, merecían algún grado de atención, resulta igualmente difícil entender por qué no se siguieron los procedimientos previstos por la propia Fiscalía para su análisis y eventual investigación", expone la Asociación de Fiscales.

La APIF, por su parte, cuestiona que no se diera cuenta de los encuentros a la Fiscalía Anticorrupción y destaca que "la Fiscalía General del Estado no tiene competencia en materia penal concreta". En su comunicado, esta asociación recuerda que a penas hace meses fue condenado el ex fiscal general y lamenta que cuando la institución aún se está "recuperando" de aquello salgan a la luz estas nuevas informaciones.

La APIF alude a las palabras que dijo la sucesora de García Ortiz, Teresa Peramato, tras tomar el cargo. Lo sucedido ahora "perjudica seriamente" la imagen del Ministerio Público y aleja a la institución "de lo querido por la señora Peramato: 'curar heridas' y 'pasar página'".

Según esta asociación, las informaciones reveladas apuntan "indiciariamente a una posible cooperación de la FGE para apoyar las estrategias de influencias, corrupción y falsedad de los citados investigados en perjuicio del servicio a la Administración de Justicia".

Por eso mismo, la APIF pide a Peramato que "inste de inmediato" a la inspección para que "incoe diligencias de investigación" y tome declaración a Álvaro García Ortiz", así como a Diego Villafañe y a la otra fiscal presente en los encuentros, Beatriz López.

El abogado de José Luis Rodríguez Zapatero quiere saber en qué "circunstancias" obtuvieron las autoridades estadounidenses una de las fuentes de prueba esenciales en el caso Plus Ultra: el teléfono de quien fue el principal accionista de la aerolínea, Rodolfo Reyes. Gran parte de los informes policiales que permitieron imputar al expresidente del Gobierno se basaron en mensajes obtenidos en el móvil de Reyes, unos archivos que la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) remitió a España en marzo de este año.

Las autoridades de EEUU recabaron esa información en 2021, al incautar el móvil de Reyes en un aeropuerto, y no la remitieron hasta pasados cinco años. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha pedido a Estados Unidos que permita el uso de esos whatsapps como "medio de prueba" en un eventual juicio oral. Hasta ahora, los mensajes han servido para impulsar la investigación, pero el magistrado Calama pretende asegurarse de que valgan también para sustentar un juicio y una condena, en caso de que se llegue a esos escenarios.

Este miércoles, el abogado de Zapatero ha pedido al juez español que amplíe su solicitud de cooperación jurídica internacional. El letrado Víctor Moreno quiere que las autoridades de Estados Unidos aporten una serie de datos para aclarar en qué "circunstancias" se obtuvieron las conversaciones de Rodolfo Reyes y se remitieron a España cinco años más tarde.

Moreno lamenta la falta de información en torno al dispositivo del empresario venezolano: se desconoce cómo se intervino el móvil, cuál fue "el método de volcado", cómo fue "la custodia del dispositivo". El letrado señala que tampoco se conocen "las circunstancias en las que se ha producido el intercambio de esa información entre los órganos policiales". El hecho de que se enviaran los mensajes "sin intervención judicial conocida, permite plantear dudas razonables sobre el respeto del derecho a un proceso con todas las garantías".

Así lo expresa la defensa de Zapatero en unas líneas que dejan entrever la estrategia de Víctor Moreno: buscar la nulidad de esta prueba que se antoja clave para el futuro procesal del expresidente del Gobierno.

En busca de una grieta que permita tirar por tierra esta prueba, el letrado traslada al juez de la Audiencia Nacional ocho solicitudes concretas para que este, a su vez, se las envíe a las autoridades de Estados Unidos. Moreno quiere saber qué "concreta resolución judicial" u "orden administrativa" amparó la incautación y el clonado del móvil de Reyes Rojas. También quiere conocer qué investigaciones judiciales existen en el país norteamericano contra el venezolano exaccionista de Plus Ultra. Moreno busca, en definitiva, conocer qué actuaciones de un juez ampararon la incautación del móvil en cuestión.

También reclama "los informes y actas de HSI relativos a la extracción telefónica", el "alcance" de dicha extracción y los "mecanismos de verificación de la integridad de la información ofrecida". Pregunta además por "el modo de preservación de la información" obtenida en el dispositivo del Rodolfo Reyes y de qué forma se enviaron los mensajes a las "unidades policiales españolas".

En su último punto, el letrado de Zapatero reclama "que se informe sobre las autorizaciones del órgano competente de los Estados Unidos que hayan permitido la remisión de las conversaciones de WhatsApp a la unidad policial española, y su alcance para ser utilizada tanto en las investigaciones policiales como en la instrucción policial".

Ya al final de su escrito, la defensa del expresidente explica que si su intención es comprobar que en la obtención de esta prueba se han cumplido los "requisitos" que exige "el artículo 24 de la Constitución". Y señala que, de lo contrario, se debe "excluir el elemento probatorio por vulneración de derechos fundamentales".

El fiscal Diego Villafañe, mano derecha de Álvaro García Ortiz durante su mandato como fiscal general del Estado, mantuvo dos encuentros con Leire Díez y con el abogado presuntamente implicado en las cloacas del PSOE Jacobo Teijelo. Fuentes del Ministerio Público han confirmado este extremo, han especificado que las reuniones se produjeron fuera de la sede de la Fiscalía y han explicado que García Ortiz fue informado "a posteriori" de ambos encuentros. Eso sí, el ex fiscal general no dio "ninguna indicación" a Villafañe ni a la otra fiscal presente en una de las reuniones, Beatriz López, de acuerdo con las citadas fuentes.

