“Migrar es un derecho”, dice de forma contradictoria en un mural colorido y alegre de Agujas, la estación migratoria más grande de México, ubicada en el extremo sur de Ciudad de México. Es el lugar al que conducen a cientos de personas que van a ser expulsadas del país, en menos de 48 horas, por no tener sus documentos migratorios en regla. Allí llevaron a Manuela Fernanda Silva Cortés, colombiana de 23 años, la madrugada del sábado 13 de junio, poco antes de ser deportada a Colombia. Su sensación era ambigua, la de alguien feliz por recobrar su libertad y reencontrarse con los suyos, que aún estaba muy afectada por los casi dos años que vivió en una cárcel mexicana por haber introducido a México ketamina sin su conocimiento, víctima de una organización criminal trasnacional.

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