El juez del "caso Koldo" ha citado a declarar en calidad de investigado al Guardia Civil responsable de seguridad del Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos. El subteniente del Instituto Armado tendrá que comparecer en la Audiencia Nacional el próximo 8 de julio a las 10.30 horas.

Se trata del agente que señaló, en su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo en el "caso mascarillas", al empresario Víctor de Aldama al asegurar que era la única persona que tenía acceso completo al aparcamiento de autoridades del Ministerio de Transportes sin pertenecer al departamento. En esa misma comparecencia, explicó que Koldo García le presentó en alguna ocasión al comisionista de la red.

"Yo, que trabajaba allí, no podía estacionar en el estacionamiento de autoridades. Sin embargo, el señor Víctor Gonzalo de Aldama, sí. Para mí es el único caso que conozco que, no perteneciendo al Ministerio, sí tenía acceso al Ministerio", dijo. "Subía y entraba sin pedir permiso a nadie", añadió.

El agente de la Guardia Civil solicitó que le levantaran la imputación en el marco de las pesquisas, pero tanto el juez como la Fiscalía se negaron al considerarle "vinculado" con Aldama y con Juan Carlos Cueto, uno de los socios del empresario en la mercantil de la trama ,Soluciones de Gestión, que obtuvo más de 50 millones de euros con la venta de mascarillas.

El Ministerio Fiscal respaldó su negativa a que se le levante la imputación en que aún "están pendientes de ser analizados" que los dispositivos digitales que le fueron intervenidos durante los registros en su residencia habitual de la localidad madrileña de Valdemoro y otra que posee en el municipio leonés de Truchas, a donde se desplazaba por el negocio de las pizarras.

Una sociedad, Comercializadora Pizarras Santa Bárbara, que, por otro lado, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrió que utilizaban para invertir parte de las supuestas comisiones ilegales que obtuvieron de las adjudicaciones.

Asimismo, la UCO señaló que la relación del "hombre para todo" de Ábalos con este guardia civil era "de máxima importancia" porque "conecta de manera directa el nivel más elevado de la gestión de los contratos" bajo sospecha "con una de las sociedades en las que se ha invertido parte de los beneficios".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha constatado tras un exhaustivo análisis de correos electrónicos y llamadas telefónicas que la asesora de Moncloa Cristina Álvarez contactaba "de forma habitual" con los patrocinadores de la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía en la Universidad Complutense Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En esas "labores de asistencia" a Gómez en sus actividades privadas, los agentes inciden en que las comunicaciones se centran sobre todo en el desarrollo del software para una plataforma dirigida a las pymes del que supuestamente se había apropiado la esposa de Sánchez pese a que fue costeado con dinero público.

Hasta el punto de que, dadas las "funciones de gestión y auxilio a la dirección de la catedra" que desarrolló, la Guardia Civil le considera "integrada en el equipo de trabajo de la cátedra". "Independientemente de la ausencia de una relación formal con la universidad", queda acreditada que llevó a cabo "una gestión activa" en el marco de la misma, como atestigua el examen de sus comunicaciones.

Así, la UCO ha hallado más de 200 correos en los que -bien como remitente, destinataria o en copia- se aborda el desarrollo del software. Entre otros, un total de 58 correos, entre noviembre de 2022 y diciembre de 2023, con Deloitte, a la que se adjudicaron dos contratos de consultoría para el desarrollo de esa herramienta digital asociada a la cátedra. Comunicaciones entre las que se incluye, entre otras personas, a la propia Begoña Gómez.

En esos correos se abordan, por ejemplo, cuestiones relativas a reuniones de la cátedra para el proyecto del software (ocho correos entre el 23 y el 30 de noviembre de 2022), reuniones por videoconferencia (cinco correos para esas citas a las que es convocada entre diciembre de 2022 y enero de 2023) o la firma de convenios.

Los agentes contabilizan más de una veintena de correos desde finales de febrero a primeros de julio de 2022 relacionados con el desarrollo de ese software (con copia a la esposa de Sánchez).

95 correos con veinte empleados de Telefónica

En cuanto a los contactos con Telefónica, que aportó "material humano para el desarrollo de un módulo" de esa herramienta digital, el informe de la UCO señala que veinte empleados de la compañía "mantuvieron comunicaciones vía correo" con Álvarez, la mayoría vinculados con el desarrollo de la plataforma digital de medición de impacto social. En total, se intercambiaron 95 correos.

A su vez, Telefónica aportó 66 correos entre el 14 de enero de 2022 y el 1 de marzo de 2023 centrados en la convocatoria de reuniones a través de Zoom para el desarrollo de esa plataforma, entre cuyos destinatarios figura Begoña Gómez pero no su asesora.

Con Indra, figura como destinataria (o en copia) de 37 correos, aunque en la gran mayoría la Guardia Civil no aprecia una "intervención directa" de la asesora en las cuestiones tratadas sobre el software (salvo las gestiones para que Gómez se reuniera con el directivo de la compañía Ángel Bonet.

Con otra de las empresas que colaboraron con la plataforma, Making Science, los agentes han constatado un intercambio de comunicaciones en relación a tres reuniones celebradas entre enero de 2023 y febrero del año siguiente (cuando la sociedad realizó una oferta para una segunda fase del proyecto que finalmente no cuajó).

Los correos intercambiados con las distintas empresas implicadas en el proyecto son numerosos: Google (26 de mayo de 2022 a mayo de 2023); Devoteam (29 comunicaciones para reuniones de seguimiento, a una de las cuales fue convocada Álvarez)

Las llamadas telefónicas

La UCO cumplimenta así el encargo del juez Peinado de julio del pasado año, cuando el instructor encargó a la Guardia Civil el análisis de las llamadas efectuadas o recibidas desde su teléfono móvil con empresas vinculadas a la cátedra que codirigía Begoña Gómez en la Complutense, con la propia universidad y con el empresario Juan Carlos Barrabés y su grupo de sociedades.

Tras analizar la documentación remitida por Telefónica, Vodafone, Indra y Google, entre otras, los agentes concluyen que Cristina Álvarez "formaba parte de forma habitual en diferentes comunicaciones efectuadas con los colaboradores" de la cátedra de la esposa del presidente del Gobierno (empresas que aportaron los correos electrónicos analizados).

Los investigadores no han hallado rastro de llamadas vinculadas con la Organización Mundial del Turismo (OMT), pero si una comunicación de noviembre de 2024 con el Círculo de Bellas Artes, constando en agosto de 2021 la participación de la cátedra en un foro de innovación en artes y humanidades celebrado en la sede de la institución en Madrid.

Cristina Álvarez también se dirigió a dos de las empresas vinculadas a la cátedra, Numintec Comunicaciones (que asumió el pago de 6.000 euros a la cátedra) y Conpymes. Igualmente, constan contactos telefónicos con la Fundación La Caixa, una de las entidades que suscribieron el convenio de creación de la cátedra codirigida por Begoña Gómez, con personal de la Complutense (en particular, con el codirector de la cátedra, José Manuel Ruano), pero no con Barrabés y sus empresas.