Diego Villafañe, quien fuera la mano derecha del fiscal general del Estado, estuvo entre los imputados en la causa por la filtración de los correos electrónicos del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, el instructor del Tribunal Supremo Ángel Hurtado archivó la causa respecto a él en febrero de 2025.

La Fiscalía General ha informado sobre los encuentros de Leire Díez y Villafañe porque así lo requirió el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga las presuntas cloacas del PSOE. En el marco de su investigación, el magistrado halló indicios de reuniones de Leire Díez en la Fiscalía o con algún miembro de la Fiscalía. De modo que Anticorrupción solicitó a Pedraz que preguntara por este extremo a la Fiscalía General del Estado que ahora dirige Teresa Peramato, y el juez aceptó.

El magistrado de la Audiencia reclamó dos informaciones concretas. Por un lado, pidió el registro de las reuniones que hubieran mantenido en la sede de Fortuny Leire Díez y otros supuestos implicados en las cloacas. Además, solicitó información sobre las denuncias "formuladas por Koldo García (o en su representación" ante la institución que dirigía García Ortiz.

El primer encuentro con la supuesta fontanera y el abogado Teijelo tuvo lugar el 6 de marzo de 2025, según el Ministerio Público. "Los entonces teniente fiscal y fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe y Beatriz López, mantuvieron una reunión con el letrado J.T.C", explica la Fiscalía en alusión a Jacobo Teijelo, que más tarde asumió la defensa de Santos Cerdán. De acuerdo con el Ministerio Público, el abogado informó en aquella reunión de "hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal".

Villafañe se reunió de nuevo con Teijelo a finales de marzo o a principios de abril —"en una fecha indeterminada", dice la Fiscalía—. El abogado "le informó de su voluntad de interponer varias denuncias en la Fiscalía relacionadas con aquellos hechos". Sin embargo, las denuncias nunca se interpusieron.

Tal y como relata la Fiscalía, Teijelo acudió en ambas ocasiones "acompañado de una mujer que tuvo una intervención menor y fue presentada como una compañera de despacho del letrado". Se trata de Leire Díez, tal y como reconoce el Ministerio Público.

Según la institución, "ninguno de los dos fiscales recibió indicación alguna de quien en esa fecha era fiscal general del Estado, y ninguna actuación se llevó a cabo posteriormente por la Fiscalía". Villafañe y López entendieron que lo que les había contado Teijelo era "una serie de alegaciones carentes de cualquier tipo de sustento probatorio concreto".

El comunicado remitido por fuentes del Ministerio Público incide en que "no existen registros de visitas en la sede de la Fiscalía General del Estado, sita en la calle Fortuny número 4", relativos a Leire Díez, Jacobo Teijelo y el resto de personas por las que preguntó el juez. Entre ellas estaban también el socio de Díez, Javier Pérez Dolset, el abogado del excomisario José Manuel Villarejo, José García Cabrera, y el exabogado de Koldo García Ismael Oliver.

La Fiscalía ha informado también al juez de que Koldo García Izaguirre presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General entre enero y junio de 2025, si bien todas han sido archivadas, "bien por la Secretaría Técnica e la Fiscalía General del Estado, bien por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, bien por la Fiscalía Provincial de Madrid".

Las informaciones remitidas por la Fiscalía vendrían a confirmar los indicios de que Leire Díez tuvo contactos con la Fiscalía, un extremo que ya se deducía de las conversaciones intervenidas en su teléfono y de las anotaciones de sus agendas, incautadas por la UCO. En una página de una de estas agendas, correspondiente al 19 de febrero de 2025, Díez anotó "reunión con F.G.E".

Los dispositivos y las libretas incautadas a Leire Díez también apuntaron a su contacto con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. De nuevo, esos indicios se confirmaron cuando el Ministerio del Interior admitió esos contactos.

El juez Santiago Pedraz investiga la posible intervención de Leire Díez en la concesión de la nacionalidad española a Nervis Villalobos, exviceministro de Energía de Venezuela durante el mandato de Hugo Chávez. El magistrado que instruye el caso de las supuestas cloacas del PSOE envió a la UCO al Ministerio de Justicia este martes y desde la cartera de Félix Bolaños confirmaron que el ex alto cargo chavista obtuvo la nacionalidad en 2025, si bien desvincularon la concesión de las supuestas gestiones de la presunta 'fontanera'.

Leire Díez y el resto de miembros de las supuestas cloacas controladas por Santos Cerdán están siendo investigados por varias operaciones que en gran parte no fueron exitosas, como los presuntos intentos de soborno y las reuniones para encontrar trapos sucios de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción.

La particularidad de la obtención de la nacionalidad española por parte de Nervis Villalobos es que el venezolano intentó que Leire Díez le ayudara con este asunto y finalmente logró su objetivo. Con todo, no está comprobado que el éxito del ex alto cargo venezolano fuera consecuencia de las gestiones que realizó Díez para ayudarle.

Por este motivo, el juez Santiago Pedraz requirió a la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil del Ministerio de Justicia información sobre un expediente concreto que tramitó Villalobos. La cartera de Bolaños ha entregado el mencionado expediente, en el que consta que la solicitud de Villalobos del 25 de abril de 2024 fue denegada en octubre de 2025. Sin embargo, desde el ministerio han aportado otros dos expedientes adicionales: uno correspondiente a 2017 que fue denegado en 2020 y otro que fue concedido en abril de 2025.

Fuentes del Ministerio de Justicia señalan que en su última solicitud Villalobos se acogió a la ley de Memoria Democrática y fue esta vía la que le permitió lograr su objetivo. Esta norma habilita a los ciudadanos extranjeros con padres o abuelos españoles a obtener la nacionalidad aún sin cumplir el requisito de residir en España. De acuerdo con Justicia, la solicitud del venezolano "fue examinada y estimada con criterios jurídicos por cuatro funcionarios".

No obstante, los mensajes intervenidos a Díez muestran que Villalobos le pidió ayuda y que ella se mostró dispuesta a dársela, e incluso trató de contactar con el exministro José Luis Escrivá o su entorno.

Lo relata la UCO en uno de los informes presentes en el sumario del caso Leire, al que accedió este periódico. El escrito señala que "Leire Díez se habría interesado activamente" en que Villalobos obtuviera la nacionalidad y lograse abrir "productos bancarios en territorio nacional".

Aquello ocurrió en un contexto en el que el exviceministro de Chávez y Díez habían intentado "articular oportunidades de negocio" junto con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, según expone la UCO. La unidad ha localizado un mensaje que Villalobos envió a la supuesta fontanera en octubre de 2024, un enlace del expediente que finalmente no se concedió.

"Hoy ha habido un cambio de status, creo que estamos en un punto clave", le dijo el venezolano, y Díez contestó: "Lo he mandado para que lo miren".

En el mes de diciembre de 2024 volvió a salir a colación la solicitud del ex alto cargo de Chávez, esta vez en una conversación entre Leire Díez y el abogado Ismael Oliver, supuestamente implicado en las cloacas. La conversación la inició la presunta fontanera: "Necesito hablar contigo de la nacionalidad de Nervis. Y ya se me ha escapado ayer Félix. Si puedes a la tarde, llámame".

Oliver no contestó hasta el día siguiente, cuando preguntó por el asunto a Leire Díez. Ella contestó que "Félix" le había dicho a "Santos" que la nacionalidad no se estaba concediendo porque Nervis Villalobos estaba encausado en la Audiencia Nacional. Se refería a la causa judicial de Duro Felguera.

De acuerdo con la UCO, Oliver sacó a colación el tema "varias veces iniciado el año 2025", y pidió a Leire Díez "una reunión con el gobernador del Banco de España José Luis Escrivá o alguien de su confianza", con el objetivo de desbloquear las cuentas de Villalobos. Se da la circunstancia de que, en torno a esas fechas, Leire Díez anotó en su agenda: "Pedir cita Escribá (sic) o alguien que designe".

Tal y como explica la Guardia Civil, Leire Díez contactó con "Hana", posiblemente la eurodiputada socialista Hana Jalloul. Después, la supuesta fontanera informó al abogado de que la eurodiputada había contactado con Escrivá y este había solicitado que remitieran "un escrito explicando lo que ha pasado, en qué entidades tiene el dinero y demás para que lo estudien".

La UCO se ha personado en el Ministerio de Justicia por orden del juez Santiago Pedraz para requerir información sobre el estado de la solicitud de nacionalidad española de Nervis Villalobos, que fue viceministro de Energía de Venezuela entre 2001 y 2006. El magistrado de la Audiencia Nacional investiga si la supuesta fontanera Leire Díez intentó mediar para que se tramitara el expediente de nacionalidad de Villalobos. La UCO halló mensajes en el teléfono de Díez sobre este extremo, entre ellos uno en el que Villalobos le envió capturas de pantalla de su solicitud y ella contestó: "Lo he mandado para que lo miren".

Tras alzarse el secreto del caso Leire y recibir un informe de la UCO, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al magistrado Santiago Pedraz la práctica de una serie de diligencias. Entre ellas estaba requerir al Ministerio de Justicia para que informase sobre la tramitación de un expediente de nacionalidad de Villalobos, investigado en varias causas judiciales. El magistrado aceptó la práctica de estas pesquisas y, según fuentes gubernamentales, la UCO se ha personado este martes en la sede del Ministerio de Justicia. De acuerdo con estas fuentes, la cartera de Félix Bolaños ha entregado los expedientes a los agentes de la Guardia Civil.

Desde el ministerio de Bolaños confirman que se concedió la nacionalidad a Nervis Villalobos, pero no a través del expediente por el que ha preguntado Pedraz. El venezolano solicitó la nacionalidad en una primera ocasión en 2017, pero aquel intento fue frustrado en 2020. De modo que Villalobos lo intentó de nuevo en abril de 2024, a través del expediente por el que se ha interesado el magistrado de la Audiencia Nacional. Sin embargo, a su vez realizó otra solicitud en la que se acogió a la ley de Memoria Democrática, y fue esta última vía la que le permitió obtener la nacionalidad en abril de 2025.

De acuerdo con la cartera de Bolaños, esta última solicitud fue "examinada y estimada con criterios jurídicos por cuatro funcionarios: hay un dictamen de una consejera; un visto bueno del jefe de servicio; la propuesta del subdirector general y la resolución de la directora general".

Los mensajes de Leire sobre Villalobos

Sin embargo, diversos mensajes apuntan a que Leire Díez pudo influir, o intentar influir, en la solicitud de Nervis Villalobos, investigado en el caso Duro Felguera. Lo relata la UCO en uno de los informes presentes en el sumario del caso Leire, al que accedió este periódico. "A finales de 2024, Leire Díez mantuvo una serie de conversaciones" con el exabogado de Koldo García, Ismael Oliver, también presuntamente implicado en las supuestas cloacas del PSOE. "Necesito hablar contigo de la nacionalidad de Nervis. Y ya se me ha escapado ayer Félix", escribió Díez el 19 de diciembre de 2024, si bien la UCO no concreta en su informe "a quién se refieren como Félix".

La supuesta fontanera y Oliver hablaron del asunto al día siguiente y Díez informó: "Ayer me dijo Santos [Cerdán] que le había dicho Félix que el motivo era por la causa en la AN [Audiencia Nacional] en la que le piden 9 años". Se refería a la causa judicial de Duro Felguera. De acuerdo con la UCO, Oliver sacó a colación el tema "varias veces iniciado el año 2025", y pidió a Leire Díez "una reunión con el gobernador del Banco de España José Luis Escrivá o alguien de su confianza". Se da la circunstancia de que, en torno a esas fechas, Leire Díez anotó en su agenda: "Pedir cita Escribá (sic) o alguien que designe".

Tal y como explica la Guardia Civil, Leire Díez contactó con "Hana", posiblemente la eurodiputada socialista Hana Jalloul Muro. Después, la supuesta fontanera informó al abogado de que la eurodiputada había contactado con Escrivá y este había solicitado que remitieran "un escrito explicando lo que ha pasado, en qué entidades tiene el dinero y demás para que lo estudien".

La UCO recoge toda esta información en un epígrafe concreto que culmina con el siguiente párrafo: "Tras la consulta de las bases policiales, se ha podido comprobar que Nervis Villalobos dispone actualmente de DNI, así como que procedió a la apertura de una cuenta bancaria en la entidad Santander, si bien la misma se encuentra actualmente cerrada".

El juez José Luis Calama ha pedido permiso a las autoridades estadounidenses para utilizar como "medio de prueba" los mensajes intervenidos a uno de los presuntos implicados en la trama Plus Ultra, el venezolano Rodolfo Reyes. La agencia de Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI) entregó en marzo el contenido del teléfono de Reyes, incautado en 2021; un material que la Audiencia Nacional ha utilizado "como elemento de investigación". No obstante, el magistrado Calama se ha dirigido a las autoridades estadounidenses para "determinar las condiciones" en las que estos datos se pueden incorporar al procedimiento para ser utilizados "como medio de prueba con los plenos efectos procesales" en un eventual juicio.

El auto dictado por Calama el pasado 5 de junio, al que ha accedido 20minutos, detalla como llegaron esos mensajes telefónicos a la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. Estados Unidos investiga desde 2018 a una "red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos". En el marco de estas pesquisas, la agencia estadounidense extrajo en 2021 el teléfono de Rodolfo Reyes —actualmente en paradero desconocido— y halló en él "material probatorio" que consideró "que pudiera tener relevancia para la investigación española relativa a Plus Ultra". El contenido del teléfono del accionista de Plus Ultra quedó en manos de la Brigada Central de Blanqueo d Capitales y Anticorrupción el 18 de marzo de este año, y sirvió para la elaboración de un informe sobre el rescate de Plus Ultra.

Ahora, el juez ha dictado este auto en el que libra una comisión rogatoria para que las autoridades estadounidenses permitan el uso de estos mensajes como medio de prueba en un eventual juicio oral. Reyes, según muestran las conversaciones intervenidas, fue una de las piezas clave en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, de la que era, de facto, accionista mayoritario.

Fue quien propuso a otro implicado llamado Miguel Palomero "llegar a las ayudas" tocando "puertas" a "nivel político". Gracias a aquella primera interlocución, Palomero se encargó de ponerse en contacto con el entorno de José Luis Ábalos, de aquella ministro de Transportes. Asimismo, Reyes se encargó de iniciar una segunda vía a través de otro investigado llamado Ramón Gordils, a quien le propuso "pedir ayuda a Zapatero" para el "tema lobby político".

Cuando se logró el contacto con el expresidente del Gobierno, Rodolfo Reyes Rojas se encargó de informar al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Solá: "Acaba de hacerse puente con ZP". Otros tantos mensajes hallados en el dispositivo telefónico del empresario venezolano han permitido a la UDEF de la Policía Nacional comprobar la presunta implicación de Zapatero en el rescate. "Nuestro pana Zapatero detrás", recoge uno de estos whatsapps. Otras conversaciones permiten deducir que el expresidente cobró un dinero por las gestiones: "No tenemos problema de pagar al que mueva el hilo", "ellos cobran si se mueven", "10k done".

Por otro lado, un correo electrónico de Reyes ha permitido ubicar un contrato firmado entre la empresa Corpoestructura y la compañía del socio de Zapatero, Julio Martínez Martínez, en el que se estableció el pago de 484.000 euros a esta última mercantil, Análisis Relevante.

De modo que la información aportada por Homeland Security Investigations se ha revelado clave para la causa en la que se investiga a José Luis Rodríguez Zapatero. Con el auto dictado el pasado 5 de junio, el instructor José Luis Calama pretende asegurarse de que estos mismos archivos sirvan también como prueba si la instrucción deriva en la apertura de juicio, lo que se antoja aún lejano en el tiempo.

El juez Santiago Pedraz pretende indagar en los contactos de las supuestas cloacas del PSOE con la Fiscalía General del Estado y con altos cargos de la Guardia Civil, de los que ya informó la UCO en un informe aportado a finales de mayo. Tras recibir ese informe, el instructor de la Audiencia Nacional mandó a la UCO a realizar distintos requerimientos en varios sitios, entre ellos la Dirección General de la Guardia Civil. Ahora, Pedraz ha pedido a la unidad policial que elabore un informe con lo recabado allí. El juez también ha acordado solicitar a la Fiscalía información sobre las reuniones que supuestamente mantuvieron en su sede Leire Díez y otros presuntos implicados en las supuestas cloacas.

Santiago Pedraz ha acordado estas y otras diligencias a practicar a través de un auto en el que acepta propuestas que provienen de la Fiscalía Anticorrupción. Estas están enfocadas en desarrollar las distintas líneas de investigación abiertas en el informe policial del 26 de mayo, elaborado principalmente con la información hallada en los dispositivos electrónicos de Leire Díez.

En el mencionado informe de la UCO destacan dos cuestiones, por trascender del entorno del PSOE y afectar a dos instituciones del Estado como son la Fiscalía y la Guardia Civil. El sumario de la causa muestra que Leire Díez habría mantenido varias reuniones con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, asunto que ha acabado admitiendo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La intención de la supuesta fontanera en estos encuentros fue que la Guardia Civil activara una investigación interna contra los miembros de la UCO dedicados a investigar causas relacionadas con el PSOE, o con el entorno de Pedro Sánchez. Según expone la unidad en sus informes, Díez habría logrado "instigar" a González para que iniciara "actuaciones administrativas contra la UCO".

El pasado 27 de mayo, Pedraz ordenó a la UCO personarse en la Dirección General de la Guardia Civil, y los agentes interrogaron allí a varios compañeros, entre ellos al exjefe de la propia UCO, Rafael Yuste. Este apuntó que el director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado le habría presionado para que se pusiera "de perfil" en las causas con incidencia política. El testigo vinculó esas presiones a las causas que tuvieran relación con el PSOE o el Gobierno.

Además, relató una reunión en la que el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, cargó contra un informe de la unidad relacionado con el caso del hermano de Pedro Sánchez, que tildó de "prospectivo y malintencionado". Según expuso Yuste, Marcos afirmó que la credibilidad de la UCO y de la Guardia Civil estaba "por los suelos" y solicitó que el siguiente informe de la UCO estuviera listo a la semana siguiente: "Tiene que estar analizado y que no haya nada".

La unidad a cargo de las pesquisas sobre las supuestas cloacas deberá realizar un informe en el que analice los detalles sobre estos asuntos. En el auto dictado este lunes por Pedraz se reclama a la UCO que presente "informe, actas y documentación recopilada en la práctica del requerimiento efectuado en la Dirección General de la guardia Civil".

Las pesquisas también girarán en torno a los contactos de la trama con la Fiscalía General del Estado. Diversos indicios apuntan a esos contactos, desde una anotación en la agenda de Leire Díez sobre una "reunión" con "F.G.E", hasta decenas de mensajes en los que la supuesta fontanera habla sobre encuentros con la Fiscalía o presume de su contacto con la Fiscalía General del Estado. Según declararon fuentes cercanas al abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, a este periódico, Díez se acercó a él para ofrecerle ventajas en una causa en la que está acusado y le habló de su cercanía con el ya ex fiscal general Álvaro García Ortiz.

Dados estos indicios, la Fiscalía Anticorrupción reclamó al juez que hiciera una serie de requerimientos a la institución con sede en Fortuny, 4 (Madrid). El instructor los ha aceptado.

De modo que ha pedido al Ministerio Público que "informe en relación con el total de las denuncias formuladas por Koldo García" ante la Fiscalía entre enero y junio de 2025. También ha pedido información sobre los encuentros que hayan mantenido en la sede Leire Díez, el abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, el exabogado de Koldo García Ismael Oliver, el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado de José Manuel Villarejo, José García Cabrera.

"En el supuesto de que tales reuniones hubieran tenido lugar, se solicita se informe si consta registro de las visitas, fecha y hora de las mismas y las personas que participaron en aquellas", expone el juez Pedraz.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como testigo en la causa de las supuestas cloacas del PSOE a Cristina Narbona, la presidenta del partido, el 10 de julio. El magistrado da el paso atendiendo a una petición de la Fiscalía Anticorrupción y tras haber hallado la UCO conversaciones de Narbona con Leire Díez. Asimismo, ha citado como investigada el día 14 de ese mes a la actual abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, por el supuesto intento de soborno a la empresaria Carmen Pano.

Entre los mensajes intervenidos por la UCO a Leire Díez tras su detención en diciembre del año pasado figura una conversación con Cristina Narbona. La UCO incluye en uno de los informes aportados a la causa varios mensajes que se mandaron Díez y Narbona el 24 de abril de 2024. Según relata la unidad policial, la supuesta fontanera le habló a la presidenta del PSOE de "reconducir" los ataques al presidente del Gobierno, proporcionar "ayuda cualificada" y "dar la vuelta al asunto como una tortilla". "Se lo habías contado a Santos el otro día", apuntó Narbona en un momento de la conversación, según la poca información que proporciona el informe de la UCO.

Además, el magistrado ha requerido a la Fiscalía General del Estado que informe sobre las reuniones mantenidas con Leire Díez y otros supuestos implicados en la trama. Tal y como expone en un auto el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, el Ministerio Público deberá informar sobre los encuentros que hayan mantenido en su sede Leire Díez, el abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, el empresario Javier Pérez Dolset, el exabogado de Koldo García Ismael Oliver y el de José Manuel Villarejo, José García Cabrera. La Fiscalía que ahora encabeza Teresa Peramato deberá explicar también si ha recibido denuncias por parte de Koldo García y qué trámite se les ha dado.

En su escrito, el instructor también ha ordenado a la UCO para que presente un informe sobre el requerimiento que realizó la unidad en la Dirección General de la Guardia Civil. La unidad entró en la sede del Instituto Armado para indagar en los supuestos expedientes informativos abiertos a agentes de la UCO a cargo de las investigaciones de causas sensibles para el PSOE o el entorno familiar de Pedro Sánchez.

Pedraz, también ha aceptado celebrar las declaraciones testificales de 22 personas. El 26 de junio, Pedraz tomará declaración a tres agentes de la UCO y al General Jefe del Estado Mayor. El 29 de junio, interrogará a la empresaria Carmen Pano, que en diversas ocasiones ha declarado en sede judicial que entregó 90.000 euros en la sede del PSOE. Pano habría sido objeto de un intento de soborno a través de la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, para cambiar su testimonio a este respecto. Por eso declararán Pano y su chófer Álvaro Gallego el 29 de junio a partir de las 10.00 horas.

El 7 de julio lo hará el comandante de la Guardia Civil investigado en el caso Koldo, Rubén Villalba, por los contactos que mantuvo con el la supuesta fontanera Leire Díez. El abogado de Villarejo, a quien también contactó Díez, declarará el 8 de julio junto con el empresario Joaquín Parra. El día 9 declarará Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama investigado por un fraude en el IVA de los hidrocarburos. El 10 de julio testificará Cristina Narbona.

No obstante, el magistrado Pedraz aún no ha citado a declarar a Santos Cerdán, Leire Díez y el resto de presuntos implicados en la trama de las cloacas, desvelada en un informe de la UCO aportado a la causa el pasado 26 de mayo. De acuerdo con fuentes jurídicas, el instructor tiene previsto tomarles declaración a todos ellos, pero aún no ha determinado en qué fechas lo hará.

Un juzgado de Madrid ha acordado la admisión a trámite de querellas del PP y Vox por el rescate de la aerolínea Air Europa y ha citado como investigado al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Según consta en el auto del juez José María Escribano, Lora deberá comparecer en el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid el 3 de julio a las 09.30 horas.

La querella del PP, a la que ha accedido este periódico, señala que el holding de Air Europa, Globalia, tenía una deuda tributaria de 5,8 millones de euros al cierre de 2019, una circunstancia que contravendría los requisitos para acceder al rescate.

"El apoyo financiero público no se concedió directamente a la aerolínea operativa, sino a través de AIR EUROPA HOLDING, S.L.U., sociedad interpuesta, constituida apenas unos meses antes de la solicitud —en noviembre de 2019— y que, al cierre de dicho ejercicio, carecía de actividad real, no tenía empleados y no había generado ingresos, actuando exclusivamente como vehículo tenedor de participaciones", expone también la querella.

El escrito de Vox no se limita a denunciar el rescate de Air Europa sino que se refiere a otras operaciones de la SEPI que ya están siendo objeto de investigación en otros juzgados, como el rescate de Plus Ultra o el de la compañía Tubos Reunidos. La formación de Abascal señala también a las ayudas concedidas a Avoris Retail Division y a Duro Felguera. Además de atribuir a Bartolomé Lora ocho delitos —incluido el de pertenencia a organización criminal—, Vox considera responsables al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al socio de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez; ambos investigados en la Audiencia Nacional.

En su auto, el juez Escribano ha acordado requerir a la SEPI para que identifique al secretario del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), a sus vocales "con voz y voto", a los invitados "a las sesiones del consejo gestor sobre el rescate de Air Europa", a los técnicos instructores del expediente y al autor del informe. "Todo ello a fin de ser citados en la forma que corresponda una vez oído el querellado", expone el juez.

La querella del Partido Popular recoge algunas noticias y documentos públicos de la página web de La Moncloa y destaca en su escrito que en las sesiones del rescate estuvieron presentes el ex secretario de Estado de Transportes Pedro Saura y Manuel Rocha, del Gabinete de Pedro Sánchez.

La SEPI también deberá remitir una serie de documentos sobre el rescate de la aerolínea, incluidos "correos electrónicos, notas internas, briefings, minutos" y demás documentos. Lora presidía en funciones el consejo gestor del FASEE cuando se tramitó el préstamo a Air Europa, que ascendió a los 475 millones de euros. El instructor Escribano considera que podría ser responsable de un delito de prevaricación administrativa, tal y como hace constar en su escrito.

Para determinar la existencia de ese delito, el instructor requiere a la SEPI una amplia cantidad de documentos. En primer lugar, solicita el expediente del rescate a Air Europa, "íntegro y foliado". También "las actas íntegras, borradores, anexos y documentación distribuida a los vocales/Presidencia en las reuniones en las que se trató el expediente. Por otro lado, reclama a la SEPI "el informe completo emitido (incluidos anexos, borradores y notas internas), especialmente sobre deudas/impedimentos y su interpretación", así como "informes de fiscalización o control sobre la operación".

El escrito del PP señala como una cuestión reseñable que el informe de viabilidad de Air Europa tuviese un precio de "0,01 euros", y se "tramitase en tiempo récord". Además, el letrado del PP subraya que el rescate se estructuró "en dos tramos diferenciados, con el efecto de no alcanzar individualmente los umbrales cuantitativos que habrían determinado la obligación de someter la operación al control directo previo de la Comisión Europa".

El rescate de Air Europa ha sido objeto de investigación en el caso Begoña, por parte del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid ha vetado en más de una ocasión esta línea de investigación.

Por otro lado, el rescate también ha salido a relucir en el juicio del caso Koldo en el Tribunal Supremo. Entre los hechos objeto de la sentencia que se dictará inminentemente está una supuesta mordida a José Luis Ábalos a cambio de la publicación de unas fuentes de información del Ministerio de Transportes en la que se avanzaba el buen curso de las negociaciones para el rescate. El Supremo debe analizar si se pagó el alquiler de un chalet vacacional a Ábalos a cambio de interceder en esa gestión.

La supuesta fontanera Leire Díez y el abogado de Santos Cerdán Jacobo Teijelo trataron de influir en las negociaciones del PSOE y Junts a través del letrado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. En el sumario del caso de las supuestas cloacas de Ferraz constan varios mensajes intercambiados entre Díez y Teijelo que apuntan en esa dirección. Asimismo, fuentes del entorno de Boye apuntan que ambos contactaron con él para ofrecerle beneficios en la operación Mito, la causa que se enjuició el año pasado y que está pendiente de sentencia en la que se acusa al letrado de Puigdemont de blanquear dinero de Sito Miñanco. Díez y Teijelo ofrecieron a Boye mediar en su favor "a través del fiscal general", relatan las fuentes consultadas.

A cambio, le solicitaron que interviniera en las negociaciones del PSOE y Junts para suavizar el tono de la formación independentista con el Gobierno de Pedro Sánchez. Tal y como publicó El Independiente, se celebraron varios encuentros con este objetivo. Pero Gonzalo Boye nunca se tomó en serio las ofertas de los presuntos fontaneros del PSOE, pese a que le dijeron que actuaban en nombre de Santos Cerdán, de acuerdo con el entorno del letrado. Meses más tarde de estos movimientos que arrancaron en enero de 2025, Jacobo Teijelo asumió la defensa de Cerdán en el caso Koldo.

Las afirmaciones de las fuentes cercanas a Gonzalo Boye encuentran apoyo en el chat de WhatsApp de Leire Díez y Teijelo, intervenido por la UCO y contenido en el sumario de la causa que instruye el juez Santiago Pedraz, al que ha accedido 20minutos. Ambos intercambiaron varios mensajes sobre el abogado de Puigdemont y, más concretamente, sobre el juicio que se estaba celebrando en enero de 2025.

Boye fue encausado en este procedimiento por supuestamente participar en una red encabezada por el narcotraficante Sito Miñanco para blanquear dinero procedente del tráfico de drogas. El juicio terminó en marzo de 2021 y la Fiscalía Antidroga solicitó nueve años y nueve meses de prisión para el abogado de Puigdemont, que también lo fue de Sito Miñanco. No obstante, el abogado defensor del narcotraficante gallego en la causa de la operación Mito es Jacobo Teijelo, el letrado supuestamente involucrado en las cloacas del PSOE.

Teijelo y Boye han mantenido contacto profesional desde hace décadas y se veían a diario durante el juicio. De modo que, en un momento dado, Teijelo le ofreció a Leire Díez mediar en las negociaciones de los socialistas y Junts. "Si Gonzalo tiene tanta mano y es tan clave, cuando queráis le como yo la cabeza y entra por el aro", le dijo a la supuesta fontanera el 19 de enero de 2025.

La fecha es significativa, dado que al día siguiente acudieron a Waterloo (Bélgica) Santos Cerdán, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el diputado socialista Juan Francisco Serrano para reunirse con Carles Puigdemont. Aquel encuentro era importante porque el 21 de enero se votaba en el Congreso de los Diputados el decreto ómnibus impulsado por el Gobierno y los enviados a Bruselas pretendían recabar el apoyo de Junts a la medida. No lo consiguieron.

Tal y como muestra el sumario del caso de las supuestas cloacas, el día anterior al encuentro en Waterloo, Leire Díez solicitó a Jacobo Teijelo una serie de documentos vinculados a Gonzalo Boye. "Porfa, mándame la factura en cuanto puedas. Y lo de Gonzalo", escribió Díez el 18 de enero. El 19 se lo recordó de nuevo a Teijelo: "¿Hoy me puedes mandar algo? Que mañana viajan a Waterloo". Teijelo le envió una serie de documentos relacionados con la causa en la que estaba acusado Gonzalo Boye, entre ellos un informe pericial y un escrito en el que el propio letrado de Miñanco pedía la nulidad de la causa.

A lo largo de varios mensajes, el abogado le explicó a Leire la situación de Boye, dando a entender que había posibilidades de anular la causa en la que estaba acusado. Una información que a Leire Díez le interesaba de cara a abonar el terreno para el encuentro de Cerdán, Zapatero y Puigdemont en Bruselas —"Mañana van a Waterloo"—.

Fuentes cercanas a Boye confirman que los supuestos fontaneros se acercaron a él para dar a entender que podrían buscar esa nulidad de la causa a través del fiscal general, pero el abogado de Puigdemont ignoró el ofrecimiento y se negó a presionar a Puigdemont. "Quien se pueda creer que ellos tenían capacidad de influir en la Audiencia Nacional es que no conoce la Audiencia Nacional", señalan en el entorno de Boye.

La agenda de Leire Díez del año 2025, a la que ha accedido este periódico, la retrata como una persona cercana al poder y ocupada en todo tipo de asuntos, desde los entresijos empresariales de Repsol, Telefónica Indra y Prisa, hasta la gestión de la estrategia defensiva de José Luis Ábalos y Koldo García. A lo largo de 121 páginas, Díez recogió anotaciones sueltas sobre los más diversos asuntos y recabó multitud de informaciones que no eran de conocimiento público.

Leire Díez escribía decenas de notas sobre Víctor de Aldama, sobre la UCO, sobre Indra y Telefónica, sobre Manuel de la Rocha, sobre Fernando Grande Marlaska, Margarita Robles, Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero y Óscar Puente. La lectura de su agenda permite identificar sus principales preocupaciones y ocupaciones, y muestra también su reacción al momento en que se desvelaron sus supuestas labores de fontanería.

Una de las mayores inquietudes de la exmilitante socialista era conocer el flujo de informaciones que acababan en el Partido Popular. Escribió varias líneas sobre el excomisario Pedro Agudo y sus supuestos vínculos con la formación de Génova. "Comisario Pedro Agudo. Tiene una academia. Fue enlace en Roma cuando [el magistrado ya jubilado Manuel] García Castellón también estaba allí. Íntimos de [el eurodiputado del PP] Esteban González Pons. Pedro Agudo pasa información [a la diputada popular] Ana Vázquez", recogió Díez en una serie de anotaciones.

También dedicó varias páginas a registrar los detalles de la guerra interna del Grupo Prisa. Escribió sobre los acuerdos y desacuerdos del presidente de la compañía Joseph Oughourlian y otros empresarios como José Miguel Contreras o Diego Prieto, incluyendo un supuesto pacto de Orghourlian con "P.S".

"Cuando Joseph desembarca en Prisa llega a un acuerdo con P.S. La línea editorial la marca P.S. y la estrategia Joseph. Desde la entrada de Contreras las cosas han cambiado", reza una de las anotaciones. También se menciona al asesor Manuel de la Rocha: "La idea de Rocha es articular Telefónica + Minsait e Indra + Escribano + Hispasat". "Joseph. Indra: si se obliga a comprar Hispasat a Indra él se va porque vende su parte", expone otra nota.

Otras páginas contienen notas sueltas sobre "Repsol", que aparece relacionada con "Guinea" y "Nigeria". "Negativa Argelia a vender gas. Nigeria vendería gas argelino". En otras habla sobre las "necesidades" de "empresas" en el "sector defensa" y menciona: "Gobiernos acceso directo: Marruecos > contactos".

Ciertas cuestiones se mencionan sucintamente en la agenda, mientras que otras aparecen de forma recurrente a lo largo de sus páginas. Es el caso de la auditoría interna que ordenó elaborar el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre los contratos adjudicados por su antecesor, José Luis Ábalos. Este era un tema de gran trascendencia para Leire Díez y también lo ha sido para la abogada defensora de Ábalos, Leticia de la Hoz, cuya imputación ha pedido la Fiscalía por su supuesto rol en un intento de soborno orquestado por la supuesta fontanera de Ferraz.

Este y otros extremos dan a entender, a través de la lectura de la agenda, que Leire Díez tenía la capacidad real de influir en las estrategias de defensa de Ábalos y Koldo García. Las notas de la presunta fontanera se centran en una trabajadora de Transportes llamada "Belén", subordinada de Belén Villar, ex directora general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes.

Esta trabajadora se encargó de firmar la auditoría ordenada por Puente y, según recoge Díez en su agenda, "fue cargo del PP en el Ministerio de Trabajo" en 2012. En una de sus anotaciones, Díez se planteó la presentación de una "demanda contra Óscar Puente por falsedad documental y estafa procesal". "No puedes hacer investigación interna ni fiscal si hay causa penal", escribió.

La agenda muestra que Leire Díez obtuvo toda la información que pudo sobre el comisionista Víctor de Aldama y su abogado, José Antonio Choclán". Incluso anotó directrices directas para Koldo García, y señaló que debía "recurrir" determinadas actuaciones. "J.L.A [José Luis Ábalos] aprovechando a Koldo para arremeter contra el presidente", recoge otra de las líneas.

Las páginas que escribió Díez dan cuenta de supuestos contactos y reuniones de toda índole, desde una con "F.G.E", o con "P.S" hasta otras con "Vox, Podemos". También se recoge información sobre los acercamientos de las supuestas cloacas al fiscal Ignacio Stampa y el fiscal José Grinda. Según las investigaciones judiciales llevadas a cabo en la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Díez trató de obtener de ambos información contra el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro de Luzón, que también protagoniza cantidad de notas de su agenda.

Existe en el cuaderno una nota relacionada con otro de los asuntos investigados: la supuesta mediación de Santos Cerdán, Leire Díez, el socio de Cerdán Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández en el rescate de la empresa Tubos Reunidos. De acuerdo con las pesquisas, la trama que formaron todos ellos favoreció el rescate a cambio de mordidas y después consiguió aplazar el pago del préstamo. Según la UCO, la trama podría haber mediado a través del PNV. La nota de la agenda de la supuesta fontanera apunta en esta dirección: "TTRR: buena acogida en PNV. Andoni y Joseba. Cambio en actuación de la SEPI".

Las últimas páginas de la agenda muestran lo que parece ser la preparación de una coartada en el momento en que se desvelaron las primeras informaciones sobre las andanzas de Leire Díez. Al verse descubierta, la supuesta fontanera negó su relación con Santos Cerdán y afirmó que todo lo desvelado estaba relacionado con un "trabajo de investigación" y un libro que estaba escribiendo, pero que aún no se había publicado.

"Por nuestra parte, por mi parte, no se ha publicado absolutamente nada porque estamos en la fase de análisis", escribió en su cuaderno. También escribió uno de los argumentos que luego abanderó en público, consistente en defender que la información había salido a la luz "fruto del hackeo". Finalmente, apuntó un interrogante: "¿Amenazas de muerte?